La semilla del cambio está sembrada

Todos estuvimos alguna vez en un armario o en un closet. Estar en el closet no es sólo cuestión de tal o cual orientación sexual, sino de todos aquellos que tenemos una noticia difícil de transmitir o una verdad difícil de contar: un embarazo, una enfermedad, un fracaso profesional o académico, el malestar en la pareja, entre otras cosas.

No hace falta ser creyente para valorar la grandeza del último gesto del Papa Francisco. Ya en junio de este año había presentado el documento de trabajo para el Sínodo donde interpelaba a la Iglesia a abandonar su posición de juicio y se abriera a acompañar a la comunidad proponiendo, no imponiendo, un modelo de vida acorde a la voluntad de Dios. El instrumento de trabajo para el Sínodo resultó de un cuestionario que el Vaticano envió a los episcopados de todo el mundo con 39 preguntas para poder entender qué temas preocupaban hoy a las congregaciones en las distintas partes del mundo. Naturalmente surgieron cuestiones vinculadas a las familias “irregulares” (ensambladas, convivientes, singles, homosexuales), es decir todas aquellas que no se adecúan a la visión naturalista de la Curia Romana.

Tras el Sínodo los puntos relacionados a los homosexuales y a los divorciados no alcanzaron la mayoría especial de ⅔ necesaria para su aprobación pero obtuvieron una cantidad de votos superior a la mayoría simple. Que más de la mitad de los obispos haya estado dispuesto a votar en favor de una mirada misericordiosa hacia quienes no se adecúan a la norma tradicional habla de un cambio de época que, aunque todavía no tenga la fuerza suficiente para imponerse, ya se puede palpitar. La Iglesia salió de su closet del silencio y de los apriorismos absolutos para poner en discusión temas de actualidad que afectan a personas concretas en el presente. Quizás el resultado no haya sido el que algunos reformistas esperaban, pero la semilla del cambio ya se sembró.

Para entender por qué resulta insensato pretender un cambio radical e inmediato quizás convenga realizar una breve analogía entre la Ley Cristiana y la Ley Secular. Resulta que el dogma cristiano, al igual que cualquier otro dogma, se mantiene vivo a través de sus instituciones, de sus repeticiones, de sus gestos y para entender su evolución bien puede compararse la situación con la evolución del derecho constitucional. Después de todo, la Biblia es la Constitución de los cristianos.

Durante muchos años en el mundo jurídico se vivió con la pretensión o la aspiración de que se trataba de un sistema perfecto, cerrado, del cual sólo restaba derivar sus conclusiones. Se tomaba a la Constitución como la piedra fundamental estática a partir de la cual se podían conocer a priori lo Justo y lo Injusto, lo recto y lo desviado. Lo cierto es que con el tiempo se pasó a tener una visión dinámica de su texto que mutaba según las circunstancias históricas y políticas del momento. Esta visión dinámica de la constitución permitió a los juristas ir modernizando a partir de la interpretación circunstanciada el texto legal sin la necesidad de ir a una reforma constitucional. Siendo que la Biblia no se puede reformar parece ser que el método de actualización dinámica es la forma de ir adaptando al Dogma a los nuevos tiempos.

La Iglesia está cambiando. Que la mayoría de los Obispos no se haya mostrado asqueado por una mayor apertura nos indica que la composición de la Iglesia se ha alejado del conservadurismo. Recientes estudios de Inbar, Pizarro, Iyer y Haidt muestran que nuestra propensión a ser asqueados guarda relación con nuestra ideología política, nuestra forma de votar y la tolerancia al autoritarismo. Una iglesia menos repulsiva nos habla también de una Iglesia que probablemente se incline a encarar nuevos desafíos en otras áreas. Pero hay que ser pacientes.

Los cambios institucionales llevan tiempo. A veces hacen falta varios intentos fallidos para ir generando clima, para sembrar la duda, para ir provocando el cambio de época. La decisión del Vaticano de poner al divorcio y a las parejas homosexuales en debate implica haber salido del clóset. Confío en que no falta tanto para que la institución se modernice abandonando el espíritu inquisitivo para abordar con misericordia las diferencias.

Terminar con el centralismo político

El Papa Francisco sostuvo que “el problema de la política es que está devastada por la corrupción”. La percepción del Sumo Pontífice tiene un contundente eco en nuestra realidad local que encuentra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el banquillo de acusados y procesado por ser amigo de lo ajeno y lo público. Vale aclarar que el caso es sólo ilustrativo ya que en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional Argentina sacó 34 puntos en una escala de 0 a 100 y quedó 106 de un total de 177 países auditados. Amado es ilustrativo del problema que enfrentamos.

Sobre este tema ha surgido un nuevo mantra. Una respuesta que muchos utilizan como una muletilla para responder cómo debe enfrentarse este asunto:“Necesitamos una CONADEP de la corrupción”.

La propuesta no es nueva, pero ha sido revivida por los dirigentes de FAUNEN, que pretenden que un grupo de notables reciban e investiguen las denuncias. Quien viene insistiendo hace años con este proyecto es el radical Ernesto Sanz, que ya la anunció como parte de su programa presidencial cuando amenazaba con candidatearse en el 2011. Por citar otro caso, en 1998 “Chacho” Álvarez señalaba que “Raúl Zaffaroni, Nilda Garré y Diana Conti”, entre otros, ya estaban investigando las fechorías del entonces presidente Carlos Ménem que no llegó a nada.

La vieja frase atribuida a Juan Domingo Perón -”para que algo no funcione nada mejor que formar una comisión” (que en realidad era de Napoleón, quien se la robó a Juana de Arco) quizás sirva como punto de partida para pensar esta solución. Veamos qué tal ha funcionado:

Algunas comisiones han sido exitosas. La Comisión liderada por Lisandro de la Torre entre 1934 y 1935 investigó la industria de la carne y el monopolio frigorífico dejando al descubierto maniobras de defraudación del Estado por parte del frigorífico Anglo. En 1940 otra Comisión a cargo de Alfredo Palacios, a instancias de una denuncia del Senador Benjamín Villafañe investigó y demostró los negociados tras la adquisición de unas tierras por parte del Estado en El Palomar que enriqueció a varios diputados nacionales durante la presidencia de Ortiz. A raíz de esto, los diputados Kaiser y Aguirrezabala fueron condenados por la Justicia pero lograron evitar la prisión exiliándose. Irónicamente, los corruptos lograron retornar al país en 1948 con un indulto de Perón.

Otras comisiones no fueron tan exitosas. Vale recordar la que investigó los contratos petroleros durante la presidencia de Illia que sólo emitió un dictamen. O la Comisión Especial que investigó un cheque librado por Isabelita con fondos presidenciales para compensar a hermanas de Evita por su sucesión que derivó el tema a la Justicia Penal y quedó en la nada.

Independientemente de las buenas intenciones, las comisiones no resuelven los problemas de fondo que están relacionados con la falta de transparencia (recordemos que el kirchnerismo ha boicoteado la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública) y la falta de incentivos y protecciones para que los ciudadanos puedan asistir a la Justicia en la lucha anticorrupción. Si bien valoro la intención de quienes proponen que la solución venga de mano de los políticos, creo que es fundamental que una comisión investigadora se vea complementada con reformas que permitan a quienes denuncian o aportan datos obtener un monto de los bienes recuperados y la debida protección.

Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que ayuden a sacar al parásito de la corrupción del Estado. Terminemos con el centralismo político cuyo paradigma establece que los problemas sólo pueden ser resueltos por políticos en espacios políticos. Es hora de confiar en todos los argentinos.

¿Y Candela? ¿Y la Moto? ¿Y el nuevo Código Civil?

Estoy de novio con una dama que está casada, separada, pero que no puede divorciarse por más que ambos están de acuerdo en hacerlo. ¿Por qué? Porque la legislación que hoy está vigente establece que para poder divorciarse de común acuerdo las personas deben esperar tres años desde el momento de haber dado el “sí”.

En pleno siglo XXI, donde más del 90% de los divorcios en nuestro país se dan de común acuerdo, resulta una carga absurda para las personas tener que ostentar el título de “casado” más allá de la fecha de vencimiento del amor.

Por esta razón, busqué qué fue del proyecto de reforma del Código Civil impulsado con bombos y platillos por la presidente Cristina Fernández de Kirchner y puesto en cabeza del juez Ricardo Lorenzetti. Si bien el anteproyecto generó bastante revuelo en la comunidad jurídica y presentaba un alarmante retroceso en materia de responsabilidad estatal entre otros defectos, debo reconocer que en cuestiones de familia la reforma ofrecía soluciones interesantes y necesarias.

En materia de divorcios, el nuevo código permite que las personas puedan casarse y divorciarse cuando quieran, sin tener que explicar demasiado y, fundamentalmente, desaparece el maldito plazo que sirve de “causal objetiva” para disolver jurídicamente el vínculo.

Sin embargo, el kirchnerismo ha cajoneado el proyecto de reforma del código civil. La comisión bicameral que debía dar dictamen acerca del proyecto y enviarlo a las cámaras para su tratamiento no se reúne desde abril de este año. Son Marcelo Fuentes y Diana Conti, ambos kirchneristas, quienes presiden la Comisión Bicameral para promover su tratamiento. Por lo que pude averiguar, parece que las elecciones, el nombramiento del Papa Francisco, la pelea con Lorenzetti y la objeción que varios miembros del bloque han emitido por lo bajo hicieron que el oficialismo desista, al menos temporalmente, de hacerlo.

¿Cómo puede ser que un proyecto que bien podría servir para mejorarle la vida a millones de argentinos, con el trabajo de cientos de juristas eximios, pase a un cajón así nomás? Esto es fruto del método kirchnerista de construcción política, donde la imposición ha superado al diálogo en todos los frentes y donde hasta un buen proyecto es capaz de naufragar por una posición cerrada.

La reforma es necesaria e imperiosa y hoy se ve trabada por las miserias del kirchnerismo. El Congreso Nacional que se conformará en diciembre tras los resultados de las elecciones de octubre deberá rápidamente tomar posesión del tema de la reforma y darle curso resolviendo las objeciones hasta hoy planteadas. Hay temas a mejorar pero debe avanzarse decididamente en pos de la reforma.

El kirchnerismo le ha fallado jurídica y políticamente al pueblo en este tema y no ha logrado tener lo que había que tener para darnos un sistema jurídico superador. Espero poder escribirles el año que viene contándoles que me puedo casar. Hasta entonces, seguirá siendo un amor sin papeles.