La explotación de minerales en Argentina enfrenta hoy diferentes dificultades, tanto por un marco normativo contrario al agregado de valor en origen como por reticencias sociales que generó la propia actividad. El próximo gobierno tiene la oportunidad de actualizar la Ley de Inversiones Mineras y generar más confianza sobre una actividad necesaria para el desarrollo nacional.

La reforma constitucional de 1994 estableció que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos minerales, mientras que la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 de 1993 estableció un nuevo marco para la actividad.

La mencionada normativa, elaborada bajo las recomendaciones del Banco Mundial, concedió beneficios aún mayores a los otorgados por países de la región a las empresas mineras, mientras que en la práctica desalentó el procesamiento de los minerales en el territorio nacional. El cobro de regalías se realiza sobre la base de una declaración jurada entregada por la empresa minera en destino, tributada sobre tres minerales: oro, plata y cobre.

Los desarrollos de la tecnología han generado que en los últimos años ciertos minerales que nuestro país posee se revalúen en el mercado internacional y sean exportados sin pagar impuestos.

Así podemos mencionar en particular a las llamadas tierras raras, cuyo nombre científico es “elementos de tierras raras livianas” (ETRL), aunque no se trata de tierra sino de sustancias. Según cómo se las clasifique, pueden ser entre 15 y 17, tales como el holmio, praseodimio, cerio, lutecio, iterbio, gadolinio o el prometio.

Estos minerales se encuentran adheridos a los que normalmente se extraen y no son objeto de tributación en nuestro país a pesar de cotizar a un valor de mercado de entre 10.000  y 200.000 dólares la tonelada. Son necesarias para la fabricación de lásers, imanes, lentes especiales, superconductores y acumuladores de energías. Tanto un teléfono celular de uso común como una turbina eólica necesitan de las tierras raras para funcionar.

Otro mineral estratégico de cara al futuro es el litio, promisorio debido a su alto potencial electropositivo, lo que le permite generar una enorme densidad de energía y potencia por unidad de masa, sólo superado en la naturaleza por el hidrógeno. Argentina, Bolivia y Chile concentran el 85% de las reservas del mineral.

En nuestro país se extrae litio en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca desde 1998, y desde 2013 en Olaroz, Jujuy. Este último se espera que avance en el agregado de valor al mineral extraído, ya que actualmente se produce carbonato de litio y se espera obtener cloruro de potasio y luego hidróxido de litio para baterías.

El gran desafío es lograr una mirada estratégica por parte del Estado para obligar al procesamiento del mineral en origen, obteniendo los productos que de otra forma deberían importarse. En ese sentido, existe un antecedente negativo que es la paralización de la fábrica Sol.Ar. en Catamarca, proyectada para fabricar baterías para las netbooks del programa Conectar Igualdad, pero la venta no se logró formalizar.

Por último, la reciente presentación del proyecto de una futura cuarta central nuclear a base de uranio natural y agua pesada, más el comienzo del estudio de una quinta central que funcionaría con uranio enriquecido y agua liviana, abre un nuevo panorama al desarrollo nuclear del país.

La posibilidad de dominar el ciclo completo del uranio, desde la extracción al enriquecimiento, podría potenciarse con estos desarrollos. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) indica que en el país podrían existir reservas por 15.000 t U y estima otras 50.000 t U que requieren prospección-exploración.

La actividad minera en nuestro país enfrenta la reticencia social, en muchos casos fundada en prejuicios más que en hechos científicos. La misma división entre minería metalífera y no metalífera por momentos descuidada, y se propugna la prohibición completa de la actividad sin reflexionar sobre los correctos controles ambientales que la harían viable y sustentable.

Asimismo, la percepción de los escasos beneficios sociales de la actividad tiene mucho que ver con un sentimiento de una escasa tributación o la poca claridad del uso estatal de estos ingresos no renovables. En estas décadas de vigencia del régimen minero han surgido diferentes opiniones para hacer más eficiente la recaudación impositiva de la actividad.

Por ejemplo, se ha sugerido modificar el sistema de valuación del material extraído: en vez de cobrar percepciones sobre el actual costo “boca mina”, es decir al momento de la extracción, ponderarlo sobre el valor internacional de los metales.

Otras propuestas apuntan a aumentar el tope del 3% a la regalía que pueden cobrar las provincias, aunque esto requeriría que cada provincia modifique luego su ley provincial y así, sólo se aplicaría a los nuevos proyectos.

Finalmente, la posibilidad de aumentar el estímulo al procesamiento en el país a través de una mayor diferenciación impositiva entre la exportación del mineral concentrado y el procesado estaría en línea con el objetivo de potenciar la industrialización del país, que algunos precandidatos presidenciales defienden.

Como observamos, el escaso y poco profundo debate político sobre la actividad minera, su aporte a la sociedad, el destino de los fondos que genera y el accionar del Estado como regulador es algo que no se puede soslayar a futuro. Sería importante que durante la próxima campaña electoral se transparentaran iniciativas en la materia para conocer las diferentes propuestas sobre desarrollo que tienen en mente los diferentes actores políticos.