El maestro cruel

Tiempo atrás, una importante personalidad de la política y la sociedad colombiana contaba a su expectante audiencia una anécdota con mucho de enseñanza y consejo. El relato describía cómo hace unas décadas un más que famoso y ya abatido narco colombiano decidió un día “solicitar” ser admitido en uno de los clubes más exclusivos de ese país. Su argumento era bastante brutal y sencillo, él era un hombre de incalculable fortuna y poder y tenia diversos tipos de acuerdos económicos y emprendimientos con varios de los patricios miembros de la entidad. Cuando le comunicaron las dificultades y la negativa a aceptar su pedido, les habría advertido que no dudaría en volar por los aires las instalaciones del predio en cuestión así como a varios de sus miembros. El transfondo de lo que intentó transmitir el relator, fue cómo el narcotráfico avanza entremezclando sus influencias no sólo en donde impera la marginalidad y la desesperación, sino en las capas superiores de la políticas y la sociedad. Las cuales sólo reaccionan cuando ese poder, que en un primer momento se ve como tentador para establecer alianzas tácticas o usarlas a favor de proyectos personales de diverso tipo, se erige, desafía y busca penetrar en cotos que estos estratos consideran exclusivos de ellos. Colombia es un país dotado de una verdadera élite política y social, en donde las grupos políticos más importantes comparten la idea de que están sobre el mismo barco y buscan controlar el timón pero no con la ceguera de llevar al mismo contra el iceberg.
O, en el peor de los casos, si la nave ya chocó, se dan cuenta de la necesidad de una tregua sobre puntos básicos y se ayudan entre todos para que no se hunda. El reciente acuerdo en México, firmado por los principales partidos de la oposición y el oficialismo es también un reflejo en este sentido. Quizás nada diferencia más a los países que tienen élite de los que tienen meramente a “los que mandan”, de manera transitoria más o menos prolongada, como la tendencia de estos últimos a caer en la tentación de “incendios fundacionales” o “cuanto peor, mejor”. Es decir, el deseo y la acción para que el rival o el enemigo llegue a su máximo colapso a fin de que, una vez tomado el poder, la sociedad esté lo suficientemente golpeada como para contar con amplios márgenes de maniobra para las acciones a tomar. Si 1976, 1989 y el 2001 mostraron a la Argentina como un caso testigo típico de este patrón de conducta, la recuperación económica y social iniciada a partir del segundo cuatrimestre del 2002, así como el amplio consenso existente en la totalidad de los actores relevantes sobre las próximas elecciones presidenciales se den en tiempo y forma, es un signo más que alentador.

Chile, Perú y La Haya: recuerdos del futuro

El reciente fallo de la Corte de Justicia de la Haya sobre el litigio de demarcación marítima entre Chile y Perú, considerado moderadamente favorable a Lima, es un recordatorio de que la geopolítica, los orgullos nacionales y las demarcaciones y mojones no han sido licuados por el avanze de la globalización y el comercio. Ni aún en dos países que se han insertado de manera más que inteligente y virtuosa en el marcado internacional y que cuentan con una envidiable baja inflación, reservas internacionales y flujos de inversiones extranjeras y nacionales.

Cabría recordar que el mundo intelectual dedicado al estudio de las Relaciones Internacionales y la seguridad global tiende a considerar a América Latina en general y a Sudamérica en particular un espacio sustancialmente marginal en el entendimiento de la problemática de la guerra y la paz. Los focos de atención desde ya están puestos en Medio Oriente, Asia Central, Norte de África y ni que decir del gran tablero estratégico del Asia-Pacifico de la mano del ascenso de China y la firme voluntad de los EEUU de no ver disminuido su poder en esa zona.

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Colombia y el espectro del 11-S

Algunos de los escombros de las Torres Gemelas cayeron sobre las FARC.

El pasado 21 de diciembre, la prestigiosa periodista Dana Priest describió y analizó en detalle en un artículo publicado en The Washington Post algo que muchos imaginaban pero no lograban desentrañar en detalle: el rol central y activo de los EEUU en el debilitamiento de las guerrillas colombianas de las FARC durante la última década. Dos factores claves alteraron la reticencia de Washington a adoptar un rol más activo en esa guerra. El primero, el antes y el después producido por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, y la forma en que ese trauma derivó en una estrategia antiterrorista a escala global.

Dicha estrategia partía de la premisa según la cual -por razones tácticas, estratégicas o, en algunos casos, por engaño y trampa de algunas de las partes- las facciones fundamentalistas islámicas del terrorismo -la red Al-Qaeda en especial o aun la pro iraní Hezbollah y las fuerzas de élite iraníes o Quds- podrían establecer esquemas de cooperación con grupos ateos y marxistas como las FARC o, inclusive, con émulos de “cara cortada” sin otra ideología que el dinero y la buena vida, o sea, con narcos y pandillas latinoamericanas. Bajo esta premisa de “el peor de los escenarios posibles”, la guerra en Colombia contra las FARC y sus más de 20 mil combatientes (para ese mismo momento del 2001) dejó de ser un conflicto ajeno sobre el cual se intentaba interferir lo menos posible.

Desde los años 80, EEUU buscaba ayudar a Bogotá contra el narcotráfico, pero sin “meterse en el barro” del conflicto armado político ideológico que grupos como FARC y ELN planteaban a la democracia colombiana. Pero para cuando las torres gemelas caían en Nueva York, el primero de estos grupos armados llegaba a la cúspide de su poder y algunos de sus múltiples frentes se encontraban a 50 kilómetros de Bogotá (todo un símbolo, aunque ello no significara que pudieran tomar la ciudad o el poder). Los veteranos líderes farquistas ordenaban ataques que, en algunos casos, implicaban el uso de hasta 2.000 combatientes -es decir, el paso de tácticas de guerrillas a una verdadera guerra de movimiento casi convencional.

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Redescubriendo México: las policías municipales

Uno de los eventos políticos y económicos más importantes de las últimas semanas ha sido el preacuerdo entre el Estado argentino y la empresa Repsol para concretar una indemnización multimillonaria por la expropiación de YPF. Medios de prensa nacionales e internacionales han destacado el rol central y activo que ha tenido -y seguirá teniendo seguramente hasta que haya un acuerdo definitivo- la megaempresa estatal de petróleo mexicana Pemex y el propio gobierno de ese país. Asimismo, se han conocido análisis sobre un futuro desembarco mexicano en la zona de Vaca Muerta para participar de tareas de exploración de las reservas de shale gas ahí existentes.

Luego de varios años en donde las referencias en la Argentina a la potencia económica y demográfica de habla hispana más importante del hemisferio se habían reducido a un mínimo, en un escenario donde la imagen de Brasil monopolizaba y encandilaba tanto a los cercanos a posturas liberales como a posturas bolivarianas, los análisis sobre México han vuelto al centro de la escena. Mientras algunas de las revistas especializadas en temas políticos y económicos más importantes del mundo destacan los desafíos que tiene Brasil por delante, su bajo crecimiento para los próximos años y una inflación anual “peligrosamente” por arriba del 6% anual, al mismo tiempo se subraya el dinamismo y impulso modernizador que el presidente Enrique Peña Nieto le está imprimiendo a su gestión.

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México quiere sumarse al mundo petrolero 2.0

En los próximos días, el Congreso mexicano comenzará un debate sobre la reforma energética que propone el presidente Peña Nieto, hombre del PRI, partido que en 1938 impulsó la creación de la empresa Pemex y la nacionalización de los hidrocarburos. Esta compañía enfrenta varios desafíos importantes, como pérdidas en los últimos nueve meses de 7 mil millones y niveles de producción de 2,5 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en dos décadas. Desde agosto, el Ejecutivo impulsa una legislación que le dé más espacio a la inversión privada e internacional. Para concretarlo, deberá conseguir una mayoría calificada de tres cuartas partes‎.

Asimismo, el gobierno impulsa reforzar la seguridad de Pemex frente a los ataques de las mafias del narcotráfico. Se invertirá en sistemas de seguridad electrónicos de cámaras, sensores, drones, lanchas, etcétera. Esto se hará también y de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad, principal proveedora de energía eléctrica del país. El plan de seguridad de Pemex se extenderá en una primera etapa hasta el 2017 e invertirá 2900 millones de pesos mexicanos. Se buscará también reducir el número de robo de combustible y secuestro de personal.‎ En la visión del gobierno, sin una mejora de la seguridad física de estas instalaciones y del personal, no habrá inversión sustentable en el mediano y largo plazo.

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