Por: Sebastián Genatti
En enero de 2014 el Gobierno nacional devaluó el tipo de cambio alrededor del 23%, llevándolo de 6,5 a 8 pesos. Esta situación se produjo en el mismo momento en el cual la Secretaría de Comercio lanzó el programa Precios Cuidados. Dicho programa tenía como objetivo brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios, determinando los precios a través del análisis de las cadenas de valor. Pero, considerando que la devaluación tiene efectos sobre el nivel de precios a través de lo que se conoce como “efecto traspaso”, la iniciativa gubernamental tenía destino de fracaso, tal como se observó posteriormente.
En este momento, y con la intención de profundizar la dirección de la política de control de precios, el gobierno está detrás de la Ley de Abastecimiento, la cual tendría como objetivo que el Estado regule el proceso de formación de precios dentro de la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo.
Ante esta situación podemos determinar que la Ley de Abastecimiento le concede al programa Precios Cuidados un marco legal para poder realizar un control de precios, intentando ser un plan para fiscalizar la suba sostenida de precios (inflación) generada por la rentabilidad extraordinaria que intentan obtener algunos empresarios. La lectura que surge de esto es que para el gobierno, el principal motivo de la alta inflación es la actitud de cierta parte del sector empresario y no de la devaluación ni de la política monetaria expansiva (la emisión principalmente destinada para hacer frente al déficit del sector público).
Este impulso de control de precios surge justo después de que al Gobierno se le cerrara la puerta de los mercados internacionales de crédito, esto quiere decir que no podrá obtener crédito externo, ni arribarán inversiones extranjeras, vitales para que no continúe la caída de las reservas del BCRA, causando un escenario de inestabilidad que presiona la devaluación cambiaria con consecuencias sobre el nivel de precios. En este momento se trata de controlar la demanda de dólares aumentando la tasa de interés, sabiendo que esta política atenta contra el crecimiento. Pero buscando anclar la dinámica cambiaria para que no repercuta en los precios. ¿Es esta la solución, generando incertidumbre y disipando cualquier intento de inversión privada local?
En esta cruzada por el control inflacionario, existe un obstáculo difícil de sortear: la principal preocupación del gobierno está enfocada principalmente en que no sigan cayendo las reservas. Es por ello que existe una alta probabilidad de que el gobierno vuelva a tomar una decisión igual a la de enero del 2014. Devaluando la moneda pero tratando de cuidar que esa devaluación no sea trasladada a precios, para obtener un tipo de cambio competitivo y así aumentar las exportaciones. Obteniendo un superávit que no esté dado por la restricción que impone el Gobierno sobre las importaciones sino por decisión del mercado.
En síntesis el impulso que le dio el gobierno a la Ley de Abastecimiento puede dar margen para realizar una depreciación del tipo de cambio sin que desate una aceleración de la dinámica inflacionaria. Por lo menos esa es la expectativa del gobierno, ya que el resto de las variables macroeconómicas, incluido el creciente déficit fiscal, juegan a favor de una mayor dinámica inflacionaria.