Por: Boris Gómez Úzqueda
Es una ley física que ante toda acción viene luego una reacción. Y esa ley se aplica perfectamente en la política, en los negocios y en la vida misma.
Caso concreto de la política de nacionalizaciones implementada desde 2006 en Bolivia que es una acción política que –física y económicamente- generaron una obvia reacción: hay causas judiciales surgidas ante tribunales internacionales.
Aunque no se conocen las cifras de arreglos con asesores y abogados por concepto de honorarios ni pagos que el Estado boliviano debe hacer por la defensa de sus intereses, hay como 12 causas internacionales que -en la vía de procesos de arbitraje o dinámicas alternativas directas de solución de controversias- seguramente van a generar un coste a las arcas del Estado boliviano. Por ello sería importante que algún senador o diputado, en el marco de sus atribuciones constitucionales, pregunten al Ejecutivo cuáles los montos de honorarios y quiénes están a cargo de la defensa de Bolivia en esos escenarios internacionales en donde los afectados han expuesto sus reclamaciones por saber sus derechos vulnerados.
El régimen continúa con sus nacionalizaciones importándole un comino lo que la opinión pública internacional pueda decir y hundiendo a los bolivianos en mucho más incertidumbre.
Las cifras indemnizatorias que se señalan en la prensa están al rededor de los 1000 millones de dólares y algo más, considerando daños, perjuicios y otros montos que seguramente se adicionarán a la principal reclamación que señalan aquellas compañías que se vieron afectadas por acciones del actual régimen izquierdista que a estas alturas perjudica claramente a las venideras generaciones de bolivianos y a la imagen del país en el mundo.
Obviamente para llegar a esos montos indemnizatorios se deben cumplir con previas evaluaciones técnicas y peritajes. Más allá de las consideraciones estrictamente técnico-jurídicas, que si los derechos están o no vulnerados, que si se han cumplido contratos, que si se han acudido a escenarios jurisdiccionales idóneo, se tiene que tener en mente que lamentablemente estas causas dicen mal de un país. Sólo Venezuela tiene tal cantidad de reclamaciones internacionales por montos millonarios. Igual que Bolivia. En estos procesos, al final, hay un claro deterioro de la imagen de Bolivia y de los bolivianos.
Recordemos que el actual régimen sometió a nacionalizaciones a capitales de una veintena de compañías privadas que tiene sus sedes principales fuera del país, y que tiene capitales e inversiones circulando en todo el mundo. Se podría inferir -de manera general- que esos capitales invertidos en Bolivia tuvieron la “mala experiencia” de haber sido objeto de “nacionalización” figura cercana a la confiscación y sus derechos vulnerados porque los contratos que han suscrito -al margen de la consideración si eran muy buenos o muy malos contratos- existe un elemento que no debe perderse de vista: la fe de un Estado se compromete al suscribir un contrato. Y para el actual régimen boliviano le resulta muy sencillo romper la fe del Estado boliviano y hacernos quedar como retrógrados que desconocemos los pactos y la convivencia del respeto a los papeles suscritos.
A esas compañías internacionales -hoy sometidas a nacionalización en Bolivia- seguramente no sólo les causó disgusto, pérdida, costos, sino además un costo de oportunidad por haber venido a Bolivia en vez de ir a otros estados con mayor seguridad jurídica. ¡Deben estar maldiciendo el día que arribaron a Bolivia!
De esa veintena de compañías sometidas a nacionalizaciones el Estado boliviano ya habría pagado cerca de 615 millones de dólares. Eso muestra que las nacionalizaciones no son un buen negocio porque al final hay tres tipos de pérdida para Bolivia: primero por el pago per se de la indemnización; segundo por la pérdida de imagen del país; y tercero por la pérdida de oportunidad de atracción de otros nuevos capitales a invertir.
Muchos analistas aseguran, además, que éstos procesos nacionalizatorios tampoco han generado utilidades adicionales al país. Habría que seguir indagando si estas nacionalizaciones redundaron en educación, salud y reducción de la pobreza del sufrido pueblo boliviano que no está gozando las bondades, por ejemplo, de los ingresos por la multimillonaria venta de gas natural. Somos la potencia latinoamericana más grande en gas natural y en el ámbito rural y en la periferia de las ciudades ¡se sigue cocinando a leña de madera!
La política de nacionalizaciones seguramente va a continuar en otros escenarios de la economía boliviana. Primero fue en hidrocarburos, luego en electricidad, minería y seguramente el agro, la industria y el comercio, que tiene fuertes capitales externos en inversiones seguramente podrían ser parte de ese esquema de nacionalizaciones. Hoy la administración de aeropuertos, mañana veremos qué sigue.
Las controversias judiciales internacionales producto de esas “nacionalizaciones” han dañado notoriamente la imagen de Bolivia en el exterior. Nos pinta ante los capitales externos como un Estado forajido, que no respeta las reglas, los pactos y los contratos. Esa imagen, que cuesta ganarla, será difícilmente recobrada –particularmente en el mundo del capital y de las inversiones- más aún si también el país, aparte de tener la “fama” de “nacionalizador”, tiene profundos cuestionamientos en derechos humanos, democracia e institucionalidad, pobreza y exclusión de minorías políticas.
Así anda Bolivia, la hija predilecta del Libertador Bolívar, transitando en esos desvencijados pasajes del autoritarismo que tanto desdeño Simón Bolívar.