- Señor ministro. Lo felicito por su cargo. Lo llamaba para ponerme a su disposición para lo que Usted necesite.-

Allá por el 2000, un juez federal de estrecha relación con el gobierno de Carlos Menem que había pagado con creces los favores políticos del menemismo, se comunicaba por motu proprio con un ministro del flamante gobierno de la Alianza UCR-Frepaso que había puesto a Fernando de la Rúa en la presidencia. Un miembro del Poder Judicial se ponía a disposición del Poder Ejecutivo.

¿De qué independencia de poderes se habla? Jueces federales y políticos suelen ser socios en una asociación, la mayoría de las veces, ilícita.

Ese mismo juez, que aún ocupa su cargo, fue uno de los que primero “reaccionaron” ante la debacle de De la Rúa y el terrible 20 de Diciembre. No fue para impartir justicia sino para cumplir con el mandato: “Muerto el Rey, viva el Rey”.

Gran parte de la sociedad saborea con satisfacción el accionar de la Justicia en el último tiempo.

Los jueces federales Ariel Lijo y Claudio Bonadío procesaron, en dos causas por separado, al vicepresidente Amado Boudou y se espera que otros magistrados que tienen en sus manos la causa por enriquecimiento ilícito del otrora heredero del trono kirchnerista, haga lo propio.

La jueza María Romilda Servini de Cubría procesó al ex Secretario del Sedronar, José Granero, por la causa de la efedrina y apunta hacia “mas arriba” porque considera que el funcionario respondía a alguien con rango mas alto en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya que se desempeñó desde 2004 hasta 2011.

¿Por qué la Justicia avanza ahora y no antes?¿Por qué no actuó con la misma celeridad en casos como:

- Skanska, la multinacional sueca que admitió haber pagado sobreprecios, supuestamente en connivencia con el Estado Nacional;

- La valija del venezolano Antonini Wilson con 800 mil dólares que ingresó al país en un avión que traía de Caracas a funcionarios de los gobiernos argentino y venezolano;

- Compra de tierras por los Kirchner a precios irrisorios en El Calafate, supuesto tráfico de influencias;

- Denuncia por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner;

- El programa “Sueños compartidos” que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los hermanos Schoklender.

La respuesta es simple: porque se aproxima el fin de ciclo kirchnerista.

Bonadío tiene varias denuncias en su contra, una de ellas realizada por una ONG como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), por presunto mal desempeño en dos causas de la época menemista. Servini de Cubría fue la jueza que en los 90 tuvo en sus manos el Yomagate, el caso de narcotráfico que involucró a la familia del ex presidente Menem -Amira Yoma, que finalmente fue sobreseída. Lijo fue designado juez por el gobierno de Néstor Kirchner y, según trascendidos, envió varias “señales” al Gobierno que, al no ser “respondidas”, culminaron con el primer procesamiento de Boudou.

Un ejercicio simple permite constatar que, cuando los Gobiernos comenzaron a debilitarse porque se aproximaba el fin de su reinado, en ese momento emergen algunos “ejemplos probos” en la Justicia federal. Nunca antes.

Algo similar ocurre con los empresarios y los sindicalistas.

Nunca antes desde el retorno a la democracia, los representantes de las principales cámaras empresariales de la Argentina como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos y la Bolsa de Comercio fueron tan maltratados por un Gobierno, en forma privada pero también públicamente. ¿Lo merecían? Esa es otra discusión.

Sin ningún juicio contra el Estado, los empresarios agacharon la cabeza, lo que certifica de alguna manera lo que el kirchnerismo siempre pregonaba: solo les interesa hacer negocios.

Sin embargo, de buenas a primeras, después de diez años de silencio y sumisión, de aceptar la humillación a la que al parecer los sometía el ex hombre fuerte del Comercio, Guillermo Moreno, los empresarios se acordaron de cuestiones como la inflación, el tipo de cambio, la seguridad jurídica, las inversiones. Ahora, casi diariamente aprovechan ante una cámara para criticar al Gobierno. ¿Por qué justo ahora y no hace unos años?

La respuesta vuelve a ser simple: porque se aproxima el fin de ciclo del kirchnerismo.

Algo similar ocurre con el sindicalismo. Primero la CGT estaba unida, con Hugo Moyano a la cabeza, detrás del proyecto de Néstor Kirchner. Con Cristina Fernández se dividieron en oficialistas y opositores. Ahora resulta que todos, los oficialistas que responden a Antonio Caló o a Hugo Yasky de la CTA, así como Moyano, Luis Barrionuevo de la CGT Azul y Blanca o Pablo Micheli de la CTA disidente, reclaman, de distinta manera, contra lo mismo: suspensiones, impuesto a las ganancias, inflación, inseguridad. ¿Por qué ahora?

Otra vez la respuesta es simple: porque se aproxima el fin de ciclo del kirchnerismo.

Al margen de la falta de certezas del papel que Cristina Fernández tendrá después del 2015 y si el kirchnerismo como corriente peronista se mantendrá o desaparecerá como tantos “ismos” que se diluyeron en el PJ –menemismo, duhaldismo- es necesario que “el árbol no tape el bosque” y que el papel de algunos jueces, empresarios o sindicalistas no se confunda con la llegada de nuevos tiempos en la República Argentina, de honestidad, Justicia, ética y moral sino como reacciones particulares interesadas ante un momento determinado de la historia argentina.

En la política, lamentablemente los héroes no existen. Existen los oportunistas.