Los abogados, con notable torpeza para comprender las cosas, ni siquiera son capaces de defender sus propios derechos. Prueba de ello es la existencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), aberración jurídica creada por la Ley 23.187 que, en desmedro de la validez nacional del título de abogado, cercena las libertades de asociación y trabajo en beneficio de un corporativismo hipócrita, reglamentarista y autoritario que obstaculiza el acceso a la Justicia.
Más de 65.000 abogados, prisioneros del sistema de colegiación obligatoria y múltiple, fueron “acostados” el jueves 11 de julio del 2013 cuando la Asamblea de Delegados del CPACF dio vía libre al despilfarro y oscurantismo presupuestario. “Gente de Derecho“, la agrupación que gobierna el CPACF, opera con la metodología del kirchnerismo; y es que entre la señora Cristina Fernández y el abogado Jorge Rizzo no hay diferencias políticas. La prepotencia, no rendir cuentas, el doble discurso y la negativa a confrontar ideas (cobardía intelectual) son más que coincidencias circunstanciales, revelan la misma matriz que alimenta la falta de institucionalidad argentina.
Si las cuentas de la Nación se ocultan tras los dibujos de Guillermo Moreno y compañía, no es menos misterioso el estado contable del CPACF, cuya memoria y balance es inexistente desde mayo de 2011. A ciegas sobre lo que se está haciendo con el dinero que se confisca coercitivamente a los abogados y justiciables, la Asamblea de Delegados presidida por Eduardo Daniel “Diosdado” Awad dispuso aprobar el aumento de la matrícula a $800 y del bono a $45, incrementando el presupuesto de gastos para el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2013 a la obscena cifra de 88.837.815 pesos.
¡Casi noventa millones! Mucha plata para un ente creado por una ley de contenido inconstitucional, cuya única función declarada es llevar y controlar la matrícula profesional en el coto corporativo de la Capital Federal. Dedicado a cualquier cosa, el CPACF presta servicios ajenos a su competencia, que además, en su mayor parte no alcanzan a ser solventados con los ingresos obtenidos. En cuanto a los gastos, se orienta de manera principal, a sufragar actividades como “deportiva”, “social”, “escuela de mediación”, “escuela de posgrado”, “jardín maternal”, “publicidad”, “turismo”, “créditos a los matriculados” que resultan ajenas a las competencias que constituyen un numerus clausus para este Colegio (Cf. arts. 3 Ley 19.549 y 20 y 21 Ley 23.187).
Y todo ello sin olvidarse del “Monumento al despilfarro y la pereza” que son las dos escaleras mecánicas, para subir y bajar un entrepiso, en la sede de Av. Corrientes 1441, inauguradas con la jactancia de ser el primer Colegio Profesional de la Argentina en contar con ellas: claramente no hay otro que disponga de tanto dinero para gastos superfluos.
Rebelándose frente a la estupidez reinante, los cuatro delegados por Bloque Constitucional, Lista 61 del CPACF, María Laura Blanco Peña, Daniel Rybnik, Ricardo Mihura Estrada y Martín Hernán Abeszyc no solamente se opusieron al presupuesto con su voto negativo, sino que antes, además, propusieron que la votación sea nominal, lo cual fue rechazado por la enorme mayoría de levantamanos oficialistas que prefirieron esconderse en el anonimato. Apenas 12 votos acompañaron la moción de Rybnik, Presidente del Bloque Constitucional; el resto convalidó el saqueo con un balido de oveja, apurados porque todo pase rápido y no se vuelva a hablar del tema.
Imposibilitado de ofrecer prestigio, desde que por su naturaleza espuria no puede ni rozarlo, el CPACF ofrece a sus matriculados un programa de beneficios que consiste en descuentos en perfumerías, restaurantes, vinos, entretenimientos varios, centros de estética, electrodomésticos y otra serie de indudables aportes a la excelencia de la profesión. Sin olvidar, claro está, la “Fiesta de los abogados”, a celebrarse el 30 de agosto en el Palacio San Miguel, que promocionada en la página del CPACF como “el evento mas importante de la comunidad abogadil porteña” (así de mal estamos) contará con la invaluable presencia de Palito Ortega.
Masificados por la Ley 23.187, los estúpidos abogados han perdido la capacidad de cuestionar. Como mansas marmotas pagarán 800 pesos de matrícula sin tener idea de las razones de la suba, que a fin de cuentas no es lo más grave del asunto: lo realmente grave es que el CPACF siga existiendo.