Edificar una política de seguridad que combine altos niveles eficacia con la defensa irrestricta de las herramientas del Estado de Derecho es un desafío central para los próximos años, tanto a nivel nacional como en nuestra Ciudad. Mientras sectores de la oposición apelan a la mano dura y a la criminalización de la pobreza desde los medios de comunicación para hacer campaña electoral, respondemos con un debate serio y profundo sobre la seguridad democrática como proyecto.

La seguridad democrática ha reemplazado en nuestro país la política de Doble Pacto los 90s: aquel que tenían entre sí las fuerzas policiales, absolutamente desgobernadas y por ende al margen de cualquier control por parte de los gobiernos y de la ley, y el poder político, que se dedicaba únicamente a negociar.

Aún falta mucho camino por recorrer para resolver la grave crisis que estamos viviendo. Por eso, proponemos diez soluciones al problema de la inseguridad en la Ciudad:

1. Coordinación de toda el área metropolitana: no podemos seguir con cada fuerza actuando descoordinadamente y con los cruces habituales entre funcionarios/as: el accionar de la Policía Federal, la Metropolitana y la Bonaerense, junto a Prefectura y Gendarmería, deben estar centralizadas e interrelacionadas. Deben compartir objetivos y acciones comunes, como parte de una estrategia integral contra el delito.

2. Coordinación multiagencial: lo mismo deben hacer los ministerios. No sólo debe actuar el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, sino también los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Espacio Público.

3. Lograr la gobernabilidad del sistema de seguridad: los gobiernos nacional y de la Ciudad deben ser capaces de controlar en su conjunto el sistema de seguridad, atacando cualquier intención de los comisarios de actuar a la sombra de las leyes.

4. Revolucionar la Policía Metropolitana: desde sus inicios, con el nombramiento del Fino Palacios, la metropolitana nace con un vicio de origen: una finalidad meramente política disfrazada de seguridad. Hoy, cuatro años después, contamos con una fuerza raquítica, descoordinada y con decenas de denuncias de corrupción. Es necesario duplicar la cantidad de agentes que ingresan por año, multiplicar su presencia en todas las comunas de la ciudad e imprimirle una dirección que la aleje de la interna policial y la acerque a los/as ciudadanos/as.

5. Establecer un protocolo de actuación de todas las fuerzas que intervienen en el área Metropolitana, que enmarque su actuación y prevenga de las prácticas corruptas y otorgue seguridad y respaldo a aquellos policías que son responsables.

6. Mejorar las condiciones laborales de los policías y los gendarmes, hoy pésimas, para promover las conductas transparentes con estímulos reales, y restablecer una cadena de mando enfocada en el deber con la población.

7. Renovar el marco legal: está pendiente una actualización del código procesal penal, así como también sancionar una ley marco del accionar policial, dado que el vigente tiene más de 50 años.

8. Prevención y control del delito: La prevención del delito es la llave para la tranquilidad del y de la ciudadano/a. Su vinculación con las políticas de contención social no es lineal: si bien va de la mano con un bienestar general de la población y con la creación de empleo, la prevención implica hoy mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. A su vez, es necesaria la creación de un área específica de Estadística Criminal propia que permita establecer un mapa del delito. Para la reducción de mercados delictivos tales como los robos de celulares o pertenencias privadas y de los mercados de drogas o trata es urgente que las Coordinaciones de Auditoría Policial Comunal se pongan realmente en funcionamiento y estén coordinadas con las políticas de seguridad.

9. Regular el mercado de seguridad privada: Este es sin dudas un sector parasitario de la inseguridad, que lucra con el miedo de la gente y las fallas del Estado, e incluso ofrece en varios casos mejores condiciones laborales que la policía, y recluta agentes retirados/as. Por lo tanto, tiene intereses contradictorios con la solución del problema. La seguridad no es un negocio, es una responsabilidad del Estado.

10. Participación Popular y Ciudadana: es imprescindible implementar en cada Comuna los foros de seguridad pública para promover el control social de las fuerzas de seguridad. La Ley 4007 lleva dos años de vigencia y el gobierno de la ciudad mira para otro lado.

Debe ser un compromiso central para una futura gestión en la Ciudad tomar el eje de la seguridad democrática, de manera transversal a los colores e identidades políticas, buscando articular ampliamente con todos ellos. Es decir, tomar la seguridad no como un negocio, ni como bandera político electoral, ni propagandística, ni tampoco con fines represivos. Se trata de alcanzar la transparencia y la planificación necesarias, desde el compromiso transversal de todos los sectores, para dar respuestas a los/as ciudadanos/as. Desde la base de la eficacia y el respeto del Estado de Derecho