A más de cinco años del inicio de la actual gestión en la Ciudad de Buenos Aires estamos en condiciones de caracterizarla cabalmente. No es mi intención, en esta breve columna, indagar en detalle cada área de gestión (lo hacemos en La Fábrica Porteña, portal de los equipos técnicos del espacio que conduce Carlos Tomada) sino ver cuál es la matriz de pensamiento que ha dirigido sus escasas decisiones.
La intención es que este ejercicio nos sirva para evaluar mejor su gestión, pero también para contraponer al modelo de desarrollo con inclusión social que Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández Kirchner han consolidado a nivel nacional.
Sin lugar a dudas, la principal característica de esta gestión ha sido la improvisación, acompañada por la ausencia de sus supuestos equipos, el capricho permanente y la victimización a niveles desesperantes. Todo oculto, como es evidente, por una inédita cobertura mediática capaz de cualquier cosa con tal de consolidar sus múltiples negocios conjuntos y asegurarse en una hipotética futura gestión nacional el retorno de viejos negocios como el fútbol y la marcha atrás de la ley de medios audiovisuales de la democracia.
Por otra parte, y entrando en cuestiones más profundas, debemos señalar la preocupante baja calidad democrática del gobierno local. En una actitud sin antecedentes, el jefe de gobierno vetó cientos de leyes, en general de carácter social, muchas de ellas votadas por unanimidad, es decir hasta por sus propios legisladores. A esto se suma la falta de reglamentación de leyes impidiendo su efectiva implementación y el desprecio por la participación de la ciudadanía, expresada por la falta de una descentralización efectiva y el ninguneo a las comunas, como por la falta de dialogo con cualquier instancia de representación intermedia ajena al poder (estudiantil, sindical, juntas electas de autoridades villeras, barriales, etc).
En cuanto al modelo de Estado que se propone, es claramente represivo y antipopular. Basta recordar al “Fino” Palacios y el modelo elegido para la creación de la Policía Metropolitana (desaprovechando la oportunidad de crear una verdadera fuerza de seguridad de la democracia), la UCEP, el 0800 para denunciar la participación política de los estudiantes, las listas negras, los violentos desalojos y la reciente represión en Parque Centenario. A su vez, muestra un claro abandono de sus funciones básicas como la salud pública y consolida día a día una visión privatista en educación. Por si esto fuera poco, no se ha desarrollado ninguna obra importante de infraestructura, salvo la continuidad de las obras del arroyo Maldonado y se ha llevado a cero la construcción de viviendas abandonando a las miles de personas que viven en villas y barrios vulnerados de la ciudad.
El modelo económico que desarrollan no es una novedad: es el que estuvo vigente entre 1976 y 2001 a nivel nacional: endeudamiento irresponsable con plazos posteriores a la finalización de su gestión, aumentos siderales de impuestos, tasas, peajes, sellos, etc.; una banca pública que concentra su cartera en grandes empresas y distrititos “productivos” que, lejos de atraer nuevas inversiones, son simples rebajas impositivas que huelen a intercambio de favores.
Todos estos aspectos nos muestran una fuerza de derecha, que propone un modelo autoritario y depredador de lo público al servicio de los intereses más concentrados.
La derecha, se sabe, es una alternativa presente en las principales democracias del mundo. Suele canalizar una serie de demandas que también existen en la población: orden y reducción de los espacios de la política en nombre de la eficacia y la eficiencia, para mencionar algunos. El macrismo, sin embargo, no logra ni siquiera satisfacer esa agenda: la ciudad nunca estuvo más sucia, desordenada y canibalizada por internas feroces entre grupos de interés. Eso sí, las disputas no son ideológicas, son de cartel o de presupuesto.
En síntesis, por un lado tenemos un modelo nacional que amplía la democracia para sostener el accionar de un Estado que interviene y planifica una economía más competitiva, protegiendo el ingreso y el consumo de la población. Por otro, vemos una alternativa en la Ciudad que reduce la política a los momentos previos a la república y al desarrollo del Estado de bienestar. De aplicarse un modelo de este tipo a nivel nacional es claro lo que nos espera: pérdida de soberanía por vuelta del endeudamiento, una democracia restringida y un nuevo retroceso en el conjunto de derechos reconocidos.
Nuestra democracia necesita de fuerzas políticas que ayuden a consolidar un sistema político donde convivan diversas expresiones, pero que no hipotequen el proyecto de país que logramos construir en estos años. Claramente no es el caso del macrismo.