Los pagadores seriales reabren el canje de deuda Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado… continuar leyendo →
Archivo de: Marcelo Ramal
Detrás del escrutinio, una crisis de poder
El kirchnerismo ha sufrido una colosal derrota electoral. Obtuvo un 26 % de los votos, menos de la mitad que hace dos años. Se cayó el “nos votó el 54 %”. El retroceso fue mayor al de 2009, cuando Kirchner sacó un 31 % y perdió en la provincia de Buenos Aires. Este domingo, además, el gobierno retrocedió o fue derrotado en provincias donde sus gobernadores habían obtenido la reelección en 2011 -particularmente, en el norte del país. El resultado electoral detonó una nueva diáspora en el kirchnerismo.
Final de un arbitraje tardío
Los resultados del domingo entierran la pretensión oficial de la re-reelección y han debilitado incluso una sucesión de Scioli, quien tendrá que rever su política. Los acercamientos a Massa de los intendentes bonaerenses que se habían quedado con los K anticipan un desbande político en la base principal de sustentación del kirchnerismo: el aparato de punteros pejotistas de Buenos Aires. A esto se agrega el éxodo anterior de buena parte de la burocracia sindical. Massa, sin embargo, enfrenta una dificultad enorme para poder asimilar esta nueva ola de emigrados. Esta crisis de orden general alimenta la ilusión del oficialismo de que podría remontar la derrota.
Una guerra de “servicios” en el final de la campaña
El tramo final de campaña ha sacado a luz el verdadero rostro de los bloques políticos que pugnan por el primer lugar este domingo. A raíz del robo a la casa de Sergio Massa, la disputa electoral ha tomado la forma de una guerra al interior de los servicios de “seguridad”. En este caso, por la participación de un prefecto de la inteligencia estatal en delitos comunes. Del otro lado del mostrador, Massa quería darle un “perfil bajo” a su denuncia, para no revelar que en su “municipio modelo” la inseguridad ciudadana está desafiada por la misma cuestión que en todo el país: el entrelazamiento entre el aparato represivo del Estado (que Massa reforzó por todos los medios) y el delito organizado.
Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.
Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.
La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.
Disgregación oficial
Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.
Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.
Perspectivas políticas
Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.
La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.
¿Qué lleva adentro el Metrobús?
La inauguración del Metrobús parece ser un guante a la medida de los propósitos del macrismo. “La gestión no tiene color político”, dicen los funcionarios que cortan la cinta del carril que se extiende a lo largo de la avenida 9 de Julio. Detrás de las inauguraciones del gobierno PRO está la pretensión de que la Ciudad se podría gobernar al margen de los antagonismos sociales. Para sus metrobuses o estaciones de subte, Macri nos exige una unanimidad nacional o, al menos, porteña.
Pero el Metrobús no escapa a una orientación social definida. La misma que mucho antes del jefe del PRO, levantaron los Grosso, De la Rúa o Ibarra: hacer de la Ciudad la “capital turística y financiera del Mercosur”. Ello, a expensas de los derechos y necesidades de la población que trabaja y vive en ella.
Confirmado: reprivatizan YPF
El decreto petrolero del gobierno “nac & pop” ha terminado de confirmar lo que señaló el Partido Obrero en ocasión de la intervención a YPF: que el kirchnerismo resolvía la salida de Repsol sólo para reemplazarla por otros monopolios internacionales. La propia ley de “recuperación de la soberanía petrolera” (sic) contemplaba nuevas “alianzas estratégicas” con ellos -lo que no impidió que Solanas, Lozano y otros la apoyaran. En cambio, el Partido Obrero denunció una “reprivatización de YPF” (Prensa Obrera, Nº 1.218, abril de 2012).
El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.
ABL: la política del tarifazo asegurado
La Legislatura porteña acaba de votar una ley que fija ‘topes’ al aumento del ABL en 2014. Los aumentos “no podrán ser superiores” a porcentuales que van del 20 al 40%, según el valor de la propiedad. Antes de la sanción de esta ley, el gobierno macrista tenía previstos aumentos del 50 al 100% para esas mismas franjas de viviendas. Por eso, los diputados K -que votaron sin vacilaciones la reducción de los aumentos- se vanagloriaron de haberle puesto límites a la voracidad fiscal del PRO.
En 2011, Macri reformó el impuesto inmobiliario, impulsando un plan de incrementos anuales en la tarifa y en la valuación de las propiedades. Desde entonces, las quejas por aumentos superiores al 100% han sido moneda corriente en la mayoría de los barrios de la Ciudad. Pero Macri va por más: su objetivo declarado es que las viviendas aporten en un año el 1% de su valor, el doble de lo que -según el gobierno- se paga actualmente.
La ley votada el jueves por el macrismo y los K hace más lento el camino del tarifazo, pero lo legitima. Por caso, se han autorizado aumentos de hasta el 30% en una propiedad de entre 150.000 y 300.000 de valuación fiscal. Considerando que estos valores fiscales representan alrededor de la cuarta parte del precio de mercado, y tomando el valor del “dólar Cedin”, un aumento del 30% -como el que acaba de convalidar la Legislatura- afectaría a propiedades de 100.000 de dólares, lo que valen dos o tres ambientes en un barrio de clase media de la Ciudad. El cheque en blanco otorgado por los legisladores tampoco toma en cuenta cuál será la inflación de 2014: una baja brusca (y un congelamiento correlativo en los salarios) volverían a estos aumentos directamente confiscatorios.
La mayoría de Proyecto Sur se abstuvo. Ello, después de haberle votado al PRO en diciembre de 2012 las correcciones tarifarias que derivaron en los posteriores impuestazos.
Impuesto y especulación inmobiliaria
En los últimos años, la especulación inmobiliaria ha empujado para arriba los valores de la propiedad y del suelo en la Ciudad. El gobierno de Macri ha sido un agente activo de esa especulación, recientemente reforzada con los proyectos de enajenación de tierras públicas votados en acuerdo con los K.
Pero esa valorización no implica una renta económica para el propietario de una vivienda de uso familiar: si la vendiera y quisiera reemplazarla por otra de comodidades similares, debería desembolsar la misma suma. (Por este mismo motivo, debería abolirse cualquier impuesto a la tenencia de una vivienda única). En cambio, el impuestazo en el ABL transforma al gobierno PRO en beneficiario de la especulación inmobiliaria que él mismo genera, al capturar bajo la forma de impuestos la renta extraordinaria que surge de esa especulación. Si Macri llega a su objetivo -recaudar el 1% del valor de la propiedad en un año-, una vivienda de 70 metros cuadrados, por ejemplo, obligaría a una familia que gana la canasta familiar a pagar ¡el 5%! de sus ingresos anuales en concepto de impuesto inmobiliario.
En oposición a esta confiscación económica, planteamos la abolición de todo impuesto a la vivienda única. El presupuesto de la Ciudad debe financiarse con impuestos progresivos al gran capital inmobiliario, financiero y de servicios radicado en la Ciudad, que sí obtiene un usufructo económico extraordinario de su radicación en la capital del país.
Campaña electoral y crisis política
La inscripción de las alianzas electorales, el 12 de junio próximo, no será solamente un plazo legal. Será el primer paso de la puesta en escena de las fuerzas políticas que lucharán para determinar la sucesión del kirchnerismo. El segundo paso ocurrirá en agosto, cuando las internas abiertas depuren las listas que pelearán en octubre. Las diferentes clases sociales de Argentina deberán tomar partido por una u otra alternativa, en medio de una crisis de régimen, que involucra un desequilibrio político colosal y la amenaza de ‘ajustes’ de impacto violento.
De aquí al jueves 12, la Corte Suprema deberá decidir si habilita la elección popular del Consejo de la Magistratura -una lista única nacional de académicos, abogados y jueces con la que el oficialismo quiere ‘nacionalizar’ una elección parlamentaria por provincias. Según versiones, el oficialismo buscaría disimular su creciente orfandad política con una lista encabezada por la madre de Marita Verón y por Estela Carlotto.
La Super-card no es una salida
Finalmente, se emitirá la Moreno-card en algunos supermercados. La tarjeta será financiada por un fondo (fideicomiso) que formarán las compañías de seguros, el que deberá cobrar una comisión menor a la que hoy reciben a los bancos (el 1 por ciento mensual en lugar del 3 por ciento). La Moreno-card circulará, al menos por ahora, solamente entre los grandes supermercados. El consumidor pagará, por sus saldos, un 22% anual. El gobierno asegura que la reducción de la comisión servirá para prolongar el congelamiento de precios establecido con estos supermercados. Sin embargo, el alza de los precios de los alimentos en marzo, a pesar del congelamiento, superó las tasas de enero y febrero.
Queda claro, de todos modos, que una reducción de la comisión de las tarjetas no puede absorber, en el tiempo, el aumento de precios sucesivo que provoca la inflación. Lo que ocurrirá en realidad es que los supermercados se quedarán con una parte de las ganancias que ahora van a los bancos. Los súper que no integran las grandes cadenas no tendrán esa ventaja. Los bancos, por su parte, buscarán compensar esa reducción de sus beneficios con un recargo a las tarjetas que operan en otros rubros del comercio. El interés del 22% anual sobre los saldos de los consumidores es -en un marco de congelamiento de precios- una tasa confiscatoria. También es superior a los aumentos salariales, del 15 al 17%, que está ofreciendo el gobierno en las paritarias.
La tarjeta no tendrá promociones ni descuentos. O sea que será el pretexto para una cartelización de los supermercados, organizada desde el propio Estado, para evitar una competencia que baje los precios en un momento de caída de las ventas.
El fondo de las aseguradoras -que financiará las tarjetas- deberá asegurar su capital contra la inflación y la devaluación del peso, pues de otro modo se vaciará en tiempo relámpago. Los bancos lo hacían mediante tasas de interés usurarias, que cobraban con la justificación del “riesgo”. El fideicomiso asegurará su capital con el Banco Central (con seguros de cambio) y el Nación (con algún bono que se ajuste por inflación). La reducción de la comisión que hoy cobran los bancos será bancada por las finanzas públicas. La conclusión que se saca de aquí es que el gobierno va de improvisación en improvisación, y que se gasta los últimos cartuchos para evitar que la inflación se desmadre en una hiper.
La financiación de la compra de alimentos pretende que no caiga el consumo, como consecuencia de la desvalorización que ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios. El oficialismo pretende compensar este deterioro mediante la facilitación del endeudamiento de las familias. En lugar de estos mamarrachos confiscatorios, que refuerzan las ganancias de los supermercados, es necesario incrementar el poder adquisitivo de los salarios, con aumentos generales superiores a la inflación y un mínimo igual al costo de la canasta familiar. Asimismo, es necesario poner fin a la confiscación de la riqueza social por parte de los sectores financieros, mediante la nacionalización de la banca y de las compañías de seguro. Es fundamental, asimismo, que los grandes proveedores y los supermercados abran sus libros y se establezca un control de sus operaciones por parte de los trabajadores. El manejo extraordinario de dinero efectivo por parte de las cadenas comerciales facilita las operaciones que se realizan en los mercados paralelos de divisas, donde se especula contra el peso.
El anuncio de la tarjeta se produce cuando el congelamiento de precios está naufragando. Las estimaciones siguen arrojando aumentos del 2 al 2,5% mensual en los alimentos y bebidas. La lista de precios que debería servir de base para el congelamiento no existe. La prolongación del dudoso ‘congelamiento’ apunta a presionar contra las paritarias.
La Moreno-card es un recurso último del gobierno frente al desmadre de la inflación y de la devaluación del peso, pero no resuelve la carestía ni la caída del empleo de los trabajadores, así como tampoco resuelve la crisis generada con los inversores capitalistas en la minería, el petróleo y el agronegocio sojero, los que constituyen el esquema de sustentación del gobierno K.
Las razones de una corrida contra el peso
Detrás de la trepada del dólar “blue” o paralelo, emerge una realidad tan antigua como conocida: la de una corrida contra la moneda nacional.
Es cierto que esta puja no asume la característica clásica de otras corridas, cuando el gobierno vendía reservas para abatir la suba. En esta ocasión, el Banco Central no entrega dólares, y parece dispuesto a dejar que el dólar blue continúe la escalada. Los economistas o voceros oficiales atribuyen esa indiferencia al carácter ‘marginal‘ del mercado paralelo de divisas, aun cuando deban reconocer que ese mercado está dictando la marcha creciente de la inflación interna.
Pero la razón de fondo del abstencionismo oficial es otra: la precaria situación del Banco Central para enfrentar una corrida. Lo prueba la existencia de un cepo cambiario que, de todos modos, tampoco se aplica de manera consecuente. Mientras cierra su cerco sobre turistas y pequeños ahorristas, el gobierno autoriza la remisión de divisas a las mineras.
Las declinantes reservas internacionales son la garantía de los abultados pasivos del Banco Central, así como de los futuros compromiso de deuda externa. Otra vez, se pone de manifiesto que el pregonado desendeudamiento oficial ha sido solventado con una deuda creciente del Central, junto a la del Anses.
En estas condiciones, la apuesta oficial para enfrentar la corrida parece concentrada en el ingreso de los dólares de la soja, hacia marzo o abril. Pero ocurre que la propia corrida ha incentivado la retención de la cosecha. En episodios anteriores, el gobierno enfrentó ese acaparamiento con liquidaciones adelantadas por los exportadores. Moreno ya ha salido a reclamar esos adelantos. Pero las condiciones no son las mismas que en el pasado, por la incertidumbre respecto del precio futuro de la soja, por un lado, y del tipo de cambio, por el otro. En enero de este año, se han liquidado 2.000 millones de dólares de exportaciones menos que en el mismo mes de 2012.
En el teatro de la corrida cambiaria, también reclaman su papel otros actores cercanos al gobierno, y para nada secundarios. La minera Vale ha paralizado su proyecto, reclamando cambiar los dólares que invierte al mismo valor al que dice pagar sus insumos, o sea, el del “blue”. En el campo devaluacionista, también podrían anotarse los exportadores de energía, comenzando por la “nacional y popular” YPF. Como se ve, el escenario es bien más amplio que el de los pretendidos operadores ‘marginales’.
En cualquier caso, el punto de partida oficial en esta crisis cambiaria -la preservación de las reservas para pagar la deuda- establece los términos de su desenlace, hacia una mayor devaluación de la moneda. La echada de lastre fue anunciada por el mismo Moreno y su ‘dólar a seis pesos’. En esos términos, la factura será traslada a trabajadores y consumidores, a través de una mayor carestía, confiscación impositiva y desvalorización del salario. En oposición a ello, planteamos una reorganización social de fondo, a partir de los intereses de quienes viven de su trabajo.
Los mentores del ‘modelo’ podrán denunciar el golpe especulativo. Pero no tienen una orientación social ni una salida alternativas a quienes, en este verano caliente, empujan el blue hacia arriba.