En enero de 2014 el Gobierno nacional devaluó el tipo de cambio alrededor del 23%, llevándolo de 6,5 a 8 pesos. Esta situación se produjo en el mismo momento en el cual la Secretaría de Comercio lanzó el programa Precios Cuidados. Dicho programa tenía como objetivo brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios, determinando los precios a través del análisis de las cadenas de valor. Pero, considerando que la devaluación tiene efectos sobre el nivel de precios a través de lo que se conoce como “efecto traspaso”, la iniciativa gubernamental tenía destino de fracaso, tal como se observó posteriormente. Continuar leyendo
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Una política económica sin dirección
La Argentina comenzó a sentir, en parte, el efecto del default. La intención de pagar por parte de la Argentina no cabe duda que existe, pero la realidad es que el acreedor no ha cobrado el dinero, por ende la materialización de esa intención no se llevó a cabo. Esto significa que no se pagó, por lo tanto, se podría decir que el país entró en default y así ha reaccionado el contexto en consecuencia con el dólar blue como protagonista estelar, obligando al BCRA a desandar el camino de baja de tasas.
Sin dudas que esta situación es un problema más que se agrega. Sin embargo, no es el problema central que afecta a la economía argentina.
Ya antes de la cesación de pagos, la política económica ha estado expuesta a una multiplicidad de tensiones derivadas de la no resolución de los elementos causales de las principales preocupaciones de la economía argentina: háblese de dólar y mercado cambiario, alta inflación, imperceptible crecimiento/recesión, problemas con el empleo, descontrol en el déficit fiscal, freno a las importaciones, por mencionar algunos.
El default no ha agregado nada nuevo al contexto sino que ha agravado los problemas: se profundiza la escasez de dólares aumentando las presiones devaluatorias y sobre el blue, la economía se contrae más produciendo desempleo, más problemas en las empresas, aumento de las tasas de interés y un impacto fiscal negativo a través de desaceleración de la recaudación.
En este estado de situación es que el Gobierno se balancea entre prestar atención al dólar y apuntalar el crecimiento, haciendo que la tasa de interés entre en un subibaja.
Así las cosas, lo único que está claro es que no hay una dirección nítida de la política económica. Se observa que existe una pulseada constante entre el BCRA y el Ministerio de Economía, y que la colaboración entre ambos, premisa necesaria para resolver los problemas de la economía argentina, es nula. En el medio de esta puja se encuentra la voracidad del sector público que no logra controlar su déficit (tema que, parece, no es considerado por el Gobierno como tema a resolver), agregando más nafta al problema inflacionario y afectando negativamente al crecimiento económico vía efecto crowding out del crédito (el financiamiento al sector público quita financiamiento al sector privado).
Argentina no podrá decir que los problemas que sufre su economía son consecuencia de la declaración de default. Todos estos males eran prexistentes y lo único que hará el default es ni más ni menos, agravarlos.
Una intervención distorsiva y poco eficaz
En enero del 2014, desde el Gobierno nacional se establecieron dos objetivos macroeconómicos: disminuir la demanda de dólares y desacelerar la inflación (por medio de una reducción de la tasa de interés real negativa). Para lograr dichos objetivos, el Banco Central tomo la decisión de devaluar la moneda y aumentar las tasas de interés, a través de las emisiones de LEBACS y NOBACS a una tasa cercana al 31%.
Estas políticas monetarias, al igual que todas aquellas que intentan corregir variables que no están dentro de los valores deseados por el gobierno, tienen un costo. El aumento de las tasas de interés de los títulos que emite el BCRA generó un aumento de las tasas de interés pasivas y activas del sistema bancario argentino. De esta forma, los bancos terminan pagando una tasa de interés mayor por los depósitos en plazo fijo y cobran una mayor para los préstamos, aquellos destinados al consumo (individuos) o inversiones productivas (empresas).
El estrechamiento de las condiciones de acceso al crédito para el sector empresarial ha motivado en el gobierno el lanzamiento del programa FONDEAR y la línea de financiamiento especial para inversión productiva (Com. A 5516), ambos apuntando al financiamiento de la inversión. El primer programa tiene una orientación más sectorial y regional y cuenta, en los créditos para proyectos de inversión, con una tasa fija del 14% anual en pesos para Pymes y una tasa del 19% anual fija en pesos para las grandes empresas para los primeros 24 meses; mientras que el segundo está más orientado a PYMES y obliga a las entidades a prestar un porcentaje de sus depósitos a una tasa fija del 17,5% (luego se extendió al financiamiento en corto mediante descuento de cheques y actualmente, el nuevo tramo incrementó la tasa al 19,50%).
La importancia de los problemas con que cuentan las empresas para disponer de financiamiento se refleja en la cantidad de programas que el gobierno está implementando para subsanarlos. Pero, ¿no debería el gobierno apuntar a desarrollar las condiciones adecuadas para que el sistema financiero pueda generar financiamiento barato y de largo plazo para el sector productivo?
A las barreras con que cuentan las empresas (especialmente las PYMES), tales como fallas en el funcionamiento de los mercados de crédito (ej. insuficiencia en la información con que cuentan los bancos para realizar evaluaciones de riesgo); y la cantidad de recursos canalizados, también influido por el método de selección de beneficiarios, hoy tenemos que agregar los elevados costos de financiación concebidos por las políticas macroeconómicas mencionadas anteriormente. La intervención del gobierno aparece como distorsiva y con baja eficacia en función a sus objetivos prefijados.
Cabe aclarar que estas políticas se realizan con recursos del Estado Nacional, aumentando así la participación de este en la economía. En lugar de ello, se debería trabajar para desarrollar un sistema financiero que genere fondeo para la inversión en el sector productivo.