El Papa Francisco sostuvo que “el problema de la política es que está devastada por la corrupción”. La percepción del Sumo Pontífice tiene un contundente eco en nuestra realidad local que encuentra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el banquillo de acusados y procesado por ser amigo de lo ajeno y lo público. Vale aclarar que el caso es sólo ilustrativo ya que en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional Argentina sacó 34 puntos en una escala de 0 a 100 y quedó 106 de un total de 177 países auditados. Amado es ilustrativo del problema que enfrentamos.

Sobre este tema ha surgido un nuevo mantra. Una respuesta que muchos utilizan como una muletilla para responder cómo debe enfrentarse este asunto:“Necesitamos una CONADEP de la corrupción”.

La propuesta no es nueva, pero ha sido revivida por los dirigentes de FAUNEN, que pretenden que un grupo de notables reciban e investiguen las denuncias. Quien viene insistiendo hace años con este proyecto es el radical Ernesto Sanz, que ya la anunció como parte de su programa presidencial cuando amenazaba con candidatearse en el 2011. Por citar otro caso, en 1998 “Chacho” Álvarez señalaba que “Raúl Zaffaroni, Nilda Garré y Diana Conti”, entre otros, ya estaban investigando las fechorías del entonces presidente Carlos Ménem que no llegó a nada.

La vieja frase atribuida a Juan Domingo Perón -”para que algo no funcione nada mejor que formar una comisión” (que en realidad era de Napoleón, quien se la robó a Juana de Arco) quizás sirva como punto de partida para pensar esta solución. Veamos qué tal ha funcionado:

Algunas comisiones han sido exitosas. La Comisión liderada por Lisandro de la Torre entre 1934 y 1935 investigó la industria de la carne y el monopolio frigorífico dejando al descubierto maniobras de defraudación del Estado por parte del frigorífico Anglo. En 1940 otra Comisión a cargo de Alfredo Palacios, a instancias de una denuncia del Senador Benjamín Villafañe investigó y demostró los negociados tras la adquisición de unas tierras por parte del Estado en El Palomar que enriqueció a varios diputados nacionales durante la presidencia de Ortiz. A raíz de esto, los diputados Kaiser y Aguirrezabala fueron condenados por la Justicia pero lograron evitar la prisión exiliándose. Irónicamente, los corruptos lograron retornar al país en 1948 con un indulto de Perón.

Otras comisiones no fueron tan exitosas. Vale recordar la que investigó los contratos petroleros durante la presidencia de Illia que sólo emitió un dictamen. O la Comisión Especial que investigó un cheque librado por Isabelita con fondos presidenciales para compensar a hermanas de Evita por su sucesión que derivó el tema a la Justicia Penal y quedó en la nada.

Independientemente de las buenas intenciones, las comisiones no resuelven los problemas de fondo que están relacionados con la falta de transparencia (recordemos que el kirchnerismo ha boicoteado la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública) y la falta de incentivos y protecciones para que los ciudadanos puedan asistir a la Justicia en la lucha anticorrupción. Si bien valoro la intención de quienes proponen que la solución venga de mano de los políticos, creo que es fundamental que una comisión investigadora se vea complementada con reformas que permitan a quienes denuncian o aportan datos obtener un monto de los bienes recuperados y la debida protección.

Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que ayuden a sacar al parásito de la corrupción del Estado. Terminemos con el centralismo político cuyo paradigma establece que los problemas sólo pueden ser resueltos por políticos en espacios políticos. Es hora de confiar en todos los argentinos.