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Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.

Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

Endeudamiento improductivo y contractivo

Una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Deuda Exterior quedó constituida en el Congreso Nacional con el objetivo de “echar luz sobre el origen del endeudamiento externo y hacer el seguimiento de la gestión y pago de los compromisos asumidos por el país desde la última dictadura”, y en particular sobre las condiciones de contratación en términos de tasas, plazos, comisiones y preferencias, a la hora de elegir a las entidades intervinientes y sectores privados involucrados, esto es desde el 24 de marzo de 1976 a la actualidad, con el claro propósito de demostrar que todo tiene pasado fue peor.

El diputado nacional kirchnerista Eric Calcagno fue designado como presidente de la Comisión que tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre la forma en que fue encarado y resuelto el tema en los distintos gobiernos.

Se trata de un ejercicio de dudosa efectividad e implicancias de cara a un futuro donde se observa con nitidez cómo a pesar de crisis periódicas el mundo avanza hacia un nuevo estadio de desarrollo, a partir de la innovación para poder los países diversificar su oferta masiva de productos y servicios exclusivos o a lo sumo escasos, para poder superarse y elevar la calidad de vida de su gente con creciente capacitación y especialización para acceder a mejores salarios.

Entre extremos, en los últimos 39 años la deuda pública, interna y externa, se multiplicó por 30, si se toman los datos conocidos al 30 de junio de 2014 y por 37 si se compara con la que surge de la extrapolación al día a partir de los compromisos que asumió el Gobierno nacional desde entonces, junto al agregado de un déficit fiscal que, con el que genera el Banco Central con su política de regulación monetaria y cambiaria, se estima en torno a siete puntos del PBI. Pasó de u$s6.648 millones a u$s198.900 millones a junio último y a unos 250.000 millones en la actualidad. En ese período, la deuda externa privada se multiplicó por 23, se incrementó desde u$s9.738 millones a u$s70.230 millones a diciembre pasado.

Por tanto, a esta altura, sería deseable que la nueva comisión bicameral, si realmente tiene intenciones de llegar a algo, que se ocupe y preocupe para que no se repitan los factores que provocaron semejante brecha de crecimiento de la deuda pública total con la que experimentó la externa privada, en particular porque no se adviertan grandes factores de cambio en la calidad de vida de los habitantes y de la oferta productiva de las empresas, puesto que persisten enormes focos de escasez en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, seguridad pública, energética, vial, entre otras.

En ese caso, la conclusión ya se puede adelantar: ese cuadro se explica por la recurrente indisciplina fiscal, definida por la alta diferencia negativa entre ingresos tributarios y gastos de la administración, que se financió con emisión de bonos o, como desde la crisis de la convertibilidad, con uso y abuso de emisión de dinero, con el consecuente impacto contractivo sobre la actividad, la inversión, el empleo y el aumento de la pobreza e indigencia, porque provocó una persistente pérdida de competitividad de las empresas con el resto del mundo y mantuvo una baja calidad de vida del promedio de los habitantes, al no poder dar suficiente respuesta a las necesidades sociales básicas.

La práctica de Hacienda de informar mes a mes el resultado de las finanzas públicas en base caja, esto por la diferencia entre los ingresos por el cobro de impuestos y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más los derechos aduaneros, y los gastos que se pagaron, y no los efectivamente incurridos pero no abonados, fue disimulando en cada período la real magnitud del déficit fiscal. Éste recién se puede calcular de modo más preciso casi con un año de atraso, cuando se difunden los datos de la deuda pública. Aunque en este caso también aparece un sesgo determinado por las diferencias de cambio que a menudo se verifican por las arbitrarias políticas públicas de atraso y apreciación del peso, según predominen los objetivos de estabilizar artificialmente la inflación con el rezago del tipo de cambio, o de fomentar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Por tanto, lo que requiere la Argentina hoy es que una Comisión Bicameral se reúna para impulsar un proyecto de ley que establezca una penalización creciente a los funcionarios de áreas responsables, hasta el grado presidencial, que con sus políticas provoquen niveles de déficit fiscal superiores a una pauta internacionalmente aceptada. Como punto extremo podría ser 3% del PBI. Y también a las autoridades que llevan a que la economía caiga en episodios de inflación de más de un dígito alto (superior a 6% anual), sin intervención del organismo oficial de estadística, fenómeno que merecería una pena aún mayor.

La dinámica de la deuda nominal
En los 39 años que se comprometió a investigar la Bicameral los gobiernos de facto estuvieron en siete, esto es en menos de un quinto del tiempo y la deuda pública total, externa e interna, se elevó en poco más de un décimo del total acumulado: u$s25.000 millones, (4,8 veces) y la externa del sector privado se acrecentó en u$s10.300 millones (4,3 veces), representaron en conjunto entre el 11 y 14% de la suba acumulada en ese período.

Bajo la administración de Ricardo Alfonsín la deuda pública total subió en u$s22.000 millones y la privada externa cayó en u$s7.300 millones, con lo que el neto explica entre 5 y 6% del incremento en los 39 años.

Mientras que los mayores saltos se observaron durante la gestión de los gobiernos asociados al peronismo: el menemismo acumuló en su ciclo de poco más de 10 años un expansión de las obligaciones financieras a plazo de u$s68.000 millones en el caso del sector público y u$s62.000 millones por parte de los privados, representando en conjunto entre 42% y 50% del total del período; y con el kirschnerismo se acrecentó entre 46.300 y 97.400 millones de dólares la pública (según se tome el saldo conocido al 30 de junio pasado, o el proyectado a hoy), pese a que en el medio se observó una quita neta de más de u$s66.000 millones a los bonistas afectados por el default de 2001 que aceptaron las propuestas de canje de 2005 y 2010. El uso de reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos sólo transformó deuda pública externa en deuda pública interna; en tanto la privada creció en u$s11.500 millones, equivaliendo en conjunto entre 20 y 33% del total.

Durante la transición desde el fracasado gobierno de la Alianza hasta la normalización institucional en mayo de 2003 la deuda pública avanzó en unos u$s31.000 millones y la privada externa cayó en u$s9.000 millones, explicó entre 8,5 y 10% del aumento acumulado en los citados 39 años.

Si el análisis del origen y destino de la deuda pública y privada se limitara a detectar su legitimidad, no cabe duda de que en primer caso sólo en muy pequeños tramos de los últimos 39 años tuvo su base en la mejora y aumento de la infraestructura en calidad y cantidad, mientras fue generalizado el uso de ese recurso para responder al clientelismo de la política que elevó el empleo improductivo y subsidios económicos a empresas y personas que no los necesitaban, más que por compensación de favores.

Dólar e inflación en camino a victorias a lo Pirro

La política económica, si se puede calificar de tal a la acción concentrada en que no se dispare el dólar libre y por esa vía no se reactive la inflación, le está aportando al Gobierno nacional una clásica “victoria a lo Pirro” en perspectiva.

Cabe recordar que Pirro reinaba en Epiro en 281 a C. cuando la ciudad de Talento le solicitó ayuda contra Roma. Entonces acudió con 25.000 hombres y enfrentó al cónsul Valerio Levino. Los elefantes, que los romanos aún no conocían, decidieron la batalla y las legiones, diezmadas, dejaron sus posiciones al fin de la jornada. Pero, al amanecer, el rey comprobó sus propias bajas: más de 4.000 hombres y sus mejores jefes muertos; su caballería puesta en fuga. “Otra victoria como ésta y estoy perdido” se quejó amargamente a sus generales. Continuar leyendo →

Las 10 causas por la que baja el dólar libre

Cada vez son más los economistas que alertan sobre el maquillaje que el Banco Central de la República Argentina le hace a las reservas monetarias internacionales para que se mantengan por arriba de la barrera psicológica de los u$s30.000 millones, porque teme que perforado ese piso no podrá sostener la estabilidad cambiaria como ancla de la inflación.

Los números en danza reducen el nivel real neto de la posición de divisas disponibles a un rango que va de la mitad hasta cero del que se informa a diario, según se resten sólo los encajes en dólares de depósitos privados en dólares que no se prestan a los exportadores (5.500 millones); el swap de monedas con China (3.400 millones); la deuda con los holdin (bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010), que están depositados en la cuenta del BONY en el Banco Central, en Buenos Aires (1.300 millones); préstamo de Francia por 1.600 millones; y la deuda con importadores por más de 5.000 millones de dólares; o se agreguen los vencimientos de deuda pública en lo que resta del año.

Frente a ese cuadro que revela un singular grado de vulnerabilidad de la posición externa de la Argentina, porque indica que en el mejor de los casos se cuentan con reservas por el equivalente a dos meses de importaciones, o menos, si se considera el trámite que hay que hacer para convertir en líquidas la participación de la Argentina en el capital del Fondo Monetario Internacional (DEG) o los lingotes de oro que en conjunto suman u$s5.000 millones, surge la inevitable pregunta ¿por qué no se dispara el blue y por el contrario baja?. Al respecto se pueden mencionar, al menos, las siguientes razones:

1. El Banco Central le ha dado la clara señal al mercado de que está dispuesto a perder reservas para mantener el dólar oficial y también el libre en niveles deprimidos y desenganchados del contexto internacional y del impacto interno de la inflación, con el uso de reservas hasta el fin de mandato;

2. En esa línea, la autoridad monetaria ha decidido avanzar con el uso del swap de monedas con China para disimular ese drenaje de reservas en operaciones de intervención en el mercado de cambios; y con eso, por tratarse de un mecanismo nuevo, ha logrado un clásico escenario de “esperar y ver” de los mercados;

3. La AFIP parece haber flexibilizado las autorizaciones de venta de cambio para ahorro al subsidiado tipo oficial, al punto de que alcanzó valores récord en enero y febrero se mantiene en esa senda, por la convicción de que gran parte del 90% de los dólares que se compran y se retiran de los bancos con el pago de 20% a cuenta de futuros impuestos se ofrece en el mercado blue para obtener una renta de 25 a 30%, que posibilita reforzar la capacidad de gasto de los salarios en el mercado interno, y contribuye a deprimir la cotización, aunque a ritmo lento, porque el exceso de emisión para financiar el déficit fiscal hace que se mantenga activa una porción de la demanda;

4. La autoridad monetaria abandonó la política de bajas tasas de interés y las fue subiendo al punto de que actualmente llegan a superar en casi 10 puntos porcentuales a la tasa de inflación oficial del 20% y más que duplican a la tasa de devaluación del peso en los últimos doce meses y también a la esperada hasta el 9 de diciembre próximo, como estrategia de restar presión alcista sobre el mercado libre de cambios;

5. La recesión interna ha determinado una menor demanda de dólares de las empresas para hacer frente a compromisos externos de importaciones y pagos de deudas con el resto del mundo, hasta que se destraben las autorizaciones discrecionales de Comercio y del Banco Central;

6. Ese receso de la actividad, que derivó en una drástica destrucción de empleos y caída de las horas extras, determinó una disminución de la generación de riqueza en negro y con ello le quitó fuerza a uno de los impulsores de la demanda de divisas en el mercado marginal de cambios;

7. También la recesión interna y el impuesto inflacionario han ido licuando las ganancias de las empresas, fenómeno que en el caso particular de las firmas de capital extranjero llevó también a menores necesidades de divisas para remunerar a sus accionistas del exterior, como se advierte en el menor caudal de negocios en las operaciones indirectas de fuga a través de transacciones bursátiles denominadas contado con liqui y MEP;

8. La baja de los precios de las materias primas y la drástica caída de la rentabilidad de las producciones pampeanas y también de las economías regionales, contribuyeron a debilitar el excedente de pesos generados por esos sectores de la producción, parte de los cuales en parte se volcaban, aguas abajo de la cadena de valor, al mercado de cambios, en busca de cobertura de costos que están dolarizados, como los agroquímicos y máquinas de uso agrícola;

9. La nueva política de incentivo de los depósitos en dólares en bancos, la cual obliga a las entidades a publicitar las nuevas tasas mínimas para colocaciones en divisas, alentó la posibilidad de fortalecer las reservas del Banco Central con colocaciones en moneda extranjera de excedentes de inversores institucionales como la Anses, compañías de seguros, fondos de inversión y también de inversores particulares que no temen volver a ser defraudados con la pesificación de sus ahorros, como ocurrió en el verano de 2002; y

10. La alerta que emitió la justicia británica al destacar que el fallo del juez Thomas Griesa de los EEUU no tiene efecto sobre los bonos bajo legislación europea, despejó el camino para que el Gobierno pueda acudir a esa plaza a tomar deuda externa, sin amenaza de embargo, para apuntalar las reservas, y con eso la política cambiaria, aunque a un costo cercano a 9% anual en divisas y una mayor hipoteca para las autoridades que asuman el 10 de diciembre próximo.

Se podrán agregar otros factores, como la esperada mejora de la liquidación de divisas a partir del segundo trimestre y luego de las PASO, el posible ingreso de capitales del exterior que buscarán anticiparse al natural cambio de expectativas que generaría un nuevo Gobierno. Pero esos, factores, en la Argentina de hoy, es muy largo plazo como para sumarlos a la lista de marras.

El Gobierno sube el piso de inflación

Atrás parecen haber quedado los tiempos en que los acuerdos de precios se celebraban con carácter transitorio para intentar estabilizar la economía y recuperar la solvencia macroeconómica, luego de desajustes de arrastre o auto infligidos.

Ahora, concretamente desde el 20 de noviembre, pareciera que la lógica es la opuesta: los acuerdos de precios se hacen para coordinar los aumentos permitidos, no ya para estabilizarlos: hasta 7,5% en enero luego de ajustes de más de 20% en varios segmentos “descuidados” por el impacto de la devaluación, y de 6% para febrero, pese a intentos de más de 12%, en combustibles, mientras que para los artículos que forman parte de la canasta escolar se autorizó un salto de 258% en un año, mientras que la “ayuda escolar” se la ajustó “sólo” 200% y las jubilaciones 11,31% para un semestre.

La lista de aumentos de precios autorizados, tras largas reuniones del secretario de Comercio con los representantes de gran parte de los sectores de la producción, el comercio, la construcción, y ahora también de los laboratorios y farmacias, parecieran ir todos en la misma dirección: los aumentos tienen que mantenerse en el rango de un dígito mensual, más cerca de 10 que de 1 por ciento. Luego se culpa a los empresarios de desestabilizadores, especuladores, etc.

De ese modo, el Gobierno pareciera encaminado a superar récord tras récord: primero fue el ascender a los primeros planos del mundo en materia de inflación, afirmarse también en ese rango en el caso del índice de riesgo país, y más alto en el de prima de seguro por no pago de un crédito; luego, en diciembre, fue la escalada del déficit fiscal a un pico de dos dígitos porcentuales del PBI: 11% a nivel primario y 13% financiero (aunque fueron disimulados por las asistencias financieras del Banco Central, la Anses y el PAMI); después le siguió el liderazgo en pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, a contramano del resto del mundo, y ahora parece buscar la primacía en licuación del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

Y así van pasando los días en el que el jefe de Gabinete anuncia la agenda de reuniones con cámaras empresarias para cerrar acuerdos de precios: nuevamente con los constructores, la carne, los medicamentos, mientras se anuncian escalonadamente incrementos en el gasto público: subsidios, jubilaciones, se presiona a los bancos para que se desprendan de dólares y también de tenencias de títulos públicos nominados en dólares, sin medir las consecuencias sobre la baja de las paridades, y se impulsa la suba de las tasas de interés.

De austeridad y recorte de gastos desbordados, como los subsidios a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, o de poner límite a los salarios de los nuevos cuadros jerárquicos en la administración pública, o de precios convalidados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de los organismos oficiales, no se habla.

La consecuencia es más incertidumbre, restricciones a la producción nacional y aceleración de la inflación, con un claro norte fiscal: a más precio más recaudación, parecen razonar algunos cuadros técnicos, entusiasmados con haber cobrado por esa vía en 2013 el equivalente a 5% del PBI, esto es: más del 11% del total de los ingresos tributarios que recibieron nación, provincias y municipios.

 

Enero con menos producción y menos trabajo
Los primeros datos de actividad de enero dieron cuenta de una caída de 3,8% en el promedio de las ventas minoristas en cantidades, según datos de CAME, 25% de baja de las entregas de autos nacionales a las concesionarias por parte de las terminales y 16% de las de importados, respecto de un año antes.

El único dato aparentemente positivo que hasta ahora dejó enero fue la reanimación de la recaudación de impuestos, con un incremento también interanual de 37,5%. Pero ese salto estuvo claramente influido por el traslado de vencimientos que habitualmente ocurrían en diciembre y que provocó que en ese mes apenas creciera poco más de 22%. De ahí que si se considera en forma agregada el aumento del bimestre fue de 30,1%, unos cinco puntos porcentuales menos que la tasa real de inflación que para ese período midió el consenso de las consultoras privadas.

Por tanto, pareciera que es tiempo de dejar de gastar tanta energía en regulaciones e impedimentos a las actividades productiva, comercial, financiera y movimiento de las personas al resto del mundo, habida cuenta de la catarata de indicadores que ponen al desnudo sus fracasos, derivan más temprano que tarde en creciente costo social en términos de empleos e ingresos.

Si no se sabe, siempre se está a tiempo de contratar a expertos, o de al menos intentar copiar las políticas que siguen la mayor parte de los países vecinos, excepto Venezuela, o mejor aún de las naciones altamente desarrolladas, que crecen en forma regular y con baja inflación, y logran excedentes de divisas con atractivo flujo de inversiones productivas.