Héctor Recalde fue atacado por Cristina Kirchner en la apertura legislativa para borrar toda duda ante la UIA de que aparezca, en el final de su mandato, un Código Laboral que pudiera alterar la flexibilidad laboral vigente. Lo logró, puesto que ahora lo que se discute en la Comisión de Trabajo que preside el ex moyanista es un compendio o digesto que no modifica una coma de la legislación vigente.

Las llamadas “reformas Recalde”, no tienen otro horizonte que promover la reposición del articulado más inofensivo de la vieja “Ley Centeno” (1973). Pero eso ha sido también un rotundo fracaso, porque 60 de esas reformas, aprobadas en Comisión, jamás pasaron al recinto y otras 19 se empantanaron en el Senado. Pues bien, ninguno de esos retoques estará en el digesto.

El continuismo es gravoso para los trabajadores. El grueso de los 96 artículos reformados y de los 25 derogados por la Dictadura se han prolongado en los 32 años de democracia. Pero mucho más, se agregaron la ley de Empleo de Menem que habilitó los contratos basura, varios de los cuales siguen en pie, se perpetuó el nefasto Procedimiento Preventivo de Crisis que suspende convenios y abarata indemnizaciones ante convocatorias de acreedores o simples informes patronales, y las leyes Banelco I y Banelco II.

La Banelco II, aprobada de apuro en 2004 por el kirchnerismo ante el escándalo Pontacuarto, rescató los lineamientos centrales de la flexibilidad laboral de la Alianza de radicales y frepasistas. Con ella se redujeron pisos indemnizatorios, se alargaron períodos de prueba, pero por sobre todo se prolongó el convenio por empresa. Este punto es la clave de la destrucción de la pirámide del derecho laboral conquistada en el pasado, por la cual un convenio colectivo de gremio no puede estar debajo de la ley y un convenio de empresa sólo puede establecer beneficios mayores que el convenio de la rama. Hoy, rige un convenio gráfico de 12 horas en La Nación cuando el de la rama establece seis horas, o se acaba de firmar, por ejemplo, el nuevo convenio Nissam que va por debajo del que regía en Renault. Con la Banelco II vigente, pululan las cooperativas de trabajo y en el propio Estado los monotributos, dos variedades del fraude laboral.

La Banelco II kirchnerista, que es la ley vigente, es el instrumento de la flexibilidad laboral, de los premios antilaborales de productividad y presentismo, del alargamiento de la jornada laboral, de las tercerizaciones, entre otras delicias patronales. Pero el kirchnerismo ha ido mucho más lejos. Ante todo, prolongando las nefastas ART del accidente y de la muerte laboral y, con la última reforma, eliminando la doble vía judicial. Y, más recientemente, con el Código Civil, que convalida la tercerización eliminando la responsabilidad de la empresa principal y elimina la prelación del derecho laboral, eje del concepto por el cual el empleado es el eslabón débil de la cadena de la explotación capitalista. Se iguala al asalariado con el capitalista en el derecho civil, una reforma antilaboral y “neoliberal”, como pocas.

Con apoyo de la oposición, -centroizquierda incluida- el kirchnerismo impuso una “ley de blanqueo”, que consiste en rebajar aportes patronales a nuevos trabajadores. Con ella, como lo anticipamos, aumentó el empleo en negro al pavoroso 34,6% actual. En materia impositiva, entre el 40 y el 53% del salario, según el rango, es confiscado mediante impuestos, entre ellos el repudiado impuesto al salario. En materia de sindicatos han prolongado el unicato y la ingerencia del Estado en las organizaciones obreras.

El “Código Laboral” que se prepara será otro engaño “nacional y popular”. Abrocha el régimen de flexibilidad laboral. Nuestro planteo es la derogación de las reformas de la Dictadura, de las introducidas por la Banelco I y II, la prohibición del despido sin causa, el blanqueo automático con estabilidad laboral de todo trabajador en negro, la abolición de ganancias en los salarios de convenio, el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, la anulación de las ART de la muerte y su legislación, la derogación de la ley sindical y de todas las reformas antilaborales y contra los derechos de la mujer, introducidas en el Código Civil. Es el programa que hemos traducido en un cuerpo transformador de iniciativas parlamentarias.