Archivo de Tag: Frente Amplio

Derechos humanos y libertad religiosa

En el Parlamento uruguayo se discute la eliminación del comisionado parlamentario, cargo que ocupara el Dr. Alvaro Garcé con reconocido equilibrio y espíritu de justicia. Sin duda, significó un efectivo avance en materia de derechos humanos, esa disciplina tan valiosa y tan tergiversada por muchos de sus presuntos cultores.

Como fue valioso, justamente, el Frente Amplio está en contra del cargo. Durante años fue su bandera, como el Defensor del Vecino en materia municipal. Pero bastó llegar al gobierno para que ya esos cargos no le sirvan, o los quieran diluir hasta el desvanecimiento. Es lo que están intentando ahora con el Comisionado. No quieren más que alguien observe, aunque sea tan ponderado como lo fue el Dr. Garcé. Así como rechazan toda comisión parlamentaria de investigación, no están dispuestos a ser controlados y ello debe decirse con toda claridad.

La propuesta frentista de eliminar el comisionado y trasladar sus competencias al Instituto de Derechos Humanos es un claro intento de barrer un cargo que, al ser provisto por una mayoría de tres quintos de la Asamblea General, no le permite al oficialismo poner un simple monigote. Un instituto con predominio oficialista, será simplemente un saludo a la bandera.

Una vez más, queda al desnudo la doble faz del Frente Amplio: los derechos humanos son buenos para unos y malos para otros. Los presos, por lo visto, son ciudadanos sin derecho a esa mínima garantía.

*****

El doctor Miguel A. Semino planteó en una carta al semanario “Búsqueda” la situación de los musulmanes que reclaman el derecho a enterrar directamente en la tierra, lo cual no está hoy permitido por nuestra legislación.

Son los primeros casos que nos aparecen de colisión entre la libertad religiosa de nuestra Constitución y un mundo musulmán que se basa en valores muy distintos a los nuestros. A nuestro juicio, la situación es clara: si hay una norma de orden público, basada en razones de higiene, ella predomina sobre el derecho particular de un grupo religioso. Antiguamente, se inhumaba en las iglesias, y Carlos III, a fines del siglo XVIII, prohibió esa práctica y ordenó que los cementerios estuvieran en lugares “ventilados”. Así se hizo y así deberá seguir haciéndose.

Desgraciadamente, el tema musulmán va a dar mucho que hablar. El único problema que no teníamos, ya nos llegó también.

El relato kirchnerista también en Uruguay

Es consustancial a los regímenes autoritarios o populistas en general, instalar una versión del mundo en que viven (la conspiración universal en su contra) y un “relato” de la historia que explicita cómo los “malos” llegaron a ser tan malos y cómo ellos, “los buenos”, son herederos de los sacrificados de ayer.

La Argentina kirchnerista es un modelo de ese estilo. Nuestro gobierno frenteamplista, que no tendría porqué sucumbir a las fantasías de ciertos grupos radicales de revolucionarios frustrados, se deja, sin embargo, arrastrar a ese territorio de la mitología que le hace un enorme daño al país.

En el pedregoso territorio de nuestra historia reciente, nos encontramos en estos días con una atrocidad histórica, que alienta una desorbitada campaña que —bajo el manto del esclarecimiento de las agresiones a derechos humanos en tiempos de la dictadura— se embiste contra valores democráticos que debieran estar más allá de pasiones.

El decreto de 19 de mayo de 2015 sobre la base de que “están presentes aun las consecuencias de la acción de la acción ilegitima y terrorismo de Estado sufrido por nuestro país”, retrotrae la investigación hasta el 13 de junio de 1968, cuando el gobierno legítimo de Jorge Pacheco Areco adoptó, dentro de la Constitución, unas medidas prontas de seguridad que comunicó al Poder Legislativo, “dueño de las medidas”.

Como es notorio, aquel gobierno tuvo que actuar en condiciones muy particulares de agitación pública. Eran los tiempos en que la revolución cubana inspiraba a vastos sectores de la población y mientras unos tomaban las armas para derribar la Constitución e instalar un régimen de esa índole, otros, desde el ámbito de la educación, el sindicalismo o el debate intelectual, preconizaban que el país marchara por ese camino. Había un país democrático y un país revolucionario, en parte armado y en parte no, pero revolucionario. El gobierno de entonces, con los aciertos y los errores propios de una conducción en tiempos de tormenta, trató de preservar las instituciones y felizmente lo logró, llegando a unas elecciones en que, además, obtuvo la mayoría.

En ese momento de prueba, la democracia mostró su capacidad de resistencia y así lo dijo el General Seregni, líder y fundador del Frente Amplio, refiriéndose al Presidente Pacheco Areco: “Aprendió rápido, aprendió lo que era el poder, y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”.

Es por lo tanto una aberración histórica hablar de “terrorismo de Estado” bajo un gobierno democrático, con libertad de prensa y separación de poderes. El presidente, por otra parte, obtuvo 439 mil votos para su eventual reelección, lo que hizo de él el candidato más votado en una elección en que el Partido Colorado resultó triunfador. O sea que poseía, además de la legitimidad jurídica, un apoyo popular que le robustecía.

Jurídicamente, estamos ante otra aberración. Se pretende considerar ilegítima la adopción de medidas prontas de seguridad que decretó el Poder Ejecutivo y mantuvo el Poder Legislativo. El único encargado de juzgar esas medidas fue el Poder Legislativo. No se puede hoy, medio siglo después, intentar un juicio totalmente fuera de la ley. Se suele decir que el gobierno de Pacheco hizo un uso excesivo de esas medidas. Puede ser o no, pero —en todo caso— el Poder Legislativo fue quien —por acción u omisión— resolvió. Y como algunos pensaron que eso le hacía pasible del juicio político, también se intentó y fracasó.

Estamos, entonces, ante un intento de construcción autoritaria de un relato histórico falso. Es realmente preocupante querer imponer una historia por decreto y hacer de ella bandera de lucha de una causa cuya legitimidad se degrada. Que los familiares de los desaparecidos procuren saber la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos, es un derecho sagrado, que nadie ha negado (y que todos los gobiernos y la Justicia han tratado de atender). Desgraciadamente, los resultados han sido escasos, pero aún así permanece intacto el derecho a seguir procurando esa verdad. Sin embargo, es degradante transformar ese derecho legítimo en una bandera política de revancha contra la institución militar, en una proclama divisoria de la sociedad uruguaya donde todo aquel que discrepe será apostrofado y descalificado, en una peligrosa fantasía que insufla en las nuevas generaciones la idea de que hay un ocultamiento conspirativo de verdades escondidas y —lo peor de todo— en la pretensión de legitimar aquellos movimientos que en los años 60, en plena democracia, le declararon la guerra a las instituciones.

Raíces y frutos

La semana pasada, una sala repleta del Hotel Radisson asistió a la presentación del libro de Luis Hierro López, “Las Raíces Coloradas”, en el que tuvimos la alegría de participar. Lo decimos con la perspectiva de unos días, que nos valorizan la dimensión del acto, al evocar el sentimiento fervoroso de los asistentes.

En la platea había algunos nobles blancos, amigos de Luis, pero la inmensa mayoría —como es natural en un libro de esa índole— eran colorados. Que se sintieron reconfortados con las sobrias palabras de un historiador no colorado, como el Profesor José Rilla; la explicación sustanciosa de porqué escribió el libro que hizo el autor y mi propia declaración, que —más allá de su mérito— fue acogida generosamente por el público, al encontrar en ella una exposición de las esencias de nuestro partido vistas a través de la historia que narra la magnífica obra que convocaba.

Todos quienes allí estuvimos salimos alegres, contentos, con un claro sentido de pertenencia y la expresión inequívoca del deseo fervoroso de que el futuro vea a la colectividad forjadora del país nuevamente en el ejercicio responsable de su conducción. Esa gente expresaba el anhelo de que algo ocurra para encender nuevamente el optimismo en un partido que continúa siendo una garantía fundamental para la ciudadanía democrática y liberal.

En el Frente Amplio, que a veces invoca al Batllismo, está claro que una mitad no es demócrata, no cree en las libertades y por esa razón sigue soñando con Cuba y abrazada al esperpento autoritario y rústico del Maduro venezolano. Nos separa esa enorme distancia de principios.

En el Partido Nacional por cierto que hay una sustancia democrática que nos hermana, pero también hay diferencias que nos distinguen: concebimos la república laica desde concepciones distintas y miramos al Estado desde veredas opuestas, ellos con mucho recelo para con el mismo, nosotros —desde dentro de él— con un espíritu reformista basado en la convicción de que no hay otra herramienta para sustentar los equilibrios de la sociedad. Eso ha sido siempre el Batllismo, desde los liceos de hace cien años hasta las escuelas de tiempo completo de hace veinte.

Estas son convicciones profundas, sustantivas, que confían aun en que vuelvan a reverdecer. Por eso pensamos que en esta hora debemos estimular a los que luchan, pedirles paciencia a los impacientes, fraternidad a quienes se enojan, los brazos en alto a los desalentados, y convocarnos todos para el esfuerzo de mañana. Quienes no aspiramos a posiciones públicas desde hace años, y hemos dado cumplida muestra de estar todo el tiempo ayudando, en todos los terrenos a nuestro alcance, nos sentimos con derecho a decirlo.

La última elección fue un mal momento, pero no debe hacer desfallecer a quienes se sienten responsables, por haber estado al frente de las candidaturas principales al Ejecutivo y al Parlamento. Justamente, el sentido de responsabilidad impone, más que nunca, salir a reconquistar lo perdido y a tratar de escalar. Quienes hoy les cuestionan, muchas veces con alguna razón, han de saber que protestando y descalificando nadie ha construido nada y que si se sienten firmes en sus razones, más que nunca deben ofrecer propuestas de valores, que colmen los vacíos a llenar. No se trata de hacer zancadillas sino, a la inversa, saltar por encima hacia lo alto; convocar, alentar, crear esperanza y no enojo.

Nuestra treintena de candidatos a Intendentes en todo el país son hoy un gran ejemplo. He estado con algunos de ellos, aún en departamentos donde saben que no ganarán, pero sienten que es fundamental mantener en alto la bandera partidaria, agrupar a los fieles, estimular a los muchos jóvenes que hoy son candidatos a alcaldes o ediles y prepararse para el porvenir.

Después de este mayo, que esperemos sea mucho mejor que lo que los encuestadores dicen, tendremos todos que vernos las caras, darnos la mano y reemprender la marcha. Habrá muchos grupos, seguramente, con sus identidades; aparecerán novedades; a las agrupaciones hasta hoy representativas, se les sumarán otras. Se tratará de abrir puertas y no cerrar ventanas. Para que ese día llegue pronto, empecemos por votar a los candidatos colorados y batllistas, y —una vez más— arriba los corazones, como dijera el gran Baltasar.

El libro de Luis Hierro nos ha refrescado los raíces; sobre ellas hemos de regar para que vuelvan frutos.

Acuciante necesidad de cambio

La campaña política de la Concertación ha sido accidentada. No es la hora de discutir sobre lo que ha ocurrido sino tratar de rescatar una buena idea política, que sin duda nos alienta a defender la posibilidad de un cambio en la Intendencia montevideana.

La necesidad de ese cambio parece cada día más acuciante. Son 25 años de mediocridad, de impuestos acrecidos y de nada que permita redimir una administración penosa. La limpieza nunca pudo resolverse, los pavimentos son un desastre, el abandono de los barrios pobres es alarmante, el tránsito caótico y no solo sin soluciones sino con desastres como el corredor Garzón y suma y sigue. En 25 años, apenas han continuado lo que venía de atrás, ya financiado, como el saneamiento y pocas cosas más. Los más de 600 millones de dólares que cada año ponemos los montevideanos en las arcas municipales, no reciben una mínima contrapartida.

Es la hora entonces de cambiar. Por los penosos resultados y por el estilo político de gobernar, por su autoritarismo, por su exclusivismo político, por el abuso de cargos políticos y de falta de respeto por la administración profesional, por el colectivismo populista que caracteriza a todo el Frente Amplio y que está —como pensamiento y reflejo— detrás de sus decisiones.

Frente a esa administración, está la Concertación, donde se suman votos colorados, blancos e independientes.

Los colorados, naturalmente, votamos al candidato colorado. Es una figura nueva, de las que procuramos atraer a la vida política para seguir alentando el proceso de renovación que nuestro partido necesita. Es un abogado joven, entusiasta, que plantea un programa muy bien pensado, con un excelente equipo técnico.

Hay correligionarios que han emprendido otros caminos. Desde el respeto de siempre, les decimos que se equivocan y sería deseable que recapacitaran para entender que deben votar a nuestro candidato. Los que adentro de la Concertación buscan otras opciones, si la motivación principal es promover un cambio, la opción colorada es tan válida como la más valida de las demás, ya que todas suman voluntades para ese lema circunstancial. El Partido Colorado tiene que tener presencia y contribuir. No es posible que no comprendamos la necesidad de apoyarlo, precisamente porque se pasa un difícil momento, porque tenemos que superarlo para encender nuevamente la llama batllista.

Aun más grave es el error de quienes creen que apoyando a Daniel Martínez, evitan el mal menor de la señora Topolansky. Realmente no advierten que ésta posee una elevada chance de ganar, a la que contribuirían involuntariamente, y que —aún en la otra hipótesis— han de saber que una Intendencia frentista, cualquiera fuere su titular, seguirá el mismo trillo de hoy. Y que el Ing. Martínez estará absolutamente condicionado por el grupo del MPP y la propia señora Topolansky. Políticamente es así. El Presidente Vázquez puede sortear, con mucha dificultad pero más o menos sortear, los obstáculos que le pone el ex Presidente Mujica; el Ing. Martínez no tendrá la menor posibilidad frente al condicionamiento permanente que la impondrá el MPP. Es imposible no advertirlo.

Hay otro riesgo incluso peor: quienes creen que votando al Ing. Martínez le podrían cerrar el paso a la señora Topolansky podrían, si son muchos, darle al Frente Amplio una bancada de más de 20 ediles. Ello supondría que el Frente Amplio, por sí solo, podría cambiarle el nombre a todas las calles, plazas y parques de Montevideo, contraer empréstitos y bloquear cualquier llamado a sala. En suma, un gobierno absoluto, sin contrapeso efectivo alguno.

Sabemos que la candidatura colorada arrancó tarde, con un candidato que, por nuevo y renovador, no es suficientemente conocido. Que sus medios económicos son mínimos y, como consecuencia, escasa su presencia publicitaria. Lo sabemos. Pero también sabemos que hay mucha gente, como nosotros, que cree en lo que significan el Partido Colorado y el Batllismo, que sigue queriendo a un Montevideo que construyó como ciudad el Batllismo, que alienta la esperanza cierta de que el Partido se recuperará del mal resultado de la última elección. Cuando se advierte, como estos días, la matriz totalitaria de un Frente Amplio, que sale a la calle a defender la dictadura venezolana y la prisión de los líderes opositores, más que nunca sentimos el compromiso batllista por la libertad y la justicia.

Estas son nuestras razones, cada día más claras, para acompañar en Montevideo al candidato colorado. Esperemos que así se entienda.

Con la pistola en la nuca

Culminando el proceso de inconsecuencias y contradicciones que le ha caracterizado, el Frente Amplio está imponiendo, en forma abusiva, su proyecto de ley de medios. Han pasado más de cuatro años desde aquel ya lejano setiembre de 2010 en que el Presidente Mujica cosechó el aplauso de toda América Latina cuando le dijo a la revista brasileña Veja que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Ahora vemos cómo avanza de modo incontenible una ley de 186 artículos que es un modelo pernicioso de intervencionismo estatal, llevado al máximo de los particularismos y detalles.

Nadie hubiera objetado un breve texto que regulara las adjudicaciones de ondas de radio y televisión, estableciendo un procedimiento del que se carecía. Pero avanzar de este modo sobre todo un sistema que ha sido puntal de la democracia uruguaya, es realmente preocupante, tanto como lo es el oblicuo trámite, que se escondió durante la campaña electoral y ahora se resucita de modo abrupto, en la rebatiña de un final de gobierno. El actual oficialismo, igual que el kirchnerista, agita el fantasma de presuntos monopolios privados que no existen ni se avizoran, cuando nadie se ha beneficiado más de la pluralidad de nuestros medios que el Frente Amplio en los largos años en que era sistemática oposición a los gobiernos colorados y blancos.

Una ley con tantos controles, tantas posibilidades de sanción y la vigilancia de órganos políticos, opera psicológicamente como una pistola en la nuca del periodismo nacional. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, o sea, prácticamente todo el día, hay que proteger al menor de cualquier “truculencia” y en ningún momento un medio puede incurrir en “discriminación política”, conceptos —entre otros— de tan elástica interpretación que son una latente amenaza. Aplicados de buena fe, pueden ser inocuos, criterios orientadores, pero usados por un gobierno autoritario para amenazar, es un pernicioso mecanismo de censura o autocensura.

Las habilitaciones de servicios de radio o televisión quedan limitadas a un plazo de 10 y 15 años respectivamente, con lo que serán un freno a la inversión tecnológica en un mundo en cambio acelerado. A ellos, por otra parte, se les prohíbe la trasmisión de datos, que pasa a ser un nuevo monopolio estatal en manos de Antel y también cualquier acuerdo con empresas de telefonía, a las que se impide participar en radio y televisión. En un mundo en que la tendencia, para sobrevivir, es abrir justamente esas posibilidades de convergencia de servicios, se reducen posibilidades de expansión tecnológica que, en cambio, se le atribuyen graciosamente y en exclusividad a Antel.

En cuanto al fútbol, hay una bomba de tiempo, porque por un lado la Asociación Uruguaya de Fútbol está vendiendo la exclusividad de los derechos de la selección en cifras millonarias y, por otro, se habla de trasmisiones gratuitas. ¿Cómo se va a financiar la selección si el “producto” se regala? Son misterios del populismo de —una vez más— clara inspiración kirchnerista.

El oficialismo, para justificarse, por un lado agita fantasmas de inexistentes monopolios y, por otro, ensalza al sector audiovisual al establecer que un 60% de la programación emitida deberá ser nacional y un porcentaje debe ser producción independiente, siempre que ninguna empresa concentre más del 40%. En términos generales, no se está lejos del porcentaje general pero esa introducción particularizada en los contenidos ya se verá que no beneficiará al progreso del sector. Cuando se fuerzan las cosas —y esto lo hemos vivido desde el primer gobierno de Perón— lo que se gana es que esos espacios se llenen con producciones de bajo costo y calidad. Estamos de acuerdo en apoyar ese dinámico sector de creación, pero ello debe hacerse, como ya ocurre, con subvenciones y créditos, para que puedan desarrollarse programas de calidad, aunque no tengan una real virtualidad comercial.

Malo el procedimiento político, malo el contenido, peor este modo de actuar en un tema que es de libertades públicas, que hace a la esencia de la vida democrática y no puede quedar subordinado a interpretaciones capciosas de órganos políticos o la amenaza constante de sanciones definidas de modo impreciso.

Cinco años más

De la mano del Dr. Tabaré Vázquez, el Frente Amplio acaba de alcanzar una victoria clara.

Quien haya seguido la campaña paso a paso sabe que todo pudo ser distinto, pero los hechos son estos y así hay asumirlos. Las propias encuestadoras no advertían en la primera vuelta que la fórmula frenteamplista llegaría a ese 47,8% que alcanzó. Es notorio que ha habido un voto “escondido” a favor del Frente Amplio, lo que ha sido una novedad. Ese tipo de ciudadano, que no se revelaba, se ubicaba en los partidos tradicionales, especialmente en el Partido Colorado. Hoy ocurre también en el Frente Amplio y, en este caso, parece clara la razón: son fundamentalmente ciudadanos de origen nacionalista que no aceptaban la fórmula encabezada por el Dr. Lacalle.

Esa ha sido una de las claves de la elección, que explica la mala votación nacionalista en departamentos como Cerro Largo, bastiones de un partido de fuerte tradición histórica. Continuar leyendo →

“Ahora vamos por todo”

Ensoberbecidos por los resultados de octubre, la mayoría del Frente Amplio “va por todo”. Es imprescindible que a la mayoría parlamentaria sumen ahora una mayoría ciudadana que sea interpretada como un cheque en blanco para cambiar las bases republicanas y liberales de nuestra Constitución, la que hoy sienten como un corset. Como dijo la senadora Topolansky, “hay que pasar al socialismo, lo que requiere otra Constitución”. 

La frase que nos sirve de título fue dicha por la Dra. Cristina Kirchner luego de su reelección. Embriagada por su formidable éxito electoral, ungida por un 54% de la ciudadanía, no optó por el camino superior de convocar a todo el país para un proyecto nacional sino, por el contrario, ir “por todo”, o sea, apañar todo el poder posible. Ya sabemos lo que pasó después con la prensa, con los impuestos, con el dólar, con las empresas favorecidas y las perseguidas. En ese programa absolutista incluyó también la re-reelección, que —felizmente— quedó en el camino. Continuar leyendo →

Ocho razones para no votar al Frente Amplio

Producida la primera vuelta electoral, como colorado y batllista publiqué un artículo en que daba cinco razones fundamentales para dar el voto, en el balotaje, a la fórmula Lacalle-Larrañaga. Repito, la fórmula Lacalle-Larrañaga y no al Partido Nacional, porque ya no están en juego los partidos sino, como dice el propio Frente Amplio, dos candidaturas que presentan visiones distintas de país. A esas cinco, en estos pocos días, veo tres razones más, tan poderosas como las primeras. Recapitulando y añadiendo:

1) El país necesita un cambio urgente en la educación, cuyos paupérrimos resultados son una vergüenza nacional. El Dr. Vázquez niega esa crisis. La fórmula opositora nos asegura un intento serio de reforma.

2) El Dr. Vázquez insiste en la actual política de seguridad y ratifica la candidatura de Eduardo Bonomi como Ministro del Interior. ¿Pasar de 6.000 a 20.000 rapiñas en diez años no es una razón para rectificar rumbos?.

3) La política exterior no puede seguir “en el estribo de Brasil”, encerrados en un Mercosur que nos dificulta salir al mundo, agredidos por Argentina, atados a Venezuela y enterrando nuestra histórica amistad con Israel (que es nada más ni nada menos que defender a los valores occidentales).

4) El gobierno debe estar en manos de quienes elige el pueblo y no de corporaciones gremiales que manejan con autoritarismo y corrupción la vivienda, la salud y hasta imponen leyes con movilizaciones.

5) Preservar el Estado de Derecho e impedir que se sigan votando, a sabiendas, leyes inconstitucionales.

6) Defender de modo intransigente la libertad de expresión del pensamiento, amenazada por una ley de medios que ya se anuncia como “impostergable”.

7) Detener el irresponsable proceso de la legalización de la marihuana, que no ha ofrecido a los jóvenes la menor información sobre sus daños, que ni siquiera se ha podido poner en marcha y que ahora —colmo de los colmos— se está hablando de subsidiar su producción. Gravar el tabaco y subsidiar la marihuana sería el mayor atentado contra cualquier política de salud pública.

8) Ponerle freno a una mayoría parlamentaria que ya anuncia el abuso de su poder.

Para un demócrata, para quien cree en la libertad y la justicia social, se juega más de lo que parece en esta segunda vuelta. Como bien ha dicho y repetido el Dr. Hebert Gatto, el Frente Amplio es profundamente antiliberal. Hay que poner en presencia el medio país que no acepta esta deriva hacia un peronismo corporativo, que aleja a país de su tradición republicana y liberal.

El Frente Amplio es peronista, no batillista

La analogía entre Batllismo y Frente Amplio es profundamente equivocada, salteándose las profundas diferencias filosóficas e ideológicas entre ambas formaciones políticas. En cambio, cada vez más, el Frente Amplio se aproxima a la práctica histórica del peronismo.

Dejándose llevar por una prédica que viene realizando el Frente Amplio desde hace algún tiempo, algunos calificados periodistas han establecido un paralelo entre el Batllismo y el Frente Amplio, a partir de que éste se ha convertido en un partido cuasi hegemónico, que ha logrado ganar tres elecciones seguidas. El éxito electoral del Frente Amplio es obvio y, en ese sentido, puede entenderse que se establezca una comparación con lo que fueron los tiempos de mayoría batllista, antes y después de la dictadura. Si vamos a la sustancia, en cambio, nada tiene que ver el Frente Amplio con lo que fue —y sigue siendo— el Batllismo, sustantivamente distinto al corporativismo de raíz peronista hacia el cual se ha deslizado el oficialismo uruguayo.

Ante todo, el Batllismo es “democracia liberal” y el Frente Amplio no puede decirlo cuando su Presidente acuñó ya el siniestro concepto de que “la política predomina sobre lo jurídico”, ampliamente publicitado cuando el Mercosur suspendió arbitrariamente al Paraguay y habilitó el ingreso de Venezuela. Como ha dicho el Dr. Hebert Gatto en reciente artículo, “está claro que pese a las mutaciones ideológicas que atravesó la izquierda, es su fuerte antiliberalismo el que aún la domina”, lo que pone “en juego diferentes valoraciones sobre el individuo, las clases sociales, el constitucionalismo, las garantías de los derechos y las formas futuras de convivencia económico-social”. 

La catarata de leyes inconstitucionales, votadas deliberadamente bajo esa condición, ratifica la idea de que el Estado de Derecho no es un valor a cuidar para el frentismo. Nada debería sorprender cuando, al lado de dirigentes demócratas, militan comunistas y tupamaros, que si bien hoy actúan bajo los códigos, lo hacen por interesada resignación y no por una convicción claramente asumida. El modo abusivo en cómo han empleado su mayoría parlamentaria es reveladora de esa estirpe autoritaria que alienta en vastos sectores frentistas.

Ello se refleja también, inequívocamente, en nuestra política exterior, arrastrada hacia la devoción a la dictadura cubana y a la cripto-dictadura venezolana, que todos los días pisotea las más fundamentales libertades. Por cierto, el Uruguay mantuvo siempre relaciones diplomáticas con regímenes contrarios a su sistema, en una línea de pluralismo ideológico que no contaminó los vínculos formales de nuestra República. Con Cuba y Venezuela, nuestro gobierno ha actuado, más allá de ese rumbo, adhiriéndose a sus prédicas liberticidas; se han declarado hermanados y han defendido aun las disparatadas disposiciones del Presidente Nicolás Maduro. En esa misma línea, se ha enterrado la clásica defensa de la existencia del Estado de Israel para sumarse del peor modo al coro de sus enemigos.

En otro terreno fundamental, es evidente que las corporaciones sindicales ejercen el verdadero poder en la estructura frentista. Los episodios en la administración de la salud, la vivienda, la educación o el voto parlamentario impuesto a sus legisladores por el SUNCA en la conocida ley de responsabilidad empresarial, son testimonio irrefutable de esa subordinación política a la imposición gremial. La actitud del Batllismo fue históricamente distinta, porque respetó el valor del sindicalismo sin que desde el gobierno se le contaminara políticamente. En los tiempos en que el Batllismo estaba en el gobierno y manejaba los resortes de la política social, siempre consideró que el Estado debía ser el árbitro entre el capital y el trabajo y que éticamente el partido de gobierno debía abstenerse de cooptar a la dirección gremial. No hay duda de que Batlle y Ordóñez podía haberlo hecho en su tiempo, pero su política fue explícitamente la de no interferir en la vida gremial.

Por esta razón, el gobierno frentista es perfectamente comparable con el peronismo histórico y el kirchnerismo actual, que asientan su poder en el manejo de una poderosa estructura gremial que ejerce un poder de hecho y es administradora de fondos públicos. Si algo faltara, como definición, basten las recientes expresiones de la Senadora Topolanski, que afirmó en reportaje a Brecha que “las mayorías que no se consiguen en el Parlamento, se consiguen con la gente en la calle”.

En el ámbito de la concepción democrática, el Batllismo rechazó la lucha de clases como motor de la historia y sostuvo siempre que la democracia, con el voto ciudadano, era el camino para que los más pudieran influir en el rumbo del país. Por el contrario, el Frente Amplio se ha alejado de esa línea de conciliación social y ha estimulado con rencores la división de la sociedad. En ese sentido, son ejemplares las palabras del Presidente Mujica en su reciente audición, llamando al odio entre pobres y ricos, como si nuestra sociedad no fuera una gran congregación de clases medias, con minoritarios extremos a sus dos puntas, que no desfiguran la igualdad ante la ley que es código histórico de nuestra nacionalidad.

Son demasiado profundas estas diferencias para deslizarse hacia esa comparación equivocada. El Frente Amplio es cada día más peronismo y menos socialdemocracia y, más allá de la retórica, así lo dicen los hechos.