Se suponía que las elecciones tenían que ser la transición política a un nuevo gobierno, que supere el agotamiento del kirchnerismo como movimiento político y como esquema económico. Pero la decisión de que el vice de Scioli sea Zannini ha bloqueado esta transición política que las elecciones venían a consagrar. Nadie duda que Zannini es un representante directo de Cristina Kirchner y que ha sido colocado en la fórmula presidencial para manejar, al menos, una parte del poder en un próximo gobierno. Recordemos que el vicepresidente no sólo controla la presidencia del Senado sino que está primero en la línea sucesoria. Por eso la fórmula Scioli-Zannini tiene todo el aspecto de un golpe de Estado potencial, que oscilará entre el condicionamiento al próximo gobierno y los intentos de desestabilización. Continuar leyendo
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Default y deuda usuraria
¿Es lo mismo un default declarado por Cristina Kirchner – o cualquier otra administración- que el repudio de la deuda usuraria por parte de un gobierno de los trabajadores?
El default es una interrupción de pagos para propiciar una reestructuración o refinanciamiento de la deuda impagable. El repudio de la deuda equivale, en cambio, a una expropiación de los capitalistas que lucran con una deuda usuraria y confiscatoria, aunque deja de lado a los especuladores pequeños que depositan sus ahorros en la deuda externa. El default mantiene sin modificaciones las relaciones y la estructura económica que produjeron la bancarrota. Adolfo Rodríguez Saá, por ejemplo, declaró el default cuando el país había agotado la posibilidad de seguir pagando, y lo hizo con el propósito de generar las condiciones para volver a pagar.
Al mismo tiempo, Eduardo Duhalde inyectó luego una suma multimillonaria de pesos para rescatar a los bancos y AFJP que tenían una cartera de títulos de deuda externa superior a su patrimonio neto. El default se transformó en un gran negocio para los capitalistas que, mientras tanto, habían fugado capitales durante 2001 y luego lograron, en la reestructuración de la deuda por parte de los K, el reconocimiento de los intereses usurarios aplicados a los blindajes y megacanjes realizados por De la Rúa-Frepaso-Cavallo en 2001. Además recibieron los llamados cupones del PBI -40 mil millones de dólares.
El Partido Obrero es preciso con sus consignas: no al default, sí al repudio definitivo de la deuda usuraria. Un default por parte de Cristina Kirchner iría acompañado por un caos económico generalizado en perjuicio de los trabajadores, en primer lugar. Un repudio de la deuda usuraria, que solamente podría ejecutar en forma consecuente un gobierno de trabajadores, iría acompañado con un plan económico obrero y popular financiado con el ahorro nacional salvado del pago de la deuda usuraria. Es un paso hacia la reconstrucción socialista del país.
Nuestro planteo de no pago forma parte de un programa de transformación social integral del país bajo la dirección de los trabajadores. Para eso se impone la nacionalización de la banca y del comercio exterior y la creación de una banca única bajo la dirección de los trabajadores. Los bancos y los pulpos comerciales son los canales principales que confiscan el ahorro nacional y la convierten en deuda pública que expolia a la fuerza de trabajo. Si el gobierno se ve obligado a rechazar el fallo de Griesa y a suspender el pago de la deuda, nos movilizaremos para que este rechazo se convierta en repudio de la deuda y para impulsar la convocatoria a un congreso de trabajadores que aplique los recursos rescatados a un plan obrero y popular.
La Celac le dio la espalda a Puerto Rico
Finalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó la propuesta, formulada por Venezuela, de incorporar a las organizaciones de Puerto Rico que luchan por su independencia de los Estados Unidos como miembros del organismo creado en 2011, el cual reúne a todos los países del continente con la excepción de Estados Unidos y Canadá.
La propuesta del presidente Nicolás Maduro se había convertido en uno de los ejes de la reunión. Si la Celac se formó como contrapeso al “ministerio de colonias” de la OEA, debía tomar posición sobre la condición colonial de Puerto Rico, anexada por Estados Unidos desde su ocupación militar a fines del siglo XIX. Maduro no había llegado tan lejos como para reivindicar la independencia de la isla, pero proponía integrar a las organizaciones portorriqueñas que luchan por esa independencia. Con excepción de Cuba y Venezuela, el resto de los Estados latinoamericanos integran la fuerza de ocupación de la ONU en Haití. Al final, los ocupantes de Haití simplemente se han negado a reclamar el fin de la ocupación de Puerto Rico. Puerto Rico atraviesa en este momento una crisis social extraordinaria, como consecuencia de una fuga masiva del capital norteamericano. Hay despidos masivos y una desocupación del 50 %.
El día después
En los últimos tiempos, ocurrieron hechos que confirman el carácter irreversible del retroceso del kirchnerismo. Uno de ellos viene del mundo del espectáculo. Nos referimos al acuerdo que suscribieron Cristóbal López (uno de los empresarios del riñón del oficialismo) con Marcelo Tinelli y Canal 13, del archienemigo Héctor Magnetto. El empresario adquirió la productora Ideas del Sur del famoso conductor, quien seguirá protagonizando “Showmatch”. Este, junto a otros programas que elaborará la empresa de Cristóbal López, se pasarán por la pantalla de Canal 13. Uno de los programas sería entre Tinelli y ¡Lanata! Es difícil no percibir el retroceso que este acuerdo representa.
Sólo hace unos meses atrás, el gobierno quiso forzar la salida de Tinelli del Canal 13 de Magnetto. En parte lo lograron, porque en el crucial año electoral, Tinelli levantó su programa. Pero ahora, luego de la derrota sin atenuantes de agosto, es éste quien le “roba” al kirchnerismo uno de sus principales “burgueses nacionales”, al que ayudó a enriquecerse con la obra pública de Santa Cruz y el negocio del juego. Resulta obvio, además, que este acuerdo refuerza la posición del grupo Clarín para el fallo de la Corte sobre la Ley de Medios.
Un viraje de fondo
Mientras Cristina Kirchner fatiga la tribuna acusando a la oposición de representar los “intereses corporativos”, sus representantes recorren Nueva York tejiendo un delicado acuerdo con los fondos buitres, el FMI y el Banco Mundial, los que suponen una modificación radical de la actual política económica. El silencio de Sergio Massa, Mauricio Macri y Hermes Binner sobre estos manejos de trastienda no deja de ser clarificador, no sólo porque muestran el carácter artificial de sus campañas electorales, sino porque delata un acuerdo de fondo entre los políticos capitalistas para aplicar un programa contrario a los intereses de los trabajadores.
Detrás del presupuesto
Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un “dibujo”. Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción.
La oposición denuncia el “dibujo”, pero no cuestiona en lo más mínimo el tema de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada “quita” realizada por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como “pagadora serial”.
En busca de un acuerdo
El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90.
Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria.
Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones.
Endeudamiento y devaluación
Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la “nacional y popular” YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional.
Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores.
La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado “desendeudamiento” -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional.
La campaña electoral
El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de “derechos humanos” para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las PASO acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores.
En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.
A dónde va el kirchnerismo ahora
Ni los kirchneristas creen que han sufrido un ‘tropiezo’ electoral, aunque algunos fantaseen con recrear la transición que siguió a la derrota electoral de 2009. Lo prueba el cruce de opiniones y el pase de facturas que han generado en el oficialismo los resultados de las primarias.
Para Horacio Verbtisky, el gobierno hizo una elección de medio término satisfactoria. Si en algún caso hubo un retroceso de votos, no habría que preocuparse, porque quien gana las elecciones de medio término nunca repite ese resultado en las presidenciales. De esta tesis debiera extraerse la conclusión que conviene perder.
Correa, Macri y la “libertad de prensa”
Jorge Lanata ha denunciado con pelos y señales la política de cercenamiento a la libertad de prensa impuesta por el presidente Correa en Ecuador. Su Ley Orgánica de Comunicación es un verdadero cepo impuesto por el poder para prohibir toda manifestación opositora. Llega al detalle, por ejemplo, de determinar qué títulos de la prensa escrita son admisibles y cuáles no. Crea, además, el delito de “linchamiento mediático”, el mismo subterfugio al que aludió Cristina Kirchner en cadena nacional para responder a las acusaciones contra César Milani por su complicidad con el terrorismo de Estado.
Las perspectivas electorales del Frente de Izquierda
Las primeras encuestas de opinión que se han conocido en los últimos días, a pesar de las diferencias entre sí, arrojan un dato que es común a todas: en Capital y Buenos Aires, el Frente de Izquierda aparece recogiendo una intención de voto, para las primarias de agosto, que se acerca al logrado en octubre de 2011.
En ese caso, lo que fue nuestro techo hace dos años sería ahora el piso para afrontar los desafíos que tenemos por delante. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, son varias las encuestas que indican que la candidatura a diputado de Jorge Altamira tiene una intención de voto superior al 5 %. Como punto de partida es un dato auspicioso. Si bien la conquista de un diputado nacional requiere superar el 6 %, es claro que las posibilidades para lograrlo están más que intactas. Proyectando el voto hacia la Legislatura porteña, ese porcentaje nos coloca peleando no uno, sino dos legisladores. De confirmarse estos resultados en agosto, se abre hacia octubre una perspectiva de crecimiento. Entre otras cuestiones, se habrá superado la interna confusionista del UNEN, que busca atraer a votantes con el argumento de que es la única interna realmente en disputa.
El corso a contramano de Cabandié
Para los que piensan que las campañas electorales son pura demagogia de los partidos patronales, la marcha que realizó el kirchnerismo en la Ciudad a la jefatura de gobierno no hace más que darles la razón. Quienes se ‘movilizaron’ contra Macri fueron los mismos que votaron junto con el bloque del PRO en la Legislatura los proyectos clave que hacen a los grandes negocios armados para favorecer al capital inmobiliario. Al frente de la marcha, Juan Cabandié, cabeza de la lista de diputados K en la Ciudad, fue el mismo que recibió el repudio de sus propios compañeros (“¡traicionaste a tu viejo!”, le dijeron) por defender la entrega de la Isla Demarchi al grupo IRSA. Aníbal Ibarra, el responsable de la masacre de Cromanón, marchaba con carteles que denunciaban la “destrucción de la cultura”. Aquí directamente la demagogia se trucó en cinismo.
La Corte Suprema y el post-kirchnerismo
El fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura asegura que la elección popular de consejeros contradice la “independencia del Poder Judicial”. La afirmación es por lo menos curiosa, porque hasta la reforma constitucional del año 1994 los jueces eran nombrados por el Senado, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. Con la creación del Consejo de la Magistratura -concebido para ‘despolitizar’, precisamente, esos nombramientos-, las cosas siguieron más o menos igual. El kirchnerismo, de hecho, nombró a centenares de jueces de su riñón político, dado que el Senado y el Poder Ejecutivo siguieron interviniendo en la elección de los jueces.
La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.