Hace tan sólo unos días, el Congreso Nacional de Brasil suspendió a Dilma Rousseff de la Presidencia de ese país y fue reemplazada por Michel Temer. Temer, escindida su alianza con el Partido de los Trabajadores, enfrenta ahora una durísima tarea institucional y económica, con escasa gobernabilidad, un liderazgo débil que debe construirse a sí mismo, además de una población dividida y movilizada.
En lo económico, el jefe de Estado tiene que tomar una decisión sobre el futuro económico inmediato de los brasileños. Por un lado, está el sector empresarial, que insta al presidente interino a presentar una política de shock que permita modificar drásticamente la economía y retomar la senda del crecimiento económico rápidamente, a expensas de un sufrimiento social.
Por el otro lado, los diferentes sectores sociales piensan que el ajuste debe hacerse en forma gradual y con esto esperar a las elecciones municipales de octubre, mientras se trabaja en la construcción de un mayor capital político. Desde el ministerio que controla Henrique Meirelles se dejó entrever que las medidas a adoptar van a ser duras, no se especificó qué tipo de medida y cuál será el impacto para la población.
En la coyuntura, el recorte de inversiones y la pérdida de competitividad de la industria por el alza de los costos de producción debilitaron la actividad, lo que llevó al país al actual espiral descendente. Para Meirelles, es clave un ajuste fiscal que reduzca el gasto del Estado (sin su subsecuente aumento de impuestos), que hoy se sitúa entorno del 10,00% del producto bruto interno (PBI). Otros indicadores de la economía, como la tasa de desempleo, se ubican en un área cercana al 10,8% y, por su parte, la deuda pública se sitúa en el 38,9% del PBI. Al mismo tiempo, la caída del PBI es de 3,8%, datos que preocupan a Temer y a los empresarios. Continuar leyendo