Por: Daniel Sticco
La economía argentina arrastra una larga historia con muy pobres registros de tasa de inversión interna, reflejo de una débil vocación por el ahorro doméstico y de una recurrente fuga de capitales.
Claramente, la insistencia de los gobiernos de los últimos 80 años en querer volver a empezar, desconociendo los pocos y raros logros de las administraciones anteriores, explica gran parte de la debilidad que caracteriza a la moneda nacional y la pobre propensión a encarar emprendimientos de envergadura que no aseguren rápidas y altas tasas de ganancia.
Ahora se está frente a un escenario similar, después de cuatro años con estancamiento de la actividad económica y receso de la capacidad de generación de riqueza promedio por habitante, en un contexto de altísima inflación, y cepo para girar utilidades a casas matrices radicadas en el exterior.
Los datos a julio de la consultora de Orlando Ferreres sobre el desempeño de la inversión bruta interna fija, es decir, en construcciones y máquinas y equipos para la producción, dan cuenta de que no sólo se estancó en el nivel de marzo, sino que cayó a un paupérrimo 17% del PBI en valores corrientes, y 20% si se lo ajusta por inflación y tipo de cambio. Se trata de niveles que ubican a la Argentina por debajo de la mitad de la tabla en un listado de 179 países, posición 101, con 2,5 puntos porcentuales menos que el promedio mundial.
La consecuencia de semejante atraso, agravado por la veda al acceso al mercado internacional de capitales, aunque para algunos pueda ser un consuelo que esa tasa de inversión es mayor a la que registran países vecinos, como Brasil o Uruguay, es que se traduce en destrucción de fuentes de trabajo, porque la economía pierde competitividad, al punto que ya está en el puesto 104 sobre 144 países, según el último ránking del World Economic Forum.
Si a eso se agregan los efectos nocivos de una amplia vocación por el exceso de gasto público sobre los ingresos que se obtienen con el cobro de impuestos, al punto que no son pocos los políticos, incluidos algunos de los candidatos a la presidencia de la Nación, que sostienen que el déficit fiscal se puede corregir con el crecimiento de la economía, se comprende la costumbre que tienen muchos argentinos y residentes con capacidad de ahorro de atesorar en moneda extranjera, o en activos dolarizados.
Pero además, la larga historia de prohibiciones, exceso de regulaciones y hasta cepos, como el que en la actualidad rige para diversas operaciones de cambio, reservadas para muy pocos -menos del 6 por ciento de los trabajadores pueden comprar divisas para ahorro- incentiva la marginalidad de la economía, la cual se resiste a bajar del 40 ó 35%, sea en el mercado de trabajo, o en la generación agregada de riqueza.
De ahí que una de las metas que debería proponerse una buena administración del país es generar las condiciones para que los habitantes y empresas puedan recuperar capacidad de ahorro y se desactiven todas las normas y medidas que directa o indirectamente contribuyen a mantener altos índices de informalidad, como claramente acaba de pedir de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.
De lo contrario, no sólo en la Argentina se continuará “ahorrando poco y escondiendo mucho”, como sintetizó en una conferencia el economista jefe de un banco, sino también con repetidos episodios de tensiones en el mercado de cambios, como los que reaparecieron desde fines de julio.