Por: Daniel Sticco
El deterioro de las variables reales, como la producción, la inversión y el empleo van camino a intensificarse a una velocidad muy superior a la que proyectan las cautas previsiones del consenso de las consultoras privadas. No se trata de hacer futurología, sino simplemente de observar la dinámica de esas variables en los últimos tres años y más aún las iniciativas de un equipo económico que carece de ideas innovadoras y superadoras y que por el contrario, impulsa proyectos fracasados.
Ya casi no hay sector de la economía que no dé señales de caída muy fuerte de la actividad productiva y comercial, interna y externa, que superan con creces las tímidas bajas que miden, en forma agregada, las consultoras privadas, en torno a menos de 2% en el primer semestre, y que sostienen que se ampliaría a un limitado rango de 3 a 3,5 por ciento, en el peor de los casos en la segunda mitad del año, porque “el ejercicio ya está jugado”, justifican.
Sin embargo, cuando se advierten que a diario cierran empresas, sean autopartistas, imprentas o frigoríficos, que se suman a las crecientes vacancias de los locales comerciales en las principales arterias de los centros urbanos del país, como el achicamiento de la cantidad de inmobiliarias y concesionarias, por caída de ventas, y baja hasta el consumo de alimentos esenciales, se concluye que la destrucción de empleos, por ahora centrada en la actividad privada, ingresó en un ciclo de aceleración, por incapacidad de las empresas para sostener la nómina con menos ingresos.
Frente a ese cuadro, las autoridades económicas han decidido impulsar la reducción de las tasas de interés, para incentivar el crédito para consumo, sin tomar nota que por ese camino ha agregado mayores obstáculos para alimentar la masa real de recursos privados orientados para ese fin, porque la contrapartida es el desincentivo al ahorro en moneda nacional en el circuito bancario por una renta que asegura fuertes pérdidas por inflación. De modo que la reacción rápida de quienes pueden fue refugiar los saldos reales en pesos en la compra de dólares, conspirando aún más contra el consumo de todo tipo de bienes, durables inicialmente, y no durables también ahora.
Más intervencionismo
Esa no es la única nueva señal desacertada para revertir el cuadro recesivo y poner freno a la destrucción del empleo en la industria, la construcción, el comercio, y en las empresas de servicios esenciales de electricidad, gas y agua, como revelaron primero las devaluadas estadísticas del Indec y luego del Ministerio de Trabajo, que ya reconoce un cuadro de incertidumbre y crisis. La inmediata anterior fue la de incurrir en desacato con la justicia de los EEUU a la que se eligió para definir el pleito con los holdouts y ampliar el default de la deuda pública del limitado 7,6% de la deuda pública, luego de los acuerdos celebrados con las empresas que acudieron al CIADI, Repsol y el Club de París. Y la actual, que levantó la ira de los empresarios, fue la presentación de proyectos de ley destinados a regular al extremo las actividades productivas y comerciales, bajo el pomposo argumento de defender el derecho de los cada vez menos consumidores.
La mejor manera defender los derechos de los consumidores, es decir de las familias que residen en el país, es facilitar a las empresas productivas y comerciales las condiciones para impulsar la inversión y la venta de sus productos interna y externamente, porque de ese modo, no sólo podrán aumentar la generación de riqueza y la calidad de vida de los trabajadores, sino también abrir oportunidades laborales para quienes en los últimos años se han retirado del mercado de trabajo por caer en el desaliento, o han sido absorbidos por tareas improductivas en el sector público o resignarse a la dependencia de algún plan asistencial de Gobierno.
Sin embargo, una vez más, aunque luego de un intervalo de más de 40 años que parecían olvidados, el Secretario de Comercio reunió a los empresarios industriales para anticiparles la decisión del Gobierno de virtualmente comenzar a quedarse con sus empresas, y adelantarles que aprovechando las mayorías legislativas se modificará la mal llamada Ley de Abastecimiento por otra que, de sancionarse, debiera bautizarse de expropiación de empresas, porque eso es lo que en la práctica sucederá si se habilita a los poderes ejecutivos, nacional y provincial, en condiciones regulares, a que determinen qué se debe producir, a qué precio, cómo distribuirlos y negarles la libertad de emprender con la asunción de riesgos de ganancias y pérdidas.
El artículo 2 del proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento dice: “a) Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas; b) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación distribución y/o producción; c) disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como así también en la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación; y d) requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta”.
Mientras que en el artículo tercero establece: “Los gobernadores de provincia y/o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por sí o por intermedio de los organismos o funcionarios que determinen, podrán fijar dentro de sus respectivas jurisdicción precios máximos y las pertinentes medidas complementarias”.
La sólo presentación de la iniciativa ya determinó una parálisis de los pocos proyectos de inversión que estaban en cartera y aceleró el cierre de establecimientos fabriles muy afectados por un violento receso, con la consecuente aceleración de la destrucción de empleos y aumento de la conflictividad laboral que comenzó desde que as fines de 2011 se impusieron el cepo cambiario y la intensificación de la regulación de la economía privada, mientras se desmadran las finanzas públicas e impulsa la inflación, al financiar el rojo fiscal como más emisión del Banco Central en un escenario de incertidumbre y alta desconfianza.