A través de la resolución 3550, publicada en el Boletín Oficial, la AFIP, en condición de agente de percepción, determinó el aumento del 20% al 35% del recargo que aplica por las compras que los argentinos realizan con tarjetas de crédito o débito en el exterior, a través de páginas web y adquiriendo paquetes turísticos o pasajes aéreos. El porcentaje es considerado un adelanto del impuesto a los bienes personales y de ganancias. Esto significa que una persona cuando adquiere moneda extranjera a través de una transacción de adquisición de servicios turísticos, tiene esta percepción por parte de la AFIP y luego en su declaración jurada impositiva se toma como pago a cuenta. Las personas que no abonan estos impuestos pueden tramitar su devolución.
La retención a la transacción en moneda extranjera se aplica desde septiembre de 2012, como un mecanismo para evitar la evasión, cobrándose el impuesto en forma anticipada, y como una forma de contener la salida de divisas, esenciales para la balanza comercial y el pago de deuda.
Efectivamente existe un drenaje a través de operaciones de turismo y compra de bienes en el exterior. De acuerdo con cifras oficiales, las compras con tarjeta en el exterior crecieron un 80% en octubre con respecto al 2012, pasando de u$s 616 millones contra 340 millones alcanzados en el mismo mes del año anterior. Hasta el mes pasado, la cifra había alcanzado u$s 5.200 millones de dólares, mientras que en todo el 2012 alcanzó los u$s 3.200 millones. De mantenerse esta tendencia, se estima el gasto anual con tarjetas terminaría entre los u$s 6.500 millones o u$s 7.000 millones. Para poner esta cifra en perspectiva y entender la importancia de este tipo de medidas, se prevé que el déficit generado por la compra en moneda extranjera en el exterior supere al energético. Para el sector energético se estima que la cifra será de u$s 7.000 millones, mientras que la fuga de dólares por turismo podría marcar los u$s 10.000 millones o incluso más.
Resulta de clave importancia una administración planificada de reservas que garanticen el flujo de bienes intermedios, insumos básicos y también de carácter industrial, pilares clave del modelo de tipo industrial que el gobierno actual lleva adelante. La industria argentina creció un 106% entre 2003 y 2012, con una creación de 3,6 millones de nuevos puestos de trabajo y con una reducción en la brecha de ingresos de 55%. Históricamente luego de un período continuo de expansión, al crecer la cantidad de importaciones que abastecen el crecimiento de la demanda interna, surge como limitación la carencia de dólares, de carácter estructural en toda economía que no imprima la divisa.
La necesidad de importación de insumos industriales, se suma al proceso de desendeudamiento utilizando las reservas del Banco Central. En el año 2002, la deuda pública con acreedores privados, organismos internacionales y agencias de gobiernos extranjeros equivalía al 164% del PIB mientras que en 2006, luego del canje y el pago al FMI, representaba el 53%. Esta tendencia continuó durante los años siguientes tras la estatización de las AFJP (que eran acreedoras de la deuda pública) y el ininterrumpido cumplimiento del pago de los vencimientos de la deuda reestructurada, llegando en la actualidad a una deuda pública neta del 17,9% del PIB. Ambos elementos constituyen una baja para las reservas del Banco Central. Actualmente el ministro de Economía, Axel Kicillof, está llevando adelante negociaciones que junto con las medidas regulatorias servirían para revertir el déficit de divisa extranjera: los 2500 millones de dólares que tomará YPF de los mercados internacionales; asociaciones de la petrolera nacional similares a las de Chevrón con al menos 10 multinacionales; un swap con el Banco Central chino por 4500 millones de dólares; otro con Brasil por 3000 millones de dólares; inversiones en infraestructura de China y Brasil por 20 mil millones de dólares y la emisión de un nuevo título público que se ofrecerá a los mercados internacionales a principio de 2014.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró en conferencia de prensa: “muchas operaciones realizadas por las empresas turísticas, han realizado ventas con sistema de financiamiento en pesos y liquidación en dólares y a su vez con un mecanismo de valoración del paquete turístico muchas veces superior a lo que efectivamente implica”. Por lo tanto el aumento en el recargo implica únicamente una profundización de medidas para evitar la fuga que ya se encuentran en funcionamiento como el control de los precios de transferencia a partir operaciones de las empresas transnacionales, el control y la verificación de la sobrefacturación de las importaciones y el control de la subfacturación de las exportaciones.