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La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos

Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar, sino, peor aún, en la pérdida de puestos de trabajo y mayor exclusión social. No es casual la aparición de saqueos en algunas provincias y la tremenda pérdida de votantes que registraron los candidatos del Gobierno en las últimas legislativas.

Con las firmas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno amplió hace una semana en $18.000 millones el gasto público de este año. Es para atender los pagos de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares tanto de la ANSeS como de las Cajas de las FFAA, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario y Poder Judicial, y pensiones no contributivas de Desarrollo Social. Es equivalente, en el mejor de los casos, al doble del monto que se proyecta recaudar con el salto de los impuestos internos para los bienes suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y motos, de 10% a un rango de 30% en un primer tramo y 50% en el más alto.

Podrá argumentarse que el impulso del gasto público en septiembre, con un incremento de más de 43% en comparación con un año antes, no es extrapolable para los meses siguientes, porque estuvo alentado por un fenómeno estacional, como fueron los momentos previos a las elecciones legislativas. Aunque no hay duda de que se está expandiendo en más de 4 a 5 puntos que la inflación real y que la suba del cobro de impuestos.

Pero no puede objetarse que la disminución en los últimos meses de las tasas de crecimiento de los recursos tributarios, sea porque perdieron competitividad las exportaciones, sea porque las empresas ahora acusan caída de la rentabilidad y por eso tributan menos Ganancias, sea porque el empleo dejó de crecer y las horas trabajadas por la nómina estable bajan, y por tanto se atenuó el aumento de los aportes personales, ha ido ampliando la brecha negativa con la dinámica del gasto público.

Prioridades invertidas
Sin embargo en las primeras dos semanas y media de cambio de estilo que impuso el nuevo jefe de Gabinete de Ministros no se advierte que semejante desbalance, que es la génesis del resto de los desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad en particular, constituya uno de los temas de la agenda inmediata a comenzar a resolver ya.

Por el contrario, las primeras medidas de política económica, como la destinada a elevar la presión tributaria para los bienes suntuarios, o acordar con Repsol una fórmula de pago por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, no son ni de implementación y efecto inmediata, ni de efecto rápido en términos de ahorro de divisas e ingreso de capitales para inversiones de riesgo, ni tampoco van camino a atenuar el ritmo inflacionario. Tampoco cabe esperar respuestas rápidas de Rusia, China y Brasil al pedido de créditos para apuntalar las reservas del Banco Central que encaran los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof.

Menos aún cabe esperar un freno a la demanda de dólares por parte de turistas interesados en hacer viajes al resto del mundo, porque la suba neta de la alícuota del anticipo a cuenta de impuestos está lejos de tener un impacto relevante, dado el contexto inflacionario, las tasas de interés reales negativas y la reticencia a medidas de shock que conduzcan a restablecer una gradual recuperación de la confianza, clave para frenar el drenaje de reservas en el Banco Central.

Poner el acento para atacar la inflación en la concertación social y el análisis de las hojas de balances de cada uno de los integrantes de las denominadas cadenas de valor de cada sector productivo de la Argentina, para detectar cuellos de botellas y acciones monopólicas y políticas de suba de precios por parte de empresas con posición dominante, es negar las reales causas de la inflación a ritmo de más de 25% anual en el promedio del último cuatrienio.

Mientras no cambie esa estrategia, la huida del dinero y refugio de muchos agentes económicos en la compra de dólares o de bienes y servicios dolarizados, las cuales son consecuencias de los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario, persistirá la hemorragia de reservas del Banco Central, se agravará la destrucción de puestos de trabajo y será creciente exclusión social, por caída de la inversión productiva en un clima de incertidumbre, donde lo único que aparece como cierto el sostenido aumento de los impuestos en busca de financiar el impulso que mantiene el gasto público.

Gradualismo versus políticas de shock

La primera lectura de las definiciones de política que hicieron a la prensa el flamante jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, es que se profundizará el esquema de tipos de cambios comerciales múltiples y diferenciados, tanto para las exportaciones, en particular para las economías regionales, más alto, seguramente a través de la eliminación de retenciones, así como más elevado para las importaciones de bienes considerados suntuarios, vía la suba de impuestos internos y tal vez también de los derechos de importación para autos de alta gama y cupos.

También se desprende de las primeras declaraciones de los funcionarios la posibilidad de que se dispongan incentivos a la generación de empleos a quienes sustituyan importaciones, probablemente a través de la exención de cargas laborales patronales sobre los nuevos empleos netos, como impulsó Domingo Cavallo en los 90 con los planes de competitividad.

Se advierte claramente la apuesta a un plan integral, como requiere la hora, para comenzar a reordenar las variables macroeconómicas, para corregir singulares desequilibrios en lo monetario, fiscal, cambiario y también en la actividad productiva, aunque en forma gradual: “se prevén más de 200 metas”, dijo Capitanich.

Sin embargo, la urgencia para detener la pérdida de reservas a un ritmo de u$s4.000 millones al mes, desacelerar la tasa de inflación y atraer el crédito internacional, se requieren políticas inmediatas y contundentes, de alto impacto.

Entre ellas se ubican:
* La eliminación de subsidios para la mitad de la población ubicada en el rango de mediano a altos ingresos y mantener el subsidio al resto de la población con métodos directos, sobre la demanda, más que sobre la oferta.

* Volver al Fondo Monetario Internacional para admiitir la revisión de las cuentas públicas, para destrabar en forma inmediata la superación del default con el Club de París, clave para acceder al crédito internacional para encarar planes de inversión pública y privada en infraestructura, equipamiento y desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

* Levantar la restricción al giro de dividendos a los accionistas de empresas extranjeras radicadas en el país que residen en el exterior, porque mientras se mantenga cerrada la puerta de salida de los capitales será casi imposible esperar la entrada. Para alentar la reinversión se requiere generar condiciones propicias y atraer a nuevos inversores.

* Agilizar la autorización de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación de insumos, partes y equipos relevantes para el proceso productivo. En octubre, excluidos combustibles cayeron en cantidades más que en el promedio de los diez meses, informó el Indec.

* Eliminar los cupos a las exportaciones de productos primarios, carnes, lácteos, trigo, etc., así como ofrecer precio pleno a las exportaciones de combustibles y elevar la tasa de corte de diesel con biodiesel para sustituir importaciones de combustibles, para incentivar la producción y generar divisas.

* Elevar la tasa de interés al nivel de la tasa real de inflación, para recrear la cultura del ahorro interno y desalentar los excesos de consumos. El exceso de pesos se puede corregir con aumento de los encajes bancarios.

* Establecer una restricción presupuestaria que impida que el gasto público real, esto es el devengado, no sólo la parte que se paga, crezca más del 80% de la tasa de crecimiento de los recursos tributarios., y se prescinda de la asistencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y del Banco Central de la República Argentina.

* Renunciar al uso de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública, y, en particular el uso de emisión monetaria para pagar gastos corrientes. El mercado tiene avidez por nuevos instrumentos de inversión, como sería la emisión de bonos para reemplazar los que van venciendo.

El diagnóstico de los funcionarios parece consistente. Ahora falta esperar las políticas, las cuales deberán dejar de asentarse en la discrecionalidad y la enunciación y pasar a respaldarse en resoluciones y decretos precisos, que contribuyan a dar certidumbre a los agentes económicos.

Esta será la mejor manera de asegurar un crecimiento sustentable, creación neta de puestos de trabajo, más en el sector privado que en el público y posibilitar una mejora en el ingreso real medio de los trabajadores.

El Banco Central baila salsa con las reservas

Parafraseando a Gloria Estefan, Mercedes Marcó del Pont dispuso “abrir puertas y profundizar las heridas“. Ya sé que la letra de la salsa es “Abriendo puertas y cerrando heridas”… pero la autoridad monetaria parece que escuchó mal.

Es que las puertas que hay que abrir para que se pueda revertir la sangría de dólares -aunque el caudal de los últimos días parece haber transformado en hemorragia que amenaza con comprometer la salud del paciente- es el de la ortodoxia monetaria y fiscal, obviamente por parte de un gabinete creíble que esté a la altura del mensaje de las urnas en agosto, en las PASO, y el 27 de octubre en las reales elecciones de medio término.

Limitar el crédito en pesos a los grandes exportadores por parte de la banca local, a través de la comunicación A 5.493, para forzarlos a que se endeuden en dólares, ¿en qué se diferencia de principios de los 80, cuando en los últimos tiempos de los gobiernos de la dictadura se alentó el crédito en moneda extranjera y puso al filo de la quiebra a muchas empresas luego de las fallidas devaluaciones de Lorenzo Sigaut? ¿Querrá Mercedes Marcó del Pont que vuelva Domingo Cavallo para que licue esos pasivos y salve transitoriamente a las empresas, pero no a la economía y a la sociedad en su conjunto?

¿Por qué forzar al endeudamiento en el exterior provocará más heridas? Porque no se trata de una sana estrategia para sacar provecho de las bajísimas tasas de interés en el mundo, sino simplemente para atraer dólares caros (por el seguro de cambio) para convertirlos a pesos al tipo oficial, con lo que se atizará más el fuego de la inflación y de los severos desequilibrios que ya acusa la economía.

Ese movimiento desesperado, avalado por un disminuido y devaluado directorio del Banco Central, no sólo porque la mayoría de sus miembros de peso está en comisión, sino porque se ha despreocupado de defender el valor del peso, más temprano que tarde llevará al Banco Central a devaluar la moneda nacional más intensamente que el 24% actual en prospectiva y más de 30% en perspectiva, y hará estragos a las finanzas de quienes se endeudan en dólares, gastan a cuenta con la tarjeta e importan energía e insumos para producir a pagar a plazo.

Caer en el desdoblamiento del mercado de cambios, con un dólar libre para turismo y para importación de bienes suntuarios, como autos de alta gama, como alientan muchos economistas que asesoran a los líderes de los partidos de la oposición, sólo podrá comprar tiempo, no curará las heridas que desde el cepo cambiario padece la sociedad en su conjunto. No veo cuál es la diferencia con una “devaluación desordenada”, como ya descartan varios economistas profesionales que asesoran al sector privado.

Poco de estos males estarían presentes si la autoridad monetaria se hubiera preocupado y ocupado por asegurar el valor del peso, en lugar de destruirlo, como la Secretaría de Comercio hizo con el Indec.

Es tiempo de ortodoxia

La receta para frenar la hemorragia de dólares es bien conocida, aunque no se podrá poner en práctica mientras Cristina Kirchner no retome la presidencia de la Nación: cambiar el gabinete, volver a la austeridad fiscal, entendida por un escenario en el que los gastos crecen a menor tasa que los recursos fiscales genuinos, esto es sin contabilidad creativa y financiamiento compulsivo del Banco Central y de la Anses.

Honrar los vencimientos de deuda con emisión de deuda a plazo y menor tasa.

Limitar la expansión de dinero a la demanda voluntaria de las empresas y familias y comenzar a desarmar una estructura tributaria en los tres órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal que ha llevado a asfixiar las finanzas de muchas empresas y desalentado la inversión productiva.

Eso requerirá terminar con los subsidios a los sectores de medianos y altos ingresos a sus consumos de luz, gas, agua, transporte, así como el turismo al exterior y la compra de autos importados, en especial de alta gama, y reforzar los descuidados a la asistencia social de los sectores vulnerables, pero a través de mecanismos transparentes fiscalizados por fuerzas de oposición, para evitar filtraciones hacia punteros políticos.

Si junto a todo eso, se encaran negociaciones serias para cerrar el capítulo del default con el Club de París, normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional, ofrecer acuerdos para superar los pleitos en el CIADI, incluyendo la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, las perspectivas de flujos de dólares al país es expansiva.

Del Gobierno depende proponérselo, de lo contrario, se intentarán abrir y cerrar puertas, pero no se curarán las heridas, las cuales ya han comenzado a paralizar la economía, según los últimos datos del Indec.

El mercado de cambios está lejos de operar con normalidad

Este octubre va camino a equiparar el drenaje de reservas del Banco Central que tuvo lugar dos años antes, aunque en contextos claramente diferentes.

En 2011 no había cepo cambiario al turismo y al ahorro, ni prohibiciones para pactar operaciones inmobiliarias, ni autorizaciones discrecionales para importar, no sólo bienes de consumo, sino también de inversión e insumos claves para la producción, muchos de los cuales luego se exportan con valor agregado. Así se fueron u$s1.383 millones, pese al superávit de la balanza comercial de u$s1.161 millones. De ahí surge una pérdida bruta de más de u$s2.500 millones, en un solo mes.

Ahora, con todo tipo de restricciones a las ventas de cambio y prohibiciones varias se asiste a una pérdida neta de más de u$s1.300 millones y bruta cercana a u$s2.000 millones.

En el año intermedio, octubre 2012, la disminución neta había sido de sólo u$s166 M y la bruta de poco más de u$s730 millones, en tanto en el quinquenio 2006 a 2010 la acumulación o pérdida de divisas de las arcas de la autoridad monetaria fue mucho más acotada en el décimo mes del año.

De ahí surge con claridad que el sector externo de la economía argentina ha perdido vitalidad y, por tanto, está muy lejos de poder calificarse de “absoluta normalidad” al mercado de cambios como sostuvo la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el último domingo en el búnker del Frente para la Victoria, pese a que conviven infinidad de tipos de cambios: para los exportadores del agro, la industria, la minería, para importadores, turistas, operaciones inmobiliarias y financieras.

Sangría que acusa una política monetaria pasiva
Lo que ha sucedido este mes, en el que volvió a abrirse la brecha entre las cotizaciones del tipo de cambio oficial y el libre del dólar a más de 70%, no respondió ni a factores estacionales, ni a acciones de mercado desestabilizadoras, sino que parece explicarse casi en forma excluyente por el descuido de la competitividad externa y también de la solvencia fiscal, junto a la deliberada apreciación del peso para las operaciones comerciales y el turismo.

El primer punto puede comprobarse en la pérdida de vitalidad de las exportaciones tradicionales, como la carne, lácteos, productos de economías regionales, y más aún de nuevos productos, por la sostenida disminución de la competitividad que provocó una paridad cambiaria que se resistió a acompañar al menos a la tasa de inflación real. Para peor, apareció la crisis energética. Todos esos factores derivaron en que de un superávit comercial que había promediado u$s1.000 millones en los seis octubre desde 2006 a 2011, cayera a un rango de u$s600 millones ahora.

El segundo es el uso y abuso del financiamiento del gasto corriente por parte del Banco Central y de la Anses.

Ese cuadro determinó en los primeros diez meses de este año la pérdida de u$s9.750 millones de reservas en términos netos, pero en valores brutos se amplió a u$s17.500 millones, luego de computar el excedente de la balanza comercial, a un ritmo mensual de u$s1.800 millones, como promediará finalmente este octubre. Representa una leve aceleración respecto de los poco más de u$s1.500 millones por mes que la autoridad monetaria vio esfumarse desde sus arcas desde el récord de u$s52.654 millones que había acumulado al 26 de enero de 2011 hasta hoy.

Más de lo mismo
Las primeras acciones de política económica tras la confirmación el último domingo de pérdida de respaldo del electorado al oficialismo nacional fue de afirmación de la política económica, cambiaria, regulatoria, y por tanto se muestra poco proclive a introducir cambios, en particular en lo referente a los incentivos genuinos para la generación de divisas, tanto por el lado comercial, como también financiero y de la inversión extranjera directa, como para evitar la fuga, a través de un premio para el ahorro en moneda nacional, la baja drástica de la inflación y recuperación del superávit fiscal, para que no se pierdan reservas para cubrir el bache financiero de las finanzas públicas.

Tampoco se plantea la posibilidad de honrar el rol voluntario de ser socio del Fondo Monetario Internacional, al impedir que las autoridades del organismo accedan a auditar las cuentas públicas, como hacen con todos los países miembros. Eso no significa someterse a exigencias de políticas, sino a simples recomendaciones, como reciben todos los socios.

De ese modo, se impide levantar la barrera para negociar con los países del Club de París la salida del default y con ello poder retornar el Gobierno, pero también las empresas nacionales, el acceso al financiamiento internacional, no ya de déficits fiscales o de balanza de pagos, sino de obras de infraestructura e inversión productiva privada, en un escenario de elevada liquidez internacional.

Mientras persista ese cuadro, el mercado de cambios seguirá dominado por las tensiones que genera la pérdida de reservas y el aumento de la brecha cambiaria entre el tipo oficial y libre, con el consecuente desvío de divisas a través de prácticas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, propias de los setentas y ochentas, cuando, como ahora, el mercado de cambios distaba mucho de operar con normalidad, como sostiene la autoridad monetaria.

El Baade, un símil del Bono Patriótico 2001

En los primeros días de agosto de 2001, como uno de los últimos recursos para salvar el régimen de convertibilidad fijo de un peso por dólar, en lo que finalmente fueron los meses finales del gobierno de la Alianza, el ministro de Economía Domingo Cavallo y el viceministro Daniel Marx ofrecieron a un grupo de empresarios en el Palacio de Hacienda la suscripción de un Bono Patriótico por un total de u$s1.000 millones, con una tasa de 7,5% anual por adelantado.

Ahora parece asistirse al mismo escenario, tras el fracaso de la suscripción de Cedines en el primer tramo del blanqueo, que está vigente, pero al que muy pocos adhieren, con el propósito de “sostener el modelo y compensar la sostenida pérdida de reservas en divisas del Banco Central”, justifican en el Gobierno. Se advierte que tanto de Economía como de Comercio se “invita” a los empresarios a ingresar dólares del exterior, por la vía de prefinanciación de exportaciones o para encarar proyectos de inversión en infraestructura, como las energéticas.

Primero fue a las cerealeras, luego a petroleras y bancos, también a cadenas de supermercados, ahora a las mineras y automotrices, pero la respuesta no ha sido auspiciosa, más allá del compromiso formal de análisis para no aparecer como descorteses frente a las presiones de Guillermo Moreno.

Facilidad insuficiente
La Secretaría de Finanzas volvió a destacar en la convocatoria a una nueva recepción de solicitudes de suscripción (la octava) del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade)”, que no será limitada al programa de exteriorización, como originalmente surgía de la Ley 26.860 de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior, así como del decreto 1.503/2013 y la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 256/2013.

De este modo, se habilitó la suscripción registrable o al portador, en dólares billete o con transferencias del exterior, a quienes ingresen fondos propios en blanco o incluso tomen deuda en el exterior, pero con la condición de que suscriban Baade y lo mantengan en su poder hasta el vencimiento en 2016, a cambio de una renta fija de 4% anual.

La oferta no luce atractiva, habida cuenta de que no se trata de la habilitación de ingresos de capitales para reanimar la producción productiva, en particular en el área energética, sino lisa y llanamente de inducir al endeudamiento en el exterior de las empresas privadas, ante la imposibilidad del Gobierno nacional mientras no cierre el capítulo del default con los holdouts, y en especial con el Club de París -que requiere, para destrabarlo, aceptar la auditoría del artículo IV del FMI-, a un costo elevado.

Hoy, por ese escenario de cierre al mercado internacional de capitales y la pérdida de los superávit gemelos, comercial y fiscal, el índice de riesgo país se ubica en 860 puntos básicos. Esto significa que quien tome un crédito en el exterior deberá afrontar un costo mínimo cercano a 9% anual en dólares (860 pb de riesgo país sobre una tasa del Bono del Tesoro de los EEUU de 0,6% anual a tres años), para obtener una renta interna prometida de apenas 4% anual. No parece un negocio atractivo.

Incluso, en el caso de las grandes compañías exportadoras, en particular las que tienen casas matrices en el exterior, es posible que puedan acceder a endeudamiento directo a un costo sensiblemente menor, en comparación al que pagarían si lo tomaran con una entidad bancaria, pero salvo un compromiso “patriótico” no hay razones para desviar fondos a un país que se ha mostrado en los últimos tiempos hostil con el capital, y en particular con la inversión extranjera directa y los acuerdos comerciales con las principales potencias, al virtualmente prohibirse el pago de dividendos a no residentes.

De ahí que la compra de un “bono patriótico”, como en 2001, está llamado al fracaso, porque en simultáneo el Gobierno no toma las medidas correctivas de su mal llamado modelo económico, tanto en lo que respecta a acciones de política económica, como de sus ejecutores.

Por tanto, en la medida en que, agravado por el cuadro de convalecencia de la presidente Cristina Kirchner, se persista en buscar paliativos de las consecuencias del deterioro que sufre la economía y en especial gran parte de la sociedad, como ocurre desde fines de 2007, cuando se decidió intensificar los controles, exacerbar el consumo en detrimento del ahorro y la inversión, aislarse del mundo con la apertura de conflictos comerciales en varios frentes, e imponer cepos y restricciones a cualquier demanda de moneda extranjera, sea para ahorro, viajes o incluso para compra de insumos para la producción, se asegurará agravar los desequilibrios, antes que reducirlos. Eso es lo que parece reflejar la escalada del dólar libre en las últimas semanas.

La Argentina cumple con las deudas, pero a medias

“Nuestra máxima prioridad es continuar pagando las deudas en tiempo y forma como hemos venido haciendo durante la última década. Simplemente queremos que nos dejen cumplir con nuestras obligaciones”, señaló en la última semana el ministro de Economía Hernán Lorenzino en sus encuentros con ministros y funcionarios del FMI, del Banco Mundial y del BID, en Washington.

Sin embargo, eso no es lo que se observa en el caso de las obligaciones vencidas con el denominado Club de París, desde la crisis de 2001, las cuales entre capital e intereses superan los u$s10.000 millones, y si bien se dice que “siempre se está en conversaciones”, lo cierto es que, por tratarse de deudas con un grupo de países altamente desarrollados no agrupados como entidad, como ocurría con el caso del Fondo Monetario Internacional, no se advierte vocación por regularizarlas.

También, en su participación en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional – Banco Mundial, Lorenzino llamó la atención “de la comunidad internacional sobre estos asuntos y hacemos hincapié en la importancia de abordar nuestros desafíos. Tenemos que reconocer y buscar soluciones sobre la necesidad de reglas internacionales más claras, transparentes y coherentes para garantizar resoluciones de crisis de deuda rápidas y justas”.

No obstante, eso no es lo que se observa en el tratamiento de la deuda pública ajustable por CER, es decir, aquella que se emitió para los canjes de 2005 y 2010 con cláusula de actualización por la tasa de inflación que publica el Indec, porque desde hace seis años se subestima el alza real del promedio de los precios de la economía. Y si bien en gran parte esa falencia y carencia de transparencia fue compensada con el cálculo de un crecimiento del PBI superior al efectivamente verificado, no se corresponde con el reclamo que el funcionario hizo fuera de la Argentina.

Tampoco se percibe dentro de la frontera una política consistente con el llamado que el ministro formuló en Washington, cuando invitó a los países de la región “a encontrar un equilibrio entre equidad, formalidad y productividad en la agenda de las políticas públicas“. “Lo que debemos procurar en muchos países de América Latina es encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del presente y las del futuro, implementando políticas que estimulen el ahorro interno”, ”en un contexto externo con disponibilidad para el financiamiento”.

Por el contrario, el exagerado aliento del consumo, con una viciada política de subsidios, favorece más a los que más tienen que a los sectores que se busca asistir, porque éstos sufren en mayor medida las consecuencias del flagelo de la inflación que provoca una política monetaria pasiva, destinada a satisfacer las necesidades insaciables del fisco.

No es equitativo el efecto de la inflación sobre la población, sino que afecta más a los de menores ingresos que a los más altos, y en particular a los que dependen de haberes fijos y que de rentas variables.

Enamoramiento de la heterodoxia

No se honra la formalidad cuando se buscan recurrentes atajos contra la ortodoxia para obtener resultados en el corto plazo que no podrán sostenerse en el largo.

Y tampoco se incentiva la productividad, cuando se desalienta la inversión con políticas de precios administrados, cepo cambiario, exigencias de declaraciones juradas de necesidades anticipadas de necesidades de importación, obstáculos para el pago de dividendos a los accionistas de empresas extranjeras en el país que residen en el exterior y deliberadamente se atrasa la tasa de devaluación del peso respecto del alza promedio de los costos de producción, porque de ese modo se desincentiva el ahorro, al menos dentro del circuito institucionalizado.

Los economistas no se ponen de acuerdo sobre si después de las elecciones legislativas del 27 de octubre el Gobierno decidirá mantener la política económica que sigue desde 2007 y que profundizó desde 2011 o si, a la luz de los resultados electorales, pero fundamentalmente en términos económicos y laborales, optará por tender a lo que Lorenzino definió como la necesidad de “encontrar un equilibrio entre equidad, formalidad y productividad en la agenda de las políticas públicas. Lo que debemos procurar en muchos países de América Latina es encontrar un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades del presente y las del futuro, implementando políticas que estimulen el ahorro interno”.

En pocas semanas lo sabremos. Las operaciones bursátiles con papeles de los paneles energético y bancario parecen anticipar un cambio.