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17 de octubre, ¿de cuál peronismo?

“El conductor político es un hombre, que hace por reflejo lo que el pueblo quiere”(…) “El conductor siempre trabaja para los demás. Jamás para él”. (Juan Domingo Perón-Revista Crisis 1974)

El próximo viernes el Día de la Lealtad peronista cumplirá 69 años. ¿Existe el peronismo como tal, aquel movimiento ideado por Juan Domingo Perón y eternizado por Evita? ¿O sólo tienen vigencia las corrientes políticas que en nombre de Perón y Evita montaron gobiernos personalistas y promesas electorales, incapaces de solucionar los problemas estructurales de la Argentina?

Está claro que el peronismo sigue vigente a través de los “ismos” que van protagonizando la historia hasta el día de hoy como el menemismo, el duhaldismo y ahora el kirchnerismo. Sin embargo, el peronismo en el que pensó Perón no ha tenido un correlato fiel en estas tres corrientes que mandaron en la Argentina en las últimas tres décadas.

“El peronismo es una cáscara vacía”, disparó en 2012 el entonces titular de la CGT, Hugo Moyano, cuando pegó el portazo del redil del kirchnerismo. Al margen de los motivos que lo llevaron a romper con el gobierno, sus palabras fueron escuchadas como una verdad por una parte de la dirigencia del PJ.

¿Por qué? Sencillamente porque el partido como tal, el Consejo Nacional Justicialista, ha dejado desde el 2003 de ser el partido del gobierno para ser un aliado de la Casa Rosada, sin poder de decisión, sin voz, sin debate, ni dinámica partidaria. Es un sello que integra el Frente para la Victoria.

Mas aún, en los primeros años ni Néstor Kirchner y menos Cristina Fernández, aludían a Perón y Evita o entonaban la mística marcha peronista. Recién en los últimos años, en cuentagotas, la mística pejotista pareció regresar.

El último capítulo protagónico del peronismo fue el Congreso de Parque Norte del 26 de Marzo de 2004 con el enfrentamiento entre Cristina Fernández y Chiche Duhalde, que marcó la ruptura entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.

Desde el 10 de Julio de 1988, cuando Carlos Menem venció a Antonio Cafiero, que el peronismo no es testigo de una interna presidencial en la que el partido vota y elige a su candidato. En el 2003 hubo tres candidatos presidenciales peronistas: Menem, Kirchner y Adolfo Rodríguez Saa. Para las elecciones del 2015, tres de los principales aspirantes peronistas a la Casa Rosada van por distintas fuerzas: Daniel Scioli, Sergio Massa y José Manuel de la Sota.

Esta situación, en parte, sucede porque el peronismo se debe un debate y un aggiornamiento. De lo contrario, paulatinamente, tomará el camino de desmembramiento que comenzó desde el 2001 la Unión Cívica Radical.

No es posible que lo único que el pseudo peronismo de las últimas décadas aplicó, como si de eso se tratara la doctrina justicialista, fuera el clientelismo como única receta. ¿Es necesario recordar que Perón y Evita, en base a algunas propuestas del socialismo de Alfredo Palacios, no sólo hicieron respetar el derecho de los trabajadores sino que convirtieron al trabajo en un valor en sí mismo, por considerar que dignifica a las personas? Entonces, ¿por qué estas dos décadas de clientelismo, de menemistas y kirchneristas, desandando la cultura del trabajo?

Cualquier especialista sabe que los planes sociales y la ayuda a los mas necesitados debe ser transitoria y el gobierno debe ir reemplazándolos por puestos de trabajo, hasta que no quede ningún plan destinado a un jefe de familia o a un joven en condiciones de trabajar.

En nombre del peronismo se privatizaron los fondos de jubilados en AFJP y luego se volvieron a estatizar; se privatizó y se volvió a estatizar YPF; se establecieron “relaciones carnales” con Estados Unidos y se promovió la confrontación permanente con Washington; se prometió “mano dura” contra los delincuentes y se optó por una visión garantista incapaz de elaborar un plan integral para combatir la inseguridad.

La única coherencia es la larga lista de dirigentes actuaron tanto en el menemismo como en el kirchnerismo: Carlos Menem (es senador, votó muchas veces con el Frente para la Victoria y elogio el gobierno de Cristina Fernández), Néstor Kirchner (afirmó que Menem era “el mejor presidente desde de Perón”), Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Felipe Sola, Oscar Parrilli, Miguel Angel Pichetto, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Alberto Fernández, Carlos Reutemann, Carlos Tomada, José Pampuro, Daniel Scioli, etc, etc.

A tal punto el peronismo está desdibujado, que el año pasado el partido debió renovar de urgencia sus autoridades a nivel nacional y a nivel bonaerense, porque corrió el riesgo de perder la personería. ¿No es increíble?

Por eso no es casual que el debate interno, privado, enfrente hoy en el oficialismo a los peronistas ortodoxos con los ultrakirchneristas. Intendentes y gobernadores peronistas temen que la desidia de Cristina Fernández por establecer una estrategia electoral, haga rodar las cabezas de varios jefes territoriales del PJ. En tanto los ultrakirchneristas sólo están interesados en conservar poder mas allá de 2015.

Unos quieren encolumnarse detrás de Scioli, simplemente por ser el dirigente del oficialismo mejor posicionado para los comicios del 2015; otros pretenden que la Presidenta impulse un candidato ultrakirchnerista que desbanque a Scioli.

Lo concreto es que si el kirchnerismo logra establecerse como una alternativa política desde la oposición, luego del recambio de gobierno en 2015, el peronismo tradicional corre el riesgo de profundizar su desmembramiento. Para ese entonces, las siglas del PJ y la UCR serán sólo capítulos de la historia argentina.

Este panorama convierte al 17 de Octubre en una fecha desfasada del presente. El kirchnerismo se ha ocupado de que quede poco y nada del Partido Justicialista como tal.

El tiempo de los oportunistas

- Señor ministro. Lo felicito por su cargo. Lo llamaba para ponerme a su disposición para lo que Usted necesite.-

Allá por el 2000, un juez federal de estrecha relación con el gobierno de Carlos Menem que había pagado con creces los favores políticos del menemismo, se comunicaba por motu proprio con un ministro del flamante gobierno de la Alianza UCR-Frepaso que había puesto a Fernando de la Rúa en la presidencia. Un miembro del Poder Judicial se ponía a disposición del Poder Ejecutivo.

¿De qué independencia de poderes se habla? Jueces federales y políticos suelen ser socios en una asociación, la mayoría de las veces, ilícita.

Ese mismo juez, que aún ocupa su cargo, fue uno de los que primero “reaccionaron” ante la debacle de De la Rúa y el terrible 20 de Diciembre. No fue para impartir justicia sino para cumplir con el mandato: “Muerto el Rey, viva el Rey”.

Gran parte de la sociedad saborea con satisfacción el accionar de la Justicia en el último tiempo.

Los jueces federales Ariel Lijo y Claudio Bonadío procesaron, en dos causas por separado, al vicepresidente Amado Boudou y se espera que otros magistrados que tienen en sus manos la causa por enriquecimiento ilícito del otrora heredero del trono kirchnerista, haga lo propio.

La jueza María Romilda Servini de Cubría procesó al ex Secretario del Sedronar, José Granero, por la causa de la efedrina y apunta hacia “mas arriba” porque considera que el funcionario respondía a alguien con rango mas alto en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya que se desempeñó desde 2004 hasta 2011.

¿Por qué la Justicia avanza ahora y no antes?¿Por qué no actuó con la misma celeridad en casos como:

- Skanska, la multinacional sueca que admitió haber pagado sobreprecios, supuestamente en connivencia con el Estado Nacional;

- La valija del venezolano Antonini Wilson con 800 mil dólares que ingresó al país en un avión que traía de Caracas a funcionarios de los gobiernos argentino y venezolano;

- Compra de tierras por los Kirchner a precios irrisorios en El Calafate, supuesto tráfico de influencias;

- Denuncia por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner;

- El programa “Sueños compartidos” que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los hermanos Schoklender.

La respuesta es simple: porque se aproxima el fin de ciclo kirchnerista.

Bonadío tiene varias denuncias en su contra, una de ellas realizada por una ONG como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), por presunto mal desempeño en dos causas de la época menemista. Servini de Cubría fue la jueza que en los 90 tuvo en sus manos el Yomagate, el caso de narcotráfico que involucró a la familia del ex presidente Menem -Amira Yoma, que finalmente fue sobreseída. Lijo fue designado juez por el gobierno de Néstor Kirchner y, según trascendidos, envió varias “señales” al Gobierno que, al no ser “respondidas”, culminaron con el primer procesamiento de Boudou.

Un ejercicio simple permite constatar que, cuando los Gobiernos comenzaron a debilitarse porque se aproximaba el fin de su reinado, en ese momento emergen algunos “ejemplos probos” en la Justicia federal. Nunca antes.

Algo similar ocurre con los empresarios y los sindicalistas.

Nunca antes desde el retorno a la democracia, los representantes de las principales cámaras empresariales de la Argentina como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos y la Bolsa de Comercio fueron tan maltratados por un Gobierno, en forma privada pero también públicamente. ¿Lo merecían? Esa es otra discusión.

Sin ningún juicio contra el Estado, los empresarios agacharon la cabeza, lo que certifica de alguna manera lo que el kirchnerismo siempre pregonaba: solo les interesa hacer negocios.

Sin embargo, de buenas a primeras, después de diez años de silencio y sumisión, de aceptar la humillación a la que al parecer los sometía el ex hombre fuerte del Comercio, Guillermo Moreno, los empresarios se acordaron de cuestiones como la inflación, el tipo de cambio, la seguridad jurídica, las inversiones. Ahora, casi diariamente aprovechan ante una cámara para criticar al Gobierno. ¿Por qué justo ahora y no hace unos años?

La respuesta vuelve a ser simple: porque se aproxima el fin de ciclo del kirchnerismo.

Algo similar ocurre con el sindicalismo. Primero la CGT estaba unida, con Hugo Moyano a la cabeza, detrás del proyecto de Néstor Kirchner. Con Cristina Fernández se dividieron en oficialistas y opositores. Ahora resulta que todos, los oficialistas que responden a Antonio Caló o a Hugo Yasky de la CTA, así como Moyano, Luis Barrionuevo de la CGT Azul y Blanca o Pablo Micheli de la CTA disidente, reclaman, de distinta manera, contra lo mismo: suspensiones, impuesto a las ganancias, inflación, inseguridad. ¿Por qué ahora?

Otra vez la respuesta es simple: porque se aproxima el fin de ciclo del kirchnerismo.

Al margen de la falta de certezas del papel que Cristina Fernández tendrá después del 2015 y si el kirchnerismo como corriente peronista se mantendrá o desaparecerá como tantos “ismos” que se diluyeron en el PJ –menemismo, duhaldismo- es necesario que “el árbol no tape el bosque” y que el papel de algunos jueces, empresarios o sindicalistas no se confunda con la llegada de nuevos tiempos en la República Argentina, de honestidad, Justicia, ética y moral sino como reacciones particulares interesadas ante un momento determinado de la historia argentina.

En la política, lamentablemente los héroes no existen. Existen los oportunistas.

La inseguridad de Capitanich

Todas las mañana, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, da respuesta a los temas diarios planteados por la prensa acreditada en la Casa Rosada. No es casual que una de las consultas que se repite esté relacionada con los hechos de inseguridad.

A modo de mensaje de un contestador o de locutor publicitario que lea la letra chica de una propuesta comercial, ante la consulta sobre las protestas realizadas en los últimos días en esta Capital, la ciudad de Rosario y el Gran Buenos Aires en reclamo de seguridad, Capitanich repite cosas como “los reclamos por la inseguridad deben estar dirigidos a los gobernadores, que tienen responsabilidad primaria en la materia”.

Por orden de Cristina Fernández, porque cualquiera comprende que un Jefe de Gabinete dice lo que dice por convicción pero también porque se lo ordena su superior, el Presidente, Capitanich argumenta, con una pobreza intelectual llamativa, que “de acuerdo con la Constitución Nacional argentina, el país adopta un sistema representativo, republicano y federal, es decir que existen autonomías de la provincias para el desenvolvimiento de determinado tipo de cuestiones básicas, esenciales e indelegables, y la seguridad pública es una de ellas”.

Según Capitanich y, por ende, la Presidenta, el gobierno nacional tiene las manos atadas para actuar en materia de Seguridad porque es una facultad de las Provincias. Falso. Tanto, que merecería figurar en el Manual de Zonceras Argentinas de Arturo Jauretche, tan recitado por Cristina Fernández como por varios de sus ministros.

De acuerdo con “sensaciones”, “interpretaciones” pero también innumerables estudios de opinión, una de las dos principales preocupaciones que padecen los argentinos es la inseguridad. Pero esto no es un fenómeno actual.

En agosto de 2004 (Néstor Kirchner era el Presidente), una encuesta de Mora y Araujo reflejaba que el primer tema que más preocupaba a la población era la “falta de empleo” y, en segundo lugar, la “inseguridad”. En la actualidad, la “falta de empleo” fue reemplazada por la “inflación”, pero la “inseguridad” persiste.

Evidentemente cuando Capitanich recita la excusa de que la seguridad es responsabilidad de las Provincias, no sólo ignora la legislación vigente y la función que cumple el Ministerio de Seguridad de la Nación sino también la propia historia del gobierno kirchnerista.

Corría el 2004 y la sociedad recibió un duro golpe: el asesinato de un joven llamado Axel Blumberg que osó escapar de sus secuestradores. Como reacción imponente su padre, Juan Carlos Blumberg, encabezó una multitudinaria marcha de unas 150 mil personas al Congreso.

Ante ese cuadro y a poco de asumir, Néstor Kirchner intentó dar respuesta. Ordenó elaborar un programa y junto a su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, lanzó el “Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007).

¿Quién decía esto al referirse a la inseguridad y el combate contra el delito?

“Tenemos que proceder, caiga quien caiga, limpiar la fuerza, premiar la honestidad y devolverle la confianza en las instituciones a la gente, esto hay que hacerlo sin ningún tipo de concesión. No hay salidas intermedias”.  Néstor Kirchner, el 1 de abril del 2004

El plan comprendía, entre sus puntos, la creación de una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior. Un área de investigaciones criminales y un Cuerpo Nacional de Paz compuesto por 6 mil hombres de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

¿Cuál era su rol? Agrupar y “coordinar todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado”. Con una “acción con sentido federal con todas las fuerzas provinciales del país”. En ese momento, la acción de la nueva fuerza estaba dirigida a combatir los desarmaderos, los secuestros extorsivos, así como los delitos relacionados con el lavado de dinero

El Plan, como el que aún esperan en vano cada día los ciudadanos, pero solo escuchan del gobierno nacional excusas, planteaba seis Capítulos. El primero sobre la nueva fuerza de seguridad y los siguientes sobre la Justicia, un reordenamiento general para hacerla mas eficiente contra el delito; participación y control ciudadano; un nuevo sistema Penitenciario; el financiamiento de los sistemas de seguridad y Justicia; equipamiento y nuevas tecnologías.

Asimismo, el objetivo era que los miembros de esta Agencia actuaran “como asistencia federal y policía de seguridad en las zonas más críticas, cuando su presencia sea requerida en el marco de la ley de seguridad interior”. La Ley de Seguridad interior, lo que Capitanich oculta.

Una marcha con incidentes contra la Legislatura porteña y polémicas declaraciones de Beliz sosteniendo que había “mafias enquistadas en la Side, la federal y la Justicia” –¿no era o es verdad?- provocaron que Kirchner le pidiera su renuncia y la de sus colaboradores. El Plan de seguridad terminó en un cesto de basura. Los efectos de la marcha de Blumberg se habían apaciguado. Ya no hacía falta continuar con el show de combatir al delito.

Lo cierto es que la legislación vigente, por mal que le pese a Capitanich, permite al gobierno de Cristina Fernández hacer algo por la inseguridad. Pero como no es una “obligación”, todo está supeditado a la “voluntad política”. Que evidentemente no la hay.

La Ley 24.059 de Seguridad Interior, modificada y actualizada varias veces desde el retorno de la Democracia, echa por tierra la argumentación diaria del Jefe de Gabinete.

En su artículo 1 es inobjetable. “La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”.

En ese sentido, define seguridad interior “a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Totalmente ajustable a la situación de inseguridad actual.

Pero la norma avanza, en la responsabilidad del gobierno nacional de Cristina Fernández en el ejercicio de la seguridad de los habitantes. En su artículo 7, se declara que forman parte del sistema de seguridad interior: a) El Presidente de la Nación; b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; c) El Congreso Nacional; d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente: f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

En más de una oportunidad, el mismo día en que Capitanich decía que la seguridad es responsabilidad de las provincias, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Secretario Sergio Berni se pronunciaba sobre algun hecho de inseguridad o un episodio delictivo. Mas aún, al parecer, el Jefe de Gabinete desconoce la función del Ministerio de Seguridad, que figura a simple vista en su página en Internet.

“Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales“.

¿Queda claro? Las policías provinciales forman parte del sistema de seguridad interior, a cargo de la Presidenta, que delega su responsabilidad en el ministro de Seguridad, Cecilia Rodríguez y su segundo, Sergio Berni.

Pero el peor de los interrogantes es ¿por qué ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández hicieron algo por la inseguridad en la última década, mas allá de paliativos? ¿Impericia, ignorancia, indiferencia?

Boudou: el caballo de Troya de la oposición

El apotegma asegura que “mientras mas tiempo permanezca Boudou en el gobierno, mas chances tiene la oposición de ganar las elecciones en 2015”.

La oposición al gobierno de Cristina Fernández compuesta por macristas, radicales, massistas, socialistas y la izquierda ha dado con el talón de Aquiles de la Casa Rosada: su vicepresidente.

Los dos procesamientos de Boudou –el primero por la causa Ciccone y el segundo, por documentación falsa de un vehículo de su propiedad, causa cuya raíz es un acto despecho de su ex esposa- lo convierten en el blanco fácil del antikirchnerismo en el comienzo de una larga campaña electoral hacia los comicios del próximo año.

Para colmo de males, todavía resta la mediatización de otra causa que es mucho mas palpable, pero también escandalosa para el público masivo como es la que pesa sobre Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Por qué es una causa masiva? Porque a medida que trascienda, se irán conociendo la cantidad de bienes que el vicepresidente tiene a su nombre o a nombre de terceros “asociados” a él, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros puntos del país y del exterior, pero en particular en su ciudad natal, Mar del Plata.

Dos mitos contribuyen a comprender conductas, actitudes del protagonista de esta trama, que deriva en una compleja situación política e institucional para el país.

En el primer mito hay testigos que dan cuenta de un personaje -nadie asegura que sea Boudou- que a poco de asumir en un importante organismo del Estado –tampoco podrían afirmar ciento por ciento que es el Anses- salió corriendo a una importante concesionaria de autos y motos – no hay documentación que avale que sea BMW- y allí adquirió en efectivo, portando un bolso repleto de dinero como el que utilizan los narcotraficantes en las películas norteamericanas, dos motos de alta cilindrada.

El segundo mito habla de un ex Presidente, con un marcado liderazgo peronista e impronta personalista. El dirigente sureño le escapaba a cualquier “inconveniente” con su esposa, también política, como le escapa a las peleas matrimoniales cualquier hombre casado durante mas de 20 años. El Presidente prefería mirar para otro lado antes que tener que lidiar con su cónyuge, también de carácter fuerte.
Lo cierto es que un hombre, miembro de la corte presidencial de aquél entonces, relata que en una oportunidad le hicieron llegar al Presidente una carpeta. Dentro, había papeles que confirmaban la existencia de cuentas bancarias, con abultados montos de dinero, a nombre del mismo hombrecillo sonriente que compró dos grandes motos. Entonces el Presidente, para no tener que discutir con su consorte, se limitó a decir: “Por ahora solo observémoslo, no tiene poder”.

Volviendo al caso del vicepresidente de la nación, es inminente que ocurra algo: o bien Boudou da un paso al costado a través de una licencia o directamente de su renuncia, o el peronismo y en particular los aspirantes presidenciales como Daniel Scioli y Florencio Randazzo, comenzarán a agitar las aguas del PJ.

Al margen de la poca “simpatía” que los dirigentes peronistas –no lo chicos de La Cámpora ni los ultrakirchneristas- le tienen a Boudou por sus orígenes pero también por considerarlo un “paracaidista”, ellos saben que con Amado en la foto de campaña, el único resultado posible para el 2015 es la derrota.

La semana pasada llamó la atención que Boudou presidiera la sesión en el Senado, convirtiéndose en carne de cañón de los legisladores opositores. Está claro que la decisión fue de Cristina Fernández. Pero la duda fluye: la Presidenta dio esa orden, ¿cómo un gesto de respaldo a Boudou o para ir preparando el camino y que el vicepresidente vea lo que le espera si no decide dar un paso al costado?

La Presidenta ha ido hasta las últimas consecuencias en muchas situaciones de gestión o de respaldo a funcionarios suyos y del ex mandatario Néstor Kirchner pero siempre, antes de estrellarse contra el muro, clavó los frenos y dio media vuelta. Por citar algunos casos, no dudó en devaluar el verano pasado; de retirar el pliego de César Milani; de avanzar en el acuerdo con Irán por el atentado contra la AMIA; o de soltarle la mano a Felisa Miceli, ex ministra de Economía de Kirchner.

Nadie podría dudar que Cristina Fernández sabe que Amado Boudou, el hombre que eligió ella para la vicepresidencia porque Néstor Kirchner lo hubiera resistido, tiene los días contados. No sólo porque su permanencia en el cargo beneficiará la campaña electoral de la oposición y perjudicará a los candidatos a presidente, gobernadores, diputados y senadores nacionales del peronismo. Sino porque su propio gobierno cerraría un ciclo manchado por la corrupción en lo mas alto del Poder Ejecutivo. Y nadie cree que Cristina quiera tirar todo –lo poco o lo mucho que hizo en 11 años- por la borda.

El debilitamiento de los organismos de control

El Estado argentino es una invitación a la corrupción.

En momentos en que este delito vuelve a estar en boca de todos de la mano de la resonante causa Ciccone y con un histórico procesamiento de un Vicepresidente de la Nación, en este caso Amado Boudou, es inmejorable la oportunidad para analizar los motivos de la corrupción.

No es algo meramente cultural. Los argentinos no eligen gobernantes y funcionarios corruptos, no es mala suerte, ni se trata de hechos aislados: el problema es la falta de control.

La fórmula es muy sencilla: más control = más transparencia = menos corrupción.

El corrupto puede “meter la mano en la lata” del Estado cuando no hay barreras que le impidan hacerlos. Cuando cumple su cometido, o bien la Justicia no actúa o cuando actúa es tarde y, en el peor de los casos, hasta puede ir unos años presos pero los millones que se robó nunca regresan a sus verdaderos dueños: la gente. ¿Un funcionario público, al asumir, no debería poner como “garantía” de sus actos los bienes patrimoniales a su nombre y los de su familia? Sería ético y si comete algún acto de corrupción, responderá con su bolsillo.

Pero es el Estado, el gobierno, el que tiene en sus manos la posibilidad de ser transparente o continuar con la oscuridad de la corrupción, lejos de la ciudadanía.

En Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, los organismos de control ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de hacer denuncias a través de Internet y proponer que se controle a tal o cual entidad pública.

En Costa Rica, los organismos de control tienen una aplicación para telefonía móvil que permite a los ciudadanos hacer denuncias de corrupción a través del celular e incluso acceder a la página “Conozca en qué se gasta su dinero” donde el gobierno rinde cuentas del manejo de los fondos.

En Bolivia, Evo Morales creó en 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que apunta a la participación de la sociedad en la denuncia de ilícitos. ¿Por qué? Porque la corrupción es un delito que beneficia a muy pocos y siempre es la mayoría la que pierde mucha plata.

En Estados unidos, Barack Obama lanzó en octubre de 2013 la segunda etapa del Plan Nacional de Gobierno Abierto que inició en 2011. Mas transparencia y mas participación ciudadana a través de la opción online “Nosotros, la gente”, donde se promueven las denuncias y reclamos de la gente a los distintos organismos públicos y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información de rendición de cuentas del gobierno norteamericano.

¿Y en Argentina?

Pese a los permanentes reclamos desde organizaciones no gubernamentales y algunos dirigentes de la oposición, la Argentina aún no tiene una Ley Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué es importante? Porque es la posibilidad que tienen todas las personas de saber cómo, cuando y en qué gasta el gobierno el dinero de todos los argentinos.¿Por qué el gobierno no impulsa o acepta tratar los proyectos de ley de Acceso a la Información? Porque no quiere rendir cuentas.

Por otra parte, en el país existe un grupo de organismos de control -la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN)- que se ocupan de controlar al Estado, al gobierno nacional. Ahora bien, si alguien quiere manejar el dinero público antojadizamente, ¿qué debe hacer? No permitir que los organismos de control hagan su trabajo.

De eso se trata. Hace cinco años -desde 2009- que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas no tiene titular desde que Manuel Garrido dejó su cargo tras denunciar que querían recortar sus funciones e iniciar varias investigaciones por corrupción contra el gobierno K ; la SIGEN está a cargo de Daniel Reposo, un manifiesto ultra kirchnerista cuya designación para ocupar la Procuración General de la Nación fue rechazada por el Congreso Nacional por su parcialidad; la Oficina Anticorrupción es un organismo que forma parte del gobierno nacional, con funcionarios nombrados por la Casa Rosada ¿Quién va a investigarse y denunciarse a sí mismo?; y la Auditoría General de la Nación es el único organismo que funciona, como puede, ya que está integrada por mayoría oficialista.

A modo de ejemplo, la Auditoría General de la Nación fue el organismo que advirtió el pésimo estado de los ferrocarriles en el 2011. Nadie del gobierno respetó sus advertencias y después fue demasiado tarde: ocurrió la tragedia de Once en febrero de 2012, con 51 muertes.

Esta semana, desde el Frente Amplio Unen (FAU) presentarán un proyecto para fortalecer a la AGN como organismo de control. En primer lugar, propondrán que ese organismo esté en manos de la oposición de turno y que el partido de gobierno sea minoría. Al revés de lo que pasa hoy.

Pero lo mas trascendente es que el proyecto busca otorgarle más poder a ese organismo. Por un lado, exigirá que los funcionarios colaboren y entreguen a la AGN toda la documentación que requiera para ejercer el control necesario y, de no colaborar (como suele ocurrir frecuentemente para evitar que se descubra algún ilícito) se puede denunciar penalmente a quien oculte información. Incluso, la Auditoría podrá reclamar el acceso a esa documentación ante un juez.

Por otra parte, cuando detecte irregularidades la Auditoría podrá sugerir al gobierno nacional que separe de su cargo a un funcionario hasta tanto finalice la investigación. Por ejemplo, según ese proyecto de ley, iniciativa del diputado nacional por la UCR Miguel Bazze, la Auditoría podría sugerir a la presidenta Cristina Fernández que aparte a Boudou hasta que se esclarezca su situación.

Paralelamente, el diputado del Frente Renovador Adrián Pérez presentó otro proyecto reclamando la creación de una Oficina Anticorrupción Nacional “independiente, con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal”.

Es probable que el Frente para la Victoria, que ostenta la mayoría en ambas Cámaras, continúe mirando hacia otro lado en materia de corrupción, sin tratar este tipo de proyectos. Lo cual refleja el espíritu del gobierno nacional hacia una mayor transparencia de sus actos.

La decisión es netamente política y no requiere de una gran ingeniería. Solo un claro compromiso: mas control, menos corrupción.