Recientemente, en conferencia de prensa, el ministro del Interior Florencio Randazzo anunció la rescisión del contrato con la empresa brasilera ALL (América Latina Logística) de dos servicios ferroviarios de carga de Cuyo y la Mesopotamia y del Tren de la Costa del grupo Sociedad Comercial del Plata (SCP), una firma que controla el grupo Soldati.
De esta manera, se recupera el trazado cuyano Pacífico San Martín que recorre las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y finaliza en Buenos Aires y el mesopotámico General, que atraviesa las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos y empalma con ramales en Paraguay, Uruguay y con la red ferroviaria de ALL en Brasil. Los dos ramales de carga quedarán a cargo de la empresa Belgrano Cargas y Logística, presidida por Marcelo Bosch, quiEn ejercía el cargo de interventor del Estado hasta su re estatización el 22 de mayo del año pasado.
Aún debe definirse, para el caso del Tren de la Costa, si junto con el tren el Estado pasará a hacerse cargo de los predios que conforman el parque de atracciones y los locales comerciales que tenía cada estación del tramo.
Fundamentar o tener que “defender” una estatización está de más. La gestión estatal implica que determinado servicio deja de regirse por pautas únicamente mercantiles de costo y beneficio y pasa a estar al servicio de un interés nacional orientado y planificado. Sin embargo, los vestigios del discurso y el interés neoliberal en nuestro país siguen vigentes en determinados sectores y perjudican la percepción de medidas como esta para el conjunto de la población. Por esto es importante remarcar la importancia de cada avance y enmarcarlo en una red de gestión estatal orientada.
La rescisión se presenta en función de incumplimientos claros por parte de las empresas a las concesiones:
- El Tren de la Costa exhibía falta de mantenimiento, una cesión del contrato de concesión sin consentimiento del Estado -durante su concurso de quiebra, SCP intentó dividir la firma al frente del ferrocarril en dos, Nuevo Tren de la Costa, que quedaba a cargo de la explotación del tren, la parte menos rentable, y una nueva sociedad para la explotación de los “inmuebles colaterales”, como las estaciones y los terrenos del Parque de la Costa- y omisión del pago del canon. Incluso el pago de los salarios de los trabajadores del ramal ya estaba en manos del Estado.
- La compañía ALL tenía multas que superaban el 30% de la garantía del contrato, incumplimiento del programa de inversiones, abandono de ramales y levantamiento de vías, entre otras. Cabe recordar, en especial a aquellos defensores de los bienes privados, la responsabilidad de la empresa en la llamada “tragedia de Zanjitas” en la localidad de San Luis, donde murieron 8 personas en noviembre de 2011, cuando un convoy del ferrocarril San Martín Cargas de 44 vagones contenedores impactó un ómnibus escolar en un paso a nivel que carecía de barrera y señal lumínico-sonora.
Incluso una vez iniciado el proceso judicial, la compañía obstruyó la investigación al negarse a aportar la planilla de recorridos. La estatización de un rubro como es el de transporte -en especial el transporte de mercaderías- permite reducir los costos para mejorar la competitividad de la producción. En esa misma línea ubicamos la estatización del Belgrano Cargas y la de YPF. Transporte y energía son dos elementos básicos en una estructura de costos de producción; por un lado, un precio accesible brinda un margen mayor para el ingreso al circuito productivo, que multiplica la cantidad de productores (y por esto la producción) y en segundo lugar, el precio de comercialización final del bien será menor y más competitivo.
Durante la conferencia de prensa en la que se anunció la estatización, Randazzo declaró: “Debemos recuperar el material rodante, las vías y la infraestructura para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto de transportar 100 mil toneladas por mes a finales de este año y alcanzar las 300 mil toneladas por mes en el año 2015″ y que la acción “no tendrán costo alguno para el Estado” al “comprobarse los incumplimientos de los concesionarios”. Entonces, no se trata solamente del control y la planificación del recurso como único objetivo, sino de sentar precedentes en torno a la gestión de las empresas privadas que se encargan de brindar servicios en el país. Políticas de desinversión, desmantelamiento y vaciamiento, como ha quedado demostrado, no serán avaladas por un gobierno nacional con el objetivo específico de preservar aquellos elementos que sirvan al desarrollo de conjunto de la población.