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Ahorramos poco y escondemos mucho

La economía argentina arrastra una larga historia con muy pobres registros de tasa de inversión interna, reflejo de una débil vocación por el ahorro doméstico y de una recurrente fuga de capitales.

Claramente, la insistencia de los gobiernos de los últimos 80 años en querer volver a empezar, desconociendo los pocos y raros logros de las administraciones anteriores, explica gran parte de la debilidad que caracteriza a la moneda nacional y la pobre propensión a encarar emprendimientos de envergadura que no aseguren rápidas y altas tasas de ganancia.

Ahora se está frente a un escenario similar, después de cuatro años con estancamiento de la actividad económica y receso de la capacidad de generación de riqueza promedio por habitante, en un contexto de altísima inflación, y cepo para girar utilidades a casas matrices radicadas en el exterior.

Los datos a julio de la consultora de Orlando Ferreres sobre el desempeño de la inversión bruta interna fija, es decir, en construcciones y máquinas y equipos para la producción, dan cuenta de que no sólo se estancó en el nivel de marzo, sino que cayó a un paupérrimo 17% del PBI en valores corrientes, y 20% si se lo ajusta por inflación y tipo de cambio. Se trata de niveles que ubican a la Argentina por debajo de la mitad de la tabla en un listado de 179 países, posición 101, con 2,5 puntos porcentuales menos que el promedio mundial.

La consecuencia de semejante atraso, agravado por la veda al acceso al mercado internacional de capitales, aunque para algunos pueda ser un consuelo que esa tasa de inversión es mayor a la que registran países vecinos, como Brasil o Uruguay, es que se traduce en destrucción de fuentes de trabajo, porque la economía pierde competitividad, al punto que ya está en el puesto 104 sobre 144 países, según el último ránking del World Economic Forum.

Si a eso se agregan los efectos nocivos de una amplia vocación por el exceso de gasto público sobre los ingresos que se obtienen con el cobro de impuestos, al punto que no son pocos los políticos, incluidos algunos de los candidatos a la presidencia de la Nación, que sostienen que el déficit fiscal se puede corregir con el crecimiento de la economía, se comprende la costumbre que tienen muchos argentinos y residentes con capacidad de ahorro de atesorar en moneda extranjera, o en activos dolarizados.

Pero además, la larga historia de prohibiciones, exceso de regulaciones y hasta cepos, como el que en la actualidad rige para diversas operaciones de cambio, reservadas para muy pocos -menos del 6 por ciento de los trabajadores pueden comprar divisas para ahorro- incentiva la marginalidad de la economía, la cual se resiste a bajar del 40 ó 35%, sea en el mercado de trabajo, o en la generación agregada de riqueza.

De ahí que una de las metas que debería proponerse una buena administración del país es generar las condiciones para que los habitantes y empresas puedan recuperar capacidad de ahorro y se desactiven todas las normas y medidas que directa o indirectamente contribuyen a mantener altos índices de informalidad, como claramente acaba de pedir de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

De lo contrario, no sólo en la Argentina se continuará “ahorrando poco y escondiendo mucho”, como sintetizó en una conferencia el economista jefe de un banco, sino también con repetidos episodios de tensiones en el mercado de cambios, como los que reaparecieron desde fines de julio.

Obstáculos versus incentivos para generar divisas

La economía argentina ingresó a fines de octubre de 2011 en una trampa de la que pocos se atreven a salir, al menos de modo acelerado, porque temen encontrarse con un escenario peor: mayores daños sobre las empresas y más aún sobre muchas de las personas ocupadas en ellas.

Sin embargo, no se explica la existencia de esos temores, no sólo a la luz de la larga historia de más de 70 años con controles y restricciones en el mercado de cambios, sino del escenario que enfrentan más del 90% de las naciones que se desenvuelven con una única paridad cambiaria, esto es con un único precio para la misma mercancía, como explicó a comienzos de semana Luis Secco en Infobae. El análisis del economista no se fundamentó en una retórica interesada a favor de tal o cual agrupación política, sino en una radiografía que hicieron los expertos del Fondo Monetario Internacional el último año, pero que pocos han reparado en analizarla.

Uno de los principales temores que alertan economistas, ministros de economía de provincias y hasta ex presidentes y el actual presidente del Banco Central, es el impacto que sobre la inflación podría provocar una liberación del mercado de cambios para todas las transacciones comerciales y financieras, habida cuenta de la brecha de más de 60% entre el artificial tipo de cambio oficial y el libre, blue, paralelo, marginal, o ilegal, como prefiera leer el lector y de más del 40% con las paridades implícitas en las operaciones bursátiles, definidas como “contado con liqui” o MEP.

Llama la atención que esos expertos en la materia aún no hayan asimilado las diferencias entre el cambio en el nivel general de precios y la inflación, que es un aumento generalizado y sostenido, esto repetido semana a semana, mes a mes, en el conjunto de los precios de la economía.

Un aumento de una vez se produciría en algunos precios de la economía si la libre flotación del tipo de cambio de pesos por dólar fuera parte de un plan integral y consistente de política económica que comprendiera no sólo el mercado de cambios, sino también las políticas monetaria, fiscal, tarifaria y comercial, para revertir los abultados desequilibrios macroeconómicos acumulados desde que se impuso el cepo a fines de octubre de 2011, aunque no necesariamente todos originados en esa restricción.

Por el contrario, una suba generalizada y persistente de la mayoría de los precios de la economía sería el efecto que provocaría una salida gradual y por tanto parcial del cepo cambiario, porque sólo, en el mejor de los casos, podría derivar en la pérdida de dinámica de los desequilibrios macroeconómicos, que se sintetizan en una tasa de inflación y tasas de interés en el rango de dos dígitos porcentuales anuales, pero no los eliminaría.

Cuidan reservas que igual se consumen
Durante casi cuatro años la política económica se concentró en poner obstáculos a la generación de divisas, para “cuidar” las reservas del Banco Central, pese a que se fueron consumiendo con el pago de compromisos financieros impostergables, y con el algunas importaciones básicas, como de energía, determinada gama de autos, motos e insumos para la industria electrónica, pero no mucho más. Aunque se lo disimuló con el swap de monedas con China, por el cual se abultaron las reservas en más de u$s8.000 millones.

Ahora, los equipos técnicos de los candidatos a la presidencia, desde el caso extremo del oficialismo, hasta los de la oposición, reconocen la necesidad de romper el cepo cambiario, aunque la mayoría se inclina por una estrategia gradualista, por sus explícitos temores a generar más inflación, pobreza y recesión.

Poco o nada manifiestan esos técnicos de tener intenciones de eliminar de una vez los obstáculos y recrear los incentivos para generar divisas tanto a través del comercio exterior, con una paridad cambiaria libre, y por tanto flotante, sacar las retenciones y cupos a las exportaciones de alimentos donde el país históricamente sobresalió por sus ventajas competitivas que brinda una geografía singular; y también a través de la atracción de inversiones con políticas que fomenten la explotación de los amplios recursos ociosos: naturales, humanos y financieros; junto a normas claras y contundentes que tiendan al restablecimiento del equilibrio fiscal, para despejar las inquietudes sobre aumento de la presión tributaria y emisión de dinero para financiar déficit creciente y, por supuesto, salir del estado de default parcial con bonistas, modo de facilitar el recupero del financiamiento externo.

En el mundo hay bastas experiencias de casos que han logrado salir de situaciones traumáticas de cepos cambiarios, alta inflación y cierre de la economía en forma rápida y sostenida, para dar paso a un estadio de crecimiento saludable, con más inversión, empleo y reducción de la pobreza.

Se sabe que el cuadro actual difiere del caso extremo de la crisis de 2001 y eso se considera una restricción para seguir una política de shock como ocurrió al comienzo de 2002, pero la capacidad ociosa en la industria si bien no es de 50% es elevada, con un promedio de casi 30% y el desempleo no es del 20%, pero bien medido el 6,6% que informó el Indec se convierte en más de 11%, si la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo no hubiese caído de 46,7% a 44,5 por ciento.

Juan Carlos de Pablo recordó en su Newsletter semanal Contexto que “Rudiger Wilhelm Dornbusch se inmortalizó con una monografía que publicó en 1976. “Expectations and exchange rate dynamics” (Journal of political economy, 86, 6, diciembre). En el referido trabajo explicó que cuando se produce alguna alteración en el sistema económico, algunos mercados ajustan con más velocidad que otros. En particular, el mercado cambiario ajusta de manera instantánea. Por ende, cuando se produce alguna alteración, la modificación inicial del tipo de cambio exagera la modificación final (se produce “sobreajuste”). Ejemplo: en la Argentina, luego del abandono de la convertibilidad, el tipo de cambio pasó de $1 a $4, pero luego no siguió a $8 sino que se redujo a $3”. En ese año, aún sin la intervención del Indec, la tasa de inflación no voló al 200% entre puntas, sino a 40,9% y en 2003 había caído a 3,7% anual.

De ahí que no se explica que los equipos técnicos de dos de los tres candidatos sostengan en público, y también en privado, que “la inflación bajará al rango de un dígito en 4 años”, más aún cuando reconocen que los desequilibrios actuales no alcanzaron aún la magnitud que mostraban en el momento de la crisis económica e institucional de 2001. Por tanto, no hay explicaciones lógicas para convivir con obstáculos tanto tiempo, porque no hay duda, por los abundantes antecedentes, que si se aplican incentivos para generar divisas los resultados virtuosos sobre la sociedad y la economía se verán más temprano que tarde, que si se persiste con vallas que sólo se prometen levantar gradualmente.

La clase media, un sector en extinción

La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras naciones, en particular con las más desarrolladas, las cuales aparecen como cada vez más lejanas, los indicadores que hacen referencia a la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

No hay duda de que en comparación con el escenario recesivo que disparó la crisis institucional de 2001 y que derivó en una singular depresión el año siguiente con una salida traumática de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, porque careció de plan integral y sustentable y se basó en el default con acreedores internacionales que aún no se quiere cerrar plenamente pese a un fallo judicial adverso, cualquier indicador económico o social es hoy mejor que entonces.

Pero la mala noticia es que hace cuatro años que la economía, bien medida, dejó de crecer, porque el exagerado incentivo al consumo interno, sin un correlato con incentivos similares a los otros componentes de la demanda agregada como las exportaciones y la inversión bruta interna, derivó no sólo en la destrucción de empleos, sino también cerró oportunidades laborales a centenares de miles de jóvenes. Esos indicadores de por sí impiden mejorar indicadores claves como los de estado de pobreza e indigencia.

Más cantidad, por menos calidad
De ahí que pese a los esfuerzos que hizo el Gobierno inicialmente con los subsidios sociales y la movilidad jubilatoria, incorporando a miles de personas que nunca aportaron como amas de casa, y otras con pocos años laborales declarados, sólo pudo reducir en los últimos años el estado de indigencia, pero a costa de incrementar sensiblemente el segmento que revista como pobre y de ingresos medios bajo, según demostró un nuevo trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

Es que uno de los determinantes del escenario recesivo de los últimos años, coincidente con la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, tras agotarse los efectos de la intervención del Indec desde 2007 para subestimar la inflación y los índices sociales vinculados como la pobreza e indigencia, fueron la aceleración del alza de los precios que provocó el financiamiento del abultado déficit fiscal con emisión del Banco Central y ahora se agregó la colocación de deuda entre bancos, empresas y algunos particulares, y también el cierre de la economía.

Esas restricciones, junto a las crecientes necesidades de importación de energía, por el agotamiento de las reservas comprobadas, impidieron al Gobierno mantener el poder de compra de los subsidios sociales, como las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Plan Familias, y otros, porque sus preferencias presupuestarias se concentraron en otras áreas, como promover el empleo en la administración pública para una minúscula proporción de la población, para atenuar el impacto de la destrucción de empleos privados.

El resultado final que se desprende de la estadística del Indec de Distribución del Ingreso de los Hogares y su relación con el salario mínimo vital y móvil, es que en los últimos siete años el sector que reunió recursos monetarios medio y medio alto apenas representó el 11% del total; el de ingreso medio bajo se elevó de 29 a 33%, y también se incrementó la proporción de pobres de 30 a 32% del total. Por el contrario declinaron las posiciones extremas: dos puntos porcentuales la de altos ingresos a 1% del total y 4 puntos porcentuales la franja de indigencia que pasó de 27 a 23% de los hogares.

La continuidad por espacio de más de 13 años de los planes asistenciales, con menos presupuesto relativo, pero mayor cantidad de beneficiarios, por espacio de más de 13 años, no hace más que certificar que la buscada inclusión social constituye un objetivo inalcanzable con políticas que se apoyan en la intervención del organismo oficial de estadísticas; cierre de la economía; persistencia del default selectivo, y desequilibrio fiscal que erosiona las reservas del Banco Central y alimenta el impuesto inflacionario, porque perpetúan la estanflación, y con ello alimentan la pobreza, sostienen elevada la indigencia y destruye lo que una vez fue la clásica clase media de la población, que comprendía a una nutrida porción de la población.

Ganancias ya casi grava la pobreza

Históricamente el Impuesto a las Ganancias, que sucedió al original bautizado a las rentas, comprendía a las empresas y a trabajadores, asalariados y autónomos de elevados ingresos, con el explícito propósito de contribuir a una mejor distribución de la riqueza hacia los que menos tienen, sea a través de su aporte indirecto al financiamiento de los planes sociales, sea para encarar obras de infraestructura en todo el país. Por eso lo recaudado con ese tributo es coparticipable con el conjunto de las provincias.

Sin embargo, desde la salida de la convertibilidad y el regreso a un ambiente de alta inflación, como mecanismo histórico de las políticas populistas para financiar el gasto social, se dejó arbitrariamente de actualizar los mínimos no imponibles en forma automática por la variación de los precios para el caso de los trabajadores (con muy limitadas excepciones) y no se reactivó la autorización de los ajustes por inflación de los balances de las empresas, en ese caso por la variación de los precios mayoristas no agropecuarios que calcula el Indec. Continuar leyendo →

Paritarias e ilusión monetaria

A la luz del comienzo de las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores, con la intermediación del Ministerio de Trabajo para homologar lo que se convenga, muchos economistas y políticos se esperanzan en que ese proceso derive en la mejora del clima de negocios y consecuentemente del humor de las familias, porque inmediatamente proyectan una resurrección del consumo.

Claramente, que es el mejor deseo que esas expectativas no se vean defraudadas y que la economía empiece a salir más temprano que tarde de la faz recesiva que ya acumula más de 18 meses y cuya tendencia afianza su divorcio de lo que se prevé para el promedio mundial.

Sin embargo, pensar que el escenario puede cambiar de un día para otro por el mero hecho de que comenzará a cerrarse otra ronda de paritarias en los diferentes gremios, porque asumen que muchos trabajadores (los convencionados) van a recuperar capacidad de consumo, parece subestimar la magnitud del deterioro de los presupuestos personales, en forma generalizada por el efecto de la inflación diaria, y agravada en muchos casos por la vuelta de las suspensiones y despidos, y la acumulación de deudas, no necesariamente con el sistema financiero.

De ahí que en muchos casos, a medida que mejoren los haberes, los cuales como es práctica no tendrá lugar de “una vez”, sino en dos y hasta tres cuotas hasta fin de año e incluso principios del siguiente, sólo podrán cancelar compromisos pendientes, al tiempo que parte del aumento volverá a diluirse con una inflación que no sólo se manifiesta firme en el rango de 2% mensual, sino que además en muchos casos una porción variable de la suba nominal será absorbida inmediatamente por la AFIP porque considera a salarios que superan en más de dos veces al promedio como Ganancias, pese a que esa referencia no asegura esa condición, y menos aún capacidad de ahorro.

Sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad en una economía altamente inflacionaria, que mantiene a la Argentina en los primeros puestos del ránking mundial, como acaba de mostrar el Fondo Monetario Internacional con estimaciones tomadas de los organismos oficiales de cada país, puede hacer creer que el mero aumento de los salarios posibilitará elevar el poder de compra. Pero la realidad está muy lejos de avalar esa probabilidad.

Los primeros datos de actividad del primer trimestre, sea de recaudación, como de estimaciones privadas de la actividad manufacturera, revelan una recesión que ya acumula entre 13 y 18 meses, según el sector que se tome, mientras no se advierten señales de modificación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, que justifiquen esperar un cambio de tendencia.

Incluso, en los mercados financiero y cambiario, que como es costumbre operan con la mira en el futuro, también se percibe un punto de giro, porque las perspectivas de cambio que percibían hasta una semana atrás se vieron alcanzadas por la incertidumbre que prevalece en la economía real.

Por tanto es deseable que ocurra un cambio y que la inversión, el consumo, la producción y el comercio exterior retomen la senda del crecimiento, pero eso no podrá ocurrir de modo sustentable y por tanto sostenido, sino viene acompañado de un giro hacia la disciplina fiscal y monetaria y desanudar las ataduras que afectan a la economía real, es decir tanto a la producción, como al empleo y consecuentemente al real poder de compra de los salarios.

El uso político de la economía

La Presidente dedicó el primer tercio de su balance de gestión antes de dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional a los singulares logros en materia económica y se amplió a más de la mitad de su oratoria de poco más de tres horas y medias si se toman en cuenta las referencias a los aspectos sociales vinculados con la economía, como los programas asistenciales, los salarios docentes y las obras de infraestructura.

El uso político de la economía quedó puesto de manifiesto en el tiempo y prioridad que le dio Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, sino fundamentalmente en destacar como grandes méritos a lo que fueron claros fracasos, y principalmente en omitir muchos de ellos.

Entre los primeros la Presidente resaltó la política de desendeudamiento, tanto en términos absolutos, dólares, como también en valores relativos al nivel del PBI, producto de la quita de unos u$s65 mil millones con el canje da en default en 2005; el pago al FMI de u$s9.530 millones al FMI en los primeros días de enero de 2006 y haber concretado otros pagos por unos u$s70.000 millones en los últimos doce años.

Sin embargo, pese a esas realidades, los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación dan cuenta de que mientras la deuda pública total, interna y externa, era equivalente a fines de diciembre de 2001, último año de la convertibilidad fija de un peso y un dólar, a u$s144.500 millones y 53,7% del PBI, en junio de 2003 asciende a u$s152.600 millones y 138,7% del PBI; desciende a un mínimo de u$s125.400 millones en septiembre de 2005, un 61% del PBI. Desde ese momento y pese a los pagos efectuados con uso de reservas y aumento de la presión tributaria sobre las empresas y también los asalariados, escaló a junio de 2014, último dato, a u$s198.900 millones. Al cambio oficial representó 43% del PBI, pero al libre actual se amplía a más de 58% del PBI.

También fue un claro fracaso la supuesta industrialización de la economía, porque no sólo el conjunto del sector manufacturero perdió participación en el PBI, sino también en la contribución a generar empleos respecto del total registrado, e incluso en su aporte a la generación de divisas si se agrega el componente energía y combustibles.

La Presidente ponderó que la Argentina registra el nivel de industrialización más alto de América Latina al alcanzar el 20% del PBI, relegando a segundo lugar a México que, según dijo, es de 17,5% del PBI; Perú 14% y Brasil 12%. Sin embargo, de las cuentas nacionales surge que dicho 20% a precios de 2004, cuya serie comienza en 2006, es equivalente a 15,7% a precios del PBI de 1993, y representa un punto porcentuales menos que en 2003 y más de dos puntos porcentuales por debajo del pico de 18,2% que había alcanzado veinte años antes.

Tampoco la estadística oficial avala el logro de la disminución de la primarización de las exportaciones, esto es la mayor participación de las ventas al exterior de manufacturas industriales no agropecuarias y de energía y combustibles sobre el total del sectores productores de bienes generadores de divisas, porque de un promedio de 41,2% en los 90 y un pico de más de 49% en los últimos dos años de la convertibilidad cayó a 40% del total en el último año.

En línea con la contundencia de esos datos, las devaluadas estadísticas del Indec también revelan que el empleo registrado en el sector manufacturero si bien creció en los últimos once años en un 50%, esto es 400 mil puestos netos, respecto del total, público y privado, que aporta al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, declinó de 24,2% en 1994 a 17,7% en junio de 2003 y a 15,1% en el último dato a septiembre pasado.

Del mismo modo podría cuestionarse la relación del salario mínimo vital y móvil actual de $4.716, como el más alto de América Latina, porque los u$s530 al cambio oficial se reduce a menos de 365 al dólar libre.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec no avala la referencia que hizo la Presidente a la creación de seis millones de empleos, tanto en el agregado de los 31 aglomerados urbanos relavados, como incluso la extrapolación al total nacional. El aumento neto entre mediados de 2003 y fines de 2014 fue de 3,6 millones de personas, y se amplía poco más de 5 millones si se toma como referencia el mínimo anotado en mayo de 2002, bajo el inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, quien entregó el mando un año después con la economía en recuperación y creación de 1,4 millones de puestos de trabajo netos.

Los grandes ausentes
La Presidente decidió omitir aspectos relevantes de la economía donde el país ocupa los primeros puestos en el mundo, por su nivel de descrédito de la gestión.

Entre ellos sobresalen una tasa de inflación que pasó en los últimos ocho años de tasas de un dígito porcentual al año a un rango de dos dígitos altos, más de 35% en la actualidad.

El nivel de pobreza e indigencia, también en el rango de dos dígitos porcentuales de la población total, razón por la cual se dejó de elaborar la estadística a partir de la segunda mitad de 2013.

La fuga de capitales, que pasó de un total acumulado de 109 millones de dólares a fines de 2001 y 122.500 millones en diciembre de 2003 a 154.000 millones en 2007 y a más de u$s227.000 millones en el último dato a septiembre de 2014, según comunicó el Indec, por la política hostil contra la inversión extranjera directa y el impuesto inflacionario.

También estuvieron ausentes en el balance de gestión que hizo Cristina Kirchner las referencias al aumento de la carga impositiva sobre los ingresos de los trabajadores y las ganancias de las empresas en unos 15 puntos porcentuales en términos del PBI, en forma agregada, por la concurrencia de la no actualización de los mínimos no imponibles y permitir el ajuste de los balances por inflación, sino también por el impuesto inflacionario que se suma por el desfase entre el período del aumento nominal de los salarios y jubilaciones, cada un período medio de seis meses, y la suba diaria del promedio de precios de la economía.

Y pese al singular incremento de la presión tributaria, el resultado de las finanzas públicas pasó de un superávit de más de dos por ciento del PBI a un déficit pico de 8,2% en diciembre último y más de 4% en el promedio de 2014, sólo a nivel nacional. Deben agregarse un par de puntos de desequilibrio de las provincias y municipios y también el cuasi fiscal que genera el Banco Central con el financiamiento a tasa cero al Tesoro nacional y pago de tasas de más de 26% anual a los tomadores de Letras y Notas, principalmente bancos e inversores institucionales, como la Anses, compañías de seguro y fondos de inversión.

También se omitió toda referencia al cepo cambiario, las trabas impuestas a las importaciones y la política deliberada de apreciación del peso, los cuales se aunaron para provocar una severa pérdida de competitividad de la producción nacional y la consecuente contracción del comercio exterior argentino.

La lista del uso político de la economía podría continuar con la deliberada desactualización de los cuadros tarifarios de las empresas de servicios públicos, en particular para los sectores de medianos y altos ingresos; o las deficiencias en materia de infraestructura, porque las obras, energéticas, viales, portuarias, amén de las necesidades de asistencia educativa y hospitalaria estuvieron lejos de cubrir las necesidades de la población y de las empresas, entre otras, amén de la persistencia del default de parte de la deuda pública y la consecuente imposibilidad de acceder al mercado internacional de capitales a tasas de menos de 5% anual, como le ofrecen a países vecinos y tener que aceptar costos de casi el 9% anual, como el que asumió YPF pocas semanas atrás.