Por: Luis Novaresio
No cabe más que mandarle un saludo y una felicitación a Sandra. En apenas un mes consiguió que el órgano máximo de la justicia penal atendiera sus reclamos (sic).
El 13 de noviembre se reclamó por sus derechos y en menos de 20 días hábiles la causa recorrió un juzgado de faltas, un juzgado de primera instancia y la Cámara de Casación penal. ¿Vieron que no es cierto que la justicia es lenta? Al menos con Sandra, la orangutana. No hay error: la sala integrada por los doctores Slokar, David y Ledesma resolvió el caso de una orangutana en un mes.
Me considero cercano a los ideales de las organizaciones animalistas. Creo en los derechos de los animales. Maldigo, por sólo dar algunos ejemplos, a los organizadores de riñas de gallos, carreras de galgos y, por supuesto, no creo que la cultura ancestral justifique las corridas de toros. Creo, como dijo Albert Schwitzer, que no tengo claro si los animales pueden o no pensar. Sé que pueden sentir y por eso los considero mi prójimo. Pero, a la par, creo que si el órgano máximo de la interpretación judicial de la ley penal debe ocuparse de manera sumarísima de resolver el estado de una orangutana, la línea de las prioridades en nuestro país está totalmente quebrada.
Hay jueces que creen que los presos condenados por homicidios o robos deben tener derecho a aguinaldo, vacaciones y antigüedad. Se trata ¿casualmente? de los mismos doctores Slokar, Daniv y Ledesma, autores del leading case mundial de la simia declarada persona no humana. Hay legisladores que creen que ya mismo hay que garantizar un cupo de empleos públicos para travestis o transgéneros. Estos ejemplos tomados al azar de tantos similares conforman un “relato” de lo que piensa el poder ocupado por representantes de un pueblo bastante alejado de la realidad de la mayoría de los ciudadanos de a pie.
¿Alguien duda que una travesti merece mejor opción que prostituirse? ¿Alguno sospecha que no son una minoría discriminada? Ahora bien: ¿qué hay para decir de la inmensa minoría (sic) de hombres y mujeres de 40 y 50 años expulsados del mercado laboral que no pueden reinsertarse porque son “viejos”? ¿No hay cupos para ellos? ¿No hay urgencia para ellos?
Un preso debe trabajar y cobrar por esa actividad. Pero ¿hay que equipararlos con el trabajador que en libertad intenta dignamente llevar el pan a su mesa sin transgredir la ley penal? ¿Es lo mismo recibir sentencia condenatoria que no haber pasado jamás por una comisaría? Claro que no lo es. Salvo que se imponga el autoritario tenor del “igualitarismo” demagógico de querer igualar lo que es desigual con el sólo efecto de hablarle a la tribuna con apetito de populismo dialéctico.
Por fin, da pena lindante con la bronca saber que un simio ha sido explotado por 29 años lucrando con un dinero nacido a base de la crueldad animal. Pero creer que como prioridad la Cámara de Casación debe ocuparse de forma exprés -como no lo hace en casos de eternas esperas de sentencia reparadoras para familias víctimas del delito y de procesados eternos sin derecho a la inocencia o a la culpabilidad- es casi una afrenta. Es una decisión que nace de una ceguera judicial por poner prioridad sobre lo que se espera de ellos o de un delirante egocentrismo de quien tiene resuelta sus necesidades elementales (sueldo glorioso sin impuesto a las ganancias, custodia, trabajo asegurado por la estabilidad, etc.) y juega con onanismo intelectual para generar construcciones jurídicas que se estampen en libros escandinavos escritas desde una realidad argentina dolosamente ignorada.
La orangutana no tiene que estar presa de la maldad humana. Para eso hay un intendente de la ciudad que, como titular del poder ejecutivo, debe ejecutar el arte de gobernar. No hace falta que el órgano máximo de la justicia penal ocupe su tiempo en ello.
Se trata de priorizar. Poner lo importante, lo urgente, sobre lo que no lo es. Con los presos, con las travestis y con la orangutana que, de paso, espero me recomiende a su abogado.