El decreto petrolero del gobierno “nac & pop” ha terminado de confirmar lo que señaló el Partido Obrero en ocasión de la intervención a YPF: que el kirchnerismo resolvía la salida de Repsol sólo para reemplazarla por otros monopolios internacionales. La propia ley de “recuperación de la soberanía petrolera” (sic) contemplaba nuevas “alianzas estratégicas” con ellos -lo que no impidió que Solanas, Lozano y otros la apoyaran. En cambio, el Partido Obrero denunció una “reprivatización de YPF” (Prensa Obrera, Nº 1.218, abril de 2012).

El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.

El decreto también prorroga por otros 25 años las concesiones petroleras que se encuentren en zonas con potenciales yacimientos de gas no convencional. Esta medida parece beneficiar a YPF, cuyas concesiones en Vaca Muerta están cercanas a expirar. Pero en el marco de las “alianzas estratégicas” planteadas, se trata de un generoso cheque en blanco en favor de las petroleras internacionales que se asocien con la “estatal”. Entre esas empresas, podría encontrarse la propia Repsol, a la que el gobierno le ofreció ingresar en Vaca Muerta como resarcimiento por la expropiación de 2012.

Justicia legítima

El decreto a la medida de Chevron vino precedido por otro beneficio en su favor. En mayo pasado, la Corte argentina dispuso la inembargabilidad de los bienes de la empresa en Argentina, a causa de un juicio del gobierno ecuatoriano por daños ambientales en ese país. Pero la Corte falló a partir de un pedido de la procuradora K Gils Carbó en el mismo sentido. O sea que mientras la corpo judicial y la corpo oficial se sacaban los ojos por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ambas coincidían en indultar a Chevron. En aras de ello, la Corte falló con una celeridad que no tuvo -ni tendrá- con los miles de jubilados que litigan por sus haberes congelados.

A pesar de tanto servilismo, la “justicia legítima” no consiguió tener injerencia en el acuerdo entre Chevron e YPF: la petrolera yanqui se aseguró la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sin que a los “nacionales y populares” les temblara el pulso. Esta condición colonial regirá, por ejemplo, en caso de futuros juicios por daños ambientales, teniendo en cuenta que Vaca Muerta será sometida a un método de extracción de gas -fractura hidráulica- que ha recibido múltiples cuestionamientos ambientales en el mundo.

Fracaso “nacional y popular”

El kirchnerismo sostuvo al régimen de privatizaciones petroleras del menemismo, comenzando por la presencia de Repsol en la petrolera estatal. La política oficial sólo atinó a asociar a la burguesía nacional K al saqueo de YPF: Ezquenazi entró a la petrolera sin poner un peso, con la previsión de pagar su parte con utilidades futuras.

Cuando este esquema se fundió -y en medio de un crecimiento exponencial de las importaciones energéticas-, el gobierno procedió a la reestatización parcial de YPF. Desde entonces, los camporistas de su directorio intentaron conciliar los pactos con monopolios extranjeros con los cepos cambiarios y los controles al comercio exterior.

El fracaso de esa orientación -expresada en nuevos retrocesos en la producción de petróleo y gas- ha empujado al acuerdo con Chevron, que exceptúa de esos controles a los monopolios petroleros. Es un claro retorno a la política petrolera del menemismo y a experiencias entreguistas anteriores, fundadas en entregarle a los monopolios la libre disponibilidad del producto extraído y otras concesiones. Todos esos episodios -de Frondizi al Plan Houston de Alfonsín, pasando por los contratos de Martínez de Hoz- fracasaron en asegurar el autoabastecimiento, al tiempo que agravaron la descapitalización de YPF y del conjunto del patrimonio petrolero.

La oposición

El UNEN y el peronismo opositor han fijado posición sobre el “decreto Chevron” a través de sus especialistas petroleros, como Montamat o Guadagni. Critican su carácter “discrecional”, por tratarse de “un decreto y no de una ley”. Reclaman, en suma, que la orientación entreguista del “decreto Chevron” revista un carácter general y definitivo, que lo convierta en la punta de lanza de un replanteo más general de la política económica. Pero ése es el camino que el propio gobierno está transitando, como se revela en los patacones dolarizados (Cedines) y en la liberación progresiva del precio de los combustibles. La devaluación y el tarifazo que asoma detrás de la “nueva” política petrolera es el rumbo que reclaman todos los días los Massa, Prat Gay, Losteau o Terragno, quienes han prestado un “apoyo crítico” al decreto oficial, a la vez que exigen ir a fondo en el cambio de frente.

Pino Solanas, socio de ellos en el UNEN, tendrá que archivar sus invocaciones al nacionalismo petrolero. El progresismo, incapaz de romper con el gran capital, ha sido demolido por partida doble: dentro y fuera del gobierno.

El acuerdo con Chevron es un punto alto de la descomposición política oficial, pero no llega sólo. Está acompañado por una crisis de fondo en el aparato de represión y seguridad estatal, que el gobierno ha querido “enderezar” nombrando a un represor de la dictadura al frente del Ejército. Mientras tanto, la protección oficial al fugado Jaime ratifica el compromiso de la camarilla oficial con el entramado capitalista que consumó otro vaciamiento, el del patrimonio ferroviario.

A sólo un mes de las elecciones de agosto, la población debe advertir una cuestión decisiva: en su tobogán político, el gobierno adopta el programa reaccionario de la oposición que pretende relevarlo. Las salidas de unos y otros para esta nueva crisis son antagónicas a los intereses de la mayoría nacional.

Es necesario, por lo tanto, que de ese desbarranque oficial emerja una alternativa de los trabajadores frente a la crisis. El voto al Frente de Izquierda, así como la batalla por el ingreso de sus candidatos al Congreso y a las legislaturas, es un paso crucial en ese sentido. Nuestra campaña electoral incorporará una acción enérgica contra el acuerdo con Chevron y la reprivatización petrolera. Contra esta orientación varias veces fracasada, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores.