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Noviembre fue peor que octubre pero será mejor que diciembre

Los indicadores del Indec de la actividad económica, tanto del PBI, el comercio exterior, como de las finanzas públicas y marcha de los precios, mostraron en el último mes un inquietante deterioro, y contradijeron con contundencia al denominado “relato oficial”.

La industria ya no crece 4 o 5%, como acusó en mayo y junio, sino que ahora cayó 4,9%, y se aleja inexplicablemente de las estimaciones menos contractivas que calculan las consultoras privadas.

El saldo de la balanza comercial mantiene el signo positivo, pero revela mes a mes el efecto absorbente del resultado crecientemente deficitario de la cuenta energía y combustibles.

La Secretaría de Hacienda resalta mes a mes el rol de la actividad económica y las políticas activas del Gobierno, pero las planillas que consolidan los ingresos y gastos del conjunto del sector público nacional (no incluye a provincias y municipios) mostraron en el último mes que pese a contar con una asistencia extraordinaria del Banco Central de la República Argentina y de la Anses, el déficit fiscal, tanto primario (antes del pago de intereses de la deuda), como financiero o final, se acrecentó a niveles que comienzan a encender señales de alarma: más de 3% del PBI en 11 meses, pero con un ritmo en el último mes a más de 7% del PBI oficial.

El predicado en forma recurrente desendeudamiento del Estado ya no se sostiene, ni en el lo referente a los compromisos internos (crecientemente con el Banco Central, la Anses y otros organismos descentralizados, aunque en el relato se los minimiza, porque se considera un Pagadiós), como ahora, desde el tercer trimestre, también en moneda extranjera.

Y en materia de inflación, frente a una tasa inferior a 11% anual que el Indec informa mes a mes, y menos de 8% en el caso de los supermercados y shopping, el organismo oficial de estadística calculó para la estimación de las cuentas nacionales (PBI, consumo e inversión) que se aceleró en el tercer trimestre a casi 18% para el promedio nacional y superó 27% en el caso de la variación del índice de precios implícitos en el gasto del agregado del sector público nacional.

Por qué el año termina con indicadores más devaluados
Porque la negación de la realidad social, afectada por desconocer la inflación y sus efectos perniciosos sobre los sectores de la población de menores ingresos, incluyendo los cuadros menores de las fuerzas de seguridad que provocaron un levantamiento que terminó en desmanes, saqueos durante un par de semanas, y pese al virtual arreglo salarial y refuerzo de la vigilancia, no impidió que disminuyeran al mínimo los pedidos de reposición de mercadería. Es su único capital.

Como resultado de ese fenómeno, las industrias y distribuidoras proveedoras a los canales de consumo masivo vieron mermar sensiblemente sus ventas respecto de lo esperado, y más aún en comparación con las de un año antes.

Porque la negación de la crisis energética, pese a los esfuerzos por disimularla con abultadas importaciones de gas y otros combustibles y cortes más allá de lo programado a las empresas industriales, para poder proveer a improvisadas incorporaciones de usinas térmicas para proveer de energía eléctrica a los hogares, no sólo afectó el ritmo fabril, sino también el consumo de las familias en varias ciudades, en este caso por temor a perder todo frente a una amplia ola de apagones, en particular en el ámbito de la ciudad y Provincia de Buenos Aires, como en Rosario y otras localidades del interior del país.

Porque el desmedido incentivo al consumo, ahora con la extensión de los asuetos en la administración pública, por la Fiesta Navideña y los festejos del fin de año (hay algo por festejar, más allá de quienes están convencidos de haber sido partícipes gozosos de la “década ganada”?), arrastrará a varios servicios y empresas grandes y medianas, con el consecuente impacto contractivo de la producción y la inversión, así como del flujo del comercio exterior.

Porque la fracasada pero ahora repetida política de minidevaluaciones diarias del peso, a un ritmo largamente superior a la tasa de interés, incentiva la demanda de divisas por parte de los importadores, turistas y empresas que logran autorizaciones para cancelar deuda externa y girar utilidades al resto del mundo, mientras que, por el contrario, desalienta las liquidaciones por parte de exportadores y turistas que visitan la Argentina. Sólo con fugaces políticas para atraer dólares las reservas del Banco Central lograron detener la hemorragia, pero no sirven para curar las heridas en ese plano.

Porque haber acelerado el ritmo de devaluación a más de 6% por mes, a una tasa equivalente a 108% al año, tuvo su impacto inmediato en la profundización de los aumentos sostenidos y generalizados de los precios de la economía.

Porque con semejante deterioro de los indicadores de consumo, inversión y producción, el aumento esperado de la recaudación tributaria en diciembre volverá a estar crecientemente por debajo del desempeño del gasto público, con lo que se potenciará el rojo de las cuentas públicas.

El 3 de enero, como promete el Jefe de Gabinete de Ministros, se presentarán las 200 metas de Gobierno para el próximo bienio, un período que hoy luce extremendamente lejano, sino no se acepta la necesidad de diseñar y anunciar un plan integral de contención de la inflación con medidas de fondo que ataque las verdaderas causas, en lugar de los probados y repetidamente fracasados, controles, acuerdos o precios administrados, porque sólo buscan ocultar las consecuencias. En ese escenario, diciembre no sólo será peor que noviembre, sino que estará condenado a ofrecer mejores indicadores a los que arroje el primer mes del nuevo año.

Saqueos: datos dudosos llevan a políticas erróneas

Reiteradamente el Gobierno nacional se ha negado a revaluar las funciones del organismo oficial de estadística, y en particular el resultado de sus informes mensuales y trimestrales de precios, actividad, pobreza e indigencia, distribución del ingreso, entre otros.

Sin embargo, ahora que se agotan las reservas del Banco Central, porque han caído a niveles críticos, menos de tres meses de importaciones representan las de libre disponibilidad, se accede a lanzar un nuevo IPC Urbano y Nacional, a partir de febrero desde 2014, y el recálculo del PBI a precios de 2003 desde marzo de 2014, para poder quedar más cerca del acceso a créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional.

Pero mientras tanto no se sabe qué pasó en la pomposamente llamada “década ganada” para que no sólo aparezcan abultadas demandas de subas salariales por parte de las fuerzas policiales de las provincias, las cuales están siendo rápidamente reconocidas, sino que también amenazan con derivar en reclamos de igual tenor por parte de docentes, personal de la salud, y otros servicios públicos, incluida la administración pública, justo cuando las finanzas se debilitan por el efecto de la inflación desantendida.

Se argumenta que la situación de pleno empleo en varias provincias del norte del país y reducción de la desocupación a valores desusadamente bajos en los últimos 30 años no justifican reclamos salariales, porque a la luz de las estadísticas oficiales que no reflejan la realidad sino lo que el Gobierno quiere que revelen, en particular en el orden social, no hay hoy incapacidades extremas de poder de compra de las familias.

Más aún considerando que desde la salida de la convertibilidad la presión tributaria global, que es el porcentaje que representa la recaudación propia de la Nación, provincias y municipios del total de la generación de riqueza del país (PBI), se elevó en más de 15 puntos porcentuales, a casi 50% del producto, gracias a los aportes de las retenciones sobre las exportaciones, el impuesto al cheque, y el impuesto inflacionario sobre las empresas y también sobre el gasto de las familias.

Está claro que gran parte de esos recursos adicionales que hasta 2011 habían posibilitado acumular reservas se destinaron al pago de la deuda externa del sector público, principalmente con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito multilateral. Pero ahora no aparece claro qué porción se destinó a saldar la elevada deuda social.
Los jubilados nacionales no logran acceder al 82% móvil dispuesto por ley, pese a que la Anses se muestra con fondos excedentes para financiar el ahora abultado desequilibrio de las cuentas públicas.

Los índices de pobreza e indigencia que estiman los estudios universitarios, como el Observatorio Social de la UCA, superan en varias veces las cifras que difunde el Indec y se ubican en valores de dos dígitos altos.

La porción de los jóvenes de más de 18 años que revisten en la nómina de ni-ni-ni -no estudian, no trabajan y no buscan trabajo- ya supera el millón, y no se trata de personas adineradas que se pueden dar el lujo de vivir del ocio o de rentas heredadas, sino en gran parte corresponden a poblaciones en asentamientos precarios que se sospecha obtienen recursos mal habidos, como la delincuencia juvenil y saqueos.

La supuesta situación de pleno empleo no hace más que ocultar inquietantes bolsones de desocupados desalentados por no lograr el objetivo de ocuparse en tareas dignas y, muchos de ellos, por el temor a perder generosos planes asistenciales sin contraprestación laboral, aunque también sufren las consecuencias de la erosión que provoca la inflación.

Lamentablemente, por efecto de la sublevación policial en la mayoría de las provincias, hoy nos enteramos que esas fuerzas de seguridad, pese a su alta exposición al riesgo, apenas percibían, con adicionales, horas extras, jornadas de 48 horas, etcétera, poco más que el salario promedio de toda la economía. Lo mismo vale para el sistema de salud y la educación.

Demanda de transparencia hoy
Es tiempo de blanquear las estadísticas ya y hacer los análisis correspondientes sobre cómo se llegó a este estado de estancamiento de la actividad económica, alta inflación, reconocimiento de un dólar turista que supera en 35% al oficial, y en más de 74% al que regía un año atrás, debilitamiento acelerado del crecimiento de la recaudación tributaria, dos años de estancamiento del empleo en la actividad privada y, consecuentemente, creciente mal humor social.

Buscar financiamiento externo, aunque sea para obras de infraestructura; sostener el control de precios e intentar limitar también el margen de ganancias de las empresas y acelerar el ritmo devaluación para tentar a exportadores a que liquiden sus operaciones y desalentar a los importadores, es sólo insistir con atenuar las consecuencias de los crecientes y abultados desequilibrios macroeconómicos, provocados por caprichos transgresores. Seguir demorando las decisiones para enfrentar las causas que le dieron origen sólo conduce a generar más trastornos sociales y pérdida inquietante de vitalidad de la actividad económica. La producción de autos se desmorronó 20% en noviembre.

Para peor, el viento de cola del mundo parece haber comenzado a cambiar: los precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina cayeron en promedio 13%, según el índice del Banco Central de la República Argentina, y nada asegura que el ajuste declinante haya cesado. Parte de ese fenómeno explica la caída de los ingresos de la AFIP por retenciones sobre las exportaciones, justo cuando se elevan día a día las necesidades de divisas para pagar importaciones de combustibles que requieren las centrales térmicas.

Seguir buscando conspiradores y desestabilizadores, en lugar de reconocer desaciertos en la gestión y corregirlos, en particular los incurridos en los últimos dos años, sólo conducirá a agravar el descontento social el cual se manifestó en las últimas elecciones legislativas, aunque ese mensaje hasta ahora se desestimó.

La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos

Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar, sino, peor aún, en la pérdida de puestos de trabajo y mayor exclusión social. No es casual la aparición de saqueos en algunas provincias y la tremenda pérdida de votantes que registraron los candidatos del Gobierno en las últimas legislativas.

Con las firmas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno amplió hace una semana en $18.000 millones el gasto público de este año. Es para atender los pagos de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares tanto de la ANSeS como de las Cajas de las FFAA, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario y Poder Judicial, y pensiones no contributivas de Desarrollo Social. Es equivalente, en el mejor de los casos, al doble del monto que se proyecta recaudar con el salto de los impuestos internos para los bienes suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y motos, de 10% a un rango de 30% en un primer tramo y 50% en el más alto.

Podrá argumentarse que el impulso del gasto público en septiembre, con un incremento de más de 43% en comparación con un año antes, no es extrapolable para los meses siguientes, porque estuvo alentado por un fenómeno estacional, como fueron los momentos previos a las elecciones legislativas. Aunque no hay duda de que se está expandiendo en más de 4 a 5 puntos que la inflación real y que la suba del cobro de impuestos.

Pero no puede objetarse que la disminución en los últimos meses de las tasas de crecimiento de los recursos tributarios, sea porque perdieron competitividad las exportaciones, sea porque las empresas ahora acusan caída de la rentabilidad y por eso tributan menos Ganancias, sea porque el empleo dejó de crecer y las horas trabajadas por la nómina estable bajan, y por tanto se atenuó el aumento de los aportes personales, ha ido ampliando la brecha negativa con la dinámica del gasto público.

Prioridades invertidas
Sin embargo en las primeras dos semanas y media de cambio de estilo que impuso el nuevo jefe de Gabinete de Ministros no se advierte que semejante desbalance, que es la génesis del resto de los desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad en particular, constituya uno de los temas de la agenda inmediata a comenzar a resolver ya.

Por el contrario, las primeras medidas de política económica, como la destinada a elevar la presión tributaria para los bienes suntuarios, o acordar con Repsol una fórmula de pago por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, no son ni de implementación y efecto inmediata, ni de efecto rápido en términos de ahorro de divisas e ingreso de capitales para inversiones de riesgo, ni tampoco van camino a atenuar el ritmo inflacionario. Tampoco cabe esperar respuestas rápidas de Rusia, China y Brasil al pedido de créditos para apuntalar las reservas del Banco Central que encaran los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof.

Menos aún cabe esperar un freno a la demanda de dólares por parte de turistas interesados en hacer viajes al resto del mundo, porque la suba neta de la alícuota del anticipo a cuenta de impuestos está lejos de tener un impacto relevante, dado el contexto inflacionario, las tasas de interés reales negativas y la reticencia a medidas de shock que conduzcan a restablecer una gradual recuperación de la confianza, clave para frenar el drenaje de reservas en el Banco Central.

Poner el acento para atacar la inflación en la concertación social y el análisis de las hojas de balances de cada uno de los integrantes de las denominadas cadenas de valor de cada sector productivo de la Argentina, para detectar cuellos de botellas y acciones monopólicas y políticas de suba de precios por parte de empresas con posición dominante, es negar las reales causas de la inflación a ritmo de más de 25% anual en el promedio del último cuatrienio.

Mientras no cambie esa estrategia, la huida del dinero y refugio de muchos agentes económicos en la compra de dólares o de bienes y servicios dolarizados, las cuales son consecuencias de los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario, persistirá la hemorragia de reservas del Banco Central, se agravará la destrucción de puestos de trabajo y será creciente exclusión social, por caída de la inversión productiva en un clima de incertidumbre, donde lo único que aparece como cierto el sostenido aumento de los impuestos en busca de financiar el impulso que mantiene el gasto público.

La caja, una obsesión común en el oficialismo y la oposición

Con poco usual anticipación el Gobierno nacional presentó al Congreso las bases del Presupuesto de Gastos y Recursos para el año entrante y, con la habilidad de un atleta de clase mundial, superó las primeras vallas para su tratamiento exprés en Diputados y Senadores.

Se trata de una historia conocida por su repetición y carencia de debates destinados a obtener el mejor proyecto, para el bien de los 41 millones de argentinos.

Tampoco es nuevo que una vez más referentes de los partidos de oposición levantaran sus voces no ya para rechazar la continuidad de diversos impuestos que nacieron en la emergencia, como es el caso más reciente del referido al que se aplica a los créditos y débitos bancarios y que como Ganancias, se fue convirtiendo en una pieza inamovible del manual tributario, sino porque se propone una vez más prorrogarlo, ahora por dos años, sin compartirlo con el conjunto de las provincias, antes de que cambie la estructura de las cámaras, el 10 de diciembre.

Y no se busca rechazar de plano la prórroga de un impuesto claramente distorsivo en los costos de las empresas y también de la amplia familia de trabajadores independientes, como autónomos y monotributitas, además de afectar la bancarización porque los que pueden buscan esquivar el pago del 1,2% del tributo, sino de aceptar su aplicación si el oficialismo cediera a compartirlo con las 24 jurisdicciones administrativas en que se divide el país.

Una vez más, pese a la oportunidad que brindaron las PASO, porque anticipa que desde el próximo 10 de diciembre las Cámaras del Congreso pasarán a tener una conformación menos dependiente del Poder Ejecutivo, diputados de la oposición no parecen dispuestos a plantear la necesidad de una reforma integral del sistema tributario argentino, en la que desaparezcan los impuestos de emergencia, se restablezca un equilibrio en la coparticipación regulada según las necesidades básicas insatisfechas de cada distrito y se prohíba la distribución discrecional de los recursos por parte del Poder Ejecutivo.

En los últimos tiempos se han presentado más de 20 proyectos de reformas impositivas, que buscan aliviarle la carga a algunos y elevarla a otros, con suma positiva.

Tampoco se percibe una insistente vocación en la oposición por impulsar no sólo los ajustes automáticos de los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias, tanto para asalariados, como para autónomos y empresas, sino también de una revisión de las escalas regresivas de tributación de 9 a 35% y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones, en particular para los productos de las economías regionales y el sector industrial no agropecuario.

Por el contrario, una vez más se percibe una alta propensión de las diferentes lineas partidarias, con muy pocas excepciones, por presentar propuestas para crear impuestos, como a la renta financiera, escudadas en principios de equidad tributaria, las cuales sólo contribuyen a fomentar un gasto creciente, ineficiente y que, a la postre lejos esta de redistribuir los recursos de los que mas ganan a los que menos tienen.

Muchos me atacarán, cuestionándome cómo se financiará el Estado si se resigna recaudación, dado el peso del gasto en salarios, jubilaciones, asistencia social, inversión en obra pública y la atención, aunque con claras deficiencias, de los servicios esenciales. La respuesta está del lado de la parte del gasto improductivo, ineficiente, clientelar y la mayoría de las veces con aplicaciones nada transparentes. Y no estoy hablando de los subsidios a los sectores carenciados. El ahorro puede ser inmediato, aunque se corra el riesgo de tildarlo de “ajuste ortodoxo”.

¿Gradualismo o shock?

La inflacion elevada y sostenida, es la principal responsable de esa distribucion regresiva, porque a través del encarecimiento de los alimentos y medicamentos, perjudica más a los que ganan la minima, (90% de los jubilados y pensionados), a más del 40% de los asalariados y autónomos y ni que hablar de los 1,4 millones de desocupados que informa el Indec y otro tanto que no participan del mercado de trabajo por sentirse desalentados.

De ahi que es de esperar que las fuerzas politicas asuman el rol de legislar pensando más en contribuir al logro de un estado que en lugar de aumentar su carga sobre el sector privado, se encamine a favor de reducirla vía el aliento de la inversión, el empleo productivo y la estabilidad de precios. Sólo así se podrán cobrar más impuestos sin necesidad de crear tributos distorsivos para el desarrollo del país.

Eso requiere atacar la inflación de cuajo, cualquier intento de gradualismo, y de suponer que está determinada por la existencia de oligopolios en un mundo altamente globalizado, aunque la Argentina se cierra por caprichos y al extremo de frenar la creación de empleos, sólo conducirá a perpetuarla, para beneficio de pocos y el perjuicio de muchos. Experiencias en la materia hay de sobra.

La economía que viene

Pasadas las primeras 72 horas de la gran encuesta nacional sobre las tendencias del electorado para renovar parcialmente las cámaras legislativas del Congreso Nacional, junto a la que tendrán lugar en varios distritos provinciales, no se advierten signos del Gobierno de los pasos a seguir. Todo lo contrario.

Es posible que se tome estos pocos más de dos meses que restan para las elecciones nacionales decisivas para definir ajustes, o continuar con más de lo mismo, si es que banqueros, gremialistas e industriales aceptan el debate que propuso Cristina Kirchner en Tecnópolis y no logran justificar las debilidades que ven en el modelo.

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Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

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