Aún hay muchos políticos amantes de los cepos a la economía

No pasó una semana desde que el Gobierno logró levantar el último gran cepo que limitaba la capacidad de generación de riqueza y por tanto de inversión y de empleos netos, antes habían sido el cepo cambiario, con sus derivados sobre las importaciones y el mercado inmobiliario, entre otros, y las retenciones, que rápidamente un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno nacional y gran parte del sindicalismo se alinearon en busca de imponer un nuevo cepo.

Ahora es el turno de ponérselo al mercado de trabajo, para que las empresas que consideren que acumularon un exceso de personal tras cuatro años de estancamiento de la actividad y derrumbe de las exportaciones a Brasil, y no perciban una recuperación inmediata no puedan achicar la nómina.

Así se desprende de los objetivos planteados en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde la oposición logró dictamen de mayoría para declarar la emergencia ocupacional con un proyecto de consenso entre los doce presentados por los distintos bloques. La iniciativa plantea prohibir los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017 y que en caso de que suceda, haya doble indemnización para el trabajador.

El dictamen tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, Federal UNA, el bloque Justicialista y el socialismo. El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría en caso de que se necesite el número.

Está claro que frente a la posibilidad de un cepo al mercado de trabajo las decisiones de reducción de la nómina de personal que estaban en el plano del análisis de los costos y beneficios de desprenderse de un empleado en el que se invirtió en capacitación y conocimiento de la empresa, y el pago de las indemnizaciones normales, más las vacaciones y el aguinaldo trabajado proporcional, aceleren el trámite.

“Si a mí me están sobrando empleados y soy una gran empresa, despido hoy”, dijo la líder de la Coalición Cívica y diputada aliada a Cambiemos, Lilita Carrió, al advertir la reacción que podrían tener los privados mientras avanza la iniciativa en el Congreso. Y agregó: “Sepan los trabajadores que parece que los están defendiendo, pero los están echando”. Para la diputada, la mejor medida sería “bajarle los aportes patronales a las Pymes”, aunque, “Ley pareja, Ley rigurosa, sería recomendable un cambio de carácter universal, sin discriminaciones.

La experiencia local y la ausencia de ese tipo de legislación de cepo laboral en la mayor parte del planeta, aún en los momentos de crisis severas, demuestran con singular contundencia que, como en los casos de otros cepos en la economía y en la sociedad, que atentan contra las libertades individuales y societarias, que la imposición de un traba y penalización para quien despida personal sólo derivarán en más perjuicios que beneficios sobre quienes se quieren proteger, porque asegurará la veda a la generación de empleos para más de tres millones de personas que por efecto desaliento, ante la falta de oportunidades, forman parte de una creciente legión que en los últimos años las estadísticas oficiales no incluían como parte de los trabajadores, porque habían desistido de buscar un puesto rentado formal.

El vaso menos lleno
A esa situación se vuelve a llegar, como ya ocurrió a mediados de los 70, y se repitió 30 años después, y ahora se intentará otra vez, porque hábilmente los sindicatos difundieron a la prensa sus denuncias de despidos y suspensiones en los últimos meses, como lo han hecho siempre, e instalaron la cifra de la destrucción de más de 127.000 empleos en tres meses.

Sin embargo, tanto en el pasado como ahora, nunca los sindicatos se han ocupado de difundir con similar precisión y por rama de actividad la nómina de las incorporaciones de trabajadores a un puesto rentado, y menos aún independiente, sea en empresas exitentes o nuevas y en micro emprendimientos.

Al respecto, cabe notar que en un reciente análisis retrospectivo la consultora IDESA concluyó que en los últimos 12 años la economía destruyó 8 millones de empleos, sobre un total actual de 18 millones, pero, en contrapartida, generó 10 millones de puestos.

De ahí surgió no sólo que en ese período la estadística oficial de la Encuesta Permanente de Hogares acusó un aumento neto del empleo en 2 millones de personas, con un promedio equivalente anual inferior a 170 mil, esto inferior al 1% de la fuerza laboral activa, sino que la destrucción de puestos representó el 80% de los nuevos empleos, esto es el saldo fue expansivo, y se explica por la natural rotación de ocupaciones y pasos de la actividad asalariada a una independiente y también a la inversa.

En este punto, cabe destacar que los trabajadores autónomos representan casi un cuarto del total, y de su dinámica pocas veces se la menciona, salvo para englobarla como una actividad precaria, pese a que involucra a millones de profesionales y personas que lo eligieron como opción de vida.

Por tanto, pretender tomar una medida que garantizará la destrucción anticipada de empleos en los sectores afectados por una crisis coyuntural derivada de los vicios que se intentan enmendar en la rama de la construcción, en particular la abocada a la obra pública, más el efecto del fenómeno climático que restó días hábiles de actividad; o el receso de las exportaciones de automotores, autopartes y también de productos siderúrgicos y textiles a Brasil, basada en una denuncia parcial de los sindicatos, sólo contribuirá a demorar aún más la esperada ola de inversiones que prometería una economía sin cepo cambiario, sin cepo al pago de parte de la deuda externa y con tipo de cambio y cuadros tarifarios sin anclajes y con menor brecha entre las provincias.

Recursos abundantes, riqueza escasa

Cada vez que cambia un gobierno en una Argentina acostumbrada a caer en crisis cada 7 u 8 años, aparecen los temores de algunos sobre la llegada de tiempos de ajustes que traerán más angustias que satisfacciones a gran parte de la población: los asalariados y jubilados que ganan como el promedio, o menos. Más aún, cuando a los repetidos escenarios de crisis se llega por deliberadas políticas de atraso cambiario, tarifario, cierre de la economía y sobredimensionamiento del rol del Estado como bolsa de trabajo, por la incapacidad de fomentar políticas que incentiven el crecimiento privado y promuevan oportunidades laborales productivas.

Sin embargo, no hay razones sólidas para asegurar que no podrá ser de otra manera, más allá que basarse en una historia de recurrentes fracasos porque la mayoría de los gobiernos de los últimos 70 años se han caracterizado, salvo muy contadas excepciones, por sembrar en el primer mandato y cosechar en el segundo.

Dicho de otro modo, en el primer tiempo se recomponen las reservas en divisas y se reduce el desempleo, a partir de retomar la senda del mal llamado crecimiento, porque sólo se trata de una recuperación a partir de la reducción de las capacidades subutilizadas, y en la segunda etapa se consumen los stocks, al punto de terminar en general con las cajas vacías: sin reservas genuinas, atraso de inversiones, consumo de la infraestructura, y vuelta al alto desempleo -aunque se lo busque disimular con menor oferta de trabajadores-, y elevada pobreza.

Problemas de base
Una de las causas que explican esas recurrentes situaciones de auges efímeros y recesiones repetidas se origina en la falsa creencia de muchos políticos y economistas teóricos de que “la economía es la ciencia que se ocupa de la mejor utilización de los recursos escasos”, cuando en rigor es “la ciencia social que estudia los recursos disponibles y accesibles, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas”, la cual brinda una perspectiva de persistente progreso, como muestra la historia de la humanidad.

Aquella óptica ha conducido a la Argentina a un uso muy limitado y restringido de sus abundantes recursos naturales, humanos e incluso financieros, a contramano de lo que han hecho la mayoría de los países de la región, al punto que cada vez aparece más abajo en el ránking comparativo internacional de generación de riqueza e institucionalidad.

Sin embargo, hay en el planeta innumerables ejemplos de superación en los últimos 50 años de un estado de recurrente estancamiento a un estadio de desarrollo avanzado y con singular mejora de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes, a partir de la decisión estratégica de sus gobernantes de impulsar la puesta en valor de los recursos naturales y, sobre todo humanos, luego de estudiar los casos exitosos en el mundo.

En el caso de la Argentina la tarea cuenta con la ventaja comparativa respecto de la mayoría del resto de las naciones de que es una nación con abundancia de recursos naturales, con los cuatro climas; reservas de agua dulce; amplísima frontera minera e hidrocarburífera; diversidad de explotaciones agropecuarias; tanto extensiva como intensiva; reconocida generación de talentos humanos; bellezas turísticas en sus 24 provincias y singular atesoramiento de divisas como mera reserva de valor que podrían volcarse a la generación de riqueza.

De ahí que no estamos ni condenados al éxito, ni condenados al fracaso. Sólo se requiere de hombres y mujeres que sean capaces de tener una visión estratégica de país y del mundo amplias, orientada a elevar la calidad de vida de todos sus habitantes, y no de los partidarios de tal o cual agrupación política, a costa del resto.

Cambio de paradigma
Claramente, luego de un tremendo desbarajuste de la economía que ha afectado la realidad social de más de un tercio de las familias que habitan el país, con cada vez más amplia presencia de extranjeros en las regiones urbanas, es inevitable y necesario un ajuste u ordenamiento de las políticas de administración eficiente de los recursos monetarios y fiscales. Pero el potencial que ofrece la puesta en valor de la abundancia de recursos ociosos, naturales, humanos y financieros, torna posible llevar a la Argentina a un deseable estadio de también abundancia generación de riqueza como supo lograr a fines del siglo XIX, principios del XX.

Sólo será cuestión de desterrar la vieja creencia de que somos un país rico. “Sólo seremos ricos el día en que los argentinos decidamos poner en valor los abundantes recursos naturales, humanos y financieros”, me decía el siempre querido y recordado Tomás Bulat.

El cepo cambiario y los salarios

Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias.

Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de la paridad oficial alejada de las opciones alternativas y accesibles, como el contado con liqui, o MEP, en Bolsa; y la racionalización de divisas para los importadores mientras se las entregan a una pequeña porción de los trabajadores para ahorro; como la persistencia de las retenciones de las exportaciones y cupos a las ventas de diversos productos de la canasta familiar; y la veda al acceso al mercado de deuda internacional, por no haberse querido cerrar el capítulo del default con los holdouts, entre otras tantas restricciones.

De ahí que, más allá de insistir con las diferencias y conveniencias entre las soluciones de shock o graduales, tanto para salir del cepo cambiario, como para bajar una de las principales causas de ese instrumento ad hoc, como el desborde del déficit fiscal y la consecuente consolidación de la inflación en el rango de dos dígitos altos, porque una de las principales fuentes de financiamiento es la emisión de pesos por parte del Banco Central, parece apropiado explicar que no parece válido creer que es imposible liberar el mercado de cambios sin que provoque un efecto pobreza, por caída proporcional de los salarios, en dólares, y aceleración de la inflación. Continuar leyendo

La Argentina atrasó dos décadas en el comercio exterior

Mientras el mundo fue avanzando hacia un intercambio de bienes y servicios cada vez más sofisticado, con el desarrollo de cadenas de valor agregado e innovación y progreso tecnológico, como camino obligado para elevar la calidad de vida del promedio de sus habitantes e incrementar las reservas en divisas, la Argentina se fue primarizando, cerró mercados y se abocó a una inexplicable política de sustitución de exportaciones por consumo interno, y perdió reservas.

Los resultados de ese proceso, que se agudizó desde la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, el restablecimiento de las Declaraciones Juradas de Necesidades Anticipadas de Importaciones, aún para sectores exportadores de bienes con incorporación de trabajo argentino, no sólo se manifiestan en las tensiones en el mercado de cambios por el drenaje de reservas, sino en la pérdida de mercados, por el deliberado cierre de la economía. Continuar leyendo

Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.

Las tensiones fiscales y comerciales elevan el cambio del dólar libre

Funcionarios del gobierno sostienen que desde 2003 no existen tensiones en el mercado de cambios, no obstante idearon un nuevo blanqueo de capitales destinado exclusivamente a atraer al tesoro del Banco Central los dólares acumulados por empresas y familias.

Según se reveló en conferencia de prensa el martes último, los líderes del equipo económico estimaron que dentro de la fronteras hay guardado fuera del circuito financiero más de u$s40.000 millones, esto es, más que las reservas en divisas que custodia la autoridad monetaria. Y más de tres veces ese monto en paraísos fiscales y cuentas en blanco fuera del país.

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