No al acoso callejero

El hostigamiento en la vía pública es un tema que debe ser tomado con seriedad. No es bueno que se banalice mediáticamente, ni en redes sociales, porque es una de las formas de violencia contra las mujeres más frecuente, invisibilizada y naturalizada. Por ello apoyamos fervientemente los proyectos presentados en la Legislatura y en el Congreso para reglamentar el derecho ya consagrado en la Convención de Belem do Pará de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Desde hace muchísimos años, reclamamos y denunciamos que todos los casos de acoso callejero se tomen en consideración como un hecho más de esta cultura patriarcal, como un signo de la violencia de género. Cuando este tema se lleva a los medios de comunicación se lo subestima, se lo minimiza, se trata como extremistas a las mujeres que cuestionan o a las campañas que se han planteado para debatir sobre el tema de los piropos. Este tema es muy sutil. Hubo un avance muy importante con la ley de violencia de género que de alguna manera identifica las circunstancias por las cuales el acoso se produce siempre que haya algo no deseado por parte de la mujer. Esto vale para el acoso sexual laboral, para el acoso sexual en un ámbito institucional, en una escuela o en cualquier circunstancia callejera. La complicación en el acoso callejero se da porque es más difícil la prueba y porque no hay una instancia institucional, no hay una autoridad de la cual dependan ambas partes, no hay un ámbito en el cual la continuidad de una relación permita sentar las bases para una sanción o que haya alguien que dirima la no repetición y el cambio de conducta ante el conflicto. Pero el acoso callejero está contemplado, dependiendo el grado, en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye la figura del hostigamiento, y si fuera de mayor gravedad, está contemplado como abuso en el Código Penal.

Es claro que aquí hay temas fundamentales que deben ser abordados para cambiar  esta cultura sexista y patriarcal. Por caso, los varones deben entender la esfera de autonomía de las mujeres, no sólo en términos físico-corporales, sino en términos de garantizar su libertad de desplazamiento, de tránsito, su derecho a una vida libre de violencia, a no ser hostigadas, a vestirse como se les dé la gana, a andar por la vida libremente. En este sentido, es fundamental y es un déficit gravísimo no considerado seriamente el mandato de educación sexual en las escuelas. Recientemente, veíamos en un programa de televisión al ministro Esteban Bullrich diciendo que debíamos hacer algo con este tema, cuando lo primero que se debe hacer es garantizar la educación sexual desde el jardín, desde la educación inicial, hasta el secundario. No se trata simplemente de nuestro proyecto de ley de distribuir preservativos en las escuelas, sino de que esto tiene que estar acompañado de un debate para cambiar las mentalidadess en lo que son las relaciones entre varones y mujeres a fin de que no haya más relaciones de sometimiento, relaciones de poder, y desterrar la creencia o la convicción que tienen desde pequeños los varones de que pueden disponer del cuerpo de las mujeres, de que las mujeres son objetos, de que las mujeres están para servirlos en los distintos aspectos o facetas domésticas o sexuales. Eso se rompe en la medida en que haya perspectiva de género en la educación institucional, formal, educación sexual en las escuelas.

El segundo campo de trabajo para revertir la idea de mujer objeto y esta relación de poder entre varones y mujeres lo conforman los medios de comunicación, las publicidades y el discurso sexista o descontextuado que hacen algunos comunicadores. En este sentido la ley de medios ha sido un salto cualitativo, un avance increíble y formidable, pero obviamente no se trata de que vivamos haciendo denuncias a la Afsca, lo que también tiene una larga tramitación hasta llegar a una sanción y no es la voluntad de las mujeres tener que estar haciendo denuncias o tratando de buscar una sanción, lo que queremos producir es un cambio cultural para que no haya ningún vendedor de productos, ninguna empresa que auspicie en un programa donde haya sexismo; que ninguna empresa acepte una publicidad sexista porque le puede generar un rechazo social la venta de un producto utilizando estos parámetros machistas. Ese cambio cultural requiere trabajar en las universidades a donde se forman los comunicadores, los periodistas, los productores, los publicistas.

La tercera pata -fundamental para combatir estos delitos, estas faltas de respeto hacia las mujeres que pueden comenzar en la convicción de un piropo o de una galantería no deseada por la mujer y pueden terminar en un acoso violento, en una violación, en una situación de mayor gravedad- es el no a la impunidad, es la sanción moral, judicial, y en este sentido es fundamental la inclusión de la perspectiva de género en las policías, en los poderes judiciales: que los jueces y los policías tengan formación adecuada para entender cómo funcionan estas relaciones de poder, cómo funciona la violencia de género e intervenir en el escenario público, intervenir en la calle si hace falta, intervenir y sancionar.

Por supuesto que sabemos que no serán, en la mayoría de los casos, delitos que puedan merecer una pena de prisión y ni siquiera a veces lleguen a una instancia de sanción pecuniaria. Tampoco creemos que la instancia pecuniaria resuelva; creemos que, en todo caso, en el ámbito de las contravenciones, el mecanismo de probation tiene que ser creativo y tiene que buscar verdaderamente generar en la persona que ha causado el hostigamiento, un cambio de actitud. Nosotras pensábamos el otro día, junto con Aixa Rizzo a quien estamos acompañando y con quien vamos a trabajar para promover esta causa, que en su probation pidiéramos, por ejemplo, que los que fueron parte del hostigamiento tengan que ir a prestar algún tipo de servicio a alguna organización no gubernamental que trabaje con niños o alguna tarea que sea típicamente desarrollada por mujeres y que los pongan a lavar los platos por una cantidad de horas, por una cantidad de meses, o sea que de alguna manera busquemos, no solamente una tarea para que ellos tengan que reflexionar por lo que hicieron, sino también que socialmente aparezca como simbólicamente representando algo que tiene que ver con el cambio de roles entre varones y mujeres y que no somos las mujeres las únicas encargadas y responsables del cuidado de los otros, de las tareas domésticas. En ese sentido sería importante que, además, estas personas pudieran tener una serie de charlas sobre las relaciones entre varones y mujeres, los derechos de las mujeres. Y, si son casados, hablar con sus señoras, hablar con sus novias; sería muy importante que ellas también pudieran saber quiénes fueron, qué pasó, porque también debe haber otros aspectos en la vida de estos varones que seguramente pueden ser modificados a partir de la reflexión y de la resocialización en relación a esta temática.

Así que hemos asumido el compromiso de generar un debate público, no en tiempo electoral sino con la profundidad que esto merece, vinculado a si hace falta revisar, está presentada la reforma del Código Penal, pero es un buen momento para poder ser parte de un debate para ver si eso puede ser introducido allí o puede ser revisado o si hace falta modificar el Código Contravencional.

Si bien es importante elaborar un protocolo para que las fuerzas de seguridad tomen las denuncias y esas conductas sean sancionadas, más importante es el debate social y el cambio cultural para cuestionar las pautas ancestrales que ponen a las mujeres en posición de objeto que comienzan con un mal entendido “piropo” y pueden terminar en una violación o en un femicidio.

La educación como base para la igualdad

La educación pública es la clave para que una sociedad sea más justa. Que quienes habitamos la Ciudad tengamos las mismas posibilidades de acceso a ella es lo que nos moviliza día a día para construirla y es el Estado quien tiene que brindar todas las posibilidades para ese fin desde los 45 días de vida.

Sin embargo, es difícil de lograr esto cuando el presupuesto destinado a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, se reduce año a año, al tiempo que aumentan los aportes para la educación privada que, a pesar de los subsidios, aumenta sus cuotas; y si se desoyen propuestas como las que venimos presentando hace más de cuatro años. Continuar leyendo

La vida se abre camino

Quienes llevamos una vida luchando por los derechos humanos, la igualdad y la diversidad, nos vemos invadidos de felicidad cuando recibimos noticias que nos tocan el corazón y nos ayudan a seguir luchando por construir una sociedad mas justa. Una sociedad que nos permita a todos/as mirarnos como iguales y desde allí subirnos a la ola del progreso y el crecimiento. Con inclusión, sí, pero con dignidad y teniendo muy en claro quiénes somos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos.

Todo esto es doblemente grato, cuando la noticia es la sanación social y reparación histórica que representa un anuncio como es la recuperación del nieto número 116.  Continuar leyendo

Edificar una política de seguridad efectiva

Edificar una política de seguridad que combine altos niveles eficacia con la defensa irrestricta de las herramientas del Estado de Derecho es un desafío central para los próximos años, tanto a nivel nacional como en nuestra Ciudad. Mientras sectores de la oposición apelan a la mano dura y a la criminalización de la pobreza desde los medios de comunicación para hacer campaña electoral, respondemos con un debate serio y profundo sobre la seguridad democrática como proyecto.

La seguridad democrática ha reemplazado en nuestro país la política de Doble Pacto los 90s: aquel que tenían entre sí las fuerzas policiales, absolutamente desgobernadas y por ende al margen de cualquier control por parte de los gobiernos y de la ley, y el poder político, que se dedicaba únicamente a negociar.

Aún falta mucho camino por recorrer para resolver la grave crisis que estamos viviendo. Por eso, proponemos diez soluciones al problema de la inseguridad en la Ciudad:

1. Coordinación de toda el área metropolitana: no podemos seguir con cada fuerza actuando descoordinadamente y con los cruces habituales entre funcionarios/as: el accionar de la Policía Federal, la Metropolitana y la Bonaerense, junto a Prefectura y Gendarmería, deben estar centralizadas e interrelacionadas. Deben compartir objetivos y acciones comunes, como parte de una estrategia integral contra el delito.

2. Coordinación multiagencial: lo mismo deben hacer los ministerios. No sólo debe actuar el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, sino también los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Espacio Público.

3. Lograr la gobernabilidad del sistema de seguridad: los gobiernos nacional y de la Ciudad deben ser capaces de controlar en su conjunto el sistema de seguridad, atacando cualquier intención de los comisarios de actuar a la sombra de las leyes.

4. Revolucionar la Policía Metropolitana: desde sus inicios, con el nombramiento del Fino Palacios, la metropolitana nace con un vicio de origen: una finalidad meramente política disfrazada de seguridad. Hoy, cuatro años después, contamos con una fuerza raquítica, descoordinada y con decenas de denuncias de corrupción. Es necesario duplicar la cantidad de agentes que ingresan por año, multiplicar su presencia en todas las comunas de la ciudad e imprimirle una dirección que la aleje de la interna policial y la acerque a los/as ciudadanos/as.

5. Establecer un protocolo de actuación de todas las fuerzas que intervienen en el área Metropolitana, que enmarque su actuación y prevenga de las prácticas corruptas y otorgue seguridad y respaldo a aquellos policías que son responsables.

6. Mejorar las condiciones laborales de los policías y los gendarmes, hoy pésimas, para promover las conductas transparentes con estímulos reales, y restablecer una cadena de mando enfocada en el deber con la población.

7. Renovar el marco legal: está pendiente una actualización del código procesal penal, así como también sancionar una ley marco del accionar policial, dado que el vigente tiene más de 50 años.

8. Prevención y control del delito: La prevención del delito es la llave para la tranquilidad del y de la ciudadano/a. Su vinculación con las políticas de contención social no es lineal: si bien va de la mano con un bienestar general de la población y con la creación de empleo, la prevención implica hoy mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. A su vez, es necesaria la creación de un área específica de Estadística Criminal propia que permita establecer un mapa del delito. Para la reducción de mercados delictivos tales como los robos de celulares o pertenencias privadas y de los mercados de drogas o trata es urgente que las Coordinaciones de Auditoría Policial Comunal se pongan realmente en funcionamiento y estén coordinadas con las políticas de seguridad.

9. Regular el mercado de seguridad privada: Este es sin dudas un sector parasitario de la inseguridad, que lucra con el miedo de la gente y las fallas del Estado, e incluso ofrece en varios casos mejores condiciones laborales que la policía, y recluta agentes retirados/as. Por lo tanto, tiene intereses contradictorios con la solución del problema. La seguridad no es un negocio, es una responsabilidad del Estado.

10. Participación Popular y Ciudadana: es imprescindible implementar en cada Comuna los foros de seguridad pública para promover el control social de las fuerzas de seguridad. La Ley 4007 lleva dos años de vigencia y el gobierno de la ciudad mira para otro lado.

Debe ser un compromiso central para una futura gestión en la Ciudad tomar el eje de la seguridad democrática, de manera transversal a los colores e identidades políticas, buscando articular ampliamente con todos ellos. Es decir, tomar la seguridad no como un negocio, ni como bandera político electoral, ni propagandística, ni tampoco con fines represivos. Se trata de alcanzar la transparencia y la planificación necesarias, desde el compromiso transversal de todos los sectores, para dar respuestas a los/as ciudadanos/as. Desde la base de la eficacia y el respeto del Estado de Derecho

Por una urgente Revolución Verde

Este día de la primavera será histórico. Se espera que cientos de miles de ambientalistas nos concentremos en simultáneo en Nueva York, Londres, París, Berlín, Rio de Janeiro y Buenos Aires para alertar sobre el cuidado del medio ambiente, en lo que será conocido como la movilización contra el cambio climático más numerosa de la historia.

La importancia de la movilización radica en que tendrá lugar dos días antes de la apertura de la Cumbre de emergencia sobre el Clima a la que asistirán más de 120 jefes y jefas de Estado, de cara a la próxima cumbre de Paris 2015. Miles de voces “verdes” alzadas por este tema universal deberán llegar a los oídos de los principales dirigentes del planeta.

La situación es alarmante: tuvimos en 2014 el mes de Agosto más caluroso de los últimos 134 años. Un reciente informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que la temperatura promedio del planeta se encuentra en una escalada de dos grados por año. Y asegura que sólo “un gran cambio institucional y tecnológico”, acompañado de “inversiones sustanciales”, podrá revertirlo.

El documento de la ONU señala que, a este ritmo, los Estados tienen apenas 15 años para llevar adelante los esfuerzos necesarios para detener el cambio climático. Sí, leyeron bien. Tan sólo 15 años para modificar de raíz las políticas públicas que nos están llevando a un callejón sin salida. Vencido el plazo, el objetivo se volverá tan costoso como desastrosas sus consecuencias.

Por eso, con la movilización del domingo buscamos generar un efecto concreto en las autoridades de los tres poderes y en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional, para que se comprometan a tomar decisiones importantes sobre el cuidado del medio ambiente. Queremos poner en marcha una verdadera revolución verde, tanto a nivel político como a nivel ciudadano.

Hay que decir también que el problema del medio ambiente es especialmente sensible a las principales ciudades del mundo, dado que en ellas se concentran los mayores niveles de contaminación y donde se ve más afectada la calidad de vida de las personas. Los desafíos en la Ciudad de Buenos Aires se centran en el saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza, la regulación de la construcción en barrios sobrecargados de cemento como Caballito, Almagro y Balvanera, y el cumplimiento de la Ley Basura Cero.

Esta ley, sancionada en 2007 con el objetivo de reducir la generación de residuos, es ignorada por el gobierno de la ciudad que, como venimos denunciando hace tiempo, no sólo no cumple con los parámetros de reducción establecidos por la norma sino que descarga las responsabilidades sobre terceros. Los contratos abusivos de las empresas de recolección con el Gobierno de la Ciudad han alcanzado estatus de escándalo: en CABA pagamos hasta diez veces más por tonelada reciclada que en otras ciudades del país.

Durante mi mandato como legisladora porteña, promoví la creación de la Comisión de seguimiento de la Ley de basura cero, convencida de la necesidad de regulación y control de los organismos públicos y de las empresas encargadas. A su vez, impulsamos la Ley de Construcciones Sustentables, con el objetivo de otorgarle a los y las vecinos y vecinas el poder que les otorga la Constitución de ser partícipes del planeamiento urbano, y establecer así límites concretos a las construcciones desreguladas. Incentivar el desarrollo de Energías limpias es otro de los desafíos de la Ciudad en materia ambiental, priorizando los contratos con aquellas empresas comprometidas con la reducción de emisiones de monóxido de carbono.

Estos temas que nos preocupan los llevamos a la vigésima Cumbre de la Tierra “Río+20” en el 2012, a la que asistimos en calidad de representantes de la legislatura porteña, junto a miles de congresistas de todo el mundo reunidos para seguir los avances en cada ciudad de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992.

El cambio climático es una realidad palpable por todos y todas. Es necesario ponerse en marcha e instalar en la agenda pública la necesidad del compromiso de todos los sectores políticos para poner en práctica una estrategia fruto del consenso, que otorgue al Estado las herramientas para revertir la situación. La revolución verde es urgente: no tenemos mucho tiempo.

La reforma de 1994 y la ampliación de derechos

Esta semana se cumplieron dos décadas de vigencia de nuestra Constitución reformada en 1994. Como partícipes del proceso constituyente, lejos estamos de creer que la reforma tuvo un eje republicano, basado únicamente en valores liberales centrados en combatir el “presidencialismo” y otras perspectivas similares. Nuestra Constitución de 1994 estableció un piso común de derechos ciudadanos incorporados a la vida política del país, y su defensa y ampliación sigue marcando nuestra agenda hasta hoy.

Muchas de las constituciones posteriores de América Latina han sido innovadoras en garantizar una mayor participación ciudadana e igualdad en la diversidad, pero fue la nuestra la pionera en la región en incluir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con el más alto rango. En ese sentido, fuimos una guía en ampliación democrática que vive la región.

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Poner el eje en la gestión ambiental

La semana pasada se cumplieron seis años del histórico fallo de la Corte Suprema que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lamentablemente, no escuchamos pronunciamientos de ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad que rinda cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones que el fallo les demanda. No es un tema menor: se trata del corazón mismo del área metropolitana y de la calidad de vida de millones de personas.

El Gobierno porteño debería explicar, en primer lugar, porqué se retrasa con sus cumplimientos presupuestarios con la ACUMAR, organismo designado por la Corte para cumplimentar el fallo y compuesto en un 50 % por el Estado Nacional, un 25% por la Provincia de Buenos Aires y un 25% por CABA. En segundo lugar, debe responder por los habitantes de las villas y asentamientos lindantes con el riachuelo, en severo riesgo ambiental, que esperan ser relocalizadas en complejos de vivienda que el PRO no ha terminado de construir a pesar de que se han vencido largamente los plazos. Y finalmente, existen unas 300 empresas de la CABA que continúan sin presentar el Plan de Reconversión Industrial, lo que da cuenta de la falta absoluta de control hacia la contaminación del río.

Como integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las organizaciones civiles que constituyen el Cuerpo Colegiado de seguimiento al fallo, puedo afirmar que la gestión del Gobierno de la Ciudad en este punto carece de planificación y evidencia una desidia preocupante.

La recuperación de la Cuenca Riachuelo-Matanza es una oportunidad única para la necesaria equiparación de los barrios del sur con los del norte de la ciudad. Es un paso indispensable para la integración armónica de toda el área metropolitana. Cumplir, como gobierno de la Ciudad, con los objetivos y responsabilidades adjudicados por la ACUMAR es una prioridad absoluta de una gestión que tenga como horizonte mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Ello implica coordinar y concretar con ACUMAR gestiones y programas relativos al ordenamiento ambiental de la cuenca, el monitoreo de la salud de los habitantes, la urbanización de las villas, la construcción de viviendas, el proceso participativo para realizar las relocalizaciones necesarias y el cumplimiento planes de reconversión industrial a los estándares de emisión adecuados.

Más allá de los bonitos anuncios electorales sobre la “Ciudad Verde”, hasta hoy no vimos nada de eso. Lo mismo sucede con el incumplimiento de la Ley Basura Cero, la ausencia de una estrategia urbana que frene las construcciones no armónicas en barrios sobrecargados de cemento, el reciente intento de convertir la Reserva Ecológica en un basural y los emprendimientos privados en parques y plazas públicas sin consultar a los vecinos.

Para avanzar hacia una Buenos Aires en la que todos y todas vivamos mejor, hay que superar la actual dicotomía Ciudad-Nación, dejar de pasarse la pelota de las responsabilidades no resueltas y construir y articular desde una mirada amplia el diálogo necesario para cumplir con una gestión plural y eficaz.

Pero el diálogo al que hago referencia debe superar las meras buenas intenciones y plasmarse en logros concretos. Un avance en ese sentido fue sin dudas la inauguración de la Autopista Illia, fruto del trabajo conjunto entre la Ciudad y el Estado nacional. Sin embargo, en materia ambiental, los incumplimientos con el saneamiento de la Cuenca del Riachuelo y con la Ley de Basura Cero por parte del PRO no pueden caer siempre en la excusa del “no me dejan”. La Ciudad paga por cada tonelada de basura 1400 pesos, mientras que otras ciudades, como Córdoba, pagan menos de 200 pesos. Nadie los obliga. El problema actual es que se considera a la recolección de basura como un negocio privado del que sacar una tajada antes que como un servicio público.

Hay mucho para hacer. Es posible incrementar los espacios verdes de la ciudad incorporando tierras vacantes pertenecientes al Estado Nacional y las franjas costeras del Río de la Plata y del Riachuelo. Es urgente también priorizar a aquellas empresas que garanticen sustentabilidad ambiental para las compras y contrataciones por parte del GCABA, y cumplir con el ahorro del agua y el estimulo a las energías limpias en el marco de los compromisos para reducir los efectos del Cambio climático al que adhieren las grandes ciudades del mundo.

Durante mi mandato como legisladora, impulsé una normativa obliga al ejecutivo a presentar una Evaluación Ambiental Estratégica que considere las obras proyectadas en cada barrio y comuna de acuerdo a su sustentabilidad, dándole voz a los vecinos y sus organizaciones civiles. La reciente aprobación del Parque de la Estación en Once es un logro que convertimos en ley a partir de la iniciativa de los habitantes del barrio, aprovechando terrenos ferroviarios vacantes.

Cuando ponemos el eje en la gestión ambiental estamos defendiendo la calidad de vida de todos y todas. Una gestión ambiental con perspectiva metropolitana, diversa e inclusiva y no discriminatoria puede recomponer, recuperar y preservar los recursos naturales y patrimoniales de la Ciudad. Y trabajar para el desarrollo económico sustentable no sólo para el presente, sino también para las generaciones futuras.

Una estrategia que elimina barreras

El Observatorio de Derechos de Personas con Discapacidad fue creado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación en el año 2011, en cumplimiento del mandato de la Convención de Naciones Unidas en la materia. Tiene por objeto monitorear y hacer un seguimiento de las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, en la ejecución de esta convención y propiciar y promover la difusión de los derechos de este grupo y el uso de un bagaje de herramientas, tanto del ámbito nacional como el internacional, para defender y garantizarlos en forma adecuada.

La Convención tiene aspectos muy novedosos e interesantes. Por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas puede hacer investigaciones de oficio y cada país, a su vez, debe presentarle un informe periódico del estado de situación. También cuenta con el mecanismo de peticiones donde los individuos pueden reclamar ante el Comité por el incumplimiento de sus derechos. Además, en la Argentina existe un sistema interno de protección de derechos por vía de los amparos.

El Observatorio busca impulsar, a través de la difusión de buenas prácticas, el acabado cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En esta primera etapa hemos tomado como prioridad la necesidad de crear observatorios en cada provincia. Actualmente existen sólo en Tucumán y San Juan y está en ciernes la creación de uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Mendoza. Pero tenemos el objetivo central de que haya más observatorios y de fortalecer los vínculos y el intercambio de los actuales grupos de trabajo.

Además de esta línea de acción, de aquí al 2015 nos hemos fijado distintas iniciativas preponderantes. Entre ellas aparece el seguimiento de las políticas de educación inclusiva. Esto significa que no haya ni un solo niño/a o adolescente con discapacidad sin vacantes en la escuela ordinaria. Son sólo pocos los casos de discapacidad mental severa que podrían o deberían justificar el espacio excluyente de la educación especial. Se trata de algo fundamental para remover los obstáculos que hoy existen en otras esferas y sectores. Para lograrlo, necesitamos accesibilidad e interacción con las comunidades pedagógicas. Para llevar esto a cabo, es necesario todo un debate al interior del sistema educativo. Implica, además, no sólo el trabajo desde Ministerio de Educación, sino también la tarea de cada provincia y la responsabilidad de las escuelas.

En segundo lugar, trabajamos para promover el empleo y el trabajo digno. El objetivo es que el propio Estado Nacional cumpla, en todos sus ministerios y áreas, con el cupo del cuatro por ciento para que podamos ingresar en el Congreso nacional un proyecto de ley de inclusión en las compañías. Buscamos, además, avanzar en la Red de Responsabilidad Social (RS) de empresas para que no se tome a la contratación de personas con discapacidad como una acción cosmética, de marketing o de filantropía sino que haya un cambio en la modalidad organizacional, en el sentido de valorizar la diversidad. Desde el INADI, trabajamos mucho en este criterio cuando creamos la Red de Empresas por la Diversidad. Vamos a continuar en esta línea y por supuesto que lo haremos con el Ministerio de Trabajo, que ya viene desarrollando iniciativas de este tipo. Pero la idea es potenciarlo desde la difusión y desde la dinámica del intercambio con instituciones como la UIA, CAME CGERA, CGE, que representan a empresas de todos los niveles, para poder avanzar en este camino.

Por otra parte, nos ocupamos de otros temas importantísimos como lo es la accesibilidad integral y para esto ya hemos tomado contacto con la Federación Argentina de Municipios porque queremos promover el modelo de Red de Ciudades Accesibles. Se trata de un movimiento global que hace a los centros urbanos amigables no sólo para personas con discapacidad física o motriz sino también para niños/as, y adultos/as mayores. Esto implica trabajar fuertemente con los/as intendentes/as, Concejos Deliberantes, Facultades de Arquitectura y Urbanismo. También articulamos con los ministerios de transporte porque es fundamental que todo lo nuevo en materia de infraestructura y de transporte público tengan alcance y que se introduzcan las modificaciones necesarias en coches, colectivos, unidades y estaciones que todavía no están acondicionados. Para lograrlo, vamos a colaborar con la CNRT, el Ministerio de Transporte, cada uno de los gobiernos provinciales a cuyo cargo está todo el sistema de transporte público, y con la Ciudad de Buenos Aires.

Nuestra cuarta prioridad se relaciona con la salud. Estamos al tanto de la lógica de los distintos subsistemas dentro de este sector. Pero creemos que la principal barrera está en el incumplimiento de muchas de las obras sociales y las prepagas. Buscamos así fortalecer la relación con la Superintendencia de Salud y, en lo que hace a prestaciones, con el PAMI y el PROFE (Programa Federal de Salud), para ayudar a las personas con discapacidad en la emergencia pero también para promover mecanismos más sencillos y para que los servicios lleguen a tiempo y con calidad.

También queremos articular con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todo que se vincula con hacer alcanzables los desarrollos científicos y tecnológicos para este grupo social y así resolverles problemas y hacerles más fácil la vida cotidiana. En ese sentido, el INTI viene desarrollando una labor muy importante que valorizamos y ayudamos a difundir. Son varios los logros que consiguió en estos últimos años pero es necesario ponerlos a la luz y darlos a conocer.

Con mucho entusiasmo asumimos esta tarea que no nace con nosotros/as pero que sí estamos en condiciones de gestionar poniendo la mayor eficacia a la tarea y haciendo más plena la participación directa de las personas con discapacidad en esta gestión. Hemos convocado a la sociedad civil en su conjunto porque son varias las organizaciones no gubernamentales que ya vienen operando tanto con la CONADIS (Comisión Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad), como con el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la idea es que no hagamos nada sin las propias personas con discapacidad al frente de las distintas líneas de acción. Lo hemos comenzado a hacer y pensamos que esto también va a potenciar el crecimiento y la acción del propio movimiento social de este colectivo, como también va a disparar el intercambio fructífero de los distintos grupos, a nivel de las diferentes problemáticas, provincias, y ante la diversidad de discapacidades que requieren abordajes creativos y múltiples.

Todas las voces, todas

El día 29 de octubre quedará en la historia como un día más igualitario, inclusivo y democrático, ya que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue sabia la decisión de publicar el fallo después de las elecciones legislativas, ya que podía malinterpretarse y correrla de su eje.

Después de cuatro años de idas y vueltas se declaró su plena vigencia. Es un paso importante, se pudo enfrentar los intereses corporativos que venían aferrándose con uñas por medio de medidas cautelares judiciales. A partir de la fecha se puede aplicar integralmente. Era una deuda de la democracia.

La comunicación es un derecho, es un derecho para todos y todas. En la Argentina, durante siglos el discurso estuvo hegemonizado por unos pocos grupos, que tenían acceso a la palabra y, como dice Foucault, la palabra es poder.

Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Cómo influye en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas? Trataré de explicarlo para que a los las que aún le quedan dudas abran sus mentes para conscientizarse del cambio real que genera.

Durante años las corporaciones han impedido el acceso a la información, porque defendían su rentabilidad ante todo. La ley le da forma, ordena el mapa de medios, rompe la matriz autoritaria que venía sosteniéndose desde la dictadura militar. Posibilita a las comunidades para que puedan tener acceso, potenciar y difundir sus opiniones. Esto no es menor, antes sólo los que tenían recursos y poder llegaban a tener un programa de TV, gestionar una radio o escribir en un periódico. Es el fin de la colonización de los medios. Por medio de la democratización, la tercera parte de las frecuencias de radio y televisión quedan disponibles para las organizaciones sin fines de lucro, lo que se hace es regular las licencias para impedir la conformación de monopolios y fomenta la producción de contenidos locales. Con la anterior ley de la dictadura sólo tenían acceso las entidades con fines comerciales.

Todo país que aspira al progreso debe luchar contra la concentración. Organizaciones sociales, políticas, asociaciones de todo tipo vienen luchando desde hace años para que  la ley de medios tenga plena aplicación. Ésta era una disposición que estaba vigente desde la dictadura y que permitió la concentración y la privatización de la TV entre otras cosas.  Hay que resaltar también que la norma es importante para que los medios no sean un condicionamiento en la política.

Es fundamental señalar que se concretó porque hubo decisiones políticas, voluntad  y coraje de Néstor y Cristina Kirchner que promovieron que se discuta, que la impulsaron para que se trate en el Congreso.

Hoy tenemos la ley que es la forma, tendremos en un futuro que discutir los contenidos en el marco de la pluralidad. Este fallo quedará en la memoria, es la expresión cultural de un pueblo. Es el poder discursivo en manos de la sociedad, es la horizontalidad en el discurso para que nunca más baje de arriba hacia abajo, sino que se escuchen todas las voces, todas.

Una ciudad con más basura y menos espacios verdes

En el día de ayer, viernes, hubo una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Obras y Servicios Públicos. Allí se firmó un dictamen de mayoría que estipula la instalación de plantas de tratamiento de residuos en 17 predios de la Ciudad. Esto es una clara demostración de que se está incumplimiento de la Ley de Basura Cero en nuestra Ciudad.

Están destruyendo nuestro hábitat, podando los pocos espacios verdes que quedan y llenando el resto con basura que no cuenta con un adecuado tratamiento.

Entre los espacios verdes afectados se encuentran dos hectáreas del Parque de los Niños, ubicado en Costanera Norte, hay terrenos linderos con los ferrocarriles, descampados y galpones. Se deben ampliar los espacios naturales  incorporando tierras vacantes pertenecientes al Estado Nacional y las franjas costeras del Río de la Plata y el Riachuelo y nuevos arbolados en calles, paseos, plazas y parques.

Denunciamos que no se está cumpliendo con la Ley de Basura Cero, que existe en el plano de la teoría pero no tiene correlato en la realidad urbana. Exigimos la separación en origen de los residuos sólidos urbanos y recolección diferenciada acompañada de una importante campaña de difusión masiva con el objetivo de maximizar el reciclado y disminuir el volumen de basura generado por la CABA.

Se toman decisiones que afectan a lxs vecinxs sin una normativa que fije la obligación de presentar una Evaluación Ambiental Estratégica, sin considerar  la sumatoria de impactos de las obras proyectadas por zona, sin la  intervención de los ciudadanxs y las entidades que lxs representan. 

El proyecto denominado “higiene urbana” toma para las definiciones las mismas de la ley 1854, tiene que haber plantas de tratamiento, pero con tecnologías que no pongan en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar directa o indirectamente al ambiente,  centros de transferencia, centros verdes y puntos limpios.

El foco de la discusión es la discrecionalidad con la que se actúa en la gran cantidad de terrenos que se propone desafectar y qué es lo que esta desafectando,  se da vía libre para arrasar con los espacios verdes en perjuicio de los derechos de la ciudadanía.