La Cumbre del Cambio Climático en Lima (COP20) esquiva el fracaso con un acuerdo débil para mantener viva las perspectivas y esperanzas en la Conferencia de Naciones Unidas (COP21) que, en diciembre del 2015, debería adoptar un acuerdo de reducción de gases efecto invernadero que sustituya al obsoleto Protocolo de Kioto. La disminución del calentamiento global no puede ser más apremiante, tal como lo advirtieron el Papa Francisco y el Secretario General de Naciones Unidas  por cuanto el aumento de las temperaturas puede producir a los largo del siglo efectos ambientales y humanitarios devastadores.

Sobre la base de lo acordado, todos los países deberán presentar compromisos individuales ante Naciones Unidas para octubre del 2015. Esto implicaría que cada uno debería empezar a trabajar en distintos frentes que incluye frenar la deforestación, aumentar el desarrollo de energías limpias o reducir el uso de combustibles fósiles. Más allá de  acciones concretas, la negociación del futuro tratado en Paris se ha convertido en una controversia económica y financiera que divide y enfrenta a grupos de países.

A diferencia del fracaso de hace cinco años en la Cumbre de Copenhague, la falta de resultados suficientes en Perú no es únicamente atribuible a la posición de Estados Unidos o de China, los dos países de mayor contaminación. En esta ocasión, en cambio, la responsabilidad estuvo más compartida en particular por parte de los que han utilizado la Conferencia de Naciones Unidas como tribuna de diferencias políticas o económicas.

La Argentina, el segundo país más contaminante de Sudamérica según el Banco Mundial, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. El discurso del vicepresidente Amado Boudou, como jefe de la delegación, ha sido desilusionante y parece ignorar que la Argentina tiene un grave problema  por el nivel de emisiones efecto invernadero. La intervención ha sido más de coqueteo político con algunos países en desarrollo que una presentación técnica y constructiva con miras a concluir un acuerdo jurídicamente vinculante. No hubo ninguna idea ambiental aprovechable.

No es entendible que la Argentina continúe con la tendencia de mirar para otro lado en lugar de insistir en la adopción de medidas, económicamente convenientes, de mitigación o adaptación. Tampoco que  en las negociaciones se mantenga asociada a planteos excesivamente rígidos, con un marcado énfasis político, como es el caso de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela o, entre otros, Siria e Irán.

Asimismo, es poco serio que se pretenda escudar detrás de aquellos económicamente más limitados como Haití o algunos países africanos para eludir de contribuir en alguna medida a solucionar el problema global cuando es uno de los países en desarrollo con mayores volúmenes de emisiones por habitante como consecuencia, entre otros, que el 90% de la energía primaria que  consume proviene básicamente de hidrocarburos.

Es evidente que quienes más contaminan deberán asumir la carga principal como es el caso de Estados Unidos, China, India Japón y Rusia, que representan alrededor del 60% de las emisiones de carbono del mundo. Sin embargo, es igualmente obvio que ante la emergencia que enfrenta el planeta cada uno de los 195 países deberá asumir la cuota de responsabilidad que les corresponda.

Es penoso que, en una cuestión tan trascendental para la humanidad, la diplomacia de la Argentina siga en una vereda ambivalente. Le corresponderá al futuro gobierno, quizás en una de las primeras tareas diplomáticas en la Conferencia de Naciones Unidas en Paris, lidiar con la falta de coherencia de Argentina para dar respuesta a los desafíos del cambio climático. El tema no es menor ya que el 75% del territorio nacional enfrenta vulnerabilidades que requieren urgente atención y, consecuentemente, una actitud de mayor responsabilidad y compromiso para contribuir a alcanzar un acuerdo multilateral que reduzca los efectos del calentamiento global.