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Endeudamiento improductivo y contractivo

Una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Deuda Exterior quedó constituida en el Congreso Nacional con el objetivo de “echar luz sobre el origen del endeudamiento externo y hacer el seguimiento de la gestión y pago de los compromisos asumidos por el país desde la última dictadura”, y en particular sobre las condiciones de contratación en términos de tasas, plazos, comisiones y preferencias, a la hora de elegir a las entidades intervinientes y sectores privados involucrados, esto es desde el 24 de marzo de 1976 a la actualidad, con el claro propósito de demostrar que todo tiene pasado fue peor.

El diputado nacional kirchnerista Eric Calcagno fue designado como presidente de la Comisión que tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre la forma en que fue encarado y resuelto el tema en los distintos gobiernos.

Se trata de un ejercicio de dudosa efectividad e implicancias de cara a un futuro donde se observa con nitidez cómo a pesar de crisis periódicas el mundo avanza hacia un nuevo estadio de desarrollo, a partir de la innovación para poder los países diversificar su oferta masiva de productos y servicios exclusivos o a lo sumo escasos, para poder superarse y elevar la calidad de vida de su gente con creciente capacitación y especialización para acceder a mejores salarios.

Entre extremos, en los últimos 39 años la deuda pública, interna y externa, se multiplicó por 30, si se toman los datos conocidos al 30 de junio de 2014 y por 37 si se compara con la que surge de la extrapolación al día a partir de los compromisos que asumió el Gobierno nacional desde entonces, junto al agregado de un déficit fiscal que, con el que genera el Banco Central con su política de regulación monetaria y cambiaria, se estima en torno a siete puntos del PBI. Pasó de u$s6.648 millones a u$s198.900 millones a junio último y a unos 250.000 millones en la actualidad. En ese período, la deuda externa privada se multiplicó por 23, se incrementó desde u$s9.738 millones a u$s70.230 millones a diciembre pasado.

Por tanto, a esta altura, sería deseable que la nueva comisión bicameral, si realmente tiene intenciones de llegar a algo, que se ocupe y preocupe para que no se repitan los factores que provocaron semejante brecha de crecimiento de la deuda pública total con la que experimentó la externa privada, en particular porque no se adviertan grandes factores de cambio en la calidad de vida de los habitantes y de la oferta productiva de las empresas, puesto que persisten enormes focos de escasez en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, seguridad pública, energética, vial, entre otras.

En ese caso, la conclusión ya se puede adelantar: ese cuadro se explica por la recurrente indisciplina fiscal, definida por la alta diferencia negativa entre ingresos tributarios y gastos de la administración, que se financió con emisión de bonos o, como desde la crisis de la convertibilidad, con uso y abuso de emisión de dinero, con el consecuente impacto contractivo sobre la actividad, la inversión, el empleo y el aumento de la pobreza e indigencia, porque provocó una persistente pérdida de competitividad de las empresas con el resto del mundo y mantuvo una baja calidad de vida del promedio de los habitantes, al no poder dar suficiente respuesta a las necesidades sociales básicas.

La práctica de Hacienda de informar mes a mes el resultado de las finanzas públicas en base caja, esto por la diferencia entre los ingresos por el cobro de impuestos y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más los derechos aduaneros, y los gastos que se pagaron, y no los efectivamente incurridos pero no abonados, fue disimulando en cada período la real magnitud del déficit fiscal. Éste recién se puede calcular de modo más preciso casi con un año de atraso, cuando se difunden los datos de la deuda pública. Aunque en este caso también aparece un sesgo determinado por las diferencias de cambio que a menudo se verifican por las arbitrarias políticas públicas de atraso y apreciación del peso, según predominen los objetivos de estabilizar artificialmente la inflación con el rezago del tipo de cambio, o de fomentar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Por tanto, lo que requiere la Argentina hoy es que una Comisión Bicameral se reúna para impulsar un proyecto de ley que establezca una penalización creciente a los funcionarios de áreas responsables, hasta el grado presidencial, que con sus políticas provoquen niveles de déficit fiscal superiores a una pauta internacionalmente aceptada. Como punto extremo podría ser 3% del PBI. Y también a las autoridades que llevan a que la economía caiga en episodios de inflación de más de un dígito alto (superior a 6% anual), sin intervención del organismo oficial de estadística, fenómeno que merecería una pena aún mayor.

La dinámica de la deuda nominal
En los 39 años que se comprometió a investigar la Bicameral los gobiernos de facto estuvieron en siete, esto es en menos de un quinto del tiempo y la deuda pública total, externa e interna, se elevó en poco más de un décimo del total acumulado: u$s25.000 millones, (4,8 veces) y la externa del sector privado se acrecentó en u$s10.300 millones (4,3 veces), representaron en conjunto entre el 11 y 14% de la suba acumulada en ese período.

Bajo la administración de Ricardo Alfonsín la deuda pública total subió en u$s22.000 millones y la privada externa cayó en u$s7.300 millones, con lo que el neto explica entre 5 y 6% del incremento en los 39 años.

Mientras que los mayores saltos se observaron durante la gestión de los gobiernos asociados al peronismo: el menemismo acumuló en su ciclo de poco más de 10 años un expansión de las obligaciones financieras a plazo de u$s68.000 millones en el caso del sector público y u$s62.000 millones por parte de los privados, representando en conjunto entre 42% y 50% del total del período; y con el kirschnerismo se acrecentó entre 46.300 y 97.400 millones de dólares la pública (según se tome el saldo conocido al 30 de junio pasado, o el proyectado a hoy), pese a que en el medio se observó una quita neta de más de u$s66.000 millones a los bonistas afectados por el default de 2001 que aceptaron las propuestas de canje de 2005 y 2010. El uso de reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos sólo transformó deuda pública externa en deuda pública interna; en tanto la privada creció en u$s11.500 millones, equivaliendo en conjunto entre 20 y 33% del total.

Durante la transición desde el fracasado gobierno de la Alianza hasta la normalización institucional en mayo de 2003 la deuda pública avanzó en unos u$s31.000 millones y la privada externa cayó en u$s9.000 millones, explicó entre 8,5 y 10% del aumento acumulado en los citados 39 años.

Si el análisis del origen y destino de la deuda pública y privada se limitara a detectar su legitimidad, no cabe duda de que en primer caso sólo en muy pequeños tramos de los últimos 39 años tuvo su base en la mejora y aumento de la infraestructura en calidad y cantidad, mientras fue generalizado el uso de ese recurso para responder al clientelismo de la política que elevó el empleo improductivo y subsidios económicos a empresas y personas que no los necesitaban, más que por compensación de favores.

Dólar e inflación en camino a victorias a lo Pirro

La política económica, si se puede calificar de tal a la acción concentrada en que no se dispare el dólar libre y por esa vía no se reactive la inflación, le está aportando al Gobierno nacional una clásica “victoria a lo Pirro” en perspectiva.

Cabe recordar que Pirro reinaba en Epiro en 281 a C. cuando la ciudad de Talento le solicitó ayuda contra Roma. Entonces acudió con 25.000 hombres y enfrentó al cónsul Valerio Levino. Los elefantes, que los romanos aún no conocían, decidieron la batalla y las legiones, diezmadas, dejaron sus posiciones al fin de la jornada. Pero, al amanecer, el rey comprobó sus propias bajas: más de 4.000 hombres y sus mejores jefes muertos; su caballería puesta en fuga. “Otra victoria como ésta y estoy perdido” se quejó amargamente a sus generales. Continuar leyendo →

La recesión aún no alcanzó su piso

Transcurrido el primer bimestre del año los indicadores de actividad no dan señales de un punto de inflexión. Sea por el lado de la venta de automotores, o el más amplio, como el informe de la recaudación de impuestos, se advierte una desaceleración de la tasa de contracción del consumo, la inversión y del comercio exterior, pero eso está lejos de marcar el fin del ciclo recesivo, porque disminuye la tasa de variación interanual, pero cada vez se está más abajo en cantidades y en valores reales, en el caso de las variables nominales.

Y si bien el movimiento turístico doméstico recuperó niveles de tiempos de bonanza, muy lejos estuvo de responder a la superación de la crisis, sino por el contrario, fue el más claro reflejo de la profundización de la pérdida de capacidad de compra de los salarios, en particular en el resto del mundo. Basta con pararse frente a la Aduana de Ezeiza y ver como los pasajeros regresan con las valijas flacas y sin demoras porque no hay nada que declarar, salvo algún juguete, alimento envasado, o complemento de un producto electrónico, que no llegan a superar los 300 dólares de franquicia, para comprobarlo.

Además, las estimaciones de mercado dan cuenta de que el aumento en cantidad del flujo del turismo fue inversamente proporcional a la variación del tiempo de permanencia en estado de disfrute de la población en los centros turísticos del país: “fue un año más gasolero que nunca”, destacan los expertos del rubro. Los optimistas de siempre atribuyen el fenómeno a la multiplicación de los “feriados puente”, porque ha llevado a modificar los hábitos de salidas durante el año: “más a menudo por menos tiempo”.

El récord de venta de dólares para ahorro a una minúscula porción de la población trabajadora, ya que alcanzó un ritmo cercano a u$s6.000 millones, que representa menos del 10% del total del ahorro nacional en un año, tiene su contrapartida en la mayor baja del consumo y también de la inversión productiva, más allá de que algunos lo utilicen para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos habituales con la venta de esos dólares en el mercado blue.

El cobro de IVA sobre el consumo de productos nacionales creció 32,7% en el bimestre, un par de puntos por debajo de la tasa de inflación, no obstante que, según dijo el administrador federal de ingresos públicos, contó con el impulso derivado de la sustitución de importaciones, fenómeno que explicó la pérdida de vitalidad de las compras externas, en parte por la discrecionalidad en las autorización de pagos a los proveedores del exterior, y en parte por la baja de los precios internacionales. De modo que el consumo agregado cayó en términos reales.

Mientras que lo ingresado entre enero y febrero por el denominado impuesto al cheque apenas aumentó 21%, más de diez puntos porcentuales menos de lo esperado por el curso de la inflación, descontado el receso de la actividad.

Parte de semejante caída en términos reales puede asociarse al retorno de cierta indisciplina fiscal, fomentada por la propia AFIP al mostrarse más flexible que otros meses en las autorizaciones de venta de cambio a ahorristas, porque sabe que gran parte de las divisas que se obtienen de las reservas a un precio de remate se vuelcan en el circuito informal para obtener una renta cercana al 30%. Con ello por un lado logran reforzar la debilitada capacidad de compra de bienes de los salarios y por otro contribuyen a deprimir el valor del dólar libre, al surgir una oferta inducida por la propia autoridad gubernamental.

Algunos economistas creen ver en la desaceleración del ritmo de crecimiento de la recaudación de impuestos el efecto de la disminución de la tasa de inflación, por la recesión doméstica. Pero, al parecer, han distraído su mirada sobre el efecto sobre el desequilibrio negativo de las finanzas públicas, pese a que por esa vía se ha acelerado la expansión monetaria para financiar el gasto del gobierno de menos de 20% en octubre de 2014 a más de 32% anual desde comienzos del año, la cual volverá a disparar la suba de los precios al consumidor en pocos meses.

Expresión de buenos deseos
De ahí que pese a ese escenario, no son pocas las consultoras privadas que comienzan a presupuestar un cambio de expectativas hacia el segundo semestre, a partir del agotamiento del actual ciclo de gobierno y el voto de confianza que suele otorgarse a todo nuevo presidente, y hasta arriesgan una tasa de crecimiento de 4% para el año próximo.

Sin embargo, aún no se conoce cuál será el punto de partida del paso de la recesión a la esperada reactivación de la economía, y menos aún si el desbarajuste que se observa en materia fiscal, tarifaria, cambiaria, monetaria, energética y también en los indicadores sociales, se corregirá con dolorosas políticas de shock que posibilitarían un rápido salto de calidad en todas las variables, como aconsejan muchos economistas independientes, no atados a objetivos y plataformas de los partidos políticos, o a través de recetas heterodoxas aparentemente menos costosas para la población, y por tanto más publicitadas en los discursos de campaña, aunque no aseguran una corrección sostenida y sustentable como se vio repetidamente en los fallidos “programas de ajuste” entre los 70 y parte de los noventa.

El uso político de la economía

La Presidente dedicó el primer tercio de su balance de gestión antes de dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional a los singulares logros en materia económica y se amplió a más de la mitad de su oratoria de poco más de tres horas y medias si se toman en cuenta las referencias a los aspectos sociales vinculados con la economía, como los programas asistenciales, los salarios docentes y las obras de infraestructura.

El uso político de la economía quedó puesto de manifiesto en el tiempo y prioridad que le dio Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, sino fundamentalmente en destacar como grandes méritos a lo que fueron claros fracasos, y principalmente en omitir muchos de ellos.

Entre los primeros la Presidente resaltó la política de desendeudamiento, tanto en términos absolutos, dólares, como también en valores relativos al nivel del PBI, producto de la quita de unos u$s65 mil millones con el canje da en default en 2005; el pago al FMI de u$s9.530 millones al FMI en los primeros días de enero de 2006 y haber concretado otros pagos por unos u$s70.000 millones en los últimos doce años.

Sin embargo, pese a esas realidades, los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación dan cuenta de que mientras la deuda pública total, interna y externa, era equivalente a fines de diciembre de 2001, último año de la convertibilidad fija de un peso y un dólar, a u$s144.500 millones y 53,7% del PBI, en junio de 2003 asciende a u$s152.600 millones y 138,7% del PBI; desciende a un mínimo de u$s125.400 millones en septiembre de 2005, un 61% del PBI. Desde ese momento y pese a los pagos efectuados con uso de reservas y aumento de la presión tributaria sobre las empresas y también los asalariados, escaló a junio de 2014, último dato, a u$s198.900 millones. Al cambio oficial representó 43% del PBI, pero al libre actual se amplía a más de 58% del PBI.

También fue un claro fracaso la supuesta industrialización de la economía, porque no sólo el conjunto del sector manufacturero perdió participación en el PBI, sino también en la contribución a generar empleos respecto del total registrado, e incluso en su aporte a la generación de divisas si se agrega el componente energía y combustibles.

La Presidente ponderó que la Argentina registra el nivel de industrialización más alto de América Latina al alcanzar el 20% del PBI, relegando a segundo lugar a México que, según dijo, es de 17,5% del PBI; Perú 14% y Brasil 12%. Sin embargo, de las cuentas nacionales surge que dicho 20% a precios de 2004, cuya serie comienza en 2006, es equivalente a 15,7% a precios del PBI de 1993, y representa un punto porcentuales menos que en 2003 y más de dos puntos porcentuales por debajo del pico de 18,2% que había alcanzado veinte años antes.

Tampoco la estadística oficial avala el logro de la disminución de la primarización de las exportaciones, esto es la mayor participación de las ventas al exterior de manufacturas industriales no agropecuarias y de energía y combustibles sobre el total del sectores productores de bienes generadores de divisas, porque de un promedio de 41,2% en los 90 y un pico de más de 49% en los últimos dos años de la convertibilidad cayó a 40% del total en el último año.

En línea con la contundencia de esos datos, las devaluadas estadísticas del Indec también revelan que el empleo registrado en el sector manufacturero si bien creció en los últimos once años en un 50%, esto es 400 mil puestos netos, respecto del total, público y privado, que aporta al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, declinó de 24,2% en 1994 a 17,7% en junio de 2003 y a 15,1% en el último dato a septiembre pasado.

Del mismo modo podría cuestionarse la relación del salario mínimo vital y móvil actual de $4.716, como el más alto de América Latina, porque los u$s530 al cambio oficial se reduce a menos de 365 al dólar libre.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec no avala la referencia que hizo la Presidente a la creación de seis millones de empleos, tanto en el agregado de los 31 aglomerados urbanos relavados, como incluso la extrapolación al total nacional. El aumento neto entre mediados de 2003 y fines de 2014 fue de 3,6 millones de personas, y se amplía poco más de 5 millones si se toma como referencia el mínimo anotado en mayo de 2002, bajo el inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, quien entregó el mando un año después con la economía en recuperación y creación de 1,4 millones de puestos de trabajo netos.

Los grandes ausentes
La Presidente decidió omitir aspectos relevantes de la economía donde el país ocupa los primeros puestos en el mundo, por su nivel de descrédito de la gestión.

Entre ellos sobresalen una tasa de inflación que pasó en los últimos ocho años de tasas de un dígito porcentual al año a un rango de dos dígitos altos, más de 35% en la actualidad.

El nivel de pobreza e indigencia, también en el rango de dos dígitos porcentuales de la población total, razón por la cual se dejó de elaborar la estadística a partir de la segunda mitad de 2013.

La fuga de capitales, que pasó de un total acumulado de 109 millones de dólares a fines de 2001 y 122.500 millones en diciembre de 2003 a 154.000 millones en 2007 y a más de u$s227.000 millones en el último dato a septiembre de 2014, según comunicó el Indec, por la política hostil contra la inversión extranjera directa y el impuesto inflacionario.

También estuvieron ausentes en el balance de gestión que hizo Cristina Kirchner las referencias al aumento de la carga impositiva sobre los ingresos de los trabajadores y las ganancias de las empresas en unos 15 puntos porcentuales en términos del PBI, en forma agregada, por la concurrencia de la no actualización de los mínimos no imponibles y permitir el ajuste de los balances por inflación, sino también por el impuesto inflacionario que se suma por el desfase entre el período del aumento nominal de los salarios y jubilaciones, cada un período medio de seis meses, y la suba diaria del promedio de precios de la economía.

Y pese al singular incremento de la presión tributaria, el resultado de las finanzas públicas pasó de un superávit de más de dos por ciento del PBI a un déficit pico de 8,2% en diciembre último y más de 4% en el promedio de 2014, sólo a nivel nacional. Deben agregarse un par de puntos de desequilibrio de las provincias y municipios y también el cuasi fiscal que genera el Banco Central con el financiamiento a tasa cero al Tesoro nacional y pago de tasas de más de 26% anual a los tomadores de Letras y Notas, principalmente bancos e inversores institucionales, como la Anses, compañías de seguro y fondos de inversión.

También se omitió toda referencia al cepo cambiario, las trabas impuestas a las importaciones y la política deliberada de apreciación del peso, los cuales se aunaron para provocar una severa pérdida de competitividad de la producción nacional y la consecuente contracción del comercio exterior argentino.

La lista del uso político de la economía podría continuar con la deliberada desactualización de los cuadros tarifarios de las empresas de servicios públicos, en particular para los sectores de medianos y altos ingresos; o las deficiencias en materia de infraestructura, porque las obras, energéticas, viales, portuarias, amén de las necesidades de asistencia educativa y hospitalaria estuvieron lejos de cubrir las necesidades de la población y de las empresas, entre otras, amén de la persistencia del default de parte de la deuda pública y la consecuente imposibilidad de acceder al mercado internacional de capitales a tasas de menos de 5% anual, como le ofrecen a países vecinos y tener que aceptar costos de casi el 9% anual, como el que asumió YPF pocas semanas atrás.

Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil

Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir del 1 de marzo a 3.821,73 pesos. Se aproximará al objetivo largamente demandado y emblemático del 82% del salario mínimo vital y móvil, el cual desde enero es de 4.716 pesos.

Sin embargo, la realidad mostrará que no sólo esa referencia es antojadiza sino que, peor aún, es irreal, porque el salario promedio de los trabajadores es actualmente de poco más de 10.570 pesos y sube a 11.100 pesos si se excluye el efecto de los jornales de los empleados en negro, porque no hacen aporte para el sistema previsional. Sobre ese parámetro el haber medio de las jubilaciones, que la Presidente anunció que pasará a ser de 6.806 pesos a partir de marzo, apenas superará el 61 por ciento.

Pero no sólo eso, en una economía altamente inflacionaria, donde el promedio de precios sube a una tasa de 2% por mes, y los salarios, según el Indec, tienden a acompañar esa referencia, al momento de percibir los jubilados el haber actualizado pasará a representar menos del 57% del sueldo de un activo.

A partir de ahí, y dado el régimen de Movilidad Jubilatoria, que establece un ajuste de a escalones cada seis meses, esas referencias se irán achicando mes a mes, hasta proyectarse para agosto un piso inferior al 53 por ciento y promediar en el semestre un 55 por ciento.

Y si bien la utilización del salario mínimo vital y móvil como umbral objetivo de la jubilación mínima es funcional al objetivo político de terminar el ciclo con el logro del anhelado 82 por ciento móvil de un salario en actividad, las autoridades económicas, y en especial del área de Trabajo y de la Seguridad Social, saben muy bien que en la Argentina son muy pocos los trabajadores que reciben esa remuneración mínima, excepto por la vía de subsidios y programas asistenciales, por una jornada inferior a las 40 semanales.

Pérdida de oportunidades
Si realmente es intención del Gobierno mejorar en términos reales la relación del haber jubilatorio y el salario medio de la economía, hasta alcanzar el 82 por ciento, lo primero que debiera hacer es ocuparse y preocuparse por abandonar una política que en los últimos tres años se concentró en generar alta inflación, para poder cobrar el impuesto inflacionario a los asalariados y empresas, y destinar los recursos excedentes que pueda acumular la Anses a subir los haberes de los jubilados y pensionados por sobre el límite mínimo que surja de la fórmula polinómica, hasta alcanzar esa emblemática meta.

Hoy, con el ritmo desenfrenado de crecimiento del déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda depende cada vez más de las transferencias de utilidades de Banco Central y de la Anses. En este último caso en el último año superaron los 39.000 millones de pesos: representaron el 11 por ciento del total de las jubilaciones y pensiones, más juicios perdidos, abonadas en ese período.

Si esos recursos se hubiesen destinado a elevar los haberes del sector pasivo, el nivel promedio hubiera ascendido al equivalente a 63 por ciento del salario promedio de la economía.

La brecha resultante con el punto inicial proyectado para marzo de más de seis puntos porcentuales es el efecto del impacto inflacionario, la recesión y la consecuente destrucción de empleos, sólo en el último año, porque se tradujo en conjunto en menores aportes reales al Sistema de la Seguridad Social por parte de trabajadores y empresas.

Elevado costo paga el Banco Central para contener al dólar

Después del severo descontrol monetario en los últimos días de diciembre, forzado por el abultado aumento del gasto público sin caja previa, el Banco Central decidió encarar una agresiva política de absorción de pesos de la City por la vía de la colocación de Letras entre cuatro y doce meses de plazo, pagando tasas del orden del 28 por ciento anual.

Técnicamente es lo que venían reclamando los denominados economistas ortodoxos, porque el exceso de pesos respecto de lo que demandan las empresas y las familias genera una presión severa sobre el valor del dólar y por esa vía de la inflación; como también sobre el consumo, y por ese canal, presiona a la suba de los precios, esto es de la inflación.

A partir de ahí Tomás Bulat escribió en otro medio que “el precio más cuidado de la economía es el dólar”. Obviamente, está en lo cierto. Pero del mismo modo podría dicho “el precio más descuidado de la economía es el peso”, porque lo que abunda son los billetes en circulación que dada vez tienen menos poder de compra.

El mejor ejemplo de ese fenómeno, pese a que en los últimos doce meses la base monetaria creció sólo 20%, esto es casi la mitad del ritmo que tuvo la tasa de inflación, es que la relación de convertibilidad con las reservas en divisas en el Banco Central se sostiene por arriba de 14 pesos, un 60 por ciento más alto que la atrasada paridad oficial de 8,68 pesos en el canal minorista. Se trata de una de las relaciones más altas del mundo, o lo que es lo mismo, de las peores si se considera el poder adquisitivo, ya que con un peso apenas se puede comprar 12 centavos de dólar al cambio oficial (antes del pago de un 20% a cuenta de impuestos) o siete centavos en el mercado libre.

De ahí que para evitar que esas relaciones se deterioren aún más, y agraven el grado de empobrecimiento que afecta cada vez a más argentinos, Alejandro Vanoli decidió repentinamente cambiar el rumbo de su política monetaria y retirar del mercado desde comienzos del año más de 22.000 millones de pesos netos, con la colocación de Letras por 68.315 millones de pesos de valor nominal, pese a que vencían 35.400 millones de pesos de valor nominal. Significó reducir en 5% la base monetaria en sólo 30 días y absorber gran parte del giro al sector público el 29 de diciembre de casi 30.000 millones de pesos.

El fantasma del déficit cuasi fiscal se hizo realidad
La mala noticia de esa estrategia es que, por un lado, el exceso de emisión de pesos para atenuar el rojo de las finanzas públicas se hizo a tasa cero, mientras que la posterior esterilización se hace con un costo de 28% anual. Sobre el total de Lebac en circulación de 245.000 millones de pesos el pago de intereses por año asciende a unos 69.000 millones de pesos, equivalente a 1,5 por ciento del PBI.

Ese es uno de los precios que el Banco Central decidió pagar, aunque seguramente será mayor por la demanda de gasto del sector público en un año electoral y Presupuesto 2015 que ya quedó desdibujado antes de empezar el ejercicio, para contener la inflación y la suba del dólar libre. A modo de suposición estadística debo destacar que la citada relación de convertibilidad de 14 pesos por dólar que se observa en la actualidad se elevaría a 22 pesos si la autoridad monetaria decidiera cancelar la totalidad de las Letras en circulación.

Otro de los precios que paga el Central por no inducir al Ministerio de Economía a que reordene las finanzas públicas, con eliminación de subsidios económicos a las empresas y sectores de altos ingresos (familias que perciben más de 30.000 pesos por mes, como posible punto de partida); reducción de la presión tributaria sobre asalariados y empresas, con la suba a proporciones históricas de los mínimos no imponible y ajustes de balance por inflación) y extinción de las retenciones sobre las exportación; junto a precios libres e incentivos a la inversión productiva, y liberación de las tarifas de los servicios públicos. con la creación de una tarifa social para no castigar a los sectores de bajos ingresos -más del 50% de los trabajadores, es el desaliento del crédito al sector productivo a tasas blandas de 19% anual, porque compite con ese segmento tentando a los bancos y a empresas a colocar su liquidez al 28 por ciento anual en Lebac, como ocurrió en las últimas licitaciones.

El resultado de esa política está a la vista, salvo el impulso del turismo doméstico para un cuarto de la población, en una estimación exageradamente optimista, sustentado en la pérdida de capacidad de gasto en el exterior, es la agudización de la recesión; la destrucción de más empleos; el mercado inmobiliario aún no encuentra su piso; la inflación no cede de modo genuino y permanente y por tanto la inversión productiva de envergadura se posterga otro año más.

Además, el exceso de regulaciones sobre el sistema financiero, las cuales se acentuaron en las últimas semanas con suspensiones a varias entidades de las operaciones en el mercado de capitales a través de sus casas de Bolsa, llevó al país a ocupar el puesto 172 sobre 177 en libertad monetaria, según difundió el índice que The Heritage Foundation realiza con el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

Todos esos costos y descenso sostenido con prisa y sin pausa a las peores calificaciones en cualquier ranking mundial de indicadores económicos, sociales y políticos, se evitarían si al menos se siguieran las prácticas de la mayoría de los países, en lugar de acercarse cada vez más a los que están severamente reprobados y condenan a sus habitantes a condiciones de pobreza extrema y atraso de más de 50 años.

En ese escenario, el ingreso de capitales del exterior, sea de argentinos, sea de extraños, posibilitaría mejorar sensiblemente la relación de convertibilidad entre la base monetaria y las reservas en divisas, con un menor costo para el conjunto de los residentes. Pero la historia argentina es muy rica y muestra que los políticos prefieren los atajos y el gradualismo, antes que el ordenamiento macroeconómico de shock por su fuerte impacto inicial, pese a que los buenos resultados no sólo sucederían más rápido que tarde, sino que se tornarían sustentables, con efecto inclusivo genuinio sobre los sectores de la población más postergados.