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El daño ya está hecho

La sorpresiva interrupción de la venta de divisas a los importadores que hizo el Banco Central en tres de los primeros cinco días hábiles de febrero agregó una nueva mancha a la política gubernamental argentina, y profundizó el descrédito para operar con el país, salvo muy pocos sectores privilegiados, como las importaciones energéticas, de partes y trenes chinos y productores fueguinos.

Ya desde hace un año se advirtió que entre las prioridades del Gobierno está la de poner límite a una tasa de inflación que a meses de terminar 2014 se había disparado hasta el 40% al año y prenunciaba un camino al cielo, al mejor estilo de los ochenta.

Para lograr ese objetivo, que por ahora parece tender a lograrse, apeló a la vieja y fracasada receta de anclar el tipo de cambio, oficial y libre, con nuevo desenganche de la economía internacional, donde las monedas de los principales socios comerciales se deprecian aceleradamente respecto del dólar en una búsqueda desesperada de no perder competitividad. Además, alentó la demanda de dólar ahorro a costa de negarle divisas a la producción e inversión del sector privado no energético ni fueguino, en la convicción de que de ese modo lubricaría el mercado libre de divisas.

Con esos movimientos, junto a la contabilidad creativa que significa contabilizar como reservas un canje de monedas con China, el Gobierno logró atenuar el drenaje de divisas del Banco Central, pero al costo de intensificar la recesión y alimentar la desconfianza en el resto del mundo.

La virtual salida del radar internacional, por el empecinamiento de extender el default con los bonistas que no aceptaron las condiciones de canje de la deuda pública declarada en cesación de pagos a fines de 2001 y haber caído en default técnico con bonistas (holdin) que residen en el exterior, explica que el fenómeno no se manifieste en la suba del indicador de Riesgo País que elabora el banco JP Morgan.

Pero aunque ahora se prometió regularizar la situación no se podrá evitar el señalado efecto del mayor descrédito generado en el segmento comercial, porque muchos proveedores de la Argentina, no vinculados societariamente con empresas radicadas en el país, han experimentado la posibilidad de incumplimientos de condiciones de pago por parte de sus clientes, y por tanto pondrán mayores exigencias, al recorte de plazos que habían dispuesto desde que rige el cepo cambiario.

Ahora resulta que ahorrar en dólares está bueno

Y pese a que en el último año se destruyeron casi 500 mil empleos, en forma generalizada y extendida en la geografía nacional, según las devaluadas estadísticas oficiales, parece no inquietar a las autoridades económicas avanzar en la dirección que conduce a agravar ese proceso. Más aún, porque en el “déjà vu” al que nos tiene acostumbrado el equipo económico se agregó ahora la decisión del Banco Central de intentar alentar el ahorro en dólares, a tasas de 2,45 a 3,20% anual, en un renovada búsqueda de opciones para apuntalar las debilitadas reservas en divisas, pese a que hasta hace poco criticaba con dureza a quien elegía al dólar como refugio de valor, en lugar del peso.

Se sabe que los 31.300 millones de dólares en términos brutos se reducen a cero cuando se le restan todos los factores que en rigor constituyen pasivos de la autoridad monetaria, como la parte de los depósitos en dólares del sector privado que no son devueltos al sistema a través de préstamos a exportadores; la deuda con los proveedores de los importadores; el swap de monedas con China; los dólares del default selectivo con los bonistas que aceptaron los canjes pero no pueden cobrar por estar radicados en el exterior y se resisten a abrir cuentas en la Argentina; además de créditos del Banco de Francia, entre otros.

Con ese cuadro y pese a la recesión que afecta a gran parte de la industria nacional y fundamentalmente a las economías regionales, a las cuales se les niega la quita de retenciones y por el contrario se las castiga con la deliberada apreciación del peso, para no hablar del siempre ponderado atraso cambiario como herramienta siempre fallida de ancla de la inflación y reaseguro de perjuicio a los sectores exportadores, el aumento de los precios al consumidor volvió a la senda del dos por ciento en enero y se perfila también alto para febrero y marzo.

De este modo, se avanza sin pausa y con prisa a extender los daños que sufre la economía desde que se impuso el cepo cambiario desde octubre de 2011 con medidas que ahora buscan alentar el ahorro en divisas para poder dar curso a los pagos atrasados con los importadores sin perder reservas, en la esperanza de que una vez más “la avaricia de los inversores supere al miedo”, pese a la aún fresca memoria de la crisis del 2001, cuando debutó el corralito financiero.

No obstante, los asesores de la Presidente le hicieron creer que “la Argentina avanza en el proceso de reindustrialización se que se inició en 2004″, luego de anunciar inversiones minúsculas por 200 millones de pesos, apenas poco más de lo que sorteó anoche el juego del LOTO, esto es menos de 20 millones de dólares, ignorando no sólo que el Banco Central había informado que en todo 2014 la inversión extranjera directa no alcanzó a u$s2.000 millones, esto es menos de 0,5% del PBI, sino también los datos del Indec que dieron cuenta de que la participación del sector industrial en el PBI que era de 20% en 2004, se elevó a 20,8% en 2011, y desde entonces, por efecto del cepo cambiario, declinó a menos de 19,7%. En los ’90, aplicando la metodología de cálculo actual del Indec, el conjunto de las manufacturas generaba más de 20,5% del PBI.

Habrá que esperar al 2017 para volver a crecer

El 2014 terminó de la peor manera: alta inflación, acentuada recesión, creciente endeudamiento del sector público, destrucción de empleos, merma del poder de compra de los salarios y jubilaciones, y arrastre negativos en todas las variables, en particular las sociales.

No se trata de predicciones personales, ni de previsiones de las consultoras privadas, sino de la simple lectura de la catarata de indicadores que en los dos últimos días del año difundió el Indec, con la pasividad que lo caracteriza y sin ameritar explicación alguna por el ministro de Economía, o de Trabajo y menos aún de los secretarios de Estado de cada área. Es lógico, ¿qué podrían haber argumentado?, que sus recetas y recomendaciones de política fracasaron, o que eso era lo que buscaban negando las enseñanzas más básicas de la ciencia económica, la cual muchos ignoran que es una ciencia social y que por tanto los desaciertos afectan severamente a las personas, más a las físicas que a las jurídicas (empresas). Continuar leyendo →

Se acepta el ajuste privado pero no el público

Cada semana aparecen nuevos indicadores que dan cuenta de una agudización del cuadro recesivo, con alta inflación, destrucción de empleos en el sector privado y sostenida expansión del gasto público asistido por el financiamiento sin límite por parte del Banco Central de la República Argentina.

Tanto la serie de despidos y suspensiones de la consultora Tendencias Económicas, como el relevamiento mensual de SEL Consultores, revelaron que en los últimos meses se intensificó la destrucción de empleos, principalmente en las empresas privadas, y que las proyecciones de las compañías líderes para el próximo año anticipan que ese proceso se extenderá.

Además, el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la producción, el comercio, las inmobiliarias y en otros servicios, como los que ofrecen las concesionarias de automotores, las compañías de salud, las casas de cambio y sociedades de Bolsa, entre otras, se da en un escenario de baja de los salarios en términos reales, porque las empresas buscan mostrarse “amarretes” en las concesiones de ajustes a la tasa de inflación, a cambio de mostrarse también conservadoras a la hora de reducir la nómina de personal.

Claramente, la severa contracción de la actividad productiva y comercial que provoca la continuidad y agudización del cepo cambiario, pese a las probadas consecuencias negativas, y que se agravó con la decisión de las nuevas autoridades del Banco Central de acentuar el atraso cambiario respecto del aumento de los costos de las empresas, porque profundizó la pérdida de competitividad de la producción nacional, explica la política laboral que siguen las empresas privadas.

Por el contrario, no se perciben esas tendencias en el sector público, donde el gasto crece a una tasa que supera en más de siete puntos porcentuales a la tasa de inflación que miden las consultoras privadas y duplica en exceso a la suba de precios que reconoce el Indec, el empleo se expande a una tasa de 2,7% por año y acumula más de 6 por ciento en el trienio y por tanto la masa salarial crece más que en el ámbito privado.

Hay que destacar que pese a que el empleo del sector público representa menos de un cuarto del total de los puestos de trabajo en el sector privado y que la población crece a un ritmo inferior a uno por ciento al año, entre 2011 y 2014 se elevó en una proporción de casi uno a (90.000 nuevos puestos netos versus 110.000 fuera de ese ámbito).

Más recesión o reactivación de calidad
Frente a esa realidad, los economistas referentes de los partidos políticos que con más chances de ganar en las próximas elecciones presidenciales, aseguran que sus programas económicos se caracterizarán por el gradualismo más que por ajuste de shock, porque “encarar un plan de severo ajuste fiscal no será soportado socialmente, sería un caos, afirman”. Aquí cabe recordar una vieja reflexión del líder radical Ricardo Balbín: “Los argumentos que usan los políticos para llegar, no sirven luego para sostenerse”.

Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿no están viviendo en los agentes económicos del sector privado un caos creciente desde hace tres años, por no ir más lejos, -aunque sin llegar al extremo de la crisis del verano de 2002- soportando no sólo exceso de regulaciones, precios administrados y “cuidados”, aumento de la presión tributaria, sea por suba de alícuotas en los impuestos y tasas provinciales y municipales, sea por el empecinamiento del Poder Ejecutivo de no autorizar los ajustes por inflación de los balances y en el caso de las personas físicas la actualización de las escalas y mínimos no imponibles de Ganancias, tanto para asalariados como más aún para trabajadores autónomos; la discrecionalidad en la forma y tiempo de autorización de los pagos de importaciones, aún de insumos y partes esenciales para la salud; los cupos o directamente prohibiciones de exportar y ahora las denuncias de supuestas maniobras de evasión, lavado de dinero y sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones; así como sanciones a casas de Bolsa, de cambio y también bancos por no haber cumplido en tiempo y forma con algunas formalidades menores; además de la discrecionalidad en el manejo de la política cambiaria, centrada en cerrar cada vez más la economía, porque aleja la competitividad de la producción nacional con la del resto del planeta?

Por el contrario, en el sector público nacional reconocen que se asiste a la profundización de la política fiscal expansiva, entendida por el aumento sin techo del gasto público, con brecha creciente sobre lo que posibilita la dinámica de la recaudación de impuestos y los pedidos de anticipación de liquidación de exportaciones a las cerealeras y sojeras, como el señalado impuesto inflacionario por no ajustar los mínimos no imponible. Y que esa brecha neta negativa entre ingresos y gastos es la responsable no sólo del exceso de emisión por parte del Banco Central, sino también de la sostenida pérdida de reservas de divisas porque el Poder Ejecutivo ha decidido desde 2007 usar esa caja para pagar gastos corrientes, como importaciones de energía, gas y petróleo, además de los crecientes servicios de la deuda pública.

Corregir semejantes distorsiones en las finanzas públicas, que, como se dijo, arrastran a desequilibrios en lo monetario y cambiario, porque terminan afectando la balanza de pagos por la cuenta comercial y también capital, al desalentar la llegada de inversiones de largo plazo y su financiamiento, más allá del conflicto con los holdouts, no pareciera que se pueda hacer en forma efectiva con políticas gradualistas. Requieren acciones de shock como en su momento fueron el Plan Austral en 1985, o la Convertibilidad en 1991, para no ir más lejos, pero a diferencia de esas experiencias fallidas, en lugar de abortarlos a mitad de camino, se requiere sostenerlo con el norte puesto en el saneamiento de las cuentas públicas y la liberación de las ataduras que se le fueron imponiendo al sector privado.

Se suele argumentar que hacer eso hoy implicaría profundizar la recesión y generar un caos social, con una tasa de desempleo que se podría desbocar a más de 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, quienes así piensan están subestimando el caos que enfrenta gran parte de la actividad privada que reconoce que los empleados están perdiendo poder de compra y a muchos de ellos se les envía el telegrama de despido, además de que no repone las vacantes que se producen, porque por el aumento de los costos y la pérdida de competitividad cambiaria, ve caer los niveles de ventas y las ganancias, que sólo crecen nominalmente y son transferidas en proporciones crecientes a la AFIP, pero no vuelven en mejores servicios e infraestructura para la sociedad.

Está claramente demostrado que la empresa privada es sensiblemente más eficiente que la pública, y por tanto bajar el gasto en la administración, despidiendo a punteros políticos y aplicando una política racional de remuneraciones, en particular para los nuevos puestos para “jóvenes sobresalientes” que no encontraban una ocupación en la actividad privada productiva, y reduciendo la presión tributaria a empresas y trabajadores; junto con la eliminación de los cepos, cupos y toda la maraña de prohibiciones que afectan el clima de negocios, y reducción de la presión tributaria, redundarán en una singular tonificación de la actividad productiva y comercial que con la generación de empleos de calidad compensará con creces aquella destrucción de empleos improductivos.

Más controles y menos ideas

Día a día los indicadores de la economía real y financiera muestran un severo deterioro y paso a un estado de desbarajuste cuya reversión provocará mayores costos cuánto más lejos se asuma la necesidad de implementar un cambio drástico. Pero frente a esa realidad, cuya máxima expresión es la destrucción de empleos privados y generalización del recorte de la jornada laboral, con su consecuente efecto contractivo sobre los ingresos nominales de muchos trabajadores, las autoridades económicas se muestran ausentes y sólo aparecen para actos protocolares o almuerzos con algunos empresarios para hablar sobre las preocupaciones de las consecuencias del plan de gobierno, en lugar de aceptar planteos sobre las causas que explican el delicado cuadro actual.

Esa actitud explica que en las últimas semanas se haya decidido intensificar el cepo cambiario a las importaciones. Y en la presente, en invadir la city con mega operativos policíacos con ayuda de oficiales de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de la Unidad de Investigación Financiera y del INAE, en la seguridad de que no iban a encontrar nada que comprometiera a entidades financieras, casas de Bolsa y casas de cambio, porque el objetivo no era ese sino sólo atemorizar al público para que dejara de operar.

Por un momento esa estrategia posibilitó achicar el volumen de operaciones y con ello también el precio del nuevo índice de riesgo país: el dólar contado con liqui. Sin embargo, en la medida en que no se dé un giro rotundo en la política, ese curso de los precios será meramente transitorio, porque seguirán vivas las causas que los impulsan, como la agudización de la pérdida de capacidad de generación de divisas que el Indec dio cuenta en su informe sobre el Intercambio Comercial Argentino en septiembre.

Con una soja que en sólo cuatro meses pasó de 558 a 334 dólares la tonelada en el mercado internacional, aunque a los productores argentinos se les retiene compulsivamente el 35% de esos precios antes de cualquier impuesto o gasto, el equipo económico encontró el argumento fácil para explicar las dificultades que enfrenta para acumular reservas. Pero no alcanza para culpar por qué se acelera la inflación, se profundiza la recesión y que el saldo comercial fuera en septiembre el menor para ese mes en los últimos catorce años.

Estrategia incompleta
Y como de las causas de los problemas no se habla, Economía decidió trabajar contrarreloj en el armado de un nuevo festival de bonos en busca del financiamiento que necesita para llegar a fin de mandato sin las arcas vacías. Pero el objetivo no podrá ser alcanzado si, como se ve a diario en el Boletín Oficial, el Jefe de Gabinete sigue autorizando aumentos del gasto público y validando la incorporación de personal en los diferentes organismos del estado, a costa de ampliar a niveles ya insoportables del déficit fiscal, que llevan a fogonear la inflación y alimentar el atraso cambiario para comercio exterior.

La emisión de bonos ajustables por la paridad cambiaria oficial no generará divisas, pero sí quitará grados de libertad a la hora de tener que devaluar, salvo que se opte por una severa baja del gasto público que posibilite bajar retenciones, ajustar balances por inflación y elevar los mínimos no imponibles para los asalariados, o simplemente persiga el objetivo de limitar la acción del próximo gobierno, al cual ya le espera una tarea ardua para revertir el déficit fiscal, la escalada de la inflación, la destrucción de empleos y seducir a inversores en actividades productivas de largo plazo.

La ceguera del equipo económico no le permite ver como cada medida que implementó en los últimos tres años tuvo el efecto opuesto al buscado, y por tanto no advierte que la solución está a la vuelta de la esquina: incentivar el ahorro, quitar el cepo a la exportación e importación y, abandonar la indisciplina fiscal, para poder liberar recursos al sector privado, que es el único que podrá revertir este ciclo que se encamina a una depresión más temprana que tarde.

No se trata de ser apocalíptico, sino simplemente de aceptar que el paso de una economía que crecía al 5% a otra que cae más de 4%, y más aún en el caso de la industria manufacturera, o que la inflación se desbocó de 25% a más de 40% y las reservas del Banco Central mantienen una tendencia fuertemente contractiva en un escenario de recesión interna y cepo creciente a las importaciones, dan claras muestras de que la economía hace meses que abandonó la etapa de la estanflación (estancamiento con inflación) para ingresar en un estadio de alta recesión.

Por ahora las estimaciones de las consultoras privadas y del Fondo Monetario indican que el receso es modesto para este año y algunos incluso arriesgan un punto de quiebre en 2015, pero las correcciones que ya se advierten en diversos estudios y los nuevos indicadores de comercio exterior del Indec anticipan que el último trimestre será peor de lo que esperaban. El cuadro sólo podrá cambiar si el equipo económico decide comenzar a revisar los desaciertos de política en lugar de seguir actuando infructuosamente contra las consecuencias.

Aceleración hacia el desempleo

El deterioro de las variables reales, como la producción, la inversión y el empleo van camino a intensificarse a una velocidad muy superior a la que proyectan las cautas previsiones del consenso de las consultoras privadas. No se trata de hacer futurología, sino simplemente de observar la dinámica de esas variables en los últimos tres años y más aún las iniciativas de un equipo económico que carece de ideas innovadoras y superadoras y que por el contrario, impulsa proyectos fracasados.

Ya casi no hay sector de la economía que no dé señales de caída muy fuerte de la actividad productiva y comercial, interna y externa, que superan con creces las tímidas bajas que miden, en forma agregada, las consultoras privadas, en torno a menos de 2% en el primer semestre, y que sostienen que se ampliaría a un limitado rango de 3 a 3,5 por ciento, en el peor de los casos en la segunda mitad del año, porque “el ejercicio ya está jugado”, justifican.

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¿Los salarios subieron o realmente bajaron?

La larga historia que tiene la Argentina en materia de inflación y sus grandes daños que ha provocado en los últimos setenta años, con algunas pocas excepciones, aún no llegó a calar hondo en gran parte de la dirigencia política, no sólo del pasado, sino también presente e incluso algunos de los que aspiran a gobernar, porque creen que se debe hacer una baja gradual del ritmo de aumento de los precios al consumidor.

Esta semana la Presidente destacó que “los sueldos después de las paritarias son bastante mejores, por lo que va a haber mayor capacidad” de ahorro de los trabajadores. “Va a ser la misma cuota que el año pasado, pero con una paritaria que no es la del año pasado”, enfatizó, al anunciar el Pro.Cre.Auto, destinado a “volver a una producción de 750 mil vehículos en los próximos 12 meses, a través del incentivo de la demanda con financiamiento blando”.

Claramente, Cristina Kirchner se refirió a que, en general, los salarios son “mayores” que los del año pasado por efecto de las paritarias, pero no necesariamente son mejores, porque pese al aumento promedio nominal de 28%, tanto para los trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, como en el sector público, su capacidad de compra disminuyó casi 8% en sólo un año, para quienes no vieron afectada la carga laboral horaria habitual.

La realidad de la Argentina de los últimos doce meses indica que no sólo ya se acumulan tres trimestres consecutivos de retracción del PBI en comparación con los tres meses en valores no afectados por la estacionalidad, sino también dos en el cotejo interanual, y en particular en muchos sectores ya no sólo no hay espacio para trabajar horas extras para reforzar el ingreso del trabajador, sino que peor aún sufren recorte de la jornada laboral semanal, como ocurre en la rama automotriz, la construcción, las inmobiliarias, y también en el comercio y la industria hotelera, entre otras.

Además, el aumento medio salarial de 28% se ha registrado en el empleo formal, pero éste representa apenas poco más de la mitad del total ocupados en el país, el resto se distribuye casi en partes iguales entre asalariados no registrados que perciben remuneraciones muy inferiores a la media nacional y trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

Menor capacidad de consumo

De ahí que si se considera la masa salarial y otras remuneraciones al trabajo, entendida por el producto de la cantidad de ocupados e ingreso de bolsillo, se llega a una disminución del poder de compra de la población superior a 10%, fenómeno que luce compatible con el notable receso que se observa en el consumo de bienes durables y también no durables, como diversos alimentos. Por tanto, si bien la dirigencia empresaria no pudo menos que respaldar la iniciativa del Gobierno de ampliar los créditos blandos para la compra de un auto 0Km, no cabe duda de que la efectividad de la medida quedará rápidamente demostrada que será mínima.

En primer término, porque suponer que una familia con un ingreso total 8.807 pesos puede comprar un auto pagando una cuota de 2.642 pesos, a los que deberá agregar como mínimo 200 pesos de seguro obligatorio contra terceros, otros 200 pesos para el pago de la patente y unos 400 pesos de combustibles, podrá vivir con un remanente de poco menos de 5.400 pesos al mes, es desconocer la carestía que afecta a la mayoría de los hogares argentinos.

El Indec acaba de informar que más de 40% de los jefe de hogar percibe un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que más de 60% de las familias obtiene por mes recursos monetarios mayores a los citados 8.807 pesos, incluyendo no sólo el fruto del trabajo, sino también el amplio set de planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional.

Sólo el 20% de los hogares, que perciben un ingreso promedio mayor a 16.700 pesos, probablemente pueda acceder a los créditos blandos del Banco Nación para adquirir un auto económico de 94.000 pesos, siempre que del saldo de 12.300 pesos, no tenga que destinar 3.300 pesos para pagar un alquiler de un pequeño departamento y prescinda de gastos de viaje para ir al trabajo.

El Indec también comunicó el último martes que la brecha de ingresos entre el que más y menos gana se achicó de 14,2 a 13,8 veces en el caso de los hogares, y de 17,4 a 16,1 veces en el de los jefes de familia, en un contexto donde el organismo de estadística indicó que el conjunto de los trabajadores asalariados captó el 51,4% de la generación de riqueza de todo el país, 2,5 puntos porcentuales más que un año antes.

Ahora bien, en un contexto de alta inflación y consecuente tensión cambiaria que llevó a un fuerte aumento de la paridad entre el peso y el dólar en enero, ¿puede afirmarse que recibir una porción más grande de la generación del total de la riqueza en el país es condición suficiente para decir que se está mejor? La contundencia de las estadísticas oficiales mostraron claramente que no: en el primer trimestre de 2013 con un PBI equivalente anual de 585.667 millones de dólares el conjunto de los trabajadores asalariados obtuvo 283.362 millones de dólares, un año después el PBI en dólares bajó a 478.255 millones de dólares y los asalariados, considerados en forma agregada captaron 245.823 millones. De ahí surge una pérdida real en dólares de 14,2%, en sólo un año. El ejercicio al cambio libre determina un ingreso sustancialmente menor (164.668 millones de dólares para el último período), pero la pérdida en términos relativos fue similar, 12,1 por ciento.

Por tanto, si realmente hay voluntad política de querer reanimar la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, con más salarios y mayores oportunidades laborales, es fundamental dejar de poner el carro delante de los caballos (incentivar el uso del crédito para consumo durable) y por el contrario comenzar a poner los caballos delante del carro: bajar la inflación con políticas tradiciones; impulsar el crédito para la inversión productiva; desarmar la maraña de fracasados programas de controles de precios: administrados, protegidos y cuidados; reducir la presión tributaria que pesa sobre los presupuestos de todos los trabajadores y de las empresas); encarar la disciplina fiscal en la ejecución del gasto; levantar el cepo cambiario, racionalizar los subsidios; eliminar las retenciones y ser más eficiente en el cobro de Ganancias a los sectores capaces de general altas rentas; junto con una salida consensuada del último capítulo del default por los canales institucionales, antes que por la vía de discursos, solicitadas y seudas conferencias de prensa del ministro de Economía.