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El cepo cambiario y los salarios

Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias.

Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de la paridad oficial alejada de las opciones alternativas y accesibles, como el contado con liqui, o MEP, en Bolsa; y la racionalización de divisas para los importadores mientras se las entregan a una pequeña porción de los trabajadores para ahorro; como la persistencia de las retenciones de las exportaciones y cupos a las ventas de diversos productos de la canasta familiar; y la veda al acceso al mercado de deuda internacional, por no haberse querido cerrar el capítulo del default con los holdouts, entre otras tantas restricciones.

De ahí que, más allá de insistir con las diferencias y conveniencias entre las soluciones de shock o graduales, tanto para salir del cepo cambiario, como para bajar una de las principales causas de ese instrumento ad hoc, como el desborde del déficit fiscal y la consecuente consolidación de la inflación en el rango de dos dígitos altos, porque una de las principales fuentes de financiamiento es la emisión de pesos por parte del Banco Central, parece apropiado explicar que no parece válido creer que es imposible liberar el mercado de cambios sin que provoque un efecto pobreza, por caída proporcional de los salarios, en dólares, y aceleración de la inflación. Continuar leyendo →

Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales

Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica.

La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fue la de obligar a las compañías aseguradoras a desprenderse en menos de tres meses del exceso de bonos dolarizados con el claro objetivo de bajar el precio del dólar contado con liqui, pese a que había fracasado un mes antes cuando la Comisión Nacional de Valores adoptó una medida similar para las Fondos Comunes de Inversión. En este caso, el daño, de prosperar la norma, se manifestará más lentamente que en el caso de los FCI, porque sólo ocurrirá cuando las compañías tengan que cubrir siniestros que están directamente asociados al valor del dólar, independientemente de que las primas se paguen en pesos, como ocurre con el caso de los automotores que tienen más de 60% de componente importado y cuyo parque de más de 12 millones de unidades está compuesto por más de 50% de unidades foráneas.

La segunda medida, de carácter informal, porque se comunicó por vía telefónica y mensajes de texto en los celulares por parte del Banco Central a las entidades y de éstas a sus clientes, pero más efectiva que la anterior, fue el aumento del cepo de cambio a los importadores. Pasó de la discrecionalidad conocida en las autorizaciones de las DJAI (Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importación) a la reducción de las autorizaciones a las entidades bancarias a vender a clientes divisas por más de USD 75.000 diarios, cuando antes de las elecciones era de USD 150.000 y venía de un recorte a partir de las PASO desde USD 200.000. Con la nueva restricción abarcó a los grandes operadores turísticos y con ello a la población que estaba planificando viajar al exterior en los próximos meses.

Pero también se profundizó otra medida del Banco Central que minó a un más el campo de acción del próximo Gobierno, cualquiera sea el signo político, con las ventas de dólares a futuro por cifras hipermillonarias, unos USD 11.000 millones, que deberá pagar la diferencia de precio en pesos del cambio oficial entre el valor pactado y el real. En caso de unificación cambiaria a la paridad del contado con liqui significaría una inyección de pesos de unos $45.000 millones, sobre un excedente que algunos expertos estiman en más de $200.000 millones, dada la relación de convertibilidad y las reservas y la base monetaria, que se estacionó en 20 pesos.

Y a eso hay que agregar el efecto de los intereses devengados por los instrumentos de regulación monetaria, como las Lebacs, más aún luego de la cuarta medida del comienzo de la semana poselectoral de las tasas de esos instrumentos, y, por extensión de los tipos pisos para las colocaciones de pesos a plazo fijo, también para inducir a la baja del dólar contado con liqui.

Las reservas en divisas ya estarían en zona negativa
Mientras no se dispuso de medida alguna para frenar la caída de las reservas que ya están a niveles de más de nueve años atrás, a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los países emergentes en general y de la región en particular, vía fuertes devaluaciones de sus monedas, para tampoco perjudicar en exceso a la producción nacional y alentar las exportaciones, en detrimento de importaciones suntuarias.

Sin embargo, pese la acumulación de severas dificultades que enfrentan las empresas productoras de bienes y servicios, que se manifiestan en una capacidad ociosa de 30%; cierre de mercados de exportación y destrucción de empleo hormiga, con la mira puesta en un cambio que si no ocurre desde 10 de diciembre amenaza con potenciarse, porque se agotan las capacidades financieras, principalmente en los sectores de las medianas y empresas que no cuentan con el sostén de las casas matrices del exterior, los mercados financieros trasuntan una singular euforia, bajo el conocido argumento de que “siempre se anticipan y obran en consecuencia”.

Y si bien el último domingo los que votaron por un cambio de política se estima que estuvieron representados por casi dos tercios del electorado, no hay el mismo consenso de que, en caso de validarse el domingo 22 de noviembre, sobre las medidas de política económica que deberá tomar el nuevo Gobierno desde el mismo 10 de diciembre, dada la gravedad de los desbarajustes de los indicadores económicos, y sobre todo sociales, se caractericen por el gradualismo o el shock que aconseja la salida de situaciones desequilibrantes en todos los frentes, que varias veces tuvieron lugar en la Argentina desde fines de los años cincuenta.

Diversos interrogantes hasta el 10-D
Como dijo Juan Carlos de Pablo en un seminario de Thomson Reuters, “la política económica del nuevo Gobierno estará determinada más por las circunstancias que por la ideología”.

Es que nadie puede asegurar no sólo que nuevas medidas adoptará un Gobierno que no se quiso ir y que ya perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, sino cuál será la real magnitud del nivel de reservas en el Banco Central que ya son cada vez más que las ubican con saldo negativo sin el maquillaje del canje de monedas con China, depósitos retenidos de bonistas reestructurados que residen en el exterior, y deudas con importadores y empresas; o cuánto será la magnitud del rojo fiscal y los pagos atrasados y no declarados con proveedores del Estado; o cuántos anticipos por impuesto a la venta de combustibles cobrará la AFIP hasta fin de noviembre; entre otros muchos interrogantes, que parecen más inquietar a la economía real que a la minúscula participación de operadores en el mercado de capitales, sobre todo de renta variable, como son las acciones.

La Argentina atrasó dos décadas en el comercio exterior

Mientras el mundo fue avanzando hacia un intercambio de bienes y servicios cada vez más sofisticado, con el desarrollo de cadenas de valor agregado e innovación y progreso tecnológico, como camino obligado para elevar la calidad de vida del promedio de sus habitantes e incrementar las reservas en divisas, la Argentina se fue primarizando, cerró mercados y se abocó a una inexplicable política de sustitución de exportaciones por consumo interno, y perdió reservas.

Los resultados de ese proceso, que se agudizó desde la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, el restablecimiento de las Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importaciones, aún para sectores exportadores de bienes con incorporación de trabajo argentino, no sólo se manifiestan en las tensiones en el mercado de cambios por el drenaje de reservas, sino en la pérdida de mercados, por el deliberado cierre de la economía. Continuar leyendo →

Menos reservas y más deuda pública

La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es lo mismo la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional y el subsidio a todos aquellos que quieren viajar a consumir en el exterior.

Pero también se percibe con singular nitidez la creciente vulnerabilidad externa, pese al severo atraso de la estadística oficial de la deuda pública, en el notable deterioro de la relación de esos compromisos del agregado de los gobiernos nacional, provincial y municipal con el nivel de reservas en divisas del Banco Central.

Como primer ejercicio basta con considerar las reservas brutas de la autoridad monetaria, incluida toda la cosmética que se le fue agregando en el último año, comenzando por los crecientes atrasos en los pagos de importaciones, en las autorizaciones a las empresas de capital extranjero al giro de dividendos, y el canje de monedas con China por hasta el equivalente a USD 11.000 millones. A mediados de la profunda crisis de 2002 esa proporción era de casi 10 veces. O dicho de otro modo, la posición en divisas permitía pagar apenas el 10% de la deuda pública.

Desde entonces y hasta 2008, la normalización de la economía, con el logro de los siempre ponderados superávit gemelos, de las finanzas públicas y del sector externo, favorecidos por el comienzo de los canjes de deuda; la suba de los precios internacionales de las materias primas y la baja de las tasas de interés en los EEUU, las reservas se multiplicaron por más de cinco veces en seis años, mientras que la deuda bajó en unos USD 5.000 millones. De ahí surgió una relación entre esas dos variables de uno a tres.

Semejante logro se sostuvo por poco más de tres años, hasta que el 30 de octubre de 2011, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, le propuso a la presidente Cristina Kirchner imponer un cepo cambiario para intentar contener la sangría de capitales que a la postre trajo más costos que beneficios, porque provocó un singular perjuicio al comercio exterior argentino, y con ello a la posición de reservas, al abusar de las políticas restrictivas y desaliento a la inversión productiva.

Claramente que si desde fines de 2011 se depuraran las reservas del Banco Central de la cosmética que introdujo el cepo cambiario, porque generó deudas de los importadores por más de USD 6.000 millones; más atrasos en los giros de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero; y desde hace poco más de un año del canje de monedas con China por un total equivalente a USD 11.000 millones, la relación actual con la deuda pública se achica a menos del cinco por ciento, o la inversa, se amplía a una 20 veces.

El viento de frente, sólo una excusa
Si bien, pocos meses después aparecieron vientos de frente para la marcha de la economía argentina”, como fueron el cambio del ciclo alcista de los precios de las materias primas, y más recientemente el ingreso en recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y Venezuela, al tiempo que China desaceleró bruscamente su tasa de crecimiento, y con ello el apetito por alimentos argentinos, lo cierto es que el tremendo deterioro de la relación entre una deuda pública que se disparó camino al cielo, de la mano de un desbocado gasto público sin contrapartida en recursos genuinos, pese a que alcanzaron niveles récord en términos reales, y reservas en divisas cada vez más menguadas, tuvo su origen en singular desaciertos de política económica.

De este modo, un ejercicio conservador, que consiste en partir del último dato oficial de nivel de deuda pública, correspondiente a fines de diciembre de 2014, más las emisiones de bonos hasta hoy, y dividirlo por el total de reservas en divisas, arroja una relación de 8 a 9 veces, esto es la más alta desde la crisis de 2002. Claramente, las proporciones se achican notablemente si se compara sólo la porción de la deuda pública externa.

Sin embargo, esa simplificación carece de sentido para analizar la vulnerabilidad externa al fin de un ciclo de ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner, porque a ese estadio se llegó por haber hecho uso y abuso de la utilización de las reservas en divisas y sus rentas no sólo para afrontar compromisos externos e internos nominados en moneda extranjera, como fue a comienzos de octubre para pagar el rescate final del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sino también el creciente exceso de gasto público, que derivó en un déficit global de las finanzas públicas de un 10% del PBI.

La peor consecuencia de semejante desequilibrio es el severo deterioro del tejido social, porque con inflación firme en el rango de 25 a 30%, desaliento a la inversión y cepo cambiario que alimenta la fuga de capitales y traba el ingreso del resto del mundo, no sólo impidió al sector privado generar empleos netos, sino que agravó las situaciones de pobreza a una proporción cercana a un tercio de la población.

Nos quieren hacer creer que un dólar vale menos de 10 pesos

En su último mensaje en la Asamblea Anual de las Naciones Unidades, la presidente Cristina Kirchner hizo una rápida historia de la economía argentina, y al explicar a muy pocos líderes del mundo que se quedaron en el auditorio una de las causas de la crisis de deuda, sostuvo que “nos hicieron creer durante la convertibilidad que un dólar valía un peso”.

Es una pena que ahora, al fin de mandato, la Presidente no repare en que, como en los 90, nos quiere hacer creer que un dólar vale menos de $10, cuando en el mercado libre, donde realmente es posible comprar un billete, ya cotiza a más de $16, con una brecha al filo de 70%, y el consenso de los economistas estima que una paridad real debiera ubicarse entre 12 y 13 pesos, por la inflación que genera un déficit fiscal descontrolado.

Los mentores del derrumbe de la convertibilidad de la peor manera, devaluación, desdolarización, default y corralón para el retiro de depósitos, estimaron entonces que la brecha cambiaria entre el peso y el dólar era del orden de 40%. En este punto, pareciera que el escenario actual es peor que entonces. Más aún cuando los números del comercio exterior muestran que las exportaciones se derrumban a ritmo de más de 11% por segundo año consecutivo, en contraste con 14 años atrás, que sólo habían bajado transitoriamente por un período y el saldo de la balanza comercial superaba en más de tres veces al que, con alguna ingeniería contable del INDEC, se proyecta para todo 2015.

También los indicadores pobreza e indigencia, pese a que nos quieren hacer creer que son sustancialmente bajos, son sensiblemente peores a los que se obtenían en los últimos años de los noventa, como lo acaba de detectar un hallazgo periodístico del diario La Nación.

Del mismo modo, nos quieren hacer creer que los cuadros tarifarios no necesitan una revisión urgente para los sectores de altos ingresos, pese a que pueden pagar hasta más de diez veces los valores actuales sin que se vean comprometidas sus finanzas, para poder mantener los subsidios a la demanda de los segmentos de la población de bajos ingresos, esto es más de la mitad de los argentinos.

No sólo eso, para sostener el relato, el INDEC nos quiere hacer creer que el consumo en supermercados y shopping crece a tasas de dos dígitos altos, entre 10 y 20% en cantidades, respecto del año anterior, pese a que una simple división de los ingresos por ventas por el coeficiente de aumento real de los precios, arroja una caída real de 3% en el primer caso y una modesta suba de 5%, sobre un nivel singularmente bajo del año anterior.

Y para no abundar mucho más en falsas creencias, la Secretaría de Hacienda nos quiere hacer creer que el rojo de las finanzas públicas es menos de la tercera parte del real, porque considera como recursos genuinos el cómputo de ganancias contables del Banco Central y de la Anses.

La realidad se impone
Sin embargo, al final del día, o mejor dicho, de ocho años del gobierno de Cristina Kirchner, ya no hay forma de ocultar los severos desaciertos de política económica, como fue el error de cálculo del posible cambio de escenario internacional cuando en 2012 se le confiscaron a Repsol sus tenencias accionarias de YPF, y después de dos años decidió evitar juicios hipermillonarios en dólares y pagó por el 51% del capital de la petrolera mucho más que el valor actual del 100% en Bolsa.

Y si bien, el derrape del precio del petróleo y la crisis de Petrobras, jugaron un rol relevante, en la pérdida de capitalización de YPF, no se pueden soslayar los efectos derivados de la persistencia del default parcial de la deuda externa de la Argentina porque trabó el ingreso de inversiones extranjeras, salvo casos muy puntuales; el atraso del tipo de cambio que le restó competitividad externa; el cepo cambiario que restó fluidez a las importaciones de insumos y máquinas, en modo directo e indirecto; y el severo atraso del Plan Piloto de Vaca Muerta, porque sólo aparece como viable con una cotización de crudo superior a los USD80 el barril.

De ahí que a menos de un mes de las elecciones nacionales, y de tres meses del cambio de Gobierno, el consenso de los candidatos y sus técnicos reconocen la necesidad de revertir esas falsas creencias y comenzar de inmediato con el reordenamiento de las variables claves, para que la Argentina vuelva a convertirse en un país confiable y por tanto creíble.

Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos

La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos candidatos a acceder a la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre.

Una prueba clara que explica el malestar y la insatisfacción de parte de la dirigencia empresaria, aunque se abstuvo de explicitarlo para no generar ruidos ni malas interpretaciones en tiempos de campaña, la dio Axel Kicillof cuando en su presentación de las pautas de gastos y recursos para el año próximo consideró apropiado destacar ante los legisladores de la Cámara baja que “La intención es cumplir con las leyes como se ha hecho en estos 12 años y presentar un presupuesto adecuado, que es una ley fundamental para el manejo del Estado, no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido”. Esa sola mención puede interpretarse como que “hay intención de condicionar al gobierno que viene”.

Por eso, para no dejar dudas se considera hoy más que nunca que todos los candidatos, en especial los que presentan las mayores probabilidades de tomar las riendas de la Nación el 10 de diciembre, junto a sus equipos técnicos, se anticipen a explicitar sus objetivos e instrumentos para reencauzar la vida socio económica para el próximo año, a que los actuales legisladores, muchos de los cuales terminan su mandato el 9 de diciembre, voten un Presupuesto que más que nunca en 12 años se convirtió en papel mojado por sus postulados irreales. De ese modo, no sólo harán una esperada contribución al electorado para que sepa qué votará el próximo 25 de octubre, primero, y el 22 de noviembre, en caso de que sea necesario elegir al nuevo presidente en ballottage.

Es cierto que desde la vuelta del ejercicio de la democracia en 1983 nunca los máximos candidatos a la presidencia de la nación se ocuparon de explicitar la forma en que pensaban ejecutar su plataforma electoral, en particular en lo referentes a los instrumentos: medidas cambiarias, impositivas, monetarias, tarifarias. Pero eso no obsta para que exista una primera vez.

“Se nos va la vida”, decía un dirigente rural a semanas en que los productores deben decidir la siembra de granos de cosecha gruesa. “Ya tuvimos experiencia de sembrar con un presidente y cosechar con el que venía, y no nos fue bien. Y eso que se trataba del mismo, porque hubo renovación de mandato”, apuntaba con singular inquietud, recordando las trabas para importar insumos, las restricciones que imponen los ROE (Registros de Operaciones de Exportación); el atraso cambiario y la “sustitución de exportaciones” por el mercado interno.

Algunos economistas asesores de unos de los candidatos sostienen que “una salida gradual del cepo cambiario, no tendría impacto sobre los costos de las empresas, porque todas trabajan con un dólar real de 13 a 14 pesos”, que es la paridad implícita en las operaciones legales en el mercado bursátil, que el mercado bautizó “contado con liqui” y MEP.

Pero altos dirigentes del empresariado aseguran que no es así. “Si fuera así, nuestros costos en dólares serían un tercio más bajos que los que determinan el cambio oficial, y no estarían suspendiendo personal las terminales automotrices, fabricantes de componentes, etc. Y muchos sectores altamente dependientes de insumos importados, como en la rama química, petroquímica, y hasta de materiales para la construcción y productos de consumo masivo, no estarían comprando todo lo que le autorizan, independientemente de la demanda final, porque está descontando la próxima devaluación del peso”.

Los empresarios, por naturaleza, son siempre optimistas, porque además de su afán de querer ganar dinero, le suman la preocupación por sostener e incrementar las fuentes de trabajo. Estas han sido siempre, y más aún en un mundo globalizado, un activo clave para aumentar la riqueza de las naciones y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

Pero en el caso argentino agregan los altos niveles de capacidad ociosa que esperan ser reducidos en varios frentes, desde la mano de obra desocupada que bien medida se ubica en un rango de 11 a 20% de la población económicamente activa; pasando por la industria con casi un tercio del potencial; el agro, tanto de producción extensiva como intensiva (economías regionales); hasta la minería y el sector energético sustentable, hasta el sistema financiero que registra índices de uso del crédito y depósitos sobre el PBI que se ubican entre la mitad y la tercera parte de los que predominan en el vecindario.

Sólo se reclama ponerlos en valor con decisiones de políticas que pongan más el acento en impulsar los negocios de las empresas y de la generación de riqueza por el conjunto de la ciudadanía, que en potenciar un crecimiento burocrático e improductivo de un Estado que contribuyó a favorecer a cada vez menos y alejar a la Argentina no sólo de los mercados de deuda, sino para vender sus productos, para beneficio de sus vecinos.

Los empresarios y familias ya no quieren más sorpresas. Cuánto más se expliciten las decisiones de política económica y social que piensan ejecutar los candidatos, con sus claras mediciones de costos y beneficios: sociales y monetarios, más rápido el sector privado se moverá para reimpulsar la actividad, o ajustarse para perder menos, según sean sus expectativas de cuáles cree que serán más aceptadas por el electorado.

De lo contrario, esperar hasta el 10 de diciembre, y luego hacer el inventario de lo que se recibirá en términos de deuda social y financiera, sólo contribuirá a sostener las tensiones cambiarias, mantener elevada la inflación y estancada la actividad económica, más allá de que algún vuelo de corto aliento lleve a creer a algunos funcionarios que la Argentina transita por caminos de bonanza, pese a algunas turbulencias en el vecindario, y en especial en los principales socios comerciales.