Contorsiones delirantes para justificar el robo K

Lo único que le faltaba a la Argentina era desarrollar una “tesis” a favor de la corrupción. Y ese vacío pretendió ser llenado por el periodista militante Hernán Brienza, quien intentó defender desde una postura pseudo-filosófica que tomó el formato de una columna de opinión en el diario kirchneirsta “Tiempo Argentino”.

Allí, escribió que “la corrupción –aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política”. Brienza se declara “brutalmente honesto” por decir lo que dice y continúa: “La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política; ni acá ni en Estados Unidos”.

“Una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares, los afiches, los spots televisivos, las entrevistas pagas, los actos, las movilizaciones, todo eso cuesta un dineral. Ir a un programa de gran audiencia para que un periodista haga preguntas condescendientes cuesta entre 150 mil y 250 mil pesos. ¿Quién dispone de ese dineral para ser entrevistado? Y lo peor es que esa operatoria está legitimada por el televidente. Si un ciudadano no ve en la televisión a su candidato, no lo conoce, no lo seduce, por lo tanto no lo vota. Para existir en política es necesario estar en los medios. La televisión lo sabe, por eso cobra derecho por silla calentada por el culo de un político”, dijo Brienza hablando de un arte que él debe de ser el primero en cultivar.

El insólito argumento central es que el robo le permite a quienes no tienen ese dinero presentarse a la política para defender “los intereses del pueblo”; del mismo pueblo, claro está, al que primeramente robó.

Dice Brienza: “Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas (solo) aquéllos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos.

No sabemos por qué, existiendo más de 190 países registrados en la ONU, el señor Brienza se refiere solo a los Estados Unidos, pero es más que seguro que se debe a la anticuada monserga de suponer que los Estados Unidos están interesados en influir en la Argentina. Brienza debería mirar lo que ocurrió en Venezuela, en donde no hizo falta ninguna intervención norteamericana para sumir a ese pueblo en el caos, en la miseria y en la muerte. Antes bien llegaron justamente a esa instancia por pretender demostrarle al mundo que los “yanquis” estaban equivocados. El socialismo del siglo XXI se encargó de todo: ahora todo el mundo es igual en la ignorancia, la pobreza y la escasez.

Luego agrega Brienza: “Si un diputado o un senador cuenta con un presupuesto, entre sueldos, asesores, viáticos, de 100 mil o 150 mil pesos por mes. ¿De dónde saca el dinero ese diputado para llegar a ser presidente? Está ‘obligado’ a financiar irregularmente su campaña”.

Desde ya que Brienza no cree en la posibilidad de que los diputados generen una propuesta que resulte atractiva y que alguien decida apoyarla desde la honradez y la honestidad.

El camino que Brienza propone no conduce a otro final que no sea admitir que la corrupción es correcta porque ella permite que llegue al poder la “gente del pueblo” (que según su propio argumento debió robarle al pueblo para hacerse rica y llegar a la política)

Ese razonamiento olvida, por ejemplo, que los Kirchner robaron antes que nada para ellos, situación que queda en evidencia solamente por la exponencial multiplicación de su riqueza personal declarada (sin hablar de los miles de millones de dólares que le robaron a los pobres y que los negrearon quién sabe dónde).

Es absolutamente falsa la idea de una casta de pobres robando dineros públicos para financiar su actividad política pero manteniéndose personalmente pobres, porque todo ese emolumento sustraído al pueblo se vuelca de lleno en beneficio, justamente, de defender a los más débiles. No. A los débiles se los roba y luego se los usa, pero esa gente nunca sale de su condición precaria y paupérrima. Al contrario: el arte de la política de este tipo consiste en mantenerlos en esa suerte de medianía necesitada, para que siempre dependan de la concesión de estos nouvelle princes.

Lo de Brienza da vergüenza. No porque describa algo que no es. Sino por querer convertir desde una filosofía vulgar la mugre en virtud, el vicio en nobleza, y el delito en acción popular revolucionaria.

El kirchnerismo se ha caracterizado por ser una especie de maximización de lo gramsciano: le ha cambiado el sentido común medio a la sociedad, al punto tal de que hoy alguien como Brienza pueda decir, muy suelto de cuerpo, en las páginas de un diario, que la corrupción es buena para el pueblo, porque así la gente “como uno” puede llegar al poder e impedir que solo gobiernen los ricos. Pongamos punto final a esta larga noche de una buena vez, por favor.

La Cámara Federal debe actuar

“No existe otro ser en el mundo al que le guste más

la plata en efectivo que a un hombre de izquierda”.

Pablo Emilio Escobar Gaviria

Hoy el diario Infobae publicó una información que puede cambiar el curso de los acontecimientos en una de las causas judiciales más importantes que tramitan hoy ante los juzgados federales.

Se trata de un escrito presentado por los hijos menores de Lázaro Báez, Leandro y Luciana, por el que recusan al juez Sebastián Casanello bajo el argumento de que el juez montó la causa que tiene detenido a su padre para proteger a la familia Kirchner y que la estrategia del expediente —incluidos los abogados de Báez— es dirigida directamente por Cristina Fernández, en un diseño decidido por la ex Presidente en reunión con el juez Casanello, Wado de Pedro y el ex viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que tuvo lugar en Olivos. Continuar leyendo

Papeles de Panamá: no todo es lo mismo

La necesidad de explicar constituye un problema. Más allá de lo rotundamente convincente que sea la explicación, el solo hecho de que haya que salir a darla es un dolor de cabeza. Y cuando se debe salir a explicar una cuestión que roza la posibilidad de algo, digamos, incorrecto y que encima tiene por protagonista al presidente que se ve en la obligación de aumentar el precio de los servicios públicos 500% para terminar con una formidable distorsión económica provocada por doce años de demagogia y fantasía, muchísimo peor.

Esta es la situación que domina el ambiente mediático y político desde el domingo a la tarde, cuando se conocieron los pormenores de los llamados “Panama Papers”, que, entre otras cosas, develaron que Mauricio Macri figuraba como director de una empresa offshore con sede en Panamá.

Desde ese momento hasta ahora se han sabido muchos detalles del asunto divulgados de manera bastante inorgánica por el propio Presidente y por otra gente del Gobierno. Según esas aclaraciones, Macri simplemente llenaba un lugar de un requerimiento burocrático necesario para que Franco Macri —su padre— pudiera abrir, en 1998, esta empresa.

También se supo que el titular del grupo familiar había declarado, ante la entonces Dirección General Impositiva (DGI), la existencia de esa empresa y que esta no habría operado ni siquiera para lo que se suponían que eran los objetivos iniciales, esto es, llegar al mercado brasileño con el servicio de cobros exprés Pago Fácil. Continuar leyendo

El discurso del 1º de marzo

El presidente Mauricio Macri acaba de revelar que el despilfarro de recursos durante la administración de la señora Cristina Fernández sumó muchísimo más dinero que la corrupción. Al mismo tiempo, confirmó que dividirá en dos su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo: cincuenta minutos los dedicará a explicar el estado en que recibió el país y otro tanto a hablar del futuro.

Parece ser que la cuestión de la herencia recibida fue un tema de debate en el Gobierno ni bien asumió, el 10 de diciembre. Había claramente dos posturas: franquear el conocimiento de lo que se encontró o no hacerlo —al menos en ese momento— para evitar el pánico de la población. Obviamente, ganó esta última postura. Se trató, para nuestro humilde entender, de un error. De un grueso error.

En primer lugar, darle el gusto a un Gobierno corrupto y mentiroso (como nunca antes se había conocido en el país) de salirse con la suya, porque medio país seguía en la oscuridad informativa, parece un hecho de una injusticia mayúscula, máxime cuando quien lo hace no recibe ningún reconocimiento por eso, sino sólo palos y señales de revancha.

En segundo lugar, es inconsistente con la idea trasmitida más de una vez por quien hoy es presidente: la sociedad está madura para aceptar los cambios. Suponer que está madura para aceptar los cambios, pero no para escuchar las razones por las cuales hay que hacerlos supone una contradicción en los términos. Continuar leyendo

Niembro y Tucumán: dos casos de enorme repercusión

Obviamente dos hechos reunieron en estos días toda la atención: la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y la declaración de nulidad de las elecciones en Tucumán por la Cámara Contencioso Administrativa de esa provincia.

El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista. Continuar leyendo

La “cristinización” de Scioli, una carta peligrosa

Daniel Scioli decidió ponerse un traje de antipatía para enfrentar las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Quizás sea un primer ensayo sobre el curso de modales kirchneristas que, aparentemente, ha decidido tomar.

Durante meses -si no años- trató de convencer a media ciudadanía de que, pese a ser “un hombre del proyecto”, él era distinto, dialoguista, educado, de buenas maneras.

Pero el desastre que es su provincia puesto de manifiesto por la inclemente naturaleza, sumada a la falta de controles y a una administración ineficiente, parece haber sacado de su centro al gobernador, que no tuvo mejor idea que salir al cruce de Mauricio Macri, del peor modo.

Durante mucho tiempo vendió la imagen de la amistad y de la relación de respeto que lo unía al hoy candidato de Cambiemos. Pero bastó que este comentara los trabajos de ingeniería hidráulica que harían falta en la provincia de Buenos Aires y que no se han hecho en todos estos años, para que el gobernador saliera con los tapones de punta.

A su juicio también estaría mal que los candidatos de la oposición hayan hecho comentarios sobre las inundaciones: según Scioli, esos son aprovechamientos políticos de las desgracias. Continuar leyendo

El país frente a una dualidad

La Argentina está hoy ante una realidad dual. Por un lado existe, en muchas franjas de la sociedad, un marcado optimismo por el futuro. La percepción de que la traumática experiencia kirchnerista está llegando a su fin, alimenta la esperanza de un porvenir más amable, de un ambiente menos áspero en el que -al menos- disminuyan las altisonancias, el atropello, la prepotencia y, en muchos casos, la corrupción, los negocios inexplicables, las fortunas repentinas, el clasismo antiguo e hipócrita, la chabacanería, la falta de clase, la completa ausencia de jerarquía y señorío.

Esa cara de la moneda tiene incluso su impacto en los números. El precio de los activos financieros del país ha mejorado notoriamente y las tasas que pagan son efectivamente más bajas. Ha disminuido el riesgo país a la mitad de hace casi un año, aun cuando muchos títulos de deuda están es default. Si bien el mercado inmobiliario sigue desplomado, se han multiplicado las consultas para adquirir propiedades premium porque se entiende que están en un valor que pronto se multiplicará. Continuar leyendo

Siete años de Cristina Kirchner y la instalación de una extraña contracultura

El pasado miércoles 10 se cumplieron siete años desde que la Sra de Kirchner asumió por primera vez la presidencia. Si uno tuviera que hacer un raconto de cómo está el país después de esta experiencia, los resultados no podrían ser peores. No hay prácticamente terreno en el que la Argentina no haya retrocedido y donde la vida no se haya deteriorado en este lapso.

Las relaciones internacionales, la economía, la seguridad ciudadana, la educación, la cultura cívica, el respeto público, el clima de convivencia, la paz cotidiana, la tolerancia, la violencia verbal y física, las amenazas, el nivel de libertad individual, la independencia de la justicia, el desenvolvimiento de la prensa, en fin, todo lo que conforma la realidad diaria de un país ha sufrido un retroceso notable en estos años llenos de furia y de pretensión hegemónica del ejercicio del poder.

Los aliados más importantes de la Argentina de hoy son Venezuela, Irán, China y Rusia, cuatro regímenes que, por decir lo menos, ejercen el poder sin libertad, de modo autoritario y sin que rijan las garantías constitucionales mínimas de una democracia republicana. Cuando uno contrasta esa realidad con la afirmación de la presidente electa -y aun no asumida- de que su gobierno tendría como reflejo orientador el ejemplo de Alemania, no puede menos que agarrarse la cabeza. Continuar leyendo

Contrastes de la vida argentina

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

¿Se cortó solo o actuó bajo la indicación de alguien?

Después de tener un gran día por la noticia del Club de París, el gobierno recibió la decisión del juez Ariel Lijo de llamar a indagatoria al vicepresidente Amado Boudou como un balde agua fría. Obviamente se trata de una novedad de enorme importancia en la causa Ciccone. Tan importante como estirados han sido los plazos del juzgado para decidirla.

En medio de fuertes rumores sobre su desafección de la causa, el juez decidió hacer lugar al pedido del fiscal Di Lillo, que en el verano pasado había elevado esa petición atento a las pruebas que en su opinión se acumulan contra el vicepresidente.

Los considerandos del juez incluyen una ligera variante en la visión del caso. No solo espera interrogarlo sobre el ejercicio de acciones incompatibles con la función que Boudou ocupaba en ese momento -ministro de Economía- sino que tiene intención de saber si el hoy vicepresidente no quiso apropiarse de la empresa.

Ese detalle complicaría mucho más su posición porque las gestiones ante la AFIP ya no serían un mero “tráfico de influencias” sino una gestión para sí mismo, utilizando los organismos del Estado que integraba para favorecerse a sí mismo, en su patrimonio personal.

Son muchos los interrogantes que surgen a partir de esta novedad. En primer lugar, Boudou no ha sido citado solo. Vanderbroele, Nuñez Carmona y dos integrantes de la familia Ciccone también deberán responder las preguntas del juez. Eso puede provocar contradicciones y respuestas diferentes según sea lo que cada uno ese dispuesto a decir para cuidar su propia postura. Es posible que por razones políticas el vicepresidente esté dispuesto a llegar solo a cierto punto en su declaración, pero los demás que no tienen esos compromisos. ¿Callarán? Ese es un punto interesante a tener en cuenta.

El otro tema tiene que ver con la propia actuación del entonces ministro. ¿Se cortó solo o se movió bajo el amparo o quizás bajo la indicación de alguien?

Elisa Carrió sostiene en este punto que Boudou actuó por indicación de Néstor Kirchner. El periodista Hugo Alconada Mon destaca un sospechoso movimiento en la composición accionaria de The Old Fund (la teórica propietaria de Ciccone hasta su estatización) justo el día de la muerte de Kirchner a través de una sociedad uruguaya, denominada Dusbel, que si ni siquiera tenía radicación en la Argentina.

Por otro lado, Boudou se declaró distanciado de Nuñez Carmona pero sigue compartiendo el abogado. ¿Llevarán una táctica conjunta de declaración indagatoria?

Muchos consideran que dadas las características propias de este gobierno es imposible que una operación de esta magnitud pueda haber sido pensada y ejecutada por el ministro de economía para su propio beneficio sin la anuencia de autoridades superiores. Aún cuando haya sido una idea de Boudou, nadie cree que pueda haber actuado por las suyas.

También resultará interesante ver la reacción del gobierno, y particularmente de la presidente, Boudou ha sido su elegido en soledad. El nombramiento para la fórmula de 2011 sorprendió a más de uno y la responsabilidad por su elección lleva el nombre de Cristina Fernández en soledad.

Es muy posible, como ya ha sido insinuado por el ministro de Defensa Agustín Rossi, que el gobierno intente apoyarse en la figura de Mauricio Macri, que fue procesado por Oyarbide en el caso de las escuchas y que, aunque el juez Casanello anuló dichas actuaciones (decisión ahora apelada), se mantuvo en su cargo sin problemas mientras el caso se substanció.

También está la propia posición de Boudou, quizás la más disparatada de todas (aunque el gobierno la suscribió hoy en parte de la mano también de Rossi): declararse una víctima de “los sectores que no le perdonan haber estatizado las AFJP”. Esta versión es directamente risible.

Para asombro de todo el mercado asegurado por aquel sistema -que solo unos meses antes (y ante la presión del gobierno por lograr un “pasaje voluntario” al sistema de reparto para quedarse con todos esos recursos) se había expedido en una proporción de 8 a 2 a favor de mantener el sistema mixto de AFJP-, los operadores de aquellas compañías le entregaron el sistema envuelto para regalo con moño y todo. Jamás nos enteramos de que ninguna de aquellas empresas -muchas subsidiarias de bancos- hayan hecho un solo amague de defensa. El embretamiento al que el Estado había sujeto el mecanismo se había alejado completamente del espíritu original de construir un verdadero mercado de capitales y ninguno de los operadores estaba conforme con su funcionamiento. La estatización les sacó un problema de encima. ¿Quién se querría vengar de alguien que les hizo un favor?

Y por último, aunque no menos importante, está el aspecto institucional. El vicepresidente es quien ocupa la presidencia en caso de ausencia del presidente. Es más, el día de su indagatoria, la Sra de Kirchner estará en Brasil en la reunión de los BRICS si es que decide aceptar la invitación de Rusia para asistir, cosa que obviamente ocurrirá. De modo que Boudou será el presidente en ejercicio.

Pero estos son solo detalles para un gobierno que ha demostrado más de una vez no estar demasiado preocupado por las formalidades republicanas.

Lo cierto es que los meses que siguen serán muy importantes para develar (o intentar hacerlo) los vericuetos de uno de los casos de corrupción pública que más estrépito han causado y cuyas raíces se sospechan pero no se saben con certeza. El mismo día que la justicia suiza confirmó que Báez depositó en uno de sus bancos U$S 22 millones, también se abre el primer paso para saber si Boudou fue un vivo que quiso aprovechar el poder para enriquecerse o fue un engranaje de un poder mucho mayor que el suyo.