Por: Daniel Sticco
En los primeros días de agosto de 2001, como uno de los últimos recursos para salvar el régimen de convertibilidad fijo de un peso por dólar, en lo que finalmente fueron los meses finales del gobierno de la Alianza, el ministro de Economía Domingo Cavallo y el viceministro Daniel Marx ofrecieron a un grupo de empresarios en el Palacio de Hacienda la suscripción de un Bono Patriótico por un total de u$s1.000 millones, con una tasa de 7,5% anual por adelantado.
Ahora parece asistirse al mismo escenario, tras el fracaso de la suscripción de Cedines en el primer tramo del blanqueo, que está vigente, pero al que muy pocos adhieren, con el propósito de “sostener el modelo y compensar la sostenida pérdida de reservas en divisas del Banco Central”, justifican en el Gobierno. Se advierte que tanto de Economía como de Comercio se “invita” a los empresarios a ingresar dólares del exterior, por la vía de prefinanciación de exportaciones o para encarar proyectos de inversión en infraestructura, como las energéticas.
Primero fue a las cerealeras, luego a petroleras y bancos, también a cadenas de supermercados, ahora a las mineras y automotrices, pero la respuesta no ha sido auspiciosa, más allá del compromiso formal de análisis para no aparecer como descorteses frente a las presiones de Guillermo Moreno.
Facilidad insuficiente
La Secretaría de Finanzas volvió a destacar en la convocatoria a una nueva recepción de solicitudes de suscripción (la octava) del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade)”, que no será limitada al programa de exteriorización, como originalmente surgía de la Ley 26.860 de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior, así como del decreto 1.503/2013 y la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 256/2013.
De este modo, se habilitó la suscripción registrable o al portador, en dólares billete o con transferencias del exterior, a quienes ingresen fondos propios en blanco o incluso tomen deuda en el exterior, pero con la condición de que suscriban Baade y lo mantengan en su poder hasta el vencimiento en 2016, a cambio de una renta fija de 4% anual.
La oferta no luce atractiva, habida cuenta de que no se trata de la habilitación de ingresos de capitales para reanimar la producción productiva, en particular en el área energética, sino lisa y llanamente de inducir al endeudamiento en el exterior de las empresas privadas, ante la imposibilidad del Gobierno nacional mientras no cierre el capítulo del default con los holdouts, y en especial con el Club de París -que requiere, para destrabarlo, aceptar la auditoría del artículo IV del FMI-, a un costo elevado.
Hoy, por ese escenario de cierre al mercado internacional de capitales y la pérdida de los superávit gemelos, comercial y fiscal, el índice de riesgo país se ubica en 860 puntos básicos. Esto significa que quien tome un crédito en el exterior deberá afrontar un costo mínimo cercano a 9% anual en dólares (860 pb de riesgo país sobre una tasa del Bono del Tesoro de los EEUU de 0,6% anual a tres años), para obtener una renta interna prometida de apenas 4% anual. No parece un negocio atractivo.
Incluso, en el caso de las grandes compañías exportadoras, en particular las que tienen casas matrices en el exterior, es posible que puedan acceder a endeudamiento directo a un costo sensiblemente menor, en comparación al que pagarían si lo tomaran con una entidad bancaria, pero salvo un compromiso “patriótico” no hay razones para desviar fondos a un país que se ha mostrado en los últimos tiempos hostil con el capital, y en particular con la inversión extranjera directa y los acuerdos comerciales con las principales potencias, al virtualmente prohibirse el pago de dividendos a no residentes.
De ahí que la compra de un “bono patriótico”, como en 2001, está llamado al fracaso, porque en simultáneo el Gobierno no toma las medidas correctivas de su mal llamado modelo económico, tanto en lo que respecta a acciones de política económica, como de sus ejecutores.
Por tanto, en la medida en que, agravado por el cuadro de convalecencia de la presidente Cristina Kirchner, se persista en buscar paliativos de las consecuencias del deterioro que sufre la economía y en especial gran parte de la sociedad, como ocurre desde fines de 2007, cuando se decidió intensificar los controles, exacerbar el consumo en detrimento del ahorro y la inversión, aislarse del mundo con la apertura de conflictos comerciales en varios frentes, e imponer cepos y restricciones a cualquier demanda de moneda extranjera, sea para ahorro, viajes o incluso para compra de insumos para la producción, se asegurará agravar los desequilibrios, antes que reducirlos. Eso es lo que parece reflejar la escalada del dólar libre en las últimas semanas.