Bolivia y Venezuela llevan de “amistad” enamoradiza casi diez años. Sus dos regímenes ideológicamente comprometidos se han re-prometido una serie de beneficios mutuos.

Alguna prensa boliviana refleja alborozada que “Bolivia decidió abrir sus recursos naturales y potencialidad agrícola al poder y necesidad venezolano, a través de la constitución de empresas denominadas ‘Gran Nacional’ que operarán sin restricciones para la producción de alimentos, litio, gas, petróleo, industria textil y acordaron profundizar la presencia ideológica del socialismo y comunitarismo a través de sus radios comunitarias”.

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Cuando leí que la impresionante cifra de 700 mil millones de dólares (vuélvala a leer: ¡setecientos mil millones de dólares!) que han ingresado a Venezuela producto de exportación de petróleo, y al mismo tiempo recuerdo los cinturones de pobreza y marginalidad de los barrios de Caracas, los cortes de luz “programados” y la ausencia de productos básicos en supermercados de las principales ciudades venezolanas, no puedo creer qué es lo que funcionó mal en esa “máquina petrolera” latinoamericana.

No puedo entender cómo es posible que hayan estados (gobernaciones) a los que se les corte su presupuesto o por lo menos se les reduzca sabiendo que hay tal cantidad de ingresos. Todos los reportes, las cifras de los analistas y los amigos de Caracas coinciden en que -mínimamente- Venezuela en 14 años de régimen recaudó, por barriles exportados en total, la fortuna de 700 mil millones de dólares.

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“Un país donde se anteponga la igualdad a la libertad terminará sin ninguna de las dos”

Milton Friedman

El (de) mérito del régimen boliviano, aliado incondicional del ya en declive chavismo, fue endeudar al país y encadenarlo financieramente a Venezuela.

Antes de entrar en materia conviene recordar que Bolivia es una potencia gasífera continental. De haber desarrollado oportuna y eficientemente sus reservas y de haber estructurado negocios a escala, estaría vendiendo energía a varios países del continente y habría evitado ser cooptada político, ideológica y financieramente por el régimen de Venezuela.

Varios analistas independientes coinciden, sin tener todas las cifras y los datos (porque tenerlas es un verdadero mérito en un régimen como el boliviano), que desde el 2006, año del inicio de la presidencia de Evo Morales, la deuda que Bolivia contrajo con Venezuela ha crecido ostensiblemente hasta llegar alrededor de los 500 millones de dólares.

Algunos ingenuos pensaron que eran regalos. Naturalmente, habrán recibido regalos de Venezuela, pero una gran parte del dinero es préstamo. Por ello es que las finanzas de Venezuela no cuadran. Esto se debe a que han despilfarrado una gran suma de sus petrodólares. Hoy debe ser casi imposible hacer una auditoría a los lugares y objetos a los que fueron destinados esos montos.

La prensa boliviana y venezolana reprodujo hasta el cansancio el alto nivel de discrecionalidad con el que el régimen boliviano manejó los fondos. Los fondos de los que no hay pistas de cómo han llegado a Bolivia.

Ante varios medios, el ex embajador del régimen boliviano dejó deslizar que Bolivia mantendría una deuda de “alrededor de 500 millones de dólares”. Eso es “lo poco” que se sabe. Dado el hermetismo de estas transacciones y la ausencia de transparencia, se puede entrever que esos montos pueden crecer en franco perjuicio para la economía boliviana.

Aquí, un tremendo contrasentido: Bolivia es una potencia gasífera y de haber estructurado una industria de escala, estaría produciendo el diésel que tanto le hace falta a su matriz de combustibles interna; lo curioso es que la mayor cantidad de deuda boliviana a Venezuela ¡es por importación de diésel!

Lamentablemente la industria del diésel no fue desarrollada en Bolivia y los dirigentes del régimen boliviano prefirieron echar mano de lo fácil: importar diésel caro desde Venezuela. Esta movida retrasó los planes bolivianos de estructuración industrial de gas natural.

El diesel es importado desde Venezuela en complejos esquemas de transporte. En el 2004, enviaban 50 mil barriles mensuales. Hoy en día, se ha llegado a la cifra de 350 mil barriles mensuales. El país que podría producir diésel barato y venderlo solamente se anima a comprarlo. ¡Qué gran negocio socialista! Parecieran estar influenciados por el dicho del economista francés Frederic Bastiat: “El Estado es esa gran falacia que permite a muchos vivir a costa de todos los demás”.

Por más “hermanos revolucionarios” que hayan sido entre los regímenes de Venezuela y Bolivia, business are bussines. Negocios son negocios. Así como Venezuela no tiene empacho en tener una retórica fulminante contra Estados Unidos, tampoco se hacen problemas en continuar vendiéndole petróleo a Bolivia.

El propio gobernador de Miranda, Henrique Capriles, indicó que se destinó bastante dinero a Bolivia en vez de atender a temas internos venezolanos: “Un nuevo estadio para el club San José de Oruro en Bolivia. ¿Acaso el Caracas Fútbol Club o Los Leones tienen un estadio?“, se preguntó, en el marco de su lucha por conocer cuáles son los montos reales de esa particular relación bilateral de dos regímenes que de números saben muy poco, pero de despilfarro parece que saben mucho.

Además de dólares, el régimen de Venezuela regaló vehículos y hasta ambulancias que posteriormente hicieron falta en la tragedia de Amuay (la refinería que explotó en agosto en Venezuela).

Gracias por los regalos. Pero no es la forma. Creemos que la irresponsabilidad de ambos regímenes fue muy lejos. Se aprovecharon de las finanzas que producen los recursos naturales, como el petróleo, no sólo para hacer política sino para despilfarrar.

La cuestión principal que debe ser objeto de análisis financiero profundo es cuánto dinero venezolano ingresó a Bolivia y que hizo el régimen boliviano con ese dinero.

La pregunta está lanzada.

El título corresponde a una película norteamericana de los ochenta que, cabalmente, retrata el caos, desorden y total nihilismo que se apodera de los pasajeros de un avión al desaparecer la tripulación, imposibilitada -por razones de salud- de guiar la aeronave. La parodia-comedia sigue constituyendo un clásico del cine.

Comparando la película y lo que ocurre en Venezuela, seguramente a los ciudadanos de ese país les parece poco menos que raro que su país esté sin piloto. Tras las burdas maniobras de un sector del régimen, que se cree “favorecido” por la herencia política del chavismo, obviamente hay un “gobierno” en Venezuela. Pero más que un gobierno es una apariencia/pantomima de tal. Sin la legitimidad electoral ni la legalidad constitucional mínima.

Estando así las cosas la economía de esa potencia petrolera mundial se está derrumbando. Han decretado devaluaciones y para peor: el mundo del hampa y la violencia siguen haciendo estragos contra la debilitada sociedad venezolana que hace malabares diariamente para sortear los altos niveles de inseguridad.

A los bolivianos en particular y a los latinoamericanos en general nos interesa, y mucho, el destino de Venezuela no sólo porque tenemos la misma historia libertaria. Bolivia y Venezuela son las hijas predilectas del libertador Simón Bolívar que las separó del entonces poderoso reino de España para crear en este lado del continente dos nuevos espacios en donde las sociedades forjen nuevos futuros. Bolívar nunca hubiera imaginado que hoy sus hijas estén bajo regímenes. Con Venezuela no sólo compartimos historia. Sino también esperanza. Dos pueblos hermanos, valientes y nobles que hacen ya varios años -doce en Venezuela y casi siete en Bolivia- cayeron bajo el influjo maligno de lo que algunos trasnochados denominan “socialismo del siglo XXI”. Un experimento. Una suerte de nueva ideología que permite a una élite dirigencial tomar el Estado, usar/abusar del poder del Estado y sacrificar a la inmensa mayoría de la sociedad esclavizándola vía la economía: impidiendo el desarrollo de la libre iniciativa, permaneciendo salarios bajos y tutelajes irrisorios del Estado vía bonos; abusando de la democracia llamando a elecciones, consultas, referéndums por todo y por nada, para dar visos de transparencia y juego democrático a sus regímenes;  o por la vía de la libertad política: muchas libertades están en serio riesgo de ser coartadas. Ejemplos de presos y perseguidos políticos y de abusos a derechos humanos en ambas naciones se cuentan por miles.

Más allá de las consideraciones políticas resulta un verdadero atropello a la sociedad venezolana que sus actuales administradores –porque no merecen de llamarse Gobierno– hayan secuestrado la información relacionada su Jefe de Estado. Resulta una grosería política de mal gusto que raya en lo ilícito: esconder la información relacionada al Presidente y esconder al Presidente mismo debe ser sujeto de sanción penal, indiscutiblemente.

Para corroborar esa falta de información sobre el paradero y salud del jefe del régimen venezolano, por dos veces estuvo el jefe del régimen boliviano, principal aliado del presidente de Venezuela, a querer visitarlo. Primero se largó a La Habana –en donde dicen estuvo internado/recluido por dos meses– y no logró ver a su comandante. Luego se fue a Caracas con igual propósito. Si su principal aliado en el continente y seguidor incondicional no puede ver al presidente de Venezuela, entonces ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?

La forma en que están mal-administrando a Venezuela los detentadores del poder del Estado, con despilfarro de sus petrodólares, sus poco acertadas políticas contra la pobreza y su profundo desprecio por la democracia, les va a generar no sólo sanción legal sino la repulsa del continente entero. No es posible que una de las principales potencias petrolera del mundo y la más grande del Hemisferio no tenga Presidente. ¿Dónde está el piloto de Venezuela?

Hasta sus principales aliados comerciales como China ya empiezan a ponerse quisquillosos con relación al vacío de poder que existe en Venezuela. Con mayor propiedad expertos constitucionalistas venezolanos han explicado las mil y un violaciones a la Constitución a las que han recurrido los actuales detentadores para no perder el poder de las manos. Seguramente el tiempo, ya breve, dará la razón a la democracia y retornará la libertad y democracia a Venezuela, y consecuentemente a Bolivia, que es un reflejo-miniatura de lo que allí ocurre.

Es una ley física que ante toda acción viene luego una reacción. Y esa ley se aplica perfectamente en la política, en los negocios y en la vida misma.

Caso concreto de la política de nacionalizaciones implementada desde 2006 en Bolivia que es una acción política que –física y económicamente- generaron una obvia reacción: hay causas judiciales surgidas ante tribunales internacionales.

Aunque no se conocen las cifras de arreglos con asesores y abogados por concepto de honorarios ni pagos que el Estado boliviano debe hacer por la defensa de sus intereses, hay como 12 causas internacionales que -en la vía de procesos de arbitraje o dinámicas alternativas directas de solución de controversias- seguramente van a generar un coste a las arcas del Estado boliviano. Por ello sería importante que algún senador o diputado, en el marco de sus atribuciones constitucionales, pregunten al Ejecutivo cuáles los montos de honorarios y quiénes están a cargo de la defensa de Bolivia en esos escenarios internacionales en donde los afectados han expuesto sus reclamaciones por saber sus derechos vulnerados.

El régimen continúa con sus nacionalizaciones importándole un comino lo que la opinión pública internacional pueda decir y hundiendo a los bolivianos en mucho más incertidumbre.

Las cifras indemnizatorias que se señalan en la prensa están al rededor de los 1000 millones de dólares y algo más, considerando daños, perjuicios y otros montos que seguramente se adicionarán a la principal reclamación que señalan aquellas compañías que se vieron afectadas por acciones del actual régimen izquierdista que a estas alturas perjudica claramente a las venideras generaciones de bolivianos y a la imagen del país en el mundo.

Obviamente para llegar a esos montos indemnizatorios se deben cumplir con previas evaluaciones técnicas y peritajes. Más allá de las consideraciones estrictamente técnico-jurídicas, que si los derechos están o no vulnerados, que si se han cumplido contratos, que si se han acudido a escenarios jurisdiccionales idóneo, se tiene que tener en mente que lamentablemente estas causas dicen mal de un país. Sólo Venezuela tiene tal cantidad de reclamaciones internacionales por montos millonarios. Igual que Bolivia. En estos procesos, al final, hay un claro deterioro de la imagen de Bolivia y de los bolivianos.

Recordemos que el actual régimen sometió a nacionalizaciones a capitales de una veintena de compañías privadas que tiene sus sedes principales fuera del país, y que tiene capitales e inversiones circulando en todo el mundo. Se podría inferir -de manera general- que esos capitales invertidos en Bolivia tuvieron la “mala experiencia” de haber sido objeto de “nacionalización” figura cercana a la confiscación y sus derechos vulnerados porque los contratos que han suscrito -al margen de la consideración si eran muy buenos o muy malos contratos- existe un elemento que no debe perderse de vista: la fe de un Estado se compromete al suscribir un contrato. Y para el actual régimen boliviano le resulta muy sencillo romper la fe del Estado boliviano y hacernos quedar como retrógrados que desconocemos los pactos y la convivencia del respeto a los papeles suscritos.

A esas compañías internacionales -hoy sometidas a nacionalización en Bolivia- seguramente no sólo les causó disgusto, pérdida, costos, sino además un costo de oportunidad por haber venido a Bolivia en vez de ir a otros estados con mayor seguridad jurídica. ¡Deben estar maldiciendo el día que arribaron a Bolivia! 

De esa veintena de compañías sometidas a nacionalizaciones el Estado boliviano ya habría pagado cerca de 615 millones de dólares. Eso muestra que las nacionalizaciones no son un buen negocio porque al final hay tres tipos de pérdida para Bolivia: primero por el pago per se de la indemnización; segundo por la pérdida de imagen del país; y tercero por la pérdida de oportunidad de atracción de otros  nuevos capitales a invertir.

Muchos analistas aseguran, además, que éstos procesos nacionalizatorios tampoco han generado utilidades adicionales al país. Habría que seguir indagando si estas nacionalizaciones redundaron en educación, salud y reducción de la pobreza del sufrido pueblo boliviano que no está gozando las bondades, por ejemplo, de los ingresos por la multimillonaria venta de gas natural. Somos la potencia latinoamericana más grande en gas natural y en el ámbito rural y en la periferia de las ciudades ¡se sigue cocinando a leña de madera!

La política de nacionalizaciones seguramente va a continuar en otros escenarios de la economía boliviana. Primero fue en hidrocarburos, luego en electricidad, minería y seguramente el agro, la industria y el comercio, que tiene fuertes capitales externos en inversiones seguramente podrían ser parte de ese esquema de nacionalizaciones. Hoy la administración de aeropuertos, mañana veremos qué sigue.

Las controversias judiciales internacionales producto de esas “nacionalizaciones” han dañado notoriamente la imagen de Bolivia en el exterior. Nos pinta ante los capitales externos como un Estado forajido, que no respeta las reglas, los pactos y los contratos. Esa imagen, que cuesta ganarla, será difícilmente recobrada –particularmente en el mundo del capital y de las inversiones- más aún si también el país, aparte de tener la “fama” de “nacionalizador”, tiene profundos cuestionamientos en derechos humanos, democracia e institucionalidad, pobreza y exclusión de minorías políticas.

Así anda Bolivia, la hija predilecta del Libertador Bolívar, transitando en esos desvencijados pasajes del autoritarismo que tanto desdeño Simón Bolívar.