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Recursos abundantes, riqueza escasa

Cada vez que cambia un gobierno en una Argentina acostumbrada a caer en crisis cada 7 u 8 años, aparecen los temores de algunos sobre la llegada de tiempos de ajustes que traerán más angustias que satisfacciones a gran parte de la población: los asalariados y jubilados que ganan como el promedio, o menos. Más aún, cuando a los repetidos escenarios de crisis se llega por deliberadas políticas de atraso cambiario, tarifario, cierre de la economía y sobredimensionamiento del rol del Estado como bolsa de trabajo, por la incapacidad de fomentar políticas que incentiven el crecimiento privado y promuevan oportunidades laborales productivas.

Sin embargo, no hay razones sólidas para asegurar que no podrá ser de otra manera, más allá que basarse en una historia de recurrentes fracasos porque la mayoría de los gobiernos de los últimos 70 años se han caracterizado, salvo muy contadas excepciones, por sembrar en el primer mandato y cosechar en el segundo.

Dicho de otro modo, en el primer tiempo se recomponen las reservas en divisas y se reduce el desempleo, a partir de retomar la senda del mal llamado crecimiento, porque sólo se trata de una recuperación a partir de la reducción de las capacidades subutilizadas, y en la segunda etapa se consumen los stocks, al punto de terminar en general con las cajas vacías: sin reservas genuinas, atraso de inversiones, consumo de la infraestructura, y vuelta al alto desempleo -aunque se lo busque disimular con menor oferta de trabajadores-, y elevada pobreza.

Problemas de base
Una de las causas que explican esas recurrentes situaciones de auges efímeros y recesiones repetidas se origina en la falsa creencia de muchos políticos y economistas teóricos de que “la economía es la ciencia que se ocupa de la mejor utilización de los recursos escasos”, cuando en rigor es “la ciencia social que estudia los recursos disponibles y accesibles, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas”, la cual brinda una perspectiva de persistente progreso, como muestra la historia de la humanidad.

Aquella óptica ha conducido a la Argentina a un uso muy limitado y restringido de sus abundantes recursos naturales, humanos e incluso financieros, a contramano de lo que han hecho la mayoría de los países de la región, al punto que cada vez aparece más abajo en el ránking comparativo internacional de generación de riqueza e institucionalidad.

Sin embargo, hay en el planeta innumerables ejemplos de superación en los últimos 50 años de un estado de recurrente estancamiento a un estadio de desarrollo avanzado y con singular mejora de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes, a partir de la decisión estratégica de sus gobernantes de impulsar la puesta en valor de los recursos naturales y, sobre todo humanos, luego de estudiar los casos exitosos en el mundo.

En el caso de la Argentina la tarea cuenta con la ventaja comparativa respecto de la mayoría del resto de las naciones de que es una nación con abundancia de recursos naturales, con los cuatro climas; reservas de agua dulce; amplísima frontera minera e hidrocarburífera; diversidad de explotaciones agropecuarias; tanto extensiva como intensiva; reconocida generación de talentos humanos; bellezas turísticas en sus 24 provincias y singular atesoramiento de divisas como mera reserva de valor que podrían volcarse a la generación de riqueza.

De ahí que no estamos ni condenados al éxito, ni condenados al fracaso. Sólo se requiere de hombres y mujeres que sean capaces de tener una visión estratégica de país y del mundo amplias, orientada a elevar la calidad de vida de todos sus habitantes, y no de los partidarios de tal o cual agrupación política, a costa del resto.

Cambio de paradigma
Claramente, luego de un tremendo desbarajuste de la economía que ha afectado la realidad social de más de un tercio de las familias que habitan el país, con cada vez más amplia presencia de extranjeros en las regiones urbanas, es inevitable y necesario un ajuste u ordenamiento de las políticas de administración eficiente de los recursos monetarios y fiscales. Pero el potencial que ofrece la puesta en valor de la abundancia de recursos ociosos, naturales, humanos y financieros, torna posible llevar a la Argentina a un deseable estadio de también abundancia generación de riqueza como supo lograr a fines del siglo XIX, principios del XX.

Sólo será cuestión de desterrar la vieja creencia de que somos un país rico. “Sólo seremos ricos el día en que los argentinos decidamos poner en valor los abundantes recursos naturales, humanos y financieros”, me decía el siempre querido y recordado Tomás Bulat.

Un campo minado que no inquieta a los mercados de capitales

Tras el sorpresivo resultado de las elecciones generales, el Gobierno reaccionó de la peor manera, al parecer con el propósito de echarle más pólvora a un teatro de operaciones que le propinó una victoria pírrica.

La primera medida que tomó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fue la de obligar a las compañías aseguradoras a desprenderse en menos de tres meses del exceso de bonos dolarizados con el claro objetivo de bajar el precio del dólar contado con liqui, pese a que había fracasado un mes antes cuando la Comisión Nacional de Valores adoptó una medida similar para las Fondos Comunes de Inversión. En este caso, el daño, de prosperar la norma, se manifestará más lentamente que en el caso de los FCI, porque sólo ocurrirá cuando las compañías tengan que cubrir siniestros que están directamente asociados al valor del dólar, independientemente de que las primas se paguen en pesos, como ocurre con el caso de los automotores que tienen más de 60% de componente importado y cuyo parque de más de 12 millones de unidades está compuesto por más de 50% de unidades foráneas.

La segunda medida, de carácter informal, porque se comunicó por vía telefónica y mensajes de texto en los celulares por parte del Banco Central a las entidades y de éstas a sus clientes, pero más efectiva que la anterior, fue el aumento del cepo de cambio a los importadores. Pasó de la discrecionalidad conocida en las autorizaciones de las DJAI (Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importación) a la reducción de las autorizaciones a las entidades bancarias a vender a clientes divisas por más de USD 75.000 diarios, cuando antes de las elecciones era de USD 150.000 y venía de un recorte a partir de las PASO desde USD 200.000. Con la nueva restricción abarcó a los grandes operadores turísticos y con ello a la población que estaba planificando viajar al exterior en los próximos meses.

Pero también se profundizó otra medida del Banco Central que minó a un más el campo de acción del próximo Gobierno, cualquiera sea el signo político, con las ventas de dólares a futuro por cifras hipermillonarias, unos USD 11.000 millones, que deberá pagar la diferencia de precio en pesos del cambio oficial entre el valor pactado y el real. En caso de unificación cambiaria a la paridad del contado con liqui significaría una inyección de pesos de unos $45.000 millones, sobre un excedente que algunos expertos estiman en más de $200.000 millones, dada la relación de convertibilidad y las reservas y la base monetaria, que se estacionó en 20 pesos.

Y a eso hay que agregar el efecto de los intereses devengados por los instrumentos de regulación monetaria, como las Lebacs, más aún luego de la cuarta medida del comienzo de la semana poselectoral de las tasas de esos instrumentos, y, por extensión de los tipos pisos para las colocaciones de pesos a plazo fijo, también para inducir a la baja del dólar contado con liqui.

Las reservas en divisas ya estarían en zona negativa
Mientras no se dispuso de medida alguna para frenar la caída de las reservas que ya están a niveles de más de nueve años atrás, a diferencia de lo que han hecho la mayoría de los países emergentes en general y de la región en particular, vía fuertes devaluaciones de sus monedas, para tampoco perjudicar en exceso a la producción nacional y alentar las exportaciones, en detrimento de importaciones suntuarias.

Sin embargo, pese la acumulación de severas dificultades que enfrentan las empresas productoras de bienes y servicios, que se manifiestan en una capacidad ociosa de 30%; cierre de mercados de exportación y destrucción de empleo hormiga, con la mira puesta en un cambio que si no ocurre desde 10 de diciembre amenaza con potenciarse, porque se agotan las capacidades financieras, principalmente en los sectores de las medianas y empresas que no cuentan con el sostén de las casas matrices del exterior, los mercados financieros trasuntan una singular euforia, bajo el conocido argumento de que “siempre se anticipan y obran en consecuencia”.

Y si bien el último domingo los que votaron por un cambio de política se estima que estuvieron representados por casi dos tercios del electorado, no hay el mismo consenso de que, en caso de validarse el domingo 22 de noviembre, sobre las medidas de política económica que deberá tomar el nuevo Gobierno desde el mismo 10 de diciembre, dada la gravedad de los desbarajustes de los indicadores económicos, y sobre todo sociales, se caractericen por el gradualismo o el shock que aconseja la salida de situaciones desequilibrantes en todos los frentes, que varias veces tuvieron lugar en la Argentina desde fines de los años cincuenta.

Diversos interrogantes hasta el 10-D
Como dijo Juan Carlos de Pablo en un seminario de Thomson Reuters, “la política económica del nuevo Gobierno estará determinada más por las circunstancias que por la ideología”.

Es que nadie puede asegurar no sólo que nuevas medidas adoptará un Gobierno que no se quiso ir y que ya perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, sino cuál será la real magnitud del nivel de reservas en el Banco Central que ya son cada vez más que las ubican con saldo negativo sin el maquillaje del canje de monedas con China, depósitos retenidos de bonistas reestructurados que residen en el exterior, y deudas con importadores y empresas; o cuánto será la magnitud del rojo fiscal y los pagos atrasados y no declarados con proveedores del Estado; o cuántos anticipos por impuesto a la venta de combustibles cobrará la AFIP hasta fin de noviembre; entre otros muchos interrogantes, que parecen más inquietar a la economía real que a la minúscula participación de operadores en el mercado de capitales, sobre todo de renta variable, como son las acciones.

Más cerca del fondo y del Fondo

Claramente, se trata de mucho más que un simple juego de palabras que sintetizan con singular claridad donde está hoy la economía argentina y hacia donde la conduce un Gobierno que hasta en la expresión de su candidato a sucederlo repudia la labor del Fondo Monetario Internacional, como auxiliador financiero y abridor de otras puertas de crédito para los países indisciplinados que manifiesten vocación de volver a reordenar sus cuentas.

Una vez más, la semana comenzó con una Decisión Administrativa, del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Economía, que dispuso elevar el gasto público en lo que resta del año en más de $13.000 millones, para todo tipo de áreas: prioritarias y no prioritarias, porque el abultado monto que un año atrás aprobó el Congreso nacional se quedó corto para satisfacer las insaciables necesidades que depara un año electoral. Todo fue debidamente estudiado, aunque como se ve, no tanto.

Pero como la caja de la Tesorería tocó fondo para financiar semejante expansión imprevista e improvisada del gasto público, que según el detalle de las partidas en 162 páginas anexas agranda el déficit fiscal en más de $11.000 millones, a más de $340.000 millones para todo el año, se apelará una vez más a la emisión del Banco Central, esto de la inflación que sólo conduce a agravar el penoso e injustificable estado de pobreza que afecta a más de 12 millones de residentes, argentinos e inmigrantes, pero también a la colocación de deuda pública.

Y en este caso, al comienzo de la semana, los mercados también dieron la clara señal de que su capacidad de financiar al Gobierno ha tocado piso, porque el cambio de las reglas de juego que hizo Economía con los Fondos Comunes de Inversión, con la exigencia arbitraria e inexplicable de contabilizar los bonos dolarizados en sus balances en pesos al cambio oficial, cuando en la plaza cotizan con una paridad implícita cercana al dólar libre, esto es entre 50 y 65% más, se esfumaron los recursos.

Por eso, tras el pago del vencimiento del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sólo quedaron de esas divisas en el sistema financiero menos de USD 1.200 millones, porque el resto desapareció en un santiamén, en busca de tesoros inviolables, fuera de los bancos y en particular del país.

De ahí que las reservas del Banco Central cayeran a un piso nominal de USD 27.700 millones, y real próximo a cero, si se les restan los USD 11.000 millones del swap de monedas con China; más otros USD 6.300 millones de depósitos en dólares, en su mayor parte de empresas y familias; y otros USD 6.700 millones por pagos demorados de importaciones ya ingresadas al país. Frente a ese cuadro, en un nuevo intento por colocar deuda en dólares, quienes aceptaron la propuesta, principalmente el Banco Nación Argentina y la ANSES exigieron una tasa de 9,4% anual, la cual más que duplicó el promedio que pagaron los países vecinos en los últimos meses.

Pero también está por el piso el superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, porque el ingreso de divisas por la vía de las exportaciones cae más intensamente que la salida de moneda extranjera para pagar importaciones, pese al cepo cambiario y demoras en las autorizaciones de Declaraciones Juradas Anticipadas de Necesidades de Importación, por la erosión que genera el atraso cambiario sobre la competitividad de la producción nacional, y el incentivo a la fuga de capitales por diversas vías; compras para ahorro, gasto de turismo e informalidad.

Lamentablemente, ese escenario llevó al país a ocupar los primeros puestos en el escenario internacional en materia de inflación; déficit fiscal y tasa que debe pagar para colocar deuda externa y por plazos sustancialmente menores a la que emiten los países vecinos; y consecuentemente en índices de pobreza, e incluso de desempleo si se agrega el efecto desaliento que mes a mes se manifiesta en menor cantidad de personas buscando un empleo, pese a no contar con un trabajo remunerado; entre otros diversos indicadores sociales y económicos.

Necesidad del crédito externo
Sólo con la vuelta al crédito internacional, a tasas cercanas a la que paga el vecindario y también a mayor plazo, la Argentina podrá encarar una rápida salida al pleito que arrastra caprichosamente el Gobierno con los holdouts, pero también comenzar a pagar las cuentas pendientes de importadores y empresas extranjeras, y, en especial poder financiar los primeros pasos de la inversión en infraestructura, para poder ganar grados de competitividad cambiaria sin tensiones y con el levantamiento de todos los cepos. Para eso, la llave disponible y de más rápido acceso está en el Fondo Monetario Internacional.

En este punto, cabe destacar que el organismo que integran más de 200 países, incluido la Argentina, no es un demonio, como acostumbran a ver los gobiernos populistas, con alta propensión a la indisciplina fiscal y, consecuentemente monetaria, más allá de que como toda persona, física y jurídica (empresas y organismos) está plagado de defectos y de algunas malas costumbres.

Su constitución, después de la Segunda Guerra mundial, se fundamentó en la necesidad de reunir recursos financieros para poder prestárselos en condiciones ventajosas a los países miembros que necesitaban reconstruir su infraestructura y asistir las necesidades más básicas de sus habitantes. Como prerrequisito, exige la presentación de un plan creíble, esto es que asegure la recuperación de la capacidad de pago del crédito en el tiempo pactado, para que el día de mañana pueda asistir a otro socio que lo solicite.

Pero al mismo tiempo, el FMI pide a las naciones socias la autorización para revisar sus cuentas fiscales, monetarias y del sector externo, según lo estable el Artículo IV del Estatuto de Constitución, para poder después evaluar el cuadro, y, de ser necesario ofrecer las recomendaciones de política para corregir desvíos respecto de parámetros internacionales.

Este punto es visto por los inexpertos y, en especial por los Gobiernos populistas que se consideran autosuficientes, como condicionamientos de política que impiden el crecimiento de la economía, y con ello tender a un estado de bienestar de todos sus habitantes.

La realidad que muestran la mayoría de los más de 60 países miembros del Fondo con un PBI superior a USD 100.000 millones, es que quienes cumplen con el Artículo IV no sólo pueden acceder a créditos internacionales a tasas inferiores a la mitad de la que paga la Argentina, sino que mejor observan mejores progresos que quienes lo rechazan y muchos hasta tienen un ingreso medio por habitante superior, sin necesidad de caer en políticas de ajuste o reordenamiento de sus finanzas públicas y externas, sencillamente, porque sus desequilibrios son “administrables”.

De ahí que mientras se insista con políticas heterodoxas de aislamiento internacional, sustitución de exportaciones y desaliento a la inversión productiva en forma general, se avanzará en lo que resta del año a un fondo cada vez más profundo y forzará al próximo gobernante, cualquiera su signo, a volver al Fondo Monetario Internacional, no ya para cumplir con la exigencia del Artículo IV, sino incluso para obtener un crédito contingente, para poder comenzar a pagar las cuentas pendientes, las cuales ya se estima en el mercado que superarán sólo en 2016 los USD 30.000 millones.

Nos quieren hacer creer que un dólar vale menos de 10 pesos

En su último mensaje en la Asamblea Anual de las Naciones Unidades, la presidente Cristina Kirchner hizo una rápida historia de la economía argentina, y al explicar a muy pocos líderes del mundo que se quedaron en el auditorio una de las causas de la crisis de deuda, sostuvo que “nos hicieron creer durante la convertibilidad que un dólar valía un peso”.

Es una pena que ahora, al fin de mandato, la Presidente no repare en que, como en los 90, nos quiere hacer creer que un dólar vale menos de $10, cuando en el mercado libre, donde realmente es posible comprar un billete, ya cotiza a más de $16, con una brecha al filo de 70%, y el consenso de los economistas estima que una paridad real debiera ubicarse entre 12 y 13 pesos, por la inflación que genera un déficit fiscal descontrolado.

Los mentores del derrumbe de la convertibilidad de la peor manera, devaluación, desdolarización, default y corralón para el retiro de depósitos, estimaron entonces que la brecha cambiaria entre el peso y el dólar era del orden de 40%. En este punto, pareciera que el escenario actual es peor que entonces. Más aún cuando los números del comercio exterior muestran que las exportaciones se derrumban a ritmo de más de 11% por segundo año consecutivo, en contraste con 14 años atrás, que sólo habían bajado transitoriamente por un período y el saldo de la balanza comercial superaba en más de tres veces al que, con alguna ingeniería contable del INDEC, se proyecta para todo 2015.

También los indicadores pobreza e indigencia, pese a que nos quieren hacer creer que son sustancialmente bajos, son sensiblemente peores a los que se obtenían en los últimos años de los noventa, como lo acaba de detectar un hallazgo periodístico del diario La Nación.

Del mismo modo, nos quieren hacer creer que los cuadros tarifarios no necesitan una revisión urgente para los sectores de altos ingresos, pese a que pueden pagar hasta más de diez veces los valores actuales sin que se vean comprometidas sus finanzas, para poder mantener los subsidios a la demanda de los segmentos de la población de bajos ingresos, esto es más de la mitad de los argentinos.

No sólo eso, para sostener el relato, el INDEC nos quiere hacer creer que el consumo en supermercados y shopping crece a tasas de dos dígitos altos, entre 10 y 20% en cantidades, respecto del año anterior, pese a que una simple división de los ingresos por ventas por el coeficiente de aumento real de los precios, arroja una caída real de 3% en el primer caso y una modesta suba de 5%, sobre un nivel singularmente bajo del año anterior.

Y para no abundar mucho más en falsas creencias, la Secretaría de Hacienda nos quiere hacer creer que el rojo de las finanzas públicas es menos de la tercera parte del real, porque considera como recursos genuinos el cómputo de ganancias contables del Banco Central y de la Anses.

La realidad se impone
Sin embargo, al final del día, o mejor dicho, de ocho años del gobierno de Cristina Kirchner, ya no hay forma de ocultar los severos desaciertos de política económica, como fue el error de cálculo del posible cambio de escenario internacional cuando en 2012 se le confiscaron a Repsol sus tenencias accionarias de YPF, y después de dos años decidió evitar juicios hipermillonarios en dólares y pagó por el 51% del capital de la petrolera mucho más que el valor actual del 100% en Bolsa.

Y si bien, el derrape del precio del petróleo y la crisis de Petrobras, jugaron un rol relevante, en la pérdida de capitalización de YPF, no se pueden soslayar los efectos derivados de la persistencia del default parcial de la deuda externa de la Argentina porque trabó el ingreso de inversiones extranjeras, salvo casos muy puntuales; el atraso del tipo de cambio que le restó competitividad externa; el cepo cambiario que restó fluidez a las importaciones de insumos y máquinas, en modo directo e indirecto; y el severo atraso del Plan Piloto de Vaca Muerta, porque sólo aparece como viable con una cotización de crudo superior a los USD80 el barril.

De ahí que a menos de un mes de las elecciones nacionales, y de tres meses del cambio de Gobierno, el consenso de los candidatos y sus técnicos reconocen la necesidad de revertir esas falsas creencias y comenzar de inmediato con el reordenamiento de las variables claves, para que la Argentina vuelva a convertirse en un país confiable y por tanto creíble.

Muchos empresarios quieren definiciones de los políticos

La presentación formal del Presupuesto 2016 por parte del ministro de Economía, en tiempo, no necesariamente en forma, no satisfizo las expectativas de gran parte de la dirigencia empresaria, al menos de aquella que más contribuye a la generación de riqueza y de divisas, porque no fue consensuado con los equipos técnicos de los máximos candidatos a acceder a la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre.

Una prueba clara que explica el malestar y la insatisfacción de parte de la dirigencia empresaria, aunque se abstuvo de explicitarlo para no generar ruidos ni malas interpretaciones en tiempos de campaña, la dio Axel Kicillof cuando en su presentación de las pautas de gastos y recursos para el año próximo consideró apropiado destacar ante los legisladores de la Cámara baja que “La intención es cumplir con las leyes como se ha hecho en estos 12 años y presentar un presupuesto adecuado, que es una ley fundamental para el manejo del Estado, no hay intención de condicionar al gobierno que viene en ningún sentido”. Esa sola mención puede interpretarse como que “hay intención de condicionar al gobierno que viene”.

Por eso, para no dejar dudas se considera hoy más que nunca que todos los candidatos, en especial los que presentan las mayores probabilidades de tomar las riendas de la Nación el 10 de diciembre, junto a sus equipos técnicos, se anticipen a explicitar sus objetivos e instrumentos para reencauzar la vida socio económica para el próximo año, a que los actuales legisladores, muchos de los cuales terminan su mandato el 9 de diciembre, voten un Presupuesto que más que nunca en 12 años se convirtió en papel mojado por sus postulados irreales. De ese modo, no sólo harán una esperada contribución al electorado para que sepa qué votará el próximo 25 de octubre, primero, y el 22 de noviembre, en caso de que sea necesario elegir al nuevo presidente en ballottage.

Es cierto que desde la vuelta del ejercicio de la democracia en 1983 nunca los máximos candidatos a la presidencia de la nación se ocuparon de explicitar la forma en que pensaban ejecutar su plataforma electoral, en particular en lo referentes a los instrumentos: medidas cambiarias, impositivas, monetarias, tarifarias. Pero eso no obsta para que exista una primera vez.

“Se nos va la vida”, decía un dirigente rural a semanas en que los productores deben decidir la siembra de granos de cosecha gruesa. “Ya tuvimos experiencia de sembrar con un presidente y cosechar con el que venía, y no nos fue bien. Y eso que se trataba del mismo, porque hubo renovación de mandato”, apuntaba con singular inquietud, recordando las trabas para importar insumos, las restricciones que imponen los ROE (Registros de Operaciones de Exportación); el atraso cambiario y la “sustitución de exportaciones” por el mercado interno.

Algunos economistas asesores de unos de los candidatos sostienen que “una salida gradual del cepo cambiario, no tendría impacto sobre los costos de las empresas, porque todas trabajan con un dólar real de 13 a 14 pesos”, que es la paridad implícita en las operaciones legales en el mercado bursátil, que el mercado bautizó “contado con liqui” y MEP.

Pero altos dirigentes del empresariado aseguran que no es así. “Si fuera así, nuestros costos en dólares serían un tercio más bajos que los que determinan el cambio oficial, y no estarían suspendiendo personal las terminales automotrices, fabricantes de componentes, etc. Y muchos sectores altamente dependientes de insumos importados, como en la rama química, petroquímica, y hasta de materiales para la construcción y productos de consumo masivo, no estarían comprando todo lo que le autorizan, independientemente de la demanda final, porque está descontando la próxima devaluación del peso”.

Los empresarios, por naturaleza, son siempre optimistas, porque además de su afán de querer ganar dinero, le suman la preocupación por sostener e incrementar las fuentes de trabajo. Estas han sido siempre, y más aún en un mundo globalizado, un activo clave para aumentar la riqueza de las naciones y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

Pero en el caso argentino agregan los altos niveles de capacidad ociosa que esperan ser reducidos en varios frentes, desde la mano de obra desocupada que bien medida se ubica en un rango de 11 a 20% de la población económicamente activa; pasando por la industria con casi un tercio del potencial; el agro, tanto de producción extensiva como intensiva (economías regionales); hasta la minería y el sector energético sustentable, hasta el sistema financiero que registra índices de uso del crédito y depósitos sobre el PBI que se ubican entre la mitad y la tercera parte de los que predominan en el vecindario.

Sólo se reclama ponerlos en valor con decisiones de políticas que pongan más el acento en impulsar los negocios de las empresas y de la generación de riqueza por el conjunto de la ciudadanía, que en potenciar un crecimiento burocrático e improductivo de un Estado que contribuyó a favorecer a cada vez menos y alejar a la Argentina no sólo de los mercados de deuda, sino para vender sus productos, para beneficio de sus vecinos.

Los empresarios y familias ya no quieren más sorpresas. Cuánto más se expliciten las decisiones de política económica y social que piensan ejecutar los candidatos, con sus claras mediciones de costos y beneficios: sociales y monetarios, más rápido el sector privado se moverá para reimpulsar la actividad, o ajustarse para perder menos, según sean sus expectativas de cuáles cree que serán más aceptadas por el electorado.

De lo contrario, esperar hasta el 10 de diciembre, y luego hacer el inventario de lo que se recibirá en términos de deuda social y financiera, sólo contribuirá a sostener las tensiones cambiarias, mantener elevada la inflación y estancada la actividad económica, más allá de que algún vuelo de corto aliento lleve a creer a algunos funcionarios que la Argentina transita por caminos de bonanza, pese a algunas turbulencias en el vecindario, y en especial en los principales socios comerciales.

La recaudación de la AFIP plantea interrogantes

Una vez más, en agosto el aumento de la recaudación tributaria superó con creces a la tasa de inflación y a la variación promedio de los salarios en una magnitud que no se corresponde con ningún indicador genuino de la actividad agregada.

En la habitual conferencia de prensa, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, justificaron la brecha de más de seis puntos porcentuales entre el crecimiento de los recursos tributarios y cualquier índice de precios, en el dinamismo de la actividad, y mencionaron el impulso de la construcción que alcanzó récord en julio, según el Indec.

Sin embargo, curiosamente, los funcionarios no hicieron mención ni explicaron por qué si la construcción está en apogeo, como suele ocurrir en los años de elecciones nacionales, el relevamiento de expectativas del Indec para agosto arrojó como resultado un predominio de empresas que reducirían el empleo por sobre las que lo incrementaría, habida cuenta de que nadie destruye empleos en plena bonanza, y menos aún, como ocurre en la obra pública aún, cuando quedan meses en que debería sostenerse el impulso.

Tampoco atinaron a explicar, y confieso que tampoco fue motivo de inquietud por parte de colegas periodistas, por qué si la actividad está tan pujante, dado que de la brecha entre la variación de la recaudación y la inflación se desprende una expansión del PBI del 5%, el consumo real promedio por establecimiento en supermercados volvió a bajar, y el patentamiento de automotores acusó caída en agosto de más de seis por ciento.

Pero no sólo eso. Un análisis de la serie histórica por año desde 2005 a 2014 de las variaciones del cobro total de IVA y del impuesto al cheque revela una brecha promedio entre esos dos tributos de más / menos cuatro puntos porcentuales, pero en agosto último ese gap se amplió a casi 20 puntos porcentuales y en los primeros ocho meses fue de once puntos.

De ahí se desprende, a primera vista, que en el desempeño del IVA habría gravitado un vencimiento de pago más que un año antes, dado que no se liquida diariamente, como ocurre con los débitos y créditos bancarios; o se le pidió a alguna mano amiga un anticipo a cuenta; o bien la economía está atravesando por un período de auge fenomenal que las estadísticas del Indec no llegan a captar en plenitud porque parte del crecimiento se generaría en la economía informal -aunque sí percibe el organismo ese efecto cuando elabora el Índice de Salarios- para eludir los insoportables controles de precios y tipo de cambio oficial administrado; o alguna falla en el sistema informático que suma algo más que la recaudación del mes calendario.

La bonanza de la Anses
Y así como la variación que mes a mes viene mostrando el cobro de impuestos vinculados con la actividad productiva y comercial crece mucho más que lo justificable por cualquier indicador oficial, y más aún privado, también aparece como incongruente el singular aumento de más del 35% de lo ingresado a la Anses por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, con la suba del 29% que midió el Indec en el Indice de Salarios, porque la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec dio cuenta de un virtual estancamiento de la tasa de empleo.

No obstante, de las declaraciones a la prensa de Ricardo Echegaray se desprendió que la Anses debería haber cobrado aún más por aportes y contribuciones porque “del análisis de la variación de los pagos de algunas empresas surge que estarían liquidando menos salarios de lo que informaban en otros meses”. Al parecer, los asesores del funcionario no atinaron a comunicarle que por la retracción de la actividad productiva y comercial muchas empresas se vieron forzadas a disponer suspensiones transitorias de personal, previa supresión de las horas extras, como son los casos de la industria terminal automotriz, el sector siderometalúrgico, el comercio y también en algunas constructoras e inmobiliarias, pese a que no se manifiesta en los resultados informados del desempeño del total de los recursos tributarios.

En el caso de Ganancias, si bien mantiene una suba sostenida muy superior a la inflación y al promedio del resto de los tributos, porque impacta en pleno el impuesto inflacionario por la caprichosa decisión del Gobierno de no autorizar actualizaciones generales, para asalariados, autónomos y monotributistas, de las escalas y deducciones al ritmo de la inflación, y tampoco permitir a las empresas el ajuste de sus balances, empezó a desacelerar la tasa de expansión.

Con todo, la mala noticia es que pese a la singular ingeniería del sistema tributario que permite mostrar mes a mes como crece la presión tributaria sobre los contribuyentes, los recursos continúan resultando insuficientes para cubrir la explosiva política de gasto público, la cual pese a determinar un déficit proyectado para el año de más de 7% del PBI, comenzó septiembre con un agregado de 841 millones de pesos, por la decisión unilateral de los ministros Axel Kicillof y Aníbal Fernández.