En el mundo, según la OIT, el desempleo tiene mayoritariamente rostro joven. En Europa, por ejemplo, el neoliberalismo, la irresponsabilidad y el vaciamiento del rol del Estado, más diversas formas de flexibilización laboral, han generado una realidad donde los jóvenes son excluidos del mercado del trabajo, y en la que también se los deja sin incentivos para continuar sus estudios. Las posibilidades de conseguir un trabajo son remotas, por lo que no se justifica la inversión de tiempo y esfuerzo.

Como en tantas otras cosas, desde el comienzo de esta década de gobierno kirchnerista, la Argentina, junto con otros países de la región, van a contramano del mundo. Mientras en ciertos países desarrollados se imponían políticas de empleo que bajo el disfraz de la innovación llevaban a una flexibilización que sólo beneficiaba a las grandes corporaciones en detrimento de los trabajadores jóvenes, en Argentina, a lo largo de los últimos diez años, se incorporaron cientos de miles de jóvenes que antes se encontraban desocupados.

Existen algunos sectores políticos y mediáticos que quieren agitar el fantasma del desempleo para imponer intereses corporativos, algunas grandes empresas que quisieran poder tener mano de obra joven, barata, eficiente, pero sin derechos laborales ni estabilidad.

Contra esos fantasmas, los números reales: la ocupación juvenil creció 35 % en diez años. En 2003 la desocupación de los jóvenes superaba el 50 %. Una política activa como el Programa Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación permitió que más de seiscientos mil jóvenes entre 18 y 24 años en casi trescientos municipios se capacitaran, adquirieran experiencia en un entorno laboral que los calificaba laboralmente y pudieron concluir sus estudios. Esta política ofrece orientación e intermediación laboral, ayuda económica, asistencia técnica y aportes económicos de hasta $15.000 para que puedan comenzar su propio emprendimiento si luego del proceso de capacitación desean dar los primeros pasos como emprendedores. Desde que comenzó el programa, 374.838 jóvenes participaron de los talleres de orientación en el mundo del trabajo y 337.443 están en vías de finalizar sus estudios. Esta política ofrece una experiencia formativa real y una incorporación al mercado laboral con plenos derechos laborales, con calificación previa.

Como alternativa a esto, el proyecto neoliberal representado por algunos diputados nacionales (véase la nota publicada en este mismo portal por el diputado PRO Julián Obligio) pretende volver a las recetas fallidas que ya llevaron a que en 2003 los jóvenes fueran los más castigados por el desempleo, con la mitad de ellos desocupados, en un país donde el desempleo de toda la PEA llegaba al 24,3 %. Un proyecto presentado por estos días quiere convertir al sistema de pasantías en una forma más de flexibilización que premia a los empresarios y castiga a los jóvenes trabajadores con incertidumbre laboral y desconocimiento de sus derechos.

Hay dos formas de pensar la formación y la inserción de los jóvenes en las empresas. Una, representada por este tipo de proyectos, es a través de pasantías flexibilizadoras de las relaciones laborales; la otra, a través de la figura del aprendiz, del joven como futuro trabajador en formación que adquiere una experiencia específica. Hablar de aprendices supone hablar de relaciones laborales con mayor protección y en nuestro país esa figura surgió con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en los años 40, y con el acceso de cientos de miles de trabajadores a un esquema vinculado a la seguridad social y el derecho del trabajo.

La actual Ley de Pasantías, con autoría de los diputados Recalde y Osuna, sancionada en 2008, se alimenta de esta segunda idea, que toma conceptos del modelo dual alemán, que establece que se aprende en la escuela y la universidad, pero también en la empresa, por lo que lo que hay que pedirle a esta instancia de práctica es lo que realmente puede aportar: el aprendizaje.

El proyecto presentado por el PRO pretende duplicar el tiempo de la pasantía, desdibujando su propósito, convirtiéndola en una herramienta al servicio del empresario y no en una forma de aprendizaje del futuro trabajador. Con este proyecto, el empleador consigue mano de obra flexible durante dos años, mientras que con la ley actual, con los 12 meses de tope, se tiene un tiempo suficiente para el propósito formativo. En 24 meses la práctica deja de ser tal y se transforma en trabajo precario.

Además, ese proyecto, en un claro retroceso, pretende prescindir de una institución fundamental del mundo del trabajo, pidiendo explícitamente dejar de lado los convenios colectivos en materia de fijación del estipendio que cobran los pasantes, impidiendo así al Ministerio de Trabajo asegurar el cumplimiento del verdadero objetivo del sistema de pasantías.

Por lo tanto, detrás de una situación que está siendo resuelta exitosamente gracias a políticas de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, a la recuperación de sus derechos laborales y a su formación educativa y calificación laboral, se quieren alinear intereses empresarios que bajo la excusa de estar ampliando oportunidades formativas sólo quieren quitar derechos y flexibilizar las relaciones laborales.