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Lo que se juega en el ballottage del domingo

Las democracias de occidente han ido variando en los últimos años sus sistemas electorales para resolver diferentes situaciones que los viejos sistemas no contemplaban. Entre estos factores podemos mencionar la crisis de los partidos políticos históricos y la consecuente emergencia de nuevas fuerzas, la inclusión de minorías en la representación parlamentaria, la gobernabilidad cuando se producen escenarios de fuerte dispersión de las opciones que toma la ciudadanía, o la representación de regiones alejadas de los centros de poder.

Lo que se busca en el fondo con estas reformas es estabilizar los sistemas democráticos independientemente de los vaivenes económicos o sociales que atraviesan a las sociedades nacionales o locales.

En la moderna Constitución de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la mayoría de los distritos provinciales del país, se contempla la figura del ballottage para resolver quién debe ocupar la Jefatura de Gobierno y la regla es que quien sea jefe de Gobierno debe recibir al menos la mitad más uno de los votos del total de los electores. Está claro que el objetivo de esta normativa es que quien conduzca el Poder Ejecutivo de la ciudad empiece su gestión con un amplio, aunque relativo, apoyo ciudadano. La primera opción de los votantes ya está reflejada en la composición de la legislatura porteña. Continuar leyendo →

Sembrar nuestras semillas es hacer patria

En países como el nuestro, donde la producción de alimentos forma parte de nuestra identidad, la semilla es mucho más que una mercancía. Es un componente vital para el desarrollo de la agricultura, la biodiversidad de los ecosistemas y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.

Durante siglos el trabajo y esfuerzo de generaciones de agricultores han permitido el mejoramiento de cultivos gracias a la posibilidad de guardar su semilla, intercambiarla y hacer una selección de las mismas en base a las características propias de cada lugar, cumpliendo un rol importante respecto a la diversidad biológica de muchas especies. Estas tareas de mejoras de las cualidades de un cultivo sirven de base para la adaptación a un entorno en constante cambio. El derecho al uso propio, es decir la posibilidad de utilizar libremente la semilla obtenida de la propia cosecha para una nueva siembra, es el marco que históricamente permitió el cumplimiento de esta importante labor de los agricultores.

Cuando un agricultor o agricultora  compra en un negocio, por ejemplo, una bolsa de semilla de maíz, paga como parte del precio lo invertido en investigación y desarrollo tecnológico realizado en ese cultivo. Una vez que siembra y cosecha los frutos, puede venderlos, intercambiarlos por otros productos, consumirlos, guardarlos a futuro, o volverlos a sembrar. De acuerdo a la ley vigente, todo esto es lícito y encuadra en el marco legal. La intención del Gobierno desde hace tiempo es que ese derecho a usar la semilla obtenida de la cosecha para una nueva siembra, el llamado “uso propio”, de ahora en delante deje de  ser una regla y pase a ser una excepción.

El reciente anuncio del jefe de Gabinete de avanzar en la reforma de la ley de semillas a través de un decreto de necesidad y urgencia generó la crítica de distintos sectores. Aparentemente, de ahora en adelante se haría extensiva la modalidad de cobro utilizada por Monsanto para su nueva semilla “Intacta”. Cuando un productor compra esta semilla, la empresa le hace firmar un contrato que le obliga a pagar por esa “innovación tecnológica invertida” cada vez que siembre el fruto de esa semilla. A partir de abril de este año, además, a raíz del acuerdo establecido entre la multinacional y las compañías exportadoras, Monsanto vuelve a cobrar por esa tecnología a través de la retención de un canon por cada tonelada de semilla “Intacta” que se exporte. Disponiendo un sistema privado de control y monitoreo de todo el proceso -cultivo, acopio, transporte, comercialización- desde la compra de la semilla hasta la exportación de sus frutos, para garantizar su negocio, fortaleciendo su posición monopólica. Aunque resulte increíble, se trata de vender y revender al infinito lo que el productor ya pagó. De obligarlo a pagar nuevos montos por algo que, en definitiva, es obra de la naturaleza, y no de ninguna empresa.

La propia Federación Agraria presentó una denuncia contra la empresa ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “abuso de posición dominante”. La propuesta de la Casa Rosada, según trascendidos, sería por un lado cobrar la tecnología en forma generalizada a todos los agricultores cada vez que vuelvan a sembrar su propia semilla, y por otro impedir estas retenciones en las semillas al momento de exportar.

Nos preocupa que el Gobierno responda más a las necesidades de las multinacionales que a las del pueblo productor. Ya tuvimos el “decreto Chevron” que entregó nuestro petróleo de Vaca Muerta, ahora tendremos el “decreto Monsanto” que le dará más poder a esta empresa fortaleciéndola aún más en todo el proceso. Con casi el 80 % del territorio cultivable sembrado en su mayoría con sólo uno o dos cultivos transgénicos producidos por unas pocas firmas, más que a las empresas necesitamos fortalecer la función reguladora del Estado, para recuperar nuestra soberanía alimentaria, nuestra capacidad de decisión. Necesitamos recuperar la producción regional de un montón de alimentos y actividades desplazadas en todos estos últimos años, con la consecuente pérdida de mano de obra y un alto impacto en la salud de la población, fenómeno conocido como “pueblos fumigados”. Cultivos y actividades desplazadas que hoy están en la cornisa y que su achicamiento impacta de manera directa en la mesa de cada hogar, en las alternativas que nos van quedando para comer sano, suficiente y a precios accesibles.

Una medida de esta naturaleza contraria a nuestra tradición agrícola, que nos despoja del derecho a utilizar libremente la semilla propia, no puede ser realizada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, reservado por nuestro texto constitucional a una situación de excepcionalidad que impida seguir el trámite ordinario para la aprobación y sanción de las leyes. Nada de ello ocurre en la actual conyuntura.

Vedar la discusión parlamentaria en la incorporación de un nuevo marco jurídico absolutamente regresivo para el productor y sus familias, pero principalmente, para nuestra soberanía nacional, nos debe alertar. Nuestros socios comerciales no se han dejado amedrentar y han dicho que no a estas exigencias, la sociedad argentina merece que el debate se dé en el ámbito institucional correspondiente, que es el Congreso Nacional.

Se necesitan medidas efectivas contra la violencia de género

Hasta los programas de TV sensacionalistas y la prensa amarilla están asombrados por la cantidad de material que tienen que editar día a día en una sociedad que cuenta vidas perdidas en espacios tan disímiles como estadios de fútbol, escuelas, lugares de esparcimiento nocturno o calles de cualquier barrio de la Ciudad. El Estado solo ofrece, como si fuera una respuesta mágica, incorporar mas policías y, por qué no, que sean mas violentos. Lamentablemente este es el contexto actual que encuentra en estos días como centro de la escena la escalada de femicidios que, gracias a los modernos sistemas de comunicación, son cada vez mas visibles.

Así, la sociedad mira atónita y no deja de conmoverse por el tremendo espectáculo diario de mujeres asesinadas en manos de sus esposos, parejas y padres de sus hijos. El hecho presenta la innegable capacidad de dejarnos perplejos, porque justamente suele ocurrir entre quienes han mantenido un vínculo afectivo, entre quienes son cercanos o lo han sido, en algún momento de su  historia de vida. Las historias sobre los femicidios nos impactan y nos hacen preguntarnos, por ejemplo, qué conduce a un hombre a matar a su compañera, a la madre de sus hijos.

La respuesta no es sencilla y como todo fenómeno de violencia está atravesado por muchas aristas. El primer mito que hay que derribar es que estamos ante la presencia de “locos” o de actos propiciados por personas con patologías psiquiátricas graves. Quienes reciben las denuncias de víctimas de violencia y trabajan diariamente con estos temas se cansan de ver informes psiquiátricos que dicen que la gran mayoría de estos hombres que ejercen violencia no padecen patologías psiquiátricas y que están en condiciones de comprender  perfectamente su accionar. Será entonces que estamos en presencia de una conducta repetitiva, habitual, de un hombre  que se siente con “poder suficiente para herir, dañar y hasta matar”, porque “el otro”- su mujer – es suya, es su propiedad, y puede hacer con ella lo que le plazca.

Así ocurrió con la joven Suhene, quien falleció con motivo de la feroz golpiza que le dio su novio y murió tiempo después de ese hecho,  porque las lesiones cerebrales fueron tan traumáticas que no pudo restablecerse.Hay que decir además que su victimario continúa libre, porque toda una serie de desdichados acontecimientos han sido  introducidos judicialmente para interrumpir el nexo causal entre la golpiza y la muerte de ella, y así favorecer la situación procesal de quien agredió a su novia con la violencia suficiente para causarle la muerte. Lo mismo acontece, pero de manera inversa, cuando las mujeres nos defendemos legítimamente de las agresiones sistemáticas y continuas: la Justicia siempre posa la mirada desde la óptima masculina, y víctimas de violencia terminan años y años presas porque no se termina de dimensionar la gravedad de la problemática.

A su vez, la Argentina tiene un marco legal de avanzada en materia de derechos de la mujer, pero toda una estructura administrativa y judicial que por sí sola resulta insuficiente para hacer frente a esta problemática extendida y generalizada. Hay provincias de nuestro país que aún no han adherido a la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y muchas que han decidido no reglamentar normativa específica. Por otro lado, y luego de casi seis años de dictada la ley nacional, no se ha hecho operativo el observatorio de la violencia contra las mujeres que prevé la norma, ni contamos con los recursos necesarios para atender a las mujeres que deciden tomar la decisión de denunciar a los victimarios, aún a riesgo de quedarse sin sustento económico para ellas y para sus hijos. El Consejo de la Mujer no ha impulsado de manera efectiva la creación de refugios ni espacios aptos para la protección de mujeres y familias en alto riesgo.

Frente a esta terrible problemática debemos ser activos, cada uno desde su lugar. Desde el mío, el de diputada, en 2010 presenté un proyecto de ley para aprobar un protocolo de atención policial de víctimas de violencia, con la finalidad de poner en debate uno de los aspectos más trascendentes, que es justamente el momento en que se recibe una denuncia policial que involucra hechos delictivos en un contexto de marcada violencia de género. La contención de la víctima, la creación de un ambiente adecuado es importante y permite que los operadores judiciales cuenten con la riqueza de un relato ajustado a la realidad de lo acontecido y no con meros extractos o recortes de la historia familiar. También presenté un proyecto de ley para aumentar las penas de aquellos hombres que ejercen violencia e incumplen las medidas judiciales restrictivas dispuestas por jueces de familia, pues sabemos que las normas penales, en países con nuestra tradición ejercen una fuerte influencia simbólica.

Por otro lado, el proyecto de ley contra el acoso callejero que presentamos hace poco días, también surge como una manera de visibilizar el enorme daño que se les provoca a mujeres, adolescentes y niñas en la vía pública, pues esta conducta hostil por parte de los hombres impacta fuertemente en la subjetividad femenina, y colabora en la reconstrucción de un imaginario social donde la mujer es débil y dependiente, donde el hombre tiene más derechos para invadir espacios que hacen a la integridad de la mujer.   

Por último, también presentamos una iniciativa de implementación urgente frente a este espiral de violencia, el proyecto de emergencia publica en materia social por violencia de genero, en el que se delega al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la ley Nº 26.485, hasta el 31 de diciembre de 2017, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente, las que tienen como objetivo primordial paliar y revertir el número víctimas por violencia de género en todo el territorio nacional.

Necesitamos que haya una fuerte voluntad política de avanzar en forma efectiva para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, por eso todos tenemos que movilizarnos el próximo 6 de Junio y alzar nuestras voces. Ni una menos, es la fuerza que nos impulsa.

Le solicito a la Sra. Presidenta que reciba a los padres de estas mujeres víctimas para dar el puntapié inicial y aunar a todas las  fuerzas políticas en un camino unificado que permita poner en marcha medidas efectivas contra la violencia de género.

Un tema de agenda urgente

El nuevo Ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, fue desautorizado por Aníbal Fernández, en nombre del gobierno nacional, en su intención de abrir un debate maduro sobre la legalización del aborto.

No sé si este nuevo ministro se equivocó de gobierno donde llevar adelante sus ideas o simplemente ya es una práctica del kirchnerismo la de rodearse de actores a los que luego hace callar. Pero más allá de que no sea una decisión oficial la de poner este tema en la agenda publica, Gollán está en lo cierto con respecto a que es urgente e imprescindible abrir un debate maduro con respecto del tema de la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto es la primer causa de mortalidad materna en nuestro país. Este no es un problema jurídico, sino sanitario y por lo tanto el Estado en general y ese Ministerio en particular, deberían hacer algo de forma urgente.

Creo por otro lado, que sería útil considerar la experiencia de otros países como Uruguay, que ha hecho una experiencia positiva en la materia, evitando aspectos que obstaculicen las interrupciones voluntarias de embarazos cuando fueren necesarias.

En nuestro país hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año, como puntualizó Gollán. También se registran alrededor de 70 mil hospitalizaciones de mujeres por complicaciones en su salud en todo el país, cada año, y se estima que mueren más de 100 mujeres por año a consecuencia de complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Es que este tipo de abortos se han constituido en un negocio millonario, por el cual se obtienen alrededor de 1.200 millones de pesos por año a costa de la vida, la libertad y la salud de las mujeres.

Sacar a esta dramática situación de la agenda publica, como pretende el nuevo Jefe de Gabinete, Anibal Fernández, es no darle importancia a todas esas mujeres que mueren cruelmente y al mismo tiempo seguir avalando una violación gravísima de sus derechos humanos.

La protesta social es legítima y constitucional

El secretario de Seguridad de la Nación, Tte. Coronel Sergio Berni, ha exigido recientemente la aprobación de leyes tendientes a regular – anular, en realidad – la protesta social. No podemos acompañar ninguna de las iniciativas presentadas porque consideramos que esa forma de protestar contra las injusticias sociales es legítima y constitucional. Porque no estamos de acuerdo con el reduccionismo que realizan algunos dirigentes políticos que sostienen que “cuatro loquitos cortan una calle” y ponen el dedo acusador en los movimientos sociales o en quienes protestan, y nunca en los procesos políticos y económicos que han generado o motivado esas reivindicaciones.

Los despidos actuales en la industria automotriz -hasta hace poco tiempo mostrada como vedette del éxito de las las políticas oficiales- y en la ferroviaria, causada una vez más por el Grupo Cirigliano, socio de este Gobierno, los obliga a neutralizar toda protesta.

Le digo al señor Secretario que no podemos acompañar ninguna iniciativa que tenga como finalidad directa y expresa la censura y la invisibilidad de las partes más postergadas o vulnerables de nuestra sociedad. Aunque a rigor de verdad, los trabajadores registrados no lo son, pues al menos tienen un salario y jubilación. Mucho peor la pasan los millones de hombres y mujeres que en la década ganada no consiguieron incorporarse formalmente al mercado laboral, y ni siquiera tienen un interlocutor para sus reclamos. Compatriotas que están afuera del sistema, sin salario, sin aguinaldo, sin obra social, y sin sindicato (bueno o malo) que los represente.

Señor  Secretario, nos parece justo y constitucional gritar a los cuatro vientos que hay hombres y mujeres que no tienen satisfechos sus más mínimos derechos económicos y sociales. Por eso, en días tan especiales como estos, en los que se festeja el inicio de un proceso emancipador, sería de esperar que su gobierno al menos desista de la idea de solucionar la debacle causada con mayor represión hacia nuestro pueblo.

No es cierto que estemos ante derechos subjetivos equivalentes o que debamos priorizar el derecho a transitar. El derecho a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud y a la libertad, están muy por encima del derecho a trasladarse rápido de un punto a otro de nuestra república. Este derecho, el de transportarse rápido y seguro de un punto a otro de nuestras ciudades, dejó hace tiempo de ser un derecho garantizado. Sólo ver los embotellamientos de tránsito que provocan autos y colectivos diariamente nos hace concluir que en esa materia también hay un déficit grave de ausencia del Estado.

En las villas y asentamientos de nuestro país, sus ocupantes tampoco tienen el derecho a que entre una ambulancia o a “no embarrarse para tomar un colectivo los días de lluvia”. Les pregunto a los autores de esos proyectos cuántos días soportaría algunos de los que se quejan vivir sin agua, sin luz, sin gas, o sin ingresos. Estos días de falta de agua, merced a la baja del Rio de la Plata, pueden haber sido un lindo ejercicio de conscientización para muchos de nosotros que vivimos en condiciones dignas el resto del año.

Cuantos días soportarían los que apoyan estos proyectos esperar desde la madrugada un turno médico para un hijo con fiebre y diarrea. O que no podamos parir nuestro hijo cuando nuestro cuerpo nos lo exige porque no hay médico de guardia. Lean las estadísticas de muertes durante nacimiento en algunas provincias argentinas, y escandalícense igual que lo hacen cuando se corta una ruta.

Cuantos días soportarían que a las maestras de sus hijos no les abonen un salario digno, o que asistan a una escuela sin bancos y sin calefacción.

Estos son argumentos políticos, pero también los hay desde el punto de vista legal. No lo digo yo, lo han expresado muchos Jueces de nuestra nación, que también comprenden que el ejercicio de petición a las autoridades debe estar por fuera de los tribunales y que es la dirigencia política la que debe dar respuestas.

Reprimir la protesta social no solo es jugar con fuego poniendo en vilo la necesaria paz social, en tiempos de crecientes dificultades económicas como el que atravesamos, en el que justamente el gobierno debería recurrir más que nunca al diálogo para velar por los intereses de los más afectados.

Reprimir la protesta social es anular un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Sin procesos de lucha y vindicación de derechos, no hubiera habido voto femenino, ni abolición de la esclavitud. Por eso, serán necesarias todas las protestas para que nosotros -sus funcionarios- actuemos y garanticemos el ejercicio de derechos humanos básicos.