Por: María José Lubertino
Esta semana se cumplieron dos décadas de vigencia de nuestra Constitución reformada en 1994. Como partícipes del proceso constituyente, lejos estamos de creer que la reforma tuvo un eje republicano, basado únicamente en valores liberales centrados en combatir el “presidencialismo” y otras perspectivas similares. Nuestra Constitución de 1994 estableció un piso común de derechos ciudadanos incorporados a la vida política del país, y su defensa y ampliación sigue marcando nuestra agenda hasta hoy.
Muchas de las constituciones posteriores de América Latina han sido innovadoras en garantizar una mayor participación ciudadana e igualdad en la diversidad, pero fue la nuestra la pionera en la región en incluir los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con el más alto rango. En ese sentido, fuimos una guía en ampliación democrática que vive la región.
La creación del Defensor de Pueblo y del Consejo de la Magistratura, la incorporación de la defensa del medio ambiente, la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones, y la defensa de los derechos de usuarios/as y consumidores, de los pueblos originarios, de los niños/as y personas con discapacidad, son el ejemplo claro de ello.
Ya el proceso constituyente fue un hecho histórico: por primera vez se aplicó la ley de cuotas en una elección única para todo el cuerpo, accediendo 100 mujeres a un tercio de las 300 bancas, varias de ellas con mucha relevancia como la propia Presidenta. Sin dudas fue también un escenario que hizo visibles a muchos/as dirigentes emergentes valiosos como en el caso de los representantes del Frente Grande que venían a romper con la lógica bipartidista preexistente.
Pero no fue sencillo lograrlo: el Pacto de Olivos fue realmente un escollo y fue repudiado por muchos/as de nosotros/as en aquel momento, especialmente por nuestra oposición a la reelección de Menem.
Para el movimiento de mujeres fue un hito en nuestro avance y consolidación, no solo porque logramos incorporar las acciones afirmativas vigentes hasta ese momento como una cláusula pétrea, sino especialmente porque logramos doblegar, con nuestra militancia callejera, la voluntad de los sectores fundamentalistas religiosos y de los medios de comunicación que pretendían incorporar en la Constitución una cláusula que impidiera el aborto legal.
Íbamos hermanadas las mujeres de diferentes partidos políticos (radicales, socialistas, peronistas, comunistas, del PI, del FG) desde diferentes puntos del país todos los miércoles durmiendo ida y vuelta en colectivos de línea o convenciendo a nuestras organizaciones políticas y sindicales a que fletaran alguno. Cómo olvidar las caras de los personajes del poder cuando en la puerta de la Universidad donde sesionaban les repartíamos preservativos inaugurando esa modalidad que nos acompañó hasta la sanción de las leyes de Salud Reproductiva y la de Educación Sexual.
La consagración del amparo en combinación con el rango constitucional de los derechos humanos han sido uno de los mejores instrumentos para el ejercicio de la democracia ante los abusos del poder o violaciones de particulares o gobiernos. Amparos en materia ambiental, en defensa del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, entre otros temas relevantes, fueron abriendo camino cada vez con sentencias con mayor profundidad en la aplicación de los estándares establecidos por los organismos internacionales encargados de su protección.
No han tenido la misma suerte la consulta popular, el referéndum y otros mecanismos de participación directa como el presupuesto participativo o la revocatoria de mandato, que si pudimos introducir en la Constitución de la Ciudad.
No perdemos la esperanza de poder avanzar hacia una nueva reforma constitucional integral exenta de toda coyuntura electoral para introducir nuevos conceptos y una mayor dimensión de los derechos sociales y económicos, instrumentos que garanticen una mayor participación ciudadana, mecanismos de transparencia y control popular de los tres poderes del Estado, repensar el federalismo centrado en los derechos de los /as ciudadanos/as de las provincias y Ciudad y no en una lógica feudal, eliminar todas las rémoras patriarcales y de intromisión religiosa en el Estado laico.