La situación en Venezuela estremece a toda la comunidad democrática internacional y, por el alcance de los últimos acontecimientos, necesita de urgente asistencia regional. El asesinato de un líder político opositor en víspera de elecciones legislativas no es un hecho aislado. El terrible suceso criminal, que no puede quedar impune, se da en medio de una serie de graves persecuciones contra diversos dirigentes en lo que parece ser una estrategia que procura amedrentar y generar un clima temor. Tampoco es aceptable que el Presidente de Venezuela siga poniendo a las movilizaciones piqueteras por encima de las urnas o amenace con no cumplir con el resultado electoral. La democracia en Venezuela se ha transformado en un lamentable ejercicio de fuerza, violencia y miedo. El pronóstico no puede ser más oscuro.
La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, como la fractura de su sociedad, no permite que América Latina siga ignorando la situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha señalado la necesidad de actuar ya, además de advertir sobre los riesgos de la escalada indeseable de violencia y la creciente violación a los derechos humanos. También ha afirmado: “Cada muerto en Venezuela duele en todas las Américas”.
La afirmación de Almagro no parece haber sido escuchada en Unasur ni el Mercosur. Ambos organismos regionales mantienen silencio en una vergonzosa actitud frente a un cuadro político de una altísima gravedad. La voz del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, parece haber sido de las muy pocas que han reclamado una acción urgente en consonancia con el secretario general de la OEA. Esa actitud es concordante con un reclamo similar por parte de ex presidentes de América Latina y de España.
La diplomacia regional no puede seguir con una actitud de escandalosa parálisis y de condescendencia con los abusos del Gobierno venezolano. El Gobierno argentino, hasta ahora, ha sido uno de los principales responsables de esa inacción. Ese comportamiento es repudiable y contradice los valores esenciales del sistema interamericano e incluso del Mercosur. Ante las alteraciones de la vida democrática en Venezuela, resulta urgente la aplicación de los instrumentos pertinentes que incluye la Carta Democrática Interamericana, que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática.
Las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para el futuro democrático de Venezuela y es imprescindible que toda América Latina reclame que se celebren en un clima de libertad, sin violencia y acoso político. El Gobierno venezolano debe reconocer de una vez por todas las normas elementales de la democracia y el respeto a las libertades individuales y de libre expresión. De lo contrario, debe asumir las consecuencias de la condena internacional.