Comienzan las campañas electorales y, al ser la inseguridad la primera preocupación de los argentinos, o al menos la de los que vivimos en grandes ciudades, los políticos empiezan a improvisar sobre las soluciones que prometen.
Y así escuchamos desde medidas coherentes hasta la ya trillada seguridad por vía de “inclusión social” o del mejoramiento de la economía, y cuanto más populista el candidato, más frecuente el uso de estos términos.
Pero, ¿es real que una buena economía trae de por sí más seguridad?
No pareciera el caso. En Estados Unidos lo saben bien, porque cuando la economía estaba en pleno apogeo, la tasa delictual tocaba su punto máximo también, en la era previa a la llegada de los planes de seguridad de llamados aquí de Tolerancia Cero (hasta mitad de los 90).
Múltiples estudios, por ejemplo los citados en la “biblia” de los criminólogos modernos, Crime and Human Nature, de los profesores norteamericanos de Harvard llegan a la conclusión de que. a mejoramiento de la economía, y dejando a las demás variables intactas, la criminalidad también escala por las nuevas oportunidades que encuentra, sobre todo la del crimen organizado.
¿Esto significa que economías pobres son seguras? No necesariamente, riqueza y seguridad van por andariveles separados, hay países ricos con mucha seguridad y países pobres también seguros, como por ejemplo Cuba.
Si riqueza y seguridad se unen, es la situación ideal, pero no lo aceptemos como regla porque no lo es.
Ejemplo nacional: nadie puede negar que la economía argentina creció en época del presidente Kirchner, y así también lo hizo la criminalidad en general, salvo excepciones puntuales en algunos ilícitos en los que se trabajó correctamente como en secuestros extorsivos.
Lo que sí ha sido comprobado en otras latitudes es que la seguridad trae desarrollo, por ello de que el crimen tiene un alto costo, social y monetario. La consultora americana RAND hizo un análisis pormenorizado del costo económico del delito, y así llegó a la conclusión que un homicidio costaba alrededor de 5 millones de dólares, no sólo por los costos directos asociados a una muerte, como gastos médicos, policíacos, de justicia y de lucro cesante del occiso, sino también por los relacionados a la locación adonde ocurría la muerte violenta, por cuanto incidía directamente sobre sus inversores, su turismo, su valor de los inmuebles, etc.
Los primarios ingresan al delito no solamente por falta de oportunidades económicas sino por exceso de oportunidades del sector ilícito, mayormente del narcotráfico. No hay plan social que valga cuando el negocio narco crece y ofrece mejores ingresos, sobre todo en sistemas policiales-judiciales de alta ineficiencia, en los cuales el riesgo de ser detenido por un largo plazo es casi nulo.
Preocupémonos entonces por mejorar la seguridad pública no sólo por obligación legal y moral del gobernante sino además porque ello traerá aparejado desarrollo sustentable para nuestro país.