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Más inconsistencias en la medición del nuevo PBI

El viernes último el Ministerio de Economía cumplió con la promesa de informar el resultado de la revisión del método de cálculo de la generación de riqueza por el conjunto de los residentes a precios de 2004, a partir de la nueva metodología que sigue para medir la inflación, empalmando con la serie a precios de 1993. Sin embargo, lejos de haber contribuido a disipar la pérdida de credibilidad de las cuentas públicas las ha potenciado, principalmente las elaboradas por el Indec y Economía.

Es que ahora las cuentas nacionales reflejaron claras incongruencias, tanto con la serie anterior como también con la realidad, además de haber transparentado parte de los enormes costos monetarios y sociales que provocó la intervención de forma el Indec por parte de Guillermo Moreno, como ya he analizado en varias notas entre el viernes y lunes último.

A modo de rápido repaso destaco que la reestimación del PBI utilizando precios más cercanos a la realidad corrigió la pérdida de representatividad de los productores de bienes, y redujo la exagerada sobreponderación que habían adquirido los servicios. Pero sorprendió que entre éstos, se observaran varios casos que ahora tienen más contribución a la generación de riqueza, como el comercio, y en menor medida los servicios sociales y de hotelería y restaurantes.

El punto es que si en los servicios en general se calcula su PBI en términos reales a partir de valores monetarios a los que se le saca el efecto de la inflación, si el deflactor pasa de 10% como estimaba el Indec con la estructura de gastos de 1993 a un rango más cercano a 25% como para 2013 midieron las consultoras privadas y en parte corrigió el nuevo IPC Nacional Urbano desde enero último, tendrían que haber crecido en valores constantes menos, y por tanto haber perdido peso en el total.

También se explicó cómo sorprendió el fuerte aumento del PBI en pesos corrientes, y consecuentemente en dólares al cambio oficial promedio de 2013, porque, como analicé en la semana, era de esperar que los productores de bienes aumentaran su incidencia en el cálculo en pesos, no en términos reales porque en ese caso las cifras eran indiscutibles (cantidad de automotores, cosechas, fabricación de bebidas, acero, cemento, refinación de petróleo, etc.), mientras que entre los servicios se esperaba estabilidad del PBI en pesos corrientes que se había informado a precios de 1993, pero menor crecimiento en términos reales. Pero no fue así: el PBI en pesos corrientes de los servicios se elevó en más de 293.000 millones para 2012, equivalente a 1.580 dólares por habitante al tipo de cambio oficial.

Sobreestimación de la apertura de la economía

Otras grandes incongruencias que surgieron en las nuevas cuentas nacionales que pude detectar fue en el caso de los componentes de la oferta (PBI más importaciones) y demanda global (consumo público y privado, inversión y exportaciones), en particular en el grado de apertura de la economía, la cual se mide como proporción del PBI que tiene la suma del comercio con el exterior (compras y ventas). A precios de 1993 esa relación era de 25,4%, mientras que a precios de 2004 se elevó a casi 40 por ciento del PBI.

Como se sabe, las exportaciones totales en el último año sumaron 81.660 millones de dólares y las importaciones u$s73.656 millones, equivalente en forma agregada a 31,2% del PBI, con un superávit resultante de 1,6% del producto. Sin embargo, de las nuevas cuentas nacionales surgió que el resultado del intercambio fue deficitario en 4,7 puntos del PBI. Ese desequilibrio pudo haber explicado la crisis cambiaria de fines de 2013 y principios de 2014 que derivó en la devaluación del peso del 15% en un día y 25% en un mes. Pero no fue así, aun cuando se expliquen uno o dos puntos porcentuales por el déficit que generan los seguros y fletes de esas transacciones con el resto del mundo.

En donde no dejó dudas la reestimación del PBI fue que no pudo ocultar como desde el cepo cambiario de fines de 2011, las importaciones que se quisieron limitar disminuyeron menos que las exportaciones y la tasa de inversión de la economía interrumpió el ritmo de aumento de los años previos, retornando a la gravitación que tenía seis años antes.

¿Estaremos en 2015 mejor que en 2007?

Antes de sacar una conclusión, me parece apropiado ir por partes y analizar los principales tópicos de la economía, de los más sensibles a los más duros que, claramente, son los responsables del desempeño de los primeros.

La ocurrencia de este balance de gestión y la herencia que queda para el próximo gobierno, cuando aún resta más de un año para concluir el segundo mandato presidencial, surgió a partir de los dichos de la Presidente cuando caía la tarde del lunes, sobre que dejará un país mejor al que recibió. Fue en un breve mensaje por videoconferencia desde la Casa Rosada cuando reinauguraba una planta que elaborará biodiesel en Timbúes, Santa Fe, luego de una inversión de 480 millones de dólares que completó en noviembre de 2013, pero que estaba paralizada por las sanciones comerciales que impuso la Europea, ante la lenta reacción del Gobierno nacional.

Está claro que el balance de gestión debe hacerse desde el comienzo de 2008, es decir cotejar los indicadores sociales y económicos con los que las cuentas nacionales registraban en 2007, y no como a veces se pretende hacer con 2003, o peor aún respecto de los niveles posteriores a la crisis de 2001 cuando la Argentina cayó en una profunda depresión, porque no sólo correspondió a otro presidente, sino porque no luce sensato hacer una evaluación de desempeño contra uno de los peores momentos de la historia política, económica y social. Del mismo modo que no parece sensato que otras presidencias se compararan con los cuadros que existían en 1989, 1975, 1958, 1949, u otros de los tantos años malos de la historia argentina y que dieron origen a nuevas administraciones.

Y si bien aún parece prematuro hacer un balance sobre qué país, en el orden económico y social, dejará Cristina Kirchner a fin de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, la magnitud de los desajustes macroeconómicos generados desde 2008 y las acciones espasmódicas con la que se vienen tomando medidas desde el cambio parcial de gabinete el 20 de noviembre último, no alientan un giro radical que permita, al menos, volver a los niveles de fines de 2007.

 

Algunos indicadores sensibles
Pobreza e indigencia: El resultado de los grandes desaciertos de política económica desde 2008, con la intensificación de los controles, el aumento de la presión tributaria y ahora el encarecimiento del crédito, fue la amplificación de los focos de precariedad de las familias argentinas, al punto que más del 40% de los jefes de hogar perciben ingresos menores al salario mínimo vital y móvil y estudios privados como el Observatorio Social de la UCA y el IDELAS de la UCES ubican largamente por arriba de 25%. Sin embargo, el Indec no sólo dejó de publicar sus estadísticas, las cuales indicaban un índice de pobreza de apenas 3,7% de los grupos habitacionales, en contraste con 13,8% que informó para el segundo semestre de 2007, sino que peor aún, ahora el jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

Mercado de trabajo: La generación neta de empleos pasó de 284 mil puestos netos en 2007 a 119 mil en 2013, aunque ahora no fue menor por efecto de las desmedidas incorporaciones en el sector público, porque el privado acumuló un trienio de estancamiento y las expectativas para este año son más de destrucción de posiciones que de incorporaciones netas. Y si bien la tasa de desempleo se redujo a niveles mínimos históricos en más de 20 años, se explica fundamentalmente por el efecto desaliento al aumento de la oferta de trabajadores, ante las limitadas oportunidades para obtener un empleo genuino.

PBI: El crecimiento de la economía pasó de tasas de más de 8% anual acumulativo y con escasos cuestionamientos, a un cuasi estancamiento desde 2012 y perspectivas moderadamente recesivas para el corriente año, pese a que el contexto internacional se mantiene favorable para la Argentina, a juzgar por el nivel de precios de las materias primas que más exporta el país, por la activa demanda de alimentos y de minerales metalíferos de China. Las complicaciones comerciales con Brasil tienen su origen más en acciones aisladas del gobierno local, como las trabas al pago de importaciones, que en las dificultades del mayor socio en el Mercosur para crecer a tasas superiores a tres por ciento. Ese cuadro desalentó la inversión productiva, tanto de origen externo como también doméstico y se acentuaron las limitaciones de la infraestructura, aunque el Gobierno hizo esfuerzos para disimularla con importaciones de combustibles y aumento sostenido del precio de los combustibles para alimentar la caja de la ahora YPF con predominio estatal.

Inflación: De un ritmo de un dígito alto se pasó a dos dígitos elevados, con tendencia indefinida, como consecuencia del abandono de la política de solvencia fiscal, pese a que se forzó al extremo el aumento de los impuestos, porque el gasto alcanzó una dinámica desenfrenada de tal magnitud que hizo que el financiamiento del Banco Central con emisión no fuera suficiente y se debió recurrir al endeudamiento interno con organismos descentralizados, con el costo de provocar la escalada de las tasas de interés. De un superávit fiscal equivalente a 1,1% del PBI pasó a un rojo de 4,6 por ciento y medido por la variación de la deuda pública neta se expandió de 8.000 millones de dólares a 12.500 millones de dólares. La consecuencia de ese proceso fue el rápido debilitamiento de la capacidad de consumo de las familias, una severa caída de la confianza de las familias y un golpe adicional a la pobre inversión productiva.

Sector externo: La persistencia de alto nivel de inflación, pese a la política de precios administrados, junto con los recurrentes cambios de las regulaciones del comercio y una política arbitraria de pagos de importaciones como estrategia de resguardo de las reservas del Banco Central, minaron las posibilidades de concretar nuevos negocios de exportación, más allá de los vinculados con la colocación de la cosecha de soja y derivados primarios, principalmente. La consecuencia fue un acelerado deterioro de la posición de divisas de la autoridad monetaria, de más de 46.000 millones de dólares que se computaron a fines de 2007 a poco menos de 31.000 millones al cierre de 2013 y actualmente se mantienen por debajo de 29.000 millones, pese a la estacionalidad favorable del comercio exterior.

Por tanto, más que pensar qué país se dejará el 10 de diciembre de 2015 sería mejor que la Presidente y su equipo aceptaran escuchar a los referentes de los partidos de oposición y también a los empresarios sobre sus reclamos para que la Argentina avance hacia un salto de calidad que permita no tanto contentarse en la herencia que recibirá el próximo gobierno, sino mejor aún para poder comenzar ya a transitar el futuro mejor que ofrece el mundo para el país, en lugar de presentarlo hostil y persistir en la confrontación, pese a los elevados costos sociales que ya no se pueden ocultar, aunque Economía decida no difundir los datos reales de pobreza e indigencia, ni los precios que toma para calcular la inflación.

El Indec no solo deo de difundir los indices de pobreza…, sino que peor aun, ahora el Jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

Paso a paso, el camino se hace largo y tortuoso

Uno a uno el equipo económico va derivando pilares que llegó a considerar indestructibles, como la apreciación desmedida del peso, la flexibilización del cepo cambiario, aunque sólo para pequeños ahorristas, la coordinación de la revisión de las estadísticas del Indec con el FMI, el endurecimiento de la política monetaria, para subir las tasas de interés con el objetivo de frenar la suba del dólar y la sangría de reservas y ahora el pago de una compensación a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF, después que se reafirmara no sólo que no se le iba a pagar sino que, por el contrario, se le iba a exigir un resarcimiento por supuesto daño ambiental.

En todos los casos, las iniciativas recibieron, con diferentes matices, la aprobación de los agentes económicos, esto de los bancos, industriales, del comercio y servicios y también de la mayoría de los economistas profesionales.

Sin embargo, esos giros, acentuados claramente desde el cambio parcial del gabinete el 20 de noviembre, no fueron suficientes para revertir las expectativas de corto plazo, y en particular sus principales efectos: la actividad productiva y comercial literalmente se derrumbó; la inflación se aceleró peligrosamente pese a la insistencia con fracasados controles de precios y encuentros con los empresarios de 38 cadenas de valor de la producción y los servicios; la balanza comercial registró el menor superávit comercial en 13 años; el desempleo cae más por el efecto de la menor oferta de trabajadores en respuesta a la destrucción de puestos en la actividad privada que a la creación de empleos netos y el rojo fiscal se incrementa por el debilitamiento de la capacidad de recaudar impuestos en una economía que se contrae.

Y si bien, se van dando pasos que apenas unos meses atrás parecían como impensables, aún restan muchos otros cruciales para que la Argentina pueda volver aspirar a competir en el mercado internacional de capitales, sea para obtener financiamiento ante el agotamiento de la capacidad de uso de la máquina de imprimir billetes para asistir al fisco, sea para encarar demorados emprendimientos de infraestructura, sea para darle vida a Vaca Muerta, más allá de un modesto plan piloto de unos 3.000 millones sobre 37.000 millones de dólares que se había planificado en junio de 2012 para el quinquenio hasta 2017.

Son muchos pasos los que quedan por dar, y hacerlo de a uno como anticipó desde el primer día el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no ayuda a cambiar las expectativas y reencauzar la economía al sendero de crecimiento con menor inflación y creación genuina de puestos de trabajo.

Asignaturas pendientes
En el orden internacional:
• Avanzar en la normalización de las estadísticas de PBI y sociales (no sólo de pobreza e indigencia, sino también de empleo donde aparecen muchos distritos con plena ocupación pese a que la oferta de trabajadores es inferior a un tercio de la población);

• Cierre del capítulo del default, tanto con los holdouts como con el Club de París. Para este último habrá que aceptar, como país miembro, que el Fondo Monetario Internacional audite las cuentas públicas y haga las recomendaciones de política, aunque eso no signifique que haya que tomarlas.

Mientras que en el orden doméstico, pero con claras implicancias para cambiar la percepción que tiene el resto del mundo sobre la economía Argentina quedan:
• Comenzar a desarmar la maraña de subsidios económicos, en particular los que benefician a los sectores de medianos a altos ingresos, y reforzar los programas asistenciales, aunque deberían tener como norte la superación de los factores que les dieron origen más que perpetuarlos como una causa perdida;

• Avanzar en forma decidida hacia el levantamiento del cepo cambiario;

• Abandonar los fracasados intentos de controlar la inflación con acuerdos de precios y reuniones multitudinarias con las cadena de valor;

• Destrabar al pago y autorización de importaciones, en particular de insumos y partes esenciales para la producción y la exportación;

• Liberar el giro de dividendos a los accionistas del resto del mundo, para que aliente el ingreso de capitales a través de inversiones extranjeras directas;

• Actualizar de manera automática por la variación de los precios reales de la economía los mínimos no imponible del Impuesto a las Ganancias, para dejar de cobrar el impuesto inflacionario a los trabajadores;

• Permitir a las empresas la actualización de sus balances por inflación, para dejar de gravar utilidades sólo nominales que desalientan la inversión productiva;

• Rediscutir el régimen de coparticipación de impuestos con las provincias, para que disminuya la discrecionalidad y crezca la racionalidad en el reparto de los recursos.

Pese a esa agenda tan amplia, gran parte de la dirigencia empresaria y muchos economistas se aventuraron a predecir un futuro inmediato mejor tras el acuerdo del Gobierno con Repsol, pese a que aún resta superar un escollo no menor, como es el Congreso que no sólo deberá refrendarlo sino también firmar el abandono de la política de desendeudamiento y autorizar la emisión de deuda: ahora para Repsol, más adelante para acordar con los holdouts y seguramente también con el Club de París.

En un par de días la presidente, Cristina Kirchner, hablará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí se verá si hay decisión tomada de acelerar el paso, o si será tiempo una vez más de hacer revisionismo de la última década y continuar con el gradualismo, pese a que esa estrategia hasta ahora ha mostrado más costos para la sociedad que beneficios.

¿Quién deprecia más la moneda nacional?

Al Jefe de Gabinete de ministros se le acaban los argumentos y cada mañana ensaya nuevas razones para explicar quiénes conspiran contra el valor del peso y de ese modo contra el bienestar de los argentinos.

Primero fue la cadena de valor de la carne, luego del trigo, se pasó al tomate, ahora a los medicamentos, por la presencia de “empresas monopólicas y oligopólicas que ejercen posición dominante y remarcan los precios en forma desopilante” (qué antigüedad), y también sumó a los narcos y el lavado de dinero.

Frente a ese diagnóstico siempre aparece una amenaza y, por supuesto, más regulaciones que generan el efecto contrario y ubican cada vez más arriba a la Argentina entre las naciones que más reprimen la vida económica de las personas y empresas, sin medir el costo en términos de capacidad de atraer inversiones y generar empleos. “Vamos a combatir el mercado marginal de cambios con la Ley”, dijo Jorge Capitanich en la mini conferencia de prensa de esta mañana.

Y eso es lo que falta en la Argentina, en particular de los últimos dos años y medio. Si se hubiera cumplido con la ley primera del sentido común de la solvencia fiscal que indica que “no se debe gastar más de lo que se recauda”, en particular cuando caprichosamente se decidió cancelar deuda barata con uno de reservas del Banco Central y uso y abuso de la emisión espuria de dinero, no se habría generado el caldo de cultivo del mercado marginal de cambios.

Pero no sólo eso, sobre el filo del cierre del mercado oficial de cambios la pizarra del Banco Nación subió la paridad entre el peso y el dólar para las transacciones comerciales y las financieras autorizadas, junto con la base para el dólar tarjeta, de 6,94 a 7,14, pesos por unidad, acumulando en la jornada un salto de 25 centavos, equivalente a 3,63% en día. Superó a la inflación Congreso de diciembre de 3,4 por ciento.

Es cuestión de tiempo
Claramente, en cualquier medición de corto plazo, tras un largo período de virtual intrascendencia, la suba de la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, esto es la desvalorización de la moneda nacional, que tanto dice defender el Jefe de Gabinete, fue sensiblemente superior a cualquier cálculo extremo de alza de los índices generales de precios de la economía y por supuesto también al de la variación del tipo de cambio oficial que rige las operaciones comerciales, algunas financieras y la base para el turismo.

Pero esas brechas desaparecen si se toma un período más amplio, como por ejemplo desde el 10 de diciembre de 2007, cuando asumió el primer mandato la actual Presidente de la Nación. El tipo de cambio oficial de entonces de $3,138 sube a 11,71 pesos hoy si se lo ajusta por la inflación Congreso, la cual, de acuerdo con cálculos aislados de varias de las consultoras que alimentan esa fuente ubican en torno a 4,5 por ciento.

Y la razón principal por la que la inflación se fue empinando de menos de 8% al año hasta 2007, estabilizarse en un rango de 22 a 28% en los siguientes hasta 2013 y dispararse a más de 35% en la actualidad, con clara perspectiva ascendente si no cambia la política económica de fondo, es la pérdida del superávit fiscal: de más de dos puntos del PBI se fue consumiendo precipitadamente y hoy ya se ubica en un rango deficitario de 3 a 4% del PBI, en un contexto de presión tributaria récord (para los que pagan, por supuesto!).

En ese escenario, “los privados actúan en consecuencia, no son la causa de la depreciación de la moneda de los argentinos, para terminar comprando bienes a precios de remate, a costo de la producción y el empleo de los argentinos”, como intenta hacerle creer a la sociedad el Jefe de Gabinete.

Quién determinó que el tipo de cambio comercial saltara en apenas dos meses del nombramiento de los nuevos ministros en 18%, a un ritmo de 170 anual (bien dicho 63% de depreciación porque con 7,14 pesos se podrían adquirir en un año apenas 37 centavos de dólar en ese circuito) y que el dólar para el turismo volara en 33% (aunque 35% sea a cuenta de futuros impuestos, aunque su recupero en el mejor de los casos se obtiene dos meses después de terminado el año en curso, y por tanto se le aplica un desagio mínimo de 20 a 25%, según la inflación actual), fueron las nuevas autoridades económicas, no los monopolios, oligopolios y los narcos.

Es decir, dos variables que no la fijó ni el mercado libre, ni surgió del precio del tomate, el trigo, o de las acciones monopólicas u oligopólicas, ni de los narcos, sino que fueron instrumentadas por la autoridad monetaria y de la AFIP, forzaron una “desvalorización de la moneda nacional de 15% y 25% respectivamente, en apenas dos meses, aun ritmo anualizado de más de 60 por ciento.

Las causas están cada vez más claras, aunque se las desestime

De ahí que no se trata de seguir operando sobre las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en la suba de los precios, la escalada del tipo de cambio, la pérdida de reservas y el freno del crecimiento de la actividad productiva, forzando el cierre de la economía y la imposición de nuevos cepos a las libertades individuales para disponer de las decisiones de gasto y forma de proteger los recursos que genera familias y empresas con su trabajo y emprendimientos.

Es tiempo de hacer un real diagnóstico de los desequilibrios macroeconómicos, en el orden fiscal, monetario, comercial, tarifario y laboral, para actuar sobre las causas. El consenso de los economistas lo ubican en el primer plano: exceso de gasto público respecto a la capacidad saturada de pago de impuestos, y su financiamiento con emisión espuria y uso de reservas del Banco Central.

De allí se deriva todo el resto y desde hace un año ha provocado la anulación de la capacidad de generación de empleos por parte del sector privado y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría que conservó el empleo, como bien lo refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, muchos trabajadores debieron resignar horas de trabajo, en particular en las industrias, comercio y transporte, y con ello vieron menguado sus capacidades de compra respecto de la que tenían un año antes. Justamente lo que dice que quiere evitar el Jefe de Gabinete.

No es cierto que ordenar la macroeconomía llevará a la marginación de 10 millones de argentinos. Ya hoy en Chaco apenas concurre al mercado de trabajo un tercio de sus habitantes, menos que doce años antes. Por el contrario, con un plan de sentido común y creíble, en poco tiempo se podrían restablecer las condiciones para atraer inversión extranjera de largo plazo, esto es ingresar divisas, generar incentivos para el ahorro en la moneda nacional y fomentar el crecimiento sustentable con un horizonte que lejos de oscurecerse cada día tienda gradualmente a despejarse. Muchos países lo hicieron, la Argentina no será la excepción si se lo propone fuera de cualquier ideología.

En la convertibilidad las reservas tenían más poder de compra

El jefe de Gabinete intentó vanamente desestimar cualquier preocupación por la sostenida y acelerada pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, al comparar el nivel de ayer u$s29.758 millones con el promedio de la convertibilidad que ubicó en 21.940 millones de dólares. Visto así, pareciera que no hay nada por qué inquietarse.

Reservas en el Banco Central

Sin embargo, en la economía es muy relevante no sólo analizar las variables nominales sino también en términos reales, en este caso en términos de poder de compra, una suerte de ver toda la “cadena de valor”, como le gusta resaltar cada mañana a Jorge Capitanich.

En  este caso, en una economía extremadamente regulada con cepo cambiario, limitación a las importaciones, carencia de financiamiento externo, junto a un creciente rojo fiscal que se financia con emisión espuria  y uso de reservas para pagar vencimientos de deuda pública, todos condimentos que no abundaban en la mayor parte de la convertibilidad, lo importante es comparar las reservas en divisas con las importaciones, porque revela la real vulnerabilidad externa del país.

Ese ejercicio determina que mientras en el período 1991 a 2001 la relación era equivalente a poco más de doce meses (12,1), con un extremo de 11,7 meses en el recesivo último año, en los once años que van de 2003 a 2013 las reservas posibilitaron cubrir 10,4 meses de importaciones, pero con un extremo a fin de período de menos de 5 meses (4,9), similar a la equivalencia actual.

Relación reservas sobre importaciones

Por tanto, mientras que en el equipo económico y su principal vocero, el Jefe de Gabinete, sigan intentando conducir los destinos del país con crecientes dosis de ilusión monetaria, porque son eclipsados por la nominalidad de la recaudación tributaria, el nivel de las reservas o de los salarios, en lugar de ceñirse a indicadores reales que permitan observar el curso de la capacidad de compra del Estado, las empresas y los trabajadores, y mirando permanentemente el espejo retrovisor, el futuro que tenemos por delante será de crecientes tensiones cambiarias, inflacionarias, que derivarán en crisis sociales como han abundado en la historia argentina reciente.

El Gobierno se niega a sumarse al ajuste salvaje

Enero comienza con ya el clásico más de lo mismo. A poco más de 40 días de cambios en el gabinete se advierte con claridad que nada cambió, al menos para bien. Por el contrario, el Gobierno avanzó en la línea de imponer obstáculos a los pocos sectores que habían escapado del ajuste forzoso que se inició desde fines de octubre de 2011, cuando de la mano del “vamos por todo” se impuso el cepo cambiario, la discrecionalidad en la aprobación de importaciones, el cambio de las reglas habituales que guiaban al mercado inmobiliario, las limitaciones de hecho al pago de dividendos a los accionistas de empresas que no residen en el país, en particular de firmas de capital extranjero, trabas a la autorización de venta de dólares para viajar al exterior, etc., y las idas y vueltas, en un círculo vicioso, en materia de control de precios, aunque se lo denomine de cualquier otra forma: acuerdos, precios administrados.

Por un lado, con la complicidad de un Congreso donde todavía mantiene mayorías, el Poder Ejecutivo impuso una extraordinaria suba de impuestos internos a los autos y motos de media a alta gama, con el argumento de contener las importaciones de unidades terminadas y también de partes, aunque el resultado fiscal podría resultar neutro o incluso negativo, por el impacto recesivo que generará en la producción nacional, la pérdida de ingreso de derechos de importación y también por el menor cobro de IVA, Ganancias, Cheque, sobre la oferta y demanda global de esos rubros, amén de aportes y contribuciones a la seguridad social, por despidos y suspensiones.

Por otro lado, la insistencia con subsidiar el crédito a la producción con recursos que los bancos deben captar de sus clientes, en lugar de hacerlo con la derivación de rentas generales, también afectará la capacidad de generar negocios del sistema financiero, y con ello debilitará su contribución al PBI, al afectar la bancarización las tasas interés por debajo de la inflación para el ahorro privado.

La aceleración de la inflación, inducida por el desborde del gasto público improductivo, acentuó la contracción del consumo de productos básicos. Las ventas en supermercados pasaron de caer 6% en 2012 a más de 9% en los últimos meses de 2013. Y en los establecimientos más pequeños, la Cámara Argentina de Comercio detectó que en diciembre la mitad de los consultados vendió menos que un año antes, y sólo un cuarto pudo mostrar mejor desempeño.

La inversión en equipamiento y ampliaciones de plantas, junto a la demanda de construcciones de viviendas, se debilitaron aún más. De 21,3% del PBI que había representado en 2012 terminó el siguiente por debajo de 20%. La consecuencia se expresó en la brusca disminución de la creación de empleos: de 203.000 en 2012 se limitó a 23.000 un año después, y se concentraron exclusivamente en el sector público, los cuales ahora se pagan con emisión, porque la recaudación de impuestos no alcanza para pagar todos los gastos.

La construcción, clásica multiplicadora de industrias, pasó de crecer más de 10% en agosto a 3,4% en sólo tres meses después, y las expectativas para 2014 que recogió el Indec lucen contracctivas, las cuales son consistentes con la intensificación de la disminución de los pedidos de autorizaciones para edificar en los próximos meses.

En valores nominales, los recursos tributarios batieron récord, como también lo hizo la inflación, la pérdida de valor del peso respecto de otras divisas, la emisión, pero mientras los precios promedio de la economía aceleraron la variación mes a mes, no tanto por acciones oligopólicas, monopólicas y ejercicio de posición dominante de las empresas en diversos mercados, sino directamente por la política oficial que lo indujo (esto no surge de estudios privados, sino de las propias cuentas de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, que está bajó la órbita del ministro de Economía Axel Kicillof), el crecimiento de la recaudación se atenuó de más de 27% en diciembre de 2012 a 21% en noviembre último.

El salario promedio de los trabajadores pudo sostener un aumento levemente superior a 25% al año, pero se agravó la brecha negativa respecto de la inflación, y más aún si se considera el ingreso de bolsillo porque ahora la actividad productiva y comercial no ofrecen las posibilidades de trabajar horas adicionales a las básicas de convenio.

Banco Central más activo, pero solitario
Juan Carlos Fábrega, como presidente de la autoridad monetaria, impuso su sello, con un drástico cambio de política respecto de la pasividad que había caracterizado la tarea de Mercedes Marcó del Pont: el tipo de cambio ahora sube a ritmo de casi 7% al mes, en contraste con menos de 2% en la etapa previa, y la base monetaria desaceleró la expansión de casi 40% a fines de 2012 a 24% al año doce meses después.

Pero se trataron de medidas aisladas, porque no respondieron a un giro hacia la austeridad fiscal, la flexibilización de la política comercial, la recuperación de las instituciones, el levantamiento de los cepos y otras restricciones. Y por tanto contribuyeron en poco o nada hacia la búsqueda de la estabilidad genuina de los precios y la competitividad con el resto del mundo. Por el contrario, el gasto público se mantuvo acelerado, con alza en noviembre que superó en casi 15 puntos porcentuales al tímido incremento de los recursos tributarios, y pago promedio de sueldos a los nuevos empleos públicos que más que duplicaron al de la media de toda la nómina.

Las reservas del Banco Central se derrumbaron en casi u$s13.000 millones, ahora no tanto por la fuga que provocaron los privados, sino por el uso y abuso del sector público, en contraste con apenas u$s3.300 millones que habían caído un año antes. El resultado fue la reaparición de tensiones en el mercado de cambios. Y el costo del dinero para las empresas, salvo el subsidiado, comenzó a subir y la consecuencia fue el alargamiento de los términos de pago a proveedores.

Como se ve, casi todo el sector privado ajustó violentamente su ritmo de producción, consumo, inversión, empleo. Obviamente, en un país de 42 millones de habitantes siempre hay varios millones que pueden manifestar altos índices de gasto, llenar los lugares de veraneo, sea en la costa, las sierras, o el norte y sur del país, pero la gran mayoría hoy acusa intenciones y posibilidades de gasto sustancialmente menores a la de un año antes.

Por el contrario, en el sector público, que es el que provocó todos los desequilibrios macroeconómicos descriptos, el ajuste, entendido por limitar la expansión del gasto total al que acuse los recursos genuinos, sigue ausente y, lo que es peor, no da señales de dar un giro rotundo en todo lo hecho en los últimos dos años. Ahora queda esperar si en las 200 metas-objetivo que prometió anunciar para estos días el Jefe de Gabinete aparece alguna pista en esa dirección. Por lo hecho y dicho en los últimos 40 días, todo indica que se avanzará hacia más trabas y regulaciones a la actividad privada, que hacia la liberación y recuperación de los superávit gemelos, la estabilidad de precios, la apertura de la economía, a la inversión abierta, es decir, hacia el crecimiento sustentable.