El 12 de junio conmemoramos el Día Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Se entiende por trabajo infantil a las “estrategias de supervivencia o actividades productivas de comercialización o prestación de servicios, remuneradas o no, realizadas por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y/o trabajo establecida en nuestro país, que atenten contra su integridad física, mental, espiritual o social y que interrumpan o disminuyan sus posibilidades de desarrollo y ejercicio integral de sus derechos”.

Por iniciativa del gobernador Daniel Scioli, la provincia está desarrollando una perspectiva de abordaje intersectorial e integral, sumando a los actores sociales vinculados tanto a la promoción y protección de derechos de la infancia como a lo productivo. A partir de la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y con apoyo de Unicef se articulan propuestas para abordar la situación a nivel local, teniendo en cuenta factores estratégicos de cada economía, la necesidad de propiciar más y mejores lugares de cuidado infantil, ampliando la cobertura educativa y de salud, y promoviendo actividades culturales para desnaturalizar el trabajo infantil.La COPRETI de Buenos Aires tiene una labor sostenida desde 2004 y cuenta con el reconocimiento de organismos internacionales como OIT y UNICEF. La presidencia de la Comisión está a mi cargo pero es sumamente destacable la participación y compromiso de los demás organismos provinciales que la integran y con quienes desarrollamos actividades conjuntas como capacitaciones a agentes de salud a través del Programa SUMAR o en las mesas locales de Florencio Varela, José León Suarez o Lomas de Zamora.

Este año se ha dado un paso importante con la sanción de la ley que tipifica como delito al trabajo infantil: se sancionará a las personas adultas que aprovecharen económicamente el trabajo de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años, salvo las tareas que tuvieren fines pedagógicos o exclusivamente de capacitación. No serán punibles los padres, madres, tutores o guardadores, ya que no se penalizarán las estrategias familiares de supervivencia. En este sentido, se ha avanzado significativamente también con otras normas como la ley de trabajo agrario y la del Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.

El trabajo infantil está prohibido en la Argentina y está permitido a partir de los 16 años en determinadas condiciones, que contribuye a la erradicación denunciar ante una comisaría o en el organismo del poder judicial que corresponda una situación de trabajo infantil para que se investigue teniendo presente que el Estado no renuncia a su función social por la penalización, sino que en este tema son necesarias tanto las sanciones y la pena para el sector empleador como atender las particularidades de cada niño o niña en pos de la garantía de sus derechos.  Este es el enfoque de la COPRETI.

Este año la Organización Internacional del Trabajo propone hacer foco en el trabajo infantil doméstico que se refiere al trabajo para terceros o en el propio hogar, que tiene características particulares, ya que se lleva a cabo en el ámbito privado. Este tipo de trabajo atenta contra el desarrollo integral de los niños y niñas con graves consecuencias para la salud dificultando el acceso a lo educativo y recreativo por el aislamiento, la falta de socialización, las complicaciones horarias, etcétera.

El gobernador Scioli siempre ha sostenido que el trabajo digno es el principal ordenador de la vida social, no sólo garantiza la reproducción de una sociedad si no que además contribuye a fortalecer las identidades y procesos de autoestima en las personas, además de  generar nuevos vínculos de solidaridad. Pero seamos claros: el trabajo es responsabilidad de los adultos, los niños y niñas a jugar y aprender.

El lunes 14 de enero comienza en el salón paritario de la Subsecretaría de la Negociación Colectiva para el Sector Público una nueva ronda de negociación para la administración pública provincial.

De este modo se inaugura el sexto período consecutivo en la gestión del gobernador Daniel Scioli de un nuevo ciclo de paritarias en el ámbito provincial, en consonancia con lo que -desde el año 2003- ha sucedido a nivel nacional de la mano del ex presidente Nestor Kirchner.

Dicha directriz se enmarca en una clara política estatal de restablecer el ámbito del consenso paritario la negociación colectiva como fuente fundamental del derecho del trabajo y las condiciones de los trabajadores, tanto públicos como privados, que había -en épocas del neoliberalismo y el economicismo- perdido absoluta vigencia e incluso promovido la reprochable negociación colectiva “a la baja”.

El eje de las paritarias se sustenta en que ambas partes -el empleador y los trabajadores representados colectivamente- son los más indicados para pautar las condiciones de las relaciones laborales y por su intermedio arribar a soluciones que tengan legitimidad desde su origen.

En nuestro ámbito local, la negociación colectiva para el empleo público como política esencial de la gestión de nuestro gobernador tomó impulso con la creación en el año 2008 de la Subsecretaría de la Negociación Colectiva para el Sector Público -jerarquizando el área dentro de la cartera laboral-, la que se convirtió no sólo en autoridad de aplicación de las leyes específicas, sino que también afianzó y puso en valor al diálogo como herramienta para la gestión de gobierno.

Representa ello un valioso aporte a la política provincial de modernización del Estado, articulando con carácter general  y  sectorial la  negociación colectiva con la totalidad de las organizaciones gremiales, que representan al universo de los trabajadores de la Administración Pública provincial.

De este modo se resuelven los conflictos y se alcanza el consenso necesario mediante la celebración de acuerdos paritarios, en los que se reflejan a más de las cuestiones salariales, las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores públicos.

En dicho ámbito se llevaron a cabo hasta mediados del año 2012 -entre paritarias generales, sectoriales y docentes- 385 audiencias que arrojaron 295 acuerdos paritarios.

Entre estos últimos, además de los alcanzados con respecto a política salarial, que redundaron en la recuperación del salario de los trabajadores públicos provinciales, debemos resaltar los acuerdos que incorporaron al sueldo básico de los trabajadores diferentes rubros que provocan una mejora salarial y previsional, encuadre de categorías y paulatinos pases a planta, entre otros aspectos.

Es un indudable fruto de los logros obtenidos por medio de la negociación colectiva la creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), que tuvo su origen en el seno de una reunión paritaria general y cuyos objetivos, misiones, funciones y conformación, se plasmaron en la ley 14.226, sancionada el 16 de diciembre de 2010. Dicha comisión tiene abocada específicamente el debate y tratamiento paritario y consensuado en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) para los trabajadores estatales.

Es sin duda alguna -la puesta en marcha de dicha Comisión- la demostración de un profundo compromiso en la temática, y como señaláramos un verdadero cambio de paradigma local en el tema.

En ese mismo orden -ya para el sector privado- se ha sancionado recientemente la ley 14.408 que genera la creación de comités paritarios en el ámbito del sector privado para promover el dialogo y consenso en materia de seguridad e higiene dentro de cada establecimiento radicado en la provincia.

Para finalizar, cabe destacar que éste año -tal como ha sucedido los cinco anteriores- negociando las partes intervinientes con mesura y realismo no dudamos que mas allá de las lógicas tensiones, diferencias y debates, será nuevamente el ámbito paritario el protagonista del consenso que nos permitirá seguir avanzando en una gestión de gobierno logre una mejora progresiva de las condiciones laborales y compatible con una mayor inclusión social del resto de la ciudadanía.