El sueño de la generala propia

Al solo efecto de abstraerlo por un rato, querido amigo lector, de los avatares de la política, la inseguridad y la maltrecha economía nacional y popular, lo he de entretener durante unos pocos minutos con una bonita historia que no ha de cambiar su vida ni la mía, pero que pinta de cuerpo entero la racionalidad que impera en los máximos niveles de la conducción nacional.

Una de las tantas luchas que nuestra jefa de Estado ha comandado desde su llegada al trono (perdón, quise decir al poder) es la causa de la igualdad de género. En cada acto público o privado, la mandataria se ocupa de dejar bien en claro (y con razón) lo mucho que le ha costado al género femenino ir escalando en todos los órdenes para afianzar sus derechos. La tarea no les ha sido fácil, pero nadie con dos dedos de frente podrá hoy sostener que deberían existir diferencias de género en cuestiones laborales, sociales, familiares o la que se nos ocurra. Continuar leyendo

Noche de reclamos y olvidos

“¡Qué noche, Teté!”. ¿Recuerda, amigo lector, la frase icónica del famoso peluquero que le hizo los rulos (literalmente hablando) a cientos de famosas y divas varias? Pues bien, la noche de este 7 de julio ha sido una de esas noches, no le quepa duda alguna de ello.

Al caer la tarde, el Palacio de Tribunales se cubrió con variopinto paisaje que ya no asombra por novedoso, pero escandaliza por la realidad que desnuda. Miles de ciudadanos comunes pidiendo justicia, no para criminales o para sus víctimas, tampoco para desaparecidos, despedidos o indultados.

El pueblo pedía justicia para los encargados de impartirla: los justiciables clamando por los derechos de los “justiciantes”. Funcionarios con altísimos cargos institucionales en el tercer poder del Estado nacional pidiendo ayuda a la ciudadanía para que no avasallen sus derechos. Unos y otros con sus familias, esposas de jueces y magistrados varios gritando “justicia, justicia”, de la misma manera que lo suelen hacer las mamás de tantas víctimas inocentes de la sensación de inseguridad. Continuar leyendo

Tragedia y oportunismo

Tal como es de público conocimiento, desde hace 15 días cuatro ciudadanos argentinos que tripulando el velero de 12mts de eslora TUNANTE II se dirigían desde Buenos Aires a Rio de Janeiro, fueron sorprendidos por un fuerte temporal a la altura del estado de San Francisco Do Sul, encontrándose perdidos desde pocas horas después a que ellos mismos informaran su posición y declaran su propia emergencia

Como se ha explicado reiteradamente, el hecho constituye un claro caso “SAR” (Search and Rescue). El SAR es un protocolo implementado por la OMI (Organización Marítima Mundial) por el cual los estados partes del convenio para la salvaguarda de la vida humana en el mar, asumen a través de sus autoridades marítimas o armadas la responsabilidad de búsqueda y rescate de personas en peligro de vida en el mar

Naufragios, incendios, colisiones de grandes buques o pequeñas embarcaciones deportivas como en este caso. Ponen en marcha enormes y costosos procesos que movilizan hombres y medios en defensa del más preciado de los bienes: la vida humana.

El Tunante II se accidentó en una ubicación geográfica que cae bajo responsabilidad SAR del estado brasilero. La Armada del país vecino estuvo a la altura de las circunstancias y desplegó a la zona de probable ubicación del velero a medios navales y aéreos

Casualmente, en fecha coincidente con el siniestro, la Argentina estaba a punto de desarrollar junto a las marinas de Brasil, Uruguay y Sudáfrica el tradicional ejercicio conjunto ATLASUR. Dada esta circunstancia, la corbeta argentina ARA Rosales se encontraba en posición de sumarse a la búsqueda en forma solidaria, ya que como dijimos el área del siniestro no está bajo responsabilidad de nuestro país.

Por recomendación de la Armada, y en una acertada decisión , días después el ministerio de Defensa autorizó la zarpada de otra corbeta. En este caso, la más moderna de la flota de mar ARA Gomez Roca (de la clase Meko 140) y además un avión de exploración P3 Orión. De acuerdo a la normativa internacional, este tipo de acciones de rescate no generan ningún tipo de resarcimiento al estado rescatador; obviamente mucho menos al colaborador. Lo que permite inferir que el esfuerzo presupuestario de esta misión con fecha aún incierta de terminación será absorbido en su totalidad por el Estado Nacional

Hasta aquí todo impecable. La acción de nuestros hombres y mujeres de la fuerza naval, pero también la predisposición de las autoridades políticas del área al autorizar a la Armada a cumplir con una tarea humanitaria. Pero la noticia emanada ayer desde la cartera que dirige Agustín Rossi amerita un pequeño llamado de atención

“El ministro de Defensa dispuso que la fragata Libertad se sume a la búsqueda del velero Tunante II”. La noticia sorprendió a la comunidad especializada en temas navales por la sencilla razón que la “Libertad” no es un medio básicamente idóneo para tareas de búsqueda. No tiene un sistema de propulsión que le permita desarrollar una gran velocidad, su condición de buque velero lo hace poco ágil para la maniobra, tampoco lleva equipamiento apto para la tarea de búsqueda y, obviamente, al ser un buque escuela, el grueso de su tripulación son cadetes con poca experiencia en el mar.

Hace algunas horas, algunas autoridades del ministerio aclararon que en realidad el buque tenía previsto zarpar de regreso a nuestro país en la mañana del 10 de setiembre y que en su navegación normal de regreso al sur atravesará durante dos días parte de la zona de búsqueda. No se desviará ni hará otra cosa que no sea prestar atención extraordinaria a lo que pueda acontecer a su alrededor

Esto es técnicamente correcto y estrictamente obligatorio. Mientras dure la emergencia decretada por la armada de Brasil, todo buque civil o militar que navegue por la zona tiene obligación de hacerlo. Pero considerando que cuatro familias siguen con infinita esperanza cualquier novedad que se produzca en relación con los navegantes perdidos, sería bueno dejar de lado la propaganda política propia de ministros en campaña y respetar el sufrimiento de esas familias intentado no borrar con el codo del oportunismo político. Una buena decisión que mereció, por una vez, que los marinos argentinos se sintieran orgullosos de su ministro de Defensa.

Amores que matan

Es muy cierto que frecuentemente la percepción de la realidad se ve alterada por nuestro propio estado de ánimo; situaciones delicadas se suavizan si nos ocurren en un contexto mayoritariamente favorable en lo personal, y problemas menores pueden agigantarse hasta el infinito si cuando acontecen estamos “mal parados” frente a la adversidad. Es así que analizar la “particular” realidad de nuestro país por estos días requiere, de quien efectúe ese análisis, una cuota de frialdad y abstracción no muy fáciles de conseguir. Como ejemplo me permito citar la definición que me dio hace pocos días, acerca de la relación con el poder político, una alta fuente militar: “estamos viviendo un idilio con el gobierno como hacía mucho que no se daba”. Sólo un par de días antes, camaradas de la misma fuerza aturdieron mis oídos con el desastre generalizado que aprecian en el manejo de la cuestión militar y de las fuerzas de seguridad. Citando como obvio y recurrente ejemplo la asignación de tareas no del todo claras en materia de seguridad interior.

Como solemos decir, los ciudadanos comunes (que venimos a ser todos, militares, civiles y -aunque ellos no lo crean- los políticos también) tienen cada mañana problemas tan variados y tan importantes que atender que no suelen contar con tiempo libre para detenerse a analizar aquellos temas que no impactan en su presente urgente. Nuevas preocupaciones afloran cada día y con más fuerza en todas y cada una de las áreas en las que el Estado tiene responsabilidad directa ya sea por acción u omisión. No sólo la inexistente defensa sino la educación, la salud, la seguridad, la política económica… y sigue la lista. Asumiendo entonces que todo lo que ocurre nos impacta más tarde o más temprano, en mayor o en menor medida e incluso aunque nos demos o no nos demos cuenta.

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Despertares

¿Notó -amigo lector- cómo por arte de magia, de un día para el otro (en realidad se tomaron algunos días) las máximas autoridades relacionadas con la seguridad y la defensa de la Nación nos reconocieron todo aquello que nosotros -simples ciudadanos comunes- estábamos intuyendo desde hacía algún tiempo? Era verdad nomás, la inseguridad es una de las más altas de la región (según la ONU); el narcotráfico ya no usa estas pampas para ir y venir hacia o desde rentables mercados. Están aquí para quedarse y buena parte de lo que ya no sucede en Colombia sucede ahora en las principales ciudades de nuestro país. Las cárceles federales o provinciales parecen construidas con barrotes de cartón, cerraduras de juguete y muros de yeso.

Resulta ser así que luego de lo infinitamente difícil que es conseguir que finalmente un delincuente ingrese a la cárcel, salir de ellas (legal o ilegalmente) es mil veces más sencillo. El pasado jueves, todos vimos por TV cómo un peligroso delincuente que tuvo en vilo a la bonaerense durante seis horas, a pesar de su frondoso prontuario gozaba de un régimen de detención de puertas abiertas. Abiertas están las puertas de los penales, mientras usted, yo y todos ya no sabemos qué inventar para que las de nuestras casas se mantengan cerradas de la manera más segura posible.

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Colegios porteños y buques rusos

Es absolutamente cierto que para un cincuentón forjado en la rígida estructura educativa de un instituto de formación de marinos  dependiente de la Armada, allá por inicios de los 80, imaginar tan sólo el acto por el cual un grupo de adolescentes se apodera de las instalaciones del colegio en el que estudia para reclamar que se les cambie  el menú del bar, los equipos de aire acondicionado o el plan de estudios (lo mismo da) es algo difícil de digerir.  Hasta hace un par de años estaba orgulloso de que ello fuera así; pero ahora viendo a mis contemporáneos (los padres de los adolescentes) apoyar fervientemente la degradación educativa nacional y popular y siendo los garantes de la impunidad púber, comienzo a avergonzarme por no haber evolucionado conforme lo dictaminan los nuevos paradigmas socio culturales.  Pido perdón por no poder hacer la metamorfosis requerida en tiempo y forma y prometo intentarlo con más énfasis.

Claro que cuando veo (en mi medio) a jóvenes cadetes planteando sus inquietudes, reclamos, sugerencias y -por qué no- exigencias, con absoluta naturalidad y firmeza en sus convicciones, siento una sana envidia por ellos y recuerdo con pesar las  –muchas veces-  innecesarias  “humillaciones de todo tipo”  a las que mis poco académicos oficiales superiores y profesores me sometieron  y que  siempre eran amparadas en la necesidad de templar el carácter para soportar la dura vida del marino  a bordo de los buques de nuestra flota.

También recuerdo -claro está- los malabares que aquellos improvisados docentes debieron hacer para transformar a un perito mercantil que no diferenciaba una arandela de un transistor, en un marino profesional especializado en electricidad y propulsión marina.  Siendo lo más milagroso  de este “retrógrado” sistema de enseñanza, que aún quien quedaba en el fondo de la tabla en el promedio de egreso, salía de la escuela en condiciones óptimas para ejercer la primer jerarquía de la profesión naval.  Algo que lamentablemente no se aprecia con la misma calidad en la actualidad,  pero me rindo ante las actuales corrientes educativas las que están adecuadas a los nuevos tiempos y sobre las que carezco de autoridad académica para cuestionar.

Aunque por momentos  se apodera de mí una irresistible tentación de alzar la pluma para alertar sobre la peligrosa degradación que en mi humilde opinión se está produciendo en varios institutos de formación dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad. Pero por estos días las sensibilidades de algunas áreas ministeriales parecen poco dispuestas a soportar la opinión de un columnista uniformado. Por lo que prefiero reservar este análisis para cuando “ la tempestad amaine “ no quisiera que algún otro “justo” con galones pague por este infame pecador…

Dejemos por un momento a los marinos y al agua y pasemos brevemente revista a dos hechos que son noticia por estos días y que tal vez no tengan nada que ver entre sí (aunque no me animaría a afirmarlo).

Una vez más y van….. la geografía citadina se ve “engalanada” por las ya habituales  tomas de colegios secundarios ( primarios y jardines maternales por ahora no se pliegan) realizadas por “referentes” estudiantiles que como dijimos en el inicio de esta columna, utilizan este “democrático” método de coerción para reclamar por las más variadas causas; siempre pretendiendo ser dueños absolutos de la verdad y exigiendo sin miramientos ser atendidos en sus reclamos no por un mísero rector sino cuando menos por el ministro de educación de la comuna.

Ciertamente, los otros cincuentones no marinos que lean esta columna, coincidirán conmigo que sin ser obligados a raparse el pelo ni a saludar militarmente a la bandera cada mañana, sus adolescencias fueron un tanto más pobres en derechos que la que viven los jóvenes de hoy.

Nuestra sociedad, tan castigada durante décadas por abruptos y trágicos cercenamientos de derechos, que incluían  desde la libertad de expresión , pasando por la libre elección de que libros leer, qué películas ver o qué ropa vestir y llegando a situaciones dramáticas por todos conocidas, parece ahora haber desarrollado anticuerpos en exceso para contrarrestar todo tipo de límites. Los ya naturalmente inaceptables, pero también los otros, los que provienen de elementales cuestiones emanadas de reglas básicas de convivencia, de elementales normas de autoridad, de orden y de respeto por el otro.

Vivimos  en una exaltación de nuestros todopoderosos derechos, olvidando la mayoría de las veces lo que emana de un concepto que ha prácticamente caído en desuso: nuestras obligaciones.  Sin ser esto de ninguna manera patrimonio exclusivo de los jóvenes o adolescentes, cada mañana al ejercer el  derecho a conducir nuestros vehículos, olvidamos nuestra obligación de hacerlo obedeciendo elementales normas de tránsito. Abusando “in extremis” de la laxitud de las autoridades públicas a las que se les prohíbe desde el relato “criminalizar” cualquier cosa; alcanzando el concepto muchas veces hasta al propio accionar de la delincuencia

Y si bien todo está “joya” fronteras adentro, en el resto del mundo estas modernas corrientes sociales no parecen diseminarse con la misma rapidez o profundidad, así por ejemplo intentar abordar una plataforma estatal  de extracción petrolera rusa en pleno mar Ártico desde un ex buque pesquero de bandera holandesa transformado en rompehielos ecologista de Greenpeace, puede ser considerado por las autoridades locales,  como algo poco divertido; más bien ilegal y por ende penalmente reprimible; debiendo los responsables  del hecho afrontar las consecuencias.

Y créame, amigo lector: ni remotamente pienso que nuestros dos compatriotas hoy detenidos por las autoridades rusas sean piratas marinos ni mucho menos. El problema es que no importa lo que usted o yo creamos; el tema está es como interpreten la supuesta ofensa criminal, las autoridades locales.

Por un lado una joven argentina voluntaria de la organización internacional  Greenpeace deberá dar las explicaciones que le sean requeridas; por otro lado, Hernán Pérez Orsi  a quien recuerdo como a un entusiasta cadete de la promoción 97 de la Escuela Nacional de Náutica, que finalizó sus estudios allá por 1995, deberá además cargar con su responsabilidad como oficial del buque holandés que “prima facie” violó la ley rusa junto al resto de la tripulación náutica de la nave. Todo marino profesional es plenamente consciente por estos días de que los hechos del 11S impactaron radicalmente en la actividad marítima y naval y que una plataforma petrolera es un objetivo estratégico sensible para cualquier potencia marítima sea cual fuere el sesgo ideológico de su gobierno.

Al margen de lo cada uno de nosotros pueda pensar acerca de los métodos y finalidades de la mundialmente famosa organización ecologista , y sobre la paradoja resultante de repudiar la extracción de hidrocarburos desde un buque que  utiliza  combustibles y aceites derivados de petróleo que  tal vez sea  extraído de una plataforma similar a la que intentaron abordar , hay dos hechos sobre los que desearía redondear la columna de hoy.

Por un lado sumarme al deseo de las familias de nuestros compatriotas, para que lo más rápido posible puedan regresar a sus hogares y que un manto de misericordia y de sentido común haga que las autoridades judiciales rusas no consideren  el irresponsable abordaje a su plataforma como un acto formal de piratería sino como un hecho ilegal pero de menor gravedad.

Pero por otro, viendo una y mil veces las imágenes de los papás de Camila mostrando con orgullo la foto de la “nena” y relatando la nobleza de su causa; como así también escuchando a la familia de mi colega oficial de la Marina Mercante Argentina y como tal conocedor profundo de la legislación marítima internacional, me falta oír aún alguna voz que deje suficientemente en claro que nuestros compatriotas violaron la ley de un país extranjero. Es más que probable que el talento de nuestros diplomáticos (me refiero a los de carrera claro está) minimice la gravedad de los cargos por los que potencialmente podrán ser condenados, pero por favor a todos los papás de todas las  Camilas  que se embarcan en éstas y otras aventuras por el estilo, sería bueno recordarles que al menos en los temas relacionados con la observancia de la ley, la teoría garantista del relato local no aplica en el resto del mundo. Tal vez  como una solución intermedia, podamos al menos  inculcar a nuestra juventud que la protesta no debe criminalizarse siempre y cuando no se cometa un crimen para protestar.  

Reflexiones para un ministro desorientado

Hemos abordado en la columna anterior la tan particular decisión del ministro de defensa Agustín Rossi de movilizar a 4500 militares a la frontera norte del país para reemplazar a los gendarmes traídos al Gran Buenos Aires para intentar mejorar la irrecuperable performance electoral del Frente para la Victoria frente al imparable Sergio Massa y su promesa de más seguridad en la provincia.

El ministro ha respondido a ésta y a otras notas periodísticas similares afirmando rotundamente que en ningún momento el personal militar hará tareas policiales: “si ven algo avisarán a la policía e inmediatamente se retirarán; se alejarán… perderán el contacto…”(sic). Palabras más palabras, palabras menos, el ministro reduce al personal militar al rol de vigilantes privados de cualquier empresa de seguridad. Aunque éstos, si usted osara por ejemplo robar en el supermercado o en un shopping, lo retendrían hasta que llegue la policía.

En el particular mundo que parece rodear el confortable despacho del ministro en el piso 11 del Edificio Libertador Gral. San Martín se debe respirar algún aire un tanto extraño que induce a pensar que un encuentro entre un uniformado de una fuerza militar, pertrechado y con ropa de combate, y un delincuente, narco, contrabandista o inmigrante ilegal se puede dar en términos tan risueños como éste:

“Señor presunto contrabandista o narcotraficante, soy el coronel Pérez del Ejército Argentino, por favor como no estoy autorizado a actuar frente a su flagrante delito (a pesar de que cualquier ciudadano puede al ver un ilícito proceder a un arresto civil) le pido que se quede quieto (si quiere, claro) mientras el sargento García va a buscar a la policía. Una vez que ellos arriben al lugar nos retiraremos, con lo cual ni siquiera seremos testigos del operativo policial que seguramente se llevará a cabo. Sea bueno: no me la complique que si le pongo una mano encima vamos en cana los dos juntos”.

Dios quiera, por su bien, señor ministro, y, por sobre todo, por el bien de las tropas destacadas en la frontera, que no tenga que lamentar en pocos días una o varias víctimas uniformadas que prefieran no usar su arma ante un peligro inminente ante el temor de ser luego tildados de represores.

Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires, miles de gendarmes, mal comidos, mal dormidos y peor equipados, lucharán primero contra sus necesidades básicas insatisfechas y luego -con las pocas fuerzas que les queden- contra el delito organizado, para el que tampoco están preparados. Lo de ellos es la frontera y el monte, no los núcleos urbanos. ¿Cómo hará un gendarme recién llegado a este difícil territorio para patrullar una calle sin deber luego tener que pedir ayuda para que alguien le indique cómo regresar al destacamento? ¿No es acaso que quien vigila debe ser un experto conocedor del terreno asignado antes que nada?

Será pues cuestión de imitar a nuestra Presidente, que encomendó a Dios el éxito del fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de EEUU frente a los bonistas que no entraron al canje y pedirle otra gauchadita al Señor: proteja a esos argentinos que estamos mandando como carne de cañón a la frontera.

Si a pesar de ello algo malo ocurriera, al menos ya sabemos lo que piensa el ministro de Defensa de la Nación sobre el valor de mercado de la sangre militar derramada en acción: nada, cero, apenas una formal condolencia a algún deudo. Al menos así se desprende de la negativa del ex diputado Rossi y algunos otros venerables miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se manifestaron abiertamente en contra del pedido de familiares de militares (muchos soldados conscriptos) caídos durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa ocurrido en 1975 en pleno gobierno constitucional en manos de la primer mujer presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón. En tales particulares circunstancias, los militares de aquel regimiento no habían salido a reprimir ilegalmente a jóvenes idealistas, por el contrario muchos se encontraban durmiendo y murieron sin la menor posibilidad de defenderse, mientras los familiares de sus agresores cobraron una suculenta indemnización para ellos nada.

Parece mentira que el mismo gobierno que tuvo la plausible deferencia de reconocer el derecho a cobrar una pensión de guerra a los militares de carrera que marcharon a Malvinas en 1982 niegue algo tan básico como un reconocimiento al familiar de un soldado conscripto caído y que obviamente no estaba allí por su voluntad.

Si bien es cierto que la coherencia no parece ser la mayor virtud de las actuales autoridades, en algunas cuestiones de básico sentido común uno podría esperar decisiones un tanto diferentes.

Pero con la mira puesta en el presente y el futuro inmediato, sería bueno que las autoridades de nuestro Ministerio de Defensa prevean (aunque suene feo decirlo, es su deber hacerlo) qué tipo de protección se ha de brindar a miles de familias de hombres que acaban de ser enviados con ordenes poco claras a un destino incierto en el que no solo pondrán en acción su amor por la patria sino además una infinita capacidad de resignación para no ejercer el elemental derecho a pedir la baja, ante un Estado Nacional que día a día los degrada no solo como soldados sino además como ciudadanos.

Dos fugados, todos castigados

Sin lugar a dudas uno de los hechos de la década ganada” que más recordaremos los argentinos fue el cambio de paradigma en materia de derechos humanos y la firme convicción de la actual gestión de gobierno de marcar sustanciales diferencias a la hora de analizar los alcances de los hechos que regaron de sangre a nuestro país en los 70.

Así fue que “aprendimos” que por encima de cualquier consideración política, jurídica, ética o moral, no fue lo mismo empuñar un arma para acribillar a un desprevenido agente de tránsito en una esquina, colocar una bomba en un comedor de una dependencia pública matando a decenas de personas o secuestrar ilegalmente a civiles y militares en nombre del “pueblo” y ajusticiarlos previo sumario sumarísimo, a hacer algunas cosas tan ilegales como las anteriores pero utilizando para ello los medios y recursos del Estado nacional.

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La paradoja de los ’70

Cuando en 2003 Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación, Argentina inició un camino de profunda revisión de su pasado cuyos verdaderos límites aún se desconocen; nos realineamos respecto a nuestros anteriores aliados y adversarios; reescribimos la historia de los -por aquel entonces- 20 años de democracia; y fundamentalmente establecimos una política de culto a los derechos humanos, reabriendo un capítulo negro de nuestro pasado reciente, llevando a la Justicia a una enorme cantidad de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad involucrados en la llamada “guerra sucia”, “lucha antisubersiva”, “represión ilegal” o como se lo quiera denominar de acuerdo con la íntima convicción de quien se refiera al tema.

Digo que los límites de esta revisión se desconocen, porque día tras día nos sorprendemos con nuevos alcances y consideraciones, que no han dejado afuera ni a José Gervasio de Artigas, Juana Azurduy y lógicamente la más reciente que incluye a Cristóbal Colón.

Al sólo efecto de priorizar la reflexión antes que la polémica, permítame el lector aclarar, que más allá de lo que personalmente pueda yo pensar de cada una de las acciones antes descriptas, no se puede negar que han sido inspiradas por un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía y que las medidas que han llevado -por ejemplo- al pasar de la obediencia debida y el punto final, al procesamiento de centenares de uniformados, gozan de plena legalidad de forma y de fondo; y que en democracia todos tenemos libertad de pensamiento y opinión pero además tenemos obligación de aceptar lo que los organismos de la democracia disponen.

Asimismo es una realidad innegable que al margen del proceso democrático local, toda América Latina parece haberse alejado del riesgo de interrupciones democráticas con militares como protagonistas. El dudoso triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, y el desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay son cuestiones que pueden ser discutidas pero que no se comparan a la vieja asonada militar.

Así las cosas, quienes vivimos como jóvenes o adolescentes los gobiernos militares de la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas, la Revolución Argentina de Onganía, y el Proceso de Videla y Massera nos fuimos imbuyendo de la nueva y sana costumbre de la democracia perpetua- a la que cualquier argentino sub 30 concibe naturalmente como la única forma válida de gobierno

Pero como ocurre cada vez que una sociedad afronta procesos que imponen cambios de paradigma, la coexistencia de diferentes formas de pensamiento forjadas en circunstancias históricas distintas trae aparejados duros enfrentamientos (gracias a Dios retóricos en la mayor parte de las veces) que crean antagonismos entre los adherentes a alguna de estas clásicas posturas: “teoría de los dos demonios”, “genocidio unilateral contra jóvenes idealistas”, “guerra contra la subversión” y alguna que otra variante de ellas.

Como el hombre es un animal de costumbre y como además la acuciante realidad deja cada vez menos tiempo para el análisis histórico, los militares fueron desfilando hacia las cárceles, las marchas en su defensa fueron desapareciendo del paisaje urbano y el tema militar -para ser honestos- pasó a estar último en la tabla de posiciones de la actualidad nacional (casi al punto de irse a la “B”).

El incendio del Irizar, el embargo de la Fragata Libertad, el papelón antártico de Puricelli, el fallecimiento de Videla y algún que otro hecho aislado, devolvieron el mundo de los uniformados a las pantallas de televisión y primeras planas de los diarios, de forma muy puntual y acotada.

Hasta ahora… Desde hace un par de semanas, políticos, periodistas, analistas militares de primer nivel, senadores, organismos de DDHH y hasta programas de chimentos han vuelto a colocar en lugar protagónico no sólo a un general de nuestro ejército sino a la razón de ser de la actividad militar argentina.

Y es aquí donde necesariamente corresponde “parar máquinas” y atreverse a repensar si todo lo que con el ya nombrado amparo legal y consenso político hemos revisado en los últimos años no nos ha colocado en una paradoja que nos obligue a desandar en parte nuestros pasos, para justificar nuestros actos del presente.

En una columna anterior, he señalado que a diferencia de lo ocurrido en países como Chile, Brasil o Uruguay, la Argentina -al margen del castigo impuesto a los militares condenados por hechos relacionados con los ’70- pareció “colocar en penitencia” a todo el aparato militar de la Nación y, más aún, la Defensa de la Nación pasó a ser una especie de tabú para la clase política de casi todos los signos. Es sabido que en las apetencias de los “ministeriables” de 1983 hasta el presente, difícilmente el Ministerio de Defensa haya sido considerado algo más que un premio consuelo para quien fue “honrado” con esa cartea. Baste con indagar cómo tomó el actual ministro su designación para el cargo.

Presupuesto casi nulo (mayormente destinado al inevitable pago de salarios), inversión inexistente, presencia pública cercana al cero, desplantes muchas veces innecesarios y reformas legales y reglamentarias hechas más bien para limitar al máximo la actividad militar que para adecuarla al presente, han sido una constante.

Sí. Es verdad, estamos en Haití y en algunas otras misiones de paz. E intentamos armar algún que otro radar, un vehículo gaucho (más bien gauchito) y mostramos la decadencia militar en Tecnópolis, pero creo que todos sabemos en donde estamos parados en materia de defensa.

Y de la mano de ese coto a las “ínfulas uniformadas” renunciamos para usar a nuestros militares y a sus medios y capacidades para cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad interior a diferencia de lo que hacen casi todos los países del mundo cuando la situación lo amerita . También (respecto a aquel pasado tenebroso) determinamos que un cabo, un teniente de fragata o un general eran exactamente lo mismo a la hora de rendir cuentas ante la justicia por los “excesos cometidos” en aquella lucha o como cada uno de nosotros guste llamarla.

Y de nada valieron los argumentos de más de uno de los jerarcas procesados cuando se declaraban absolutamente responsables por las ordenes por ellos dictadas, pretendiendo desligar a jóvenes oficiales o suboficiales de cualquier responsabilidad. En virtud de aquel viejo axioma militar (vigente al menos hasta la actual revisión de la historia) sobre que “las ordenes no se discuten, se cumplen”.

Así fue que marcharon presos, almirantes y generales pero también quienes por aquellos años eran tenientes y cabos. Sin chistar o chistando poco, sin fugarse hasta que alguna cámara de apelaciones se apiadara de ellos y sin esperar ni pretender que las nuevas generaciones de uniformados se aparten de sus deberes para salir en su defensa.

Todos recordarán que el ex comisario Luis Patti, siendo ya diputado electo, terminó preso porque alguien lo reconoció por su voz a pesar del tiempo transcurrido y del hecho de haber sido un muy joven oficial por aquellos días. Hubo un caso de un oficial naval que al parecer bromeó ante un detenido con el nombre de una conocida avenida de la zona norte de Buenos Aires, colocado en honor a un antepasado suyo y al que luego su apellido coincidente con el nombre de esa avenida lo delató; y así mil historias.

Y llegó un día en el que cuando todo parecía hacernos creer que esta forma de haber “resuelto nuestro pasado” estaba totalmente cerrada a discusión alguna, la realidad se empeña en colocarnos en una especie de “segundo tiempo” de un partido de fútbol en el que los protagonistas han cambiado de arco. Y los que antes se erigieron en severos fiscales y custodios de la democracia, la república y los derechos humanos, tratan ahora de justificar algo que -en opinión de muchos que fueron condenados y tildados de fascistas defensores de genocidas- era una verdad de manual. Los jefes ordenan, los subordinados obedecen.

Ahora -según nos dicen-, no siempre está mal echar mano a los aparatos de inteligencia militar para espiar un poquito para adentro y no se siempre se puede dejar sin trabajo y menos aún condenar a una persona adulta y llena de galones, por lo que tal vez pueda haber hecho cuando era sólo un humilde subordinado con inescrupulosos superiores.

Y no parecería ilógico imaginar ahora; a algún encumbrado funcionario nacional, rodeado de asesores, sobre un escritorio repleto de discursos de campaña, de copias de expedientes judiciales, de fotos de marchas y escraches, hojeando el famoso Nunca Más en su versión riojana y exclamando, totalmente desorientado, “Y ahora… ¿qué hacemos?

De vacaciones, los políticos olvidan Malvinas

Hace pocos días, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación impusieron el nombre de “Mujeres de Obligado” a una dependencia de la Prefectura Naval Argentina ubicada en Puerto Madero. Hubieran querido bautizar con ese nombre a una calle del barrio más nuevo de la Ciudad, pero se dieron cuenta que para ello necesitaban la bendición de la Legislatura Porteña y la misma no parecía muy viable.

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