Ahora el negocio ya no depende del narcotráfico

Así como desde los Estados y desde los organismos internacionales se buscan nuevas estrategias para luchar contra el crimen organizado, del mismo modo, éste se transforma, se reajusta y experimenta todas las metamorfosis necesarias para seguir siendo inasible, escurridizo y poderoso. La idea es estar siempre un paso más delante del perseguidor y lo dramático es que casi siempre lo logra.

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México: como en el Lejano Oeste

Es digno de análisis y reflexión el fenómeno de los llamados “grupos de autodefensa” que operan en el sudoeste de México, especialmente en el estado de Michoacán. Se trata de pobladores que, cansados de vivir bajo el yugo de extorsiones y terror, impuesto por el cartel de Los Caballeros Templarios y frente a la falta de respuestas del Estado, decidieron alzarse en armas para protegerse a sí mismos, a sus negocios y a sus familias. Sin embargo, estos grupos de civiles armados, que surgieron hace 11 meses, han experimentado un crecimiento espectacular y despertaron resquemores frente a la posibilidad de que haya narcotraficantes de bandas contrarias infiltradas en sus filas y porque sus actividades –aunque justificables para muchos- están totalmente al margen de la ley.

Los grupos de autodefensas ya operan en 40 de los 113 municipios de Michoacán, realizando tareas exclusivas de las fuerzas de seguridad como patrullajes, cacheo, etcétera. Pero, lo más alarmante es que han tomado por la fuerza a 10 de ellos (y continúan ejerciendo presión sobre otros). Estas “tomas” son, concretamente, golpes de estado de un microsistema, como es una alcaldía. Por ejemplo, en Parácuaro, ciudad de 20 mil habitantes, irrumpieron unos 200 hombres y mujeres armados que, a su vez, eran recibidos a los tiros desde los techos de vecinos que se oponían a su llegada. Una imagen digna del lejano oeste. Una vez en el pueblo, encarcelaron a los policías de la comisaría, se hicieron de sus armas y, seguidamente, destituyeron al alcalde, dejando a la ciudad en la anarquía total.

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Estados homofóbicos

En estos días, el mundo recibió dos noticias que pueden leerse como un significativo revés en materia de derechos de gays y lesbianas. Una de ellas provino desde la India, donde el Tribunal Supremo decidió no ratificar una orden del Tribunal de Delhi de 2009 que ordenaba despenalizar la homosexualidad al eliminar la sección 337 del código penal redactado en 1860 y que prevé penas de hasta 10 años de cárcel a quienes practiquen sexo “en contra del orden natural”. Una ley poco administrada en el ámbito judicial pero muy utilizada por la policía en las calles como forma de extorsión y acoso contra la comunidad gay. La disposición del Supremo fue entendida como “un decepcionante revés para la dignidad humana y los derechos básicos de la privacidad y no discriminación”, según el comunicado emitido por Meenaski Ganguly, directora para el sur de Asia de Human Rights Watch.

La otra noticia tuvo como epicentro un país del primer mundo y con costumbres occidentales: Australia. Allí, también el máximo órgano de la justicia, tildó de “inconstitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, que habían sido autorizados en la capital, por entender que van en contra de lo dispuesto por la ley nacional en la Constitución.

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¿Petróleo para la gente o a pesar de la gente?

Al igual que en la Argentina, otros estado latinoamericanos también debaten profundos cambios vinculados con como hacerse del oro negro escondido bajo su suelo. Se trata de decisiones con gran impacto en sus economías, medioambiente y, sobre todo, en la clase de país que le dejarán a las generaciones futuras.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que estudia autorizar la explotación del Parque del Yasuní, un paraíso enclavado en el Amazonas y reserva de la biósfera para la ONU desde hace 24 años. Se trata de un cambio de 180 grados en la voluntad inicial del mandatario, quien incluso, en otros tiempos, se avocó a convencer a la opinión pública de la importancia preservar la zona (tanto que hoy el 90 % de los ecuatorianos se opone a su usufructo). ¿A qué se debe semejante cambio? Él lo explica con una frase que suele utilizar a menudo: “No me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria”. Es que su plan inicial contemplaba buscar el apoyo de la comunidad internacional, que giraría a Ecuador el 50% de las ganancias que se podían obtener extrayendo el crudo. Las buenas intensiones brotaron por doquier pero, a la hora de poner la plata, al país llegó solo el 10% de los magros 10 millones de euros recaudados, cuando la cifra prometida era de 2700 millones a desembolsar en 10 años.

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