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El Gobierno sube el piso de inflación

Atrás parecen haber quedado los tiempos en que los acuerdos de precios se celebraban con carácter transitorio para intentar estabilizar la economía y recuperar la solvencia macroeconómica, luego de desajustes de arrastre o auto infligidos.

Ahora, concretamente desde el 20 de noviembre, pareciera que la lógica es la opuesta: los acuerdos de precios se hacen para coordinar los aumentos permitidos, no ya para estabilizarlos: hasta 7,5% en enero luego de ajustes de más de 20% en varios segmentos “descuidados” por el impacto de la devaluación, y de 6% para febrero, pese a intentos de más de 12%, en combustibles, mientras que para los artículos que forman parte de la canasta escolar se autorizó un salto de 258% en un año, mientras que la “ayuda escolar” se la ajustó “sólo” 200% y las jubilaciones 11,31% para un semestre.

La lista de aumentos de precios autorizados, tras largas reuniones del secretario de Comercio con los representantes de gran parte de los sectores de la producción, el comercio, la construcción, y ahora también de los laboratorios y farmacias, parecieran ir todos en la misma dirección: los aumentos tienen que mantenerse en el rango de un dígito mensual, más cerca de 10 que de 1 por ciento. Luego se culpa a los empresarios de desestabilizadores, especuladores, etc.

De ese modo, el Gobierno pareciera encaminado a superar récord tras récord: primero fue el ascender a los primeros planos del mundo en materia de inflación, afirmarse también en ese rango en el caso del índice de riesgo país, y más alto en el de prima de seguro por no pago de un crédito; luego, en diciembre, fue la escalada del déficit fiscal a un pico de dos dígitos porcentuales del PBI: 11% a nivel primario y 13% financiero (aunque fueron disimulados por las asistencias financieras del Banco Central, la Anses y el PAMI); después le siguió el liderazgo en pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, a contramano del resto del mundo, y ahora parece buscar la primacía en licuación del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

Y así van pasando los días en el que el jefe de Gabinete anuncia la agenda de reuniones con cámaras empresarias para cerrar acuerdos de precios: nuevamente con los constructores, la carne, los medicamentos, mientras se anuncian escalonadamente incrementos en el gasto público: subsidios, jubilaciones, se presiona a los bancos para que se desprendan de dólares y también de tenencias de títulos públicos nominados en dólares, sin medir las consecuencias sobre la baja de las paridades, y se impulsa la suba de las tasas de interés.

De austeridad y recorte de gastos desbordados, como los subsidios a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, o de poner límite a los salarios de los nuevos cuadros jerárquicos en la administración pública, o de precios convalidados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de los organismos oficiales, no se habla.

La consecuencia es más incertidumbre, restricciones a la producción nacional y aceleración de la inflación, con un claro norte fiscal: a más precio más recaudación, parecen razonar algunos cuadros técnicos, entusiasmados con haber cobrado por esa vía en 2013 el equivalente a 5% del PBI, esto es: más del 11% del total de los ingresos tributarios que recibieron nación, provincias y municipios.

 

Enero con menos producción y menos trabajo
Los primeros datos de actividad de enero dieron cuenta de una caída de 3,8% en el promedio de las ventas minoristas en cantidades, según datos de CAME, 25% de baja de las entregas de autos nacionales a las concesionarias por parte de las terminales y 16% de las de importados, respecto de un año antes.

El único dato aparentemente positivo que hasta ahora dejó enero fue la reanimación de la recaudación de impuestos, con un incremento también interanual de 37,5%. Pero ese salto estuvo claramente influido por el traslado de vencimientos que habitualmente ocurrían en diciembre y que provocó que en ese mes apenas creciera poco más de 22%. De ahí que si se considera en forma agregada el aumento del bimestre fue de 30,1%, unos cinco puntos porcentuales menos que la tasa real de inflación que para ese período midió el consenso de las consultoras privadas.

Por tanto, pareciera que es tiempo de dejar de gastar tanta energía en regulaciones e impedimentos a las actividades productiva, comercial, financiera y movimiento de las personas al resto del mundo, habida cuenta de la catarata de indicadores que ponen al desnudo sus fracasos, derivan más temprano que tarde en creciente costo social en términos de empleos e ingresos.

Si no se sabe, siempre se está a tiempo de contratar a expertos, o de al menos intentar copiar las políticas que siguen la mayor parte de los países vecinos, excepto Venezuela, o mejor aún de las naciones altamente desarrolladas, que crecen en forma regular y con baja inflación, y logran excedentes de divisas con atractivo flujo de inversiones productivas.

¿Quién deprecia más la moneda nacional?

Al Jefe de Gabinete de ministros se le acaban los argumentos y cada mañana ensaya nuevas razones para explicar quiénes conspiran contra el valor del peso y de ese modo contra el bienestar de los argentinos.

Primero fue la cadena de valor de la carne, luego del trigo, se pasó al tomate, ahora a los medicamentos, por la presencia de “empresas monopólicas y oligopólicas que ejercen posición dominante y remarcan los precios en forma desopilante” (qué antigüedad), y también sumó a los narcos y el lavado de dinero.

Frente a ese diagnóstico siempre aparece una amenaza y, por supuesto, más regulaciones que generan el efecto contrario y ubican cada vez más arriba a la Argentina entre las naciones que más reprimen la vida económica de las personas y empresas, sin medir el costo en términos de capacidad de atraer inversiones y generar empleos. “Vamos a combatir el mercado marginal de cambios con la Ley”, dijo Jorge Capitanich en la mini conferencia de prensa de esta mañana.

Y eso es lo que falta en la Argentina, en particular de los últimos dos años y medio. Si se hubiera cumplido con la ley primera del sentido común de la solvencia fiscal que indica que “no se debe gastar más de lo que se recauda”, en particular cuando caprichosamente se decidió cancelar deuda barata con uno de reservas del Banco Central y uso y abuso de la emisión espuria de dinero, no se habría generado el caldo de cultivo del mercado marginal de cambios.

Pero no sólo eso, sobre el filo del cierre del mercado oficial de cambios la pizarra del Banco Nación subió la paridad entre el peso y el dólar para las transacciones comerciales y las financieras autorizadas, junto con la base para el dólar tarjeta, de 6,94 a 7,14, pesos por unidad, acumulando en la jornada un salto de 25 centavos, equivalente a 3,63% en día. Superó a la inflación Congreso de diciembre de 3,4 por ciento.

Es cuestión de tiempo
Claramente, en cualquier medición de corto plazo, tras un largo período de virtual intrascendencia, la suba de la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, esto es la desvalorización de la moneda nacional, que tanto dice defender el Jefe de Gabinete, fue sensiblemente superior a cualquier cálculo extremo de alza de los índices generales de precios de la economía y por supuesto también al de la variación del tipo de cambio oficial que rige las operaciones comerciales, algunas financieras y la base para el turismo.

Pero esas brechas desaparecen si se toma un período más amplio, como por ejemplo desde el 10 de diciembre de 2007, cuando asumió el primer mandato la actual Presidente de la Nación. El tipo de cambio oficial de entonces de $3,138 sube a 11,71 pesos hoy si se lo ajusta por la inflación Congreso, la cual, de acuerdo con cálculos aislados de varias de las consultoras que alimentan esa fuente ubican en torno a 4,5 por ciento.

Y la razón principal por la que la inflación se fue empinando de menos de 8% al año hasta 2007, estabilizarse en un rango de 22 a 28% en los siguientes hasta 2013 y dispararse a más de 35% en la actualidad, con clara perspectiva ascendente si no cambia la política económica de fondo, es la pérdida del superávit fiscal: de más de dos puntos del PBI se fue consumiendo precipitadamente y hoy ya se ubica en un rango deficitario de 3 a 4% del PBI, en un contexto de presión tributaria récord (para los que pagan, por supuesto!).

En ese escenario, “los privados actúan en consecuencia, no son la causa de la depreciación de la moneda de los argentinos, para terminar comprando bienes a precios de remate, a costo de la producción y el empleo de los argentinos”, como intenta hacerle creer a la sociedad el Jefe de Gabinete.

Quién determinó que el tipo de cambio comercial saltara en apenas dos meses del nombramiento de los nuevos ministros en 18%, a un ritmo de 170 anual (bien dicho 63% de depreciación porque con 7,14 pesos se podrían adquirir en un año apenas 37 centavos de dólar en ese circuito) y que el dólar para el turismo volara en 33% (aunque 35% sea a cuenta de futuros impuestos, aunque su recupero en el mejor de los casos se obtiene dos meses después de terminado el año en curso, y por tanto se le aplica un desagio mínimo de 20 a 25%, según la inflación actual), fueron las nuevas autoridades económicas, no los monopolios, oligopolios y los narcos.

Es decir, dos variables que no la fijó ni el mercado libre, ni surgió del precio del tomate, el trigo, o de las acciones monopólicas u oligopólicas, ni de los narcos, sino que fueron instrumentadas por la autoridad monetaria y de la AFIP, forzaron una “desvalorización de la moneda nacional de 15% y 25% respectivamente, en apenas dos meses, aun ritmo anualizado de más de 60 por ciento.

Las causas están cada vez más claras, aunque se las desestime

De ahí que no se trata de seguir operando sobre las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en la suba de los precios, la escalada del tipo de cambio, la pérdida de reservas y el freno del crecimiento de la actividad productiva, forzando el cierre de la economía y la imposición de nuevos cepos a las libertades individuales para disponer de las decisiones de gasto y forma de proteger los recursos que genera familias y empresas con su trabajo y emprendimientos.

Es tiempo de hacer un real diagnóstico de los desequilibrios macroeconómicos, en el orden fiscal, monetario, comercial, tarifario y laboral, para actuar sobre las causas. El consenso de los economistas lo ubican en el primer plano: exceso de gasto público respecto a la capacidad saturada de pago de impuestos, y su financiamiento con emisión espuria y uso de reservas del Banco Central.

De allí se deriva todo el resto y desde hace un año ha provocado la anulación de la capacidad de generación de empleos por parte del sector privado y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría que conservó el empleo, como bien lo refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, muchos trabajadores debieron resignar horas de trabajo, en particular en las industrias, comercio y transporte, y con ello vieron menguado sus capacidades de compra respecto de la que tenían un año antes. Justamente lo que dice que quiere evitar el Jefe de Gabinete.

No es cierto que ordenar la macroeconomía llevará a la marginación de 10 millones de argentinos. Ya hoy en Chaco apenas concurre al mercado de trabajo un tercio de sus habitantes, menos que doce años antes. Por el contrario, con un plan de sentido común y creíble, en poco tiempo se podrían restablecer las condiciones para atraer inversión extranjera de largo plazo, esto es ingresar divisas, generar incentivos para el ahorro en la moneda nacional y fomentar el crecimiento sustentable con un horizonte que lejos de oscurecerse cada día tienda gradualmente a despejarse. Muchos países lo hicieron, la Argentina no será la excepción si se lo propone fuera de cualquier ideología.

La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos

Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar, sino, peor aún, en la pérdida de puestos de trabajo y mayor exclusión social. No es casual la aparición de saqueos en algunas provincias y la tremenda pérdida de votantes que registraron los candidatos del Gobierno en las últimas legislativas.

Con las firmas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno amplió hace una semana en $18.000 millones el gasto público de este año. Es para atender los pagos de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares tanto de la ANSeS como de las Cajas de las FFAA, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario y Poder Judicial, y pensiones no contributivas de Desarrollo Social. Es equivalente, en el mejor de los casos, al doble del monto que se proyecta recaudar con el salto de los impuestos internos para los bienes suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y motos, de 10% a un rango de 30% en un primer tramo y 50% en el más alto.

Podrá argumentarse que el impulso del gasto público en septiembre, con un incremento de más de 43% en comparación con un año antes, no es extrapolable para los meses siguientes, porque estuvo alentado por un fenómeno estacional, como fueron los momentos previos a las elecciones legislativas. Aunque no hay duda de que se está expandiendo en más de 4 a 5 puntos que la inflación real y que la suba del cobro de impuestos.

Pero no puede objetarse que la disminución en los últimos meses de las tasas de crecimiento de los recursos tributarios, sea porque perdieron competitividad las exportaciones, sea porque las empresas ahora acusan caída de la rentabilidad y por eso tributan menos Ganancias, sea porque el empleo dejó de crecer y las horas trabajadas por la nómina estable bajan, y por tanto se atenuó el aumento de los aportes personales, ha ido ampliando la brecha negativa con la dinámica del gasto público.

Prioridades invertidas
Sin embargo en las primeras dos semanas y media de cambio de estilo que impuso el nuevo jefe de Gabinete de Ministros no se advierte que semejante desbalance, que es la génesis del resto de los desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad en particular, constituya uno de los temas de la agenda inmediata a comenzar a resolver ya.

Por el contrario, las primeras medidas de política económica, como la destinada a elevar la presión tributaria para los bienes suntuarios, o acordar con Repsol una fórmula de pago por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, no son ni de implementación y efecto inmediata, ni de efecto rápido en términos de ahorro de divisas e ingreso de capitales para inversiones de riesgo, ni tampoco van camino a atenuar el ritmo inflacionario. Tampoco cabe esperar respuestas rápidas de Rusia, China y Brasil al pedido de créditos para apuntalar las reservas del Banco Central que encaran los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof.

Menos aún cabe esperar un freno a la demanda de dólares por parte de turistas interesados en hacer viajes al resto del mundo, porque la suba neta de la alícuota del anticipo a cuenta de impuestos está lejos de tener un impacto relevante, dado el contexto inflacionario, las tasas de interés reales negativas y la reticencia a medidas de shock que conduzcan a restablecer una gradual recuperación de la confianza, clave para frenar el drenaje de reservas en el Banco Central.

Poner el acento para atacar la inflación en la concertación social y el análisis de las hojas de balances de cada uno de los integrantes de las denominadas cadenas de valor de cada sector productivo de la Argentina, para detectar cuellos de botellas y acciones monopólicas y políticas de suba de precios por parte de empresas con posición dominante, es negar las reales causas de la inflación a ritmo de más de 25% anual en el promedio del último cuatrienio.

Mientras no cambie esa estrategia, la huida del dinero y refugio de muchos agentes económicos en la compra de dólares o de bienes y servicios dolarizados, las cuales son consecuencias de los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario, persistirá la hemorragia de reservas del Banco Central, se agravará la destrucción de puestos de trabajo y será creciente exclusión social, por caída de la inversión productiva en un clima de incertidumbre, donde lo único que aparece como cierto el sostenido aumento de los impuestos en busca de financiar el impulso que mantiene el gasto público.

El mercado de cambios está lejos de operar con normalidad

Este octubre va camino a equiparar el drenaje de reservas del Banco Central que tuvo lugar dos años antes, aunque en contextos claramente diferentes.

En 2011 no había cepo cambiario al turismo y al ahorro, ni prohibiciones para pactar operaciones inmobiliarias, ni autorizaciones discrecionales para importar, no sólo bienes de consumo, sino también de inversión e insumos claves para la producción, muchos de los cuales luego se exportan con valor agregado. Así se fueron u$s1.383 millones, pese al superávit de la balanza comercial de u$s1.161 millones. De ahí surge una pérdida bruta de más de u$s2.500 millones, en un solo mes.

Ahora, con todo tipo de restricciones a las ventas de cambio y prohibiciones varias se asiste a una pérdida neta de más de u$s1.300 millones y bruta cercana a u$s2.000 millones.

En el año intermedio, octubre 2012, la disminución neta había sido de sólo u$s166 M y la bruta de poco más de u$s730 millones, en tanto en el quinquenio 2006 a 2010 la acumulación o pérdida de divisas de las arcas de la autoridad monetaria fue mucho más acotada en el décimo mes del año.

De ahí surge con claridad que el sector externo de la economía argentina ha perdido vitalidad y, por tanto, está muy lejos de poder calificarse de “absoluta normalidad” al mercado de cambios como sostuvo la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el último domingo en el búnker del Frente para la Victoria, pese a que conviven infinidad de tipos de cambios: para los exportadores del agro, la industria, la minería, para importadores, turistas, operaciones inmobiliarias y financieras.

Sangría que acusa una política monetaria pasiva
Lo que ha sucedido este mes, en el que volvió a abrirse la brecha entre las cotizaciones del tipo de cambio oficial y el libre del dólar a más de 70%, no respondió ni a factores estacionales, ni a acciones de mercado desestabilizadoras, sino que parece explicarse casi en forma excluyente por el descuido de la competitividad externa y también de la solvencia fiscal, junto a la deliberada apreciación del peso para las operaciones comerciales y el turismo.

El primer punto puede comprobarse en la pérdida de vitalidad de las exportaciones tradicionales, como la carne, lácteos, productos de economías regionales, y más aún de nuevos productos, por la sostenida disminución de la competitividad que provocó una paridad cambiaria que se resistió a acompañar al menos a la tasa de inflación real. Para peor, apareció la crisis energética. Todos esos factores derivaron en que de un superávit comercial que había promediado u$s1.000 millones en los seis octubre desde 2006 a 2011, cayera a un rango de u$s600 millones ahora.

El segundo es el uso y abuso del financiamiento del gasto corriente por parte del Banco Central y de la Anses.

Ese cuadro determinó en los primeros diez meses de este año la pérdida de u$s9.750 millones de reservas en términos netos, pero en valores brutos se amplió a u$s17.500 millones, luego de computar el excedente de la balanza comercial, a un ritmo mensual de u$s1.800 millones, como promediará finalmente este octubre. Representa una leve aceleración respecto de los poco más de u$s1.500 millones por mes que la autoridad monetaria vio esfumarse desde sus arcas desde el récord de u$s52.654 millones que había acumulado al 26 de enero de 2011 hasta hoy.

Más de lo mismo
Las primeras acciones de política económica tras la confirmación el último domingo de pérdida de respaldo del electorado al oficialismo nacional fue de afirmación de la política económica, cambiaria, regulatoria, y por tanto se muestra poco proclive a introducir cambios, en particular en lo referente a los incentivos genuinos para la generación de divisas, tanto por el lado comercial, como también financiero y de la inversión extranjera directa, como para evitar la fuga, a través de un premio para el ahorro en moneda nacional, la baja drástica de la inflación y recuperación del superávit fiscal, para que no se pierdan reservas para cubrir el bache financiero de las finanzas públicas.

Tampoco se plantea la posibilidad de honrar el rol voluntario de ser socio del Fondo Monetario Internacional, al impedir que las autoridades del organismo accedan a auditar las cuentas públicas, como hacen con todos los países miembros. Eso no significa someterse a exigencias de políticas, sino a simples recomendaciones, como reciben todos los socios.

De ese modo, se impide levantar la barrera para negociar con los países del Club de París la salida del default y con ello poder retornar el Gobierno, pero también las empresas nacionales, el acceso al financiamiento internacional, no ya de déficits fiscales o de balanza de pagos, sino de obras de infraestructura e inversión productiva privada, en un escenario de elevada liquidez internacional.

Mientras persista ese cuadro, el mercado de cambios seguirá dominado por las tensiones que genera la pérdida de reservas y el aumento de la brecha cambiaria entre el tipo oficial y libre, con el consecuente desvío de divisas a través de prácticas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, propias de los setentas y ochentas, cuando, como ahora, el mercado de cambios distaba mucho de operar con normalidad, como sostiene la autoridad monetaria.

Otra vez, cómo surge el valor del dólar libre

En menos de seis meses volvieron a aparecer declaraciones de funcionarios públicos sobre quién determina el valor del dólar libre. En la última semana fue el turno del viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando dijo que “nuestro sistema financiero se ha dedicado más a la timba que a (financiar) la producción y el consumo” y que los “bancos deben subordinarse al objetivo central (del Gobierno) que es el crecimiento con inclusión social”. Y además, los acusó públicamente de “tener vasos comunicantes con el mercado ilegal del dólar”.

Es que tras un veranito, donde a través de la capacidad del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de inducir a los principales operadores de las casas de cambio para que se abstengan de operar, la cotización del dólar libre perforó el piso de los $8 por dólar, en julio se reactivó la demanda del billete y su precio volvió a volar sobre los $9 por dólar. Hasta que nuevamente se ensayó un nuevo feriado virtual para inducir a una nueva baja del billete.

En ese escenario es que surgió la denuncia oficial de que los bancos son responsables de “tener vasos comunicantes con el mercado ilegal del dólar”, aunque no se demostró con datos concretos, pese a la abundancia de estadísticas del Banco Central y de las certezas que tiene la Secretaría de Comercio de quiénes son los principales actores en el mercado paralelo.

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Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

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