Uno de los eventos políticos y económicos más importantes de las últimas semanas ha sido el preacuerdo entre el Estado argentino y la empresa Repsol para concretar una indemnización multimillonaria por la expropiación de YPF. Medios de prensa nacionales e internacionales han destacado el rol central y activo que ha tenido -y seguirá teniendo seguramente hasta que haya un acuerdo definitivo- la megaempresa estatal de petróleo mexicana Pemex y el propio gobierno de ese país. Asimismo, se han conocido análisis sobre un futuro desembarco mexicano en la zona de Vaca Muerta para participar de tareas de exploración de las reservas de shale gas ahí existentes.
Luego de varios años en donde las referencias en la Argentina a la potencia económica y demográfica de habla hispana más importante del hemisferio se habían reducido a un mínimo, en un escenario donde la imagen de Brasil monopolizaba y encandilaba tanto a los cercanos a posturas liberales como a posturas bolivarianas, los análisis sobre México han vuelto al centro de la escena. Mientras algunas de las revistas especializadas en temas políticos y económicos más importantes del mundo destacan los desafíos que tiene Brasil por delante, su bajo crecimiento para los próximos años y una inflación anual “peligrosamente” por arriba del 6% anual, al mismo tiempo se subraya el dinamismo y impulso modernizador que el presidente Enrique Peña Nieto le está imprimiendo a su gestión.
Proveniente del histórico PRI, Peña Nieto está en óptimas condiciones para encarar reformas y romper tabúes que sólo un partido con esa mística e historia pueden llevar adelante. Una de las áreas más sensibles es, sin duda, la reforma y gradual liberalización del sector petrolero y de la misma Pemex (que analizamos en detalle en una nota previa en esta columna). Pero México también viene estando en la agenda internacional y regional por una cuestión mucho menos grata: nos referimos a la violencia del narcotráfico y la formación y consolidación de una media docena de poderosos carteles, los cuales, en muchos casos, han desplazado del centro de la atención a las míticas organizaciones colombianas. Desde 2006, el anterior gobierno mexicano, del presidente Felipe Calderón, y ahora el del actual primer mandatario, han llevado a cabo una fuerte ofensiva militar y de seguridad contra el crimen organizado.
Cabe señalar que al momento de escuchar voces que critican el nivel de respuesta estatal, habría que asumir que cuando las instituciones públicas reciben ataques con armamento de guerra de alto poder y letalidad sólo hay dos variables: o se militartiza el poder de fuego de las fuerzas policiales y se le da una doctrina y entrenamiento nuevo, o se hace participar a los militares en esta tarea. Ambas situaciones son por demás suboptimas, pero así es como suelen ser las cuestiones en la vida real y lejos de las elucubraciones teóricas o ideológicas más o menos bien intencionadas. Una de las transformaciones, aún en proceso, más relevantes y complejas llevadas a cabo por los últimos dos gobiernos democráticos de México ha sido la reorganización, racionalización y profesionalización del entramado de más de 1850 policías municipales que pueblan este país.
El diagnóstico de los especialistas y decisores fue que esas fuerzas de tamaño chico o mediano solían ser altamente vulnerables a la corrupción y cooptación del narcotráfico o, en el mejor de los casos, vulnerables al armamento pesado y tácticas de combate de estas verdaderas guerrillas o bandas armadas de narcotraficantes (desideologizadas, pero no por eso desprovistos de una agenda política para influir y condicionar a los gobernantes municipales, estaduales y aun nacionales). Por ello, y especialmente a partir de la llegada de Peña Nieto, se ha buscado tomar ejemplos en Chile y Colombia para la articulación de fuerzas de seguridad intermedias, disciplinadas y altamente profesionales como los Carabineros y la Policía Nacional. El poder político sabe que la profunda reforma y reorganización del enjambre caótico de las policías locales y municipales y la formación de fuerzas de alcance nacional, dotadas de presencia física e inteligencia adecuada, dista de ser algo rápido y en lo que se pueda improvisar o caer en cálculos de corto plazo. La no reelección y los plazos de seis años de la Constitución mexicana ayudan, quizás, en este sentido.
En momentos en que la diligencia política argentina parece haber tomado conciencia de la situación del país como lugar de tránsito, consumo masivo y producción de estupefacientes, quizás sería de utilidad intercambiar visiones y experiencias con nuestro redescubierto México. Del lado argentino, se podrá poner como humilde aporte la historia y el rendimiento de la sobredemandada Gendarmería Nacional, un tipo de fuerza en cuyo diseño y desempeño la dirigencia azteca podría obtener información relevante para su propio proyecto de seguridad. Por esas vueltas de la historia, quizás la Argentina deba evitar los errores del pasado de México en materia de balcanización y jibarización de las policías y ellos aprender de cómo y para qué formar una fuerza de seguridad de alcance nacional y con capacidades operativas importantes. Esperemos que el tema de la lucha contra el narcotráfico derive en igual cantidad de reuniones de alto nivel y productivas como las que derivaron en la buena noticia del preacuerdo con Repsol.