Buen comienzo: volvemos a tener estadística criminal

Este anuncio del Ministerio de Seguridad es una gran noticia. No por el contenido de las estadísticas, que analizaremos luego, sino porque por mucho tiempo el Estado, ausente en esta materia, prefirió esconder las cifras, para así simular que el delito no crecía.

No hay sistema de seguridad actual en el mundo civilizado que no base su estrategia de trabajo en las cifras delictuales. Y en su consiguiente pormenorizado análisis. Cualquier departamento de Policía organizado tiene su Unidad de Análisis Criminal, la que “despedaza” las cifras para saber el cuánto, el cómo, el dónde y el porqué del delito en determinada jurisdicción. Y los de más avanzada, además, cuentan con programas de predicción delictual. Basándose en ello organizan las rutinas de patrullaje e investigación.

En Argentina manejábamos hacia un lugar desconocido sin GPS (ni mapa). El anuncio oficial es un feliz principio, no hay buen tratamiento sin buen diagnóstico. Entonces, ¿qué nos están diciendo las primeras cifras? Continuar leyendo

¿Vuelven los secuestros?

Cada vez que surge en los medios el preocupante caso de un secuestro extorsivo en nuestro país, se repite también la pregunta de cómo se trabajan en otras latitudes, porque aquí pareciera que la única solución es pagar el rescate y tener suerte, y a la gente le queda el sabor amargo que así este aberrante delito irá in crescendo, y no se equivocan.

Dada mi experiencia, quiero contarles cómo se resuelven en los Estados Unidos. Desde 1934, a partir del caso Lindbergh (secuestro seguido de muerte del hijo de 20 meses del famoso aviador norteamericano), el FBI tomó jurisdicción exclusiva sobre todos los casos de secuestros con pedido de rescate, y también de los de menores de edad -con o sin pedido de rescate. Primera diferencia: Argentina no cuenta con una Agencia Federal de lucha contra el crimen organizado.

A partir de allí, el FBI manejó los 647 casos de secuestros extorsivos que hubieron en el país hasta la década del 80, cuando prácticamente desaparecieron. ¿Por qué sucedió esto? En principio por la alta eficiencia del FBI en la resolución de los mismos. De los 647 sólo quedaron sin resolverse 3. De los 644, en el 90 % se obtuvieron condenas gravísimas, de largas penas sin derecho a parole (libertad condicional) o de muerte. Y consecuentemente, por la pobre relación entre riesgo y beneficio que existe para quien intente un delito de esta clase, ello sumado a que con la tecnología actual (rastreo de telefonía por GPS o triangulación, cámaras monitoreadas en vía pública, etc.) tanto el pedido de rescate, como el cobro del mismo, se hacen de muy difícil éxito y anonimidad, elementos éstos conocidos y evaluados por el delincuente organizado.

En cuanto al protocolo policial, de desaparecer una persona y esto ser reportado, las policías locales deben informar el hecho al Centro Nacional de Información Criminal, base de datos de alcance nacional monitoreada por el FBI. Al mismo tiempo se publicitarán en diversos medios todo tipo de datos y fotos de la víctima y del victimario si se conociera, vehículos utilizados, etc. Si la víctima además fuese un menor de edad, se activará la “Amber Alert” dándose a conocer el hecho en todos los outlets de medios de comunicación, además de las carteleras electrónicas de las autopistas.

Llegada la situación en que el FBI tomara a cargo el caso, por ser alguno de los dos específicos de su jurisdicción exclusiva (pedido de rescate o menores víctimas) o por coolaboración con otras fuerzas estaduales, este cuerpo federal especializado buscará efectivamente el apoyo de la familia para encarar dos vías fundamentales: por un lado, en base a monitoreadas comunicaciones entre captores y familiares de la víctima -y otros medios investigativos analizados- se procederá a la localización del lugar en que se mantiene al captivo. Por el otro, se procederá a una negociación también monitoreada con los delincuentes hasta conseguir la entrega de la víctima, para después, con ésta a salvo, proceder a la detención de los mismos.

Los programas especiales del FBI tratándose de niños víctimas (no sólo en secuestros) son seis, todos compuestos por expertos de primer nivel. Es evidente que Argentina carece de un organismo especializado de alcance nacional para la correcta investigación de estos casos. Si bien la jurisdicción actuante en Argentina en casos de secuestros extorsivos es la Federal, los casos son trabajados por las policías del lugar del hecho, algunas mejor preparadas que otras, algunas siguiendo protocolos, otras no.

Hemos pedido por la creación de esta nueva agencia federal de lucha contra el crimen organizado desde hace un tiempo en diversos ámbitos (que investigue Secuestros, Trata de Personas, Narcotráfico, Lavado de Dinero, Delitos interjurisdiccionales, Desaparición de Personas, etc) habiendo hasta la fecha sólo sido incluída en el Plan nacional que proponía el Dr.Alberto Rodrìguez Saá en su campaña presidencial de 2011, y recientemente, por el Diputado Sergio Massa.
En cuanto a estadística, no hay números nacionales fehacientes.

Aunque un estudio de una compañía aseguradora internacional especializada en secuestros, utilizada regularmente por empresas americanas y europeas que envían ejecutivos a países de riesgo, cuenta que el 85% de los secuestros extorsivos en el mundo se suceden en America Latina, encabezando la lista Colombia, México y Brasil. Luego vendría Argentina. El 90% del delito de esta clase no es denunciado y se resuelve pagando. Y agrega que la policía de estos lugares, se ha detectado, muchas veces se encuentra involucrada por acción u omisión pactada con los delincuentes. Datos interesantes.

 

Control de armas: un anuncio oficial que no aporta seguridad

Recientemente, por cadena nacional, la Presidente de la Nación anunció nuevas medidas para controlar las armas de fuego.

En el anuncio destacó el avance en el tema, exhibiendo para ello un gráfico que mostraba un número decreciente de autorizaciones de portación de armas de fuego por parte del Renar, como elemento de lucha contra el crimen.

Pero,  ¿ayuda esto realmente a combatir el delito ? Continuar leyendo

¿Desarrollo para seguridad o seguridad para el desarrollo?

Comienzan las campañas electorales y, al ser la inseguridad la primera preocupación de los argentinos, o al menos la de los que vivimos en grandes ciudades, los políticos empiezan a improvisar sobre las soluciones que prometen.

Y así escuchamos desde medidas coherentes hasta la ya trillada seguridad por vía de “inclusión social” o del mejoramiento de la economía, y cuanto más populista el candidato, más frecuente el uso de estos términos.

Pero, ¿es real que una buena economía trae de por sí más seguridad? Continuar leyendo

El garanto-abolicionismo y el próximo gobierno

Probablemente la seguridad pública sea el área de gobierno en la que el fracaso gubernamental se muestra más evidente y por ello constituye la preocupación número uno de los argentinos.

Con incipientes dosis de garantismo y abolicionismo penal transitaron nuestros gobiernos democráticos desde 1983, con la fortuna de que estos principios eran  sólo tomados por los gobernantes de turno como ensayos catedráticos (ámbito de donde nunca deberían haber salido), y es por ello que no causaron especial efecto negativo en la seguridad ciudadana.

A partir de los últimos 12 años, en cambio, el garanto abolicionismo, este movimiento que representado en el país por Eugenio Zaffaroni (movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace más de 40 años) llegó al poder. Desde la pésima elección del camaleónico Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema, sus seguidores en las cátedras y otros oportunistas que ingresaron al Poder Judicial de su mano, han hecho todo lo posible por justificar a los delincuentes y su accionar, abandonando a su suerte a las víctimas, que al contrario de sus contrapartes, no habían elegido serlo.

Mientras en los Consejos de la Magistratura los exámenes eran corregidos por zaffaronianos, los aprobados llegaban a la justicia con sed de liberar delincuentes, cualquiera fuera la razón, para halagar al “maestro” del Supremo titular.

Los que hemos estudiado Seguridad Pública sabemos que, además del sistema policial, el Poder Judicial y el sistema penitenciario completan la ecuación de seguridad (o inseguridad)

En la última década, los 3 pilares funcionaron muy mal. Continuar leyendo

Nuevo fracaso estatal en la búsqueda de personas

El caso de Paula Giménez, la mujer desaparecida cerca de un mes y encontrada muerta en una facilidad de CLIBA, renueva la inquietud que sostenemos hace tiempo. Si uno desaparece, sea la circunstancia que sea, el Estado no lo buscará, simplemente porque carece de una Agencia de Busqueda de Personas o Unidad especializada, -como otros países exitosos en la materia lo hacen- que se dedique a ello.

Mi relación con el caso de María Cash como asesor de la familia me ha hecho ver, en este tipo de casos, la pobre actuación altamente burocratizada de los juzgados provinciales y federales, especialmente los asentados en las provincias, que deriva en la falta de una ágil dirección de la investigación judicial, mayor o menor dependiendo de la fuerza de seguridad a la que se le asigne el caso.

Se carece de todo: protocolos de búsqueda, un sistema centralizado de registro de estos casos, comunicación entre ramas gubernamentales nacionales y estaduales, de comunicación institucional con la prensa, y, lo más importante, de unidades de búsqueda especializadas y tecnológicamente equipadas.

Me bastó ver en Salta una marcha de madres en la plaza principal un viernes a la tarde, pidiendo ellas a las autoridades por la desaparición de sus hijas (unas 50), para darme cuenta que el fenómeno va en crecimiento, muchas veces de la mano del incremento del lucrativo y deleznable delito de la trata de personas, el que se ve amparado por esta ineptitud (a veces connivencia delictual ) policial-judicial.

Es por ello que venimos presentado de unos dos años a la fecha a los Sres. ministros de Seguridad nacionales (Garré, Puricelli) y recientemente al Dr. Sergio Berni, un proyecto detallado de creación, dentro de la esfera de su Secretaría, de una Agencia Nacional de Búsqueda de Personas conjuntamente con su respectivo Protocolo de actuación, ambos basados en estándares internacionales.

De la fecha de las primeras presentaciones a la actual, no ha habido ninguna novedad de parte del gobierno nacional.

¿Esperaremos al próximo desaparecido para retomar el tema?