Juicio en ausencia, el debate que viene en el Congreso

Luego de decretar la llamada emergencia en seguridad, reaccionaria no sólo por la forma arbitraria en que se dictó, sino por las medidas que contiene, el PRO promete comenzar el año legislativo con una serie de medidas que no tienen nada de novedoso, pero sí bastante de demagogia, estridencia e inutilidad.

Entre ellas, proponen que el Congreso Nacional sancione una ley que estipule el llamado juicio en ausencia, usando como excusa para una reforma tan antidemocrática la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), incluso con el argumento de que se trataría de un crimen de lesa humanidad. De más está aclarar que jamás les preocupó este tema en los casos de decenas de genocidas prófugos e impunes por años.

El juicio en ausencia es una institución procesal que permite juzgar a una persona aunque no haya comparecido al juicio, esté ausente o en rebeldía, según el caso. Se lleva a cabo con un defensor oficial que se le designa al acusado para que lo represente ante el tribunal. Esta no es una idea reciente del macrismo: en el Congreso hay presentados proyectos promovidos por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Laura Alonso. Siempre generaron gran rechazo, porque chocan con el más elemental derecho de defensa en juicio, pero han cobrado fuerza nuevamente a partir del voto emitido por el juez Eduardo Farah en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, donde se dejaría abierta la puerta para esta salida en la causa AMIA.

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Negocios y esclavitud, la cara más oscura de la Ciudad

Con la terrible muerte de dos niños en un taller clandestino de Flores, cobraron trascendencia las numerosas denuncias que pesan desde hace años sobre las indignas condiciones en que trabaja y vive la inmensa mayoría de los obreros textiles en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Con Matías Aufieri, compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), somos abogados de María y Eduardo, trabajadores de la textil Elemento, que produce para Cheeky y otras marcas de la misma magnitud. El caso fue noticia en 2013 cuando una trabajadora de esa textil se prendió fuego, desesperada ante la presión de sus patrones por mayor producción. Nuestro organismo encabezó la denuncia de esta ecuación macabra: cuando los trabajadores se rebelan contra las condiciones que los llevan a morir atrapados, a trabajar doce o más horas por un sueldo miserable, o incluso, como en este caso, a sufrir abortos espontáneos sin permiso para salir al médico, son despedidos por las patronales esclavistas en complicidad con el sindicato textil. Continuar leyendo

La tentación de militarizar la represión

A pesar de haber sido prometida como una fuerza democrática, de proximidad y otros tantos slogans, la Policía Metropolitana ya ha demostrado para qué se la necesita en el Parque Indoamericano, el Barrio Papa Francisco, la Sala Alberdi (represión con balas de plomo), el Hospital Borda e innumerable cantidad de desalojos a familias humildes. Criminalización de la protesta y de la pobreza, nuevo discurso para la repetición del esquema clásico.

Pero queremos llamar la atención sobre un punto menos visible de la política de Macri y del PRO, quienes encontraron otra vía para militarizar su policía y por lo tanto -nadie puede ser ingenuo- sus intervenciones.

En la vorágine de noticias y con bastante protección mediática, ha pasado desapercibido o rápidamente olvidado que la Policía Metropolitana viene incorporando efectivos que actuaron en la dictadura cívico militar; lo mismo que tantas veces le hemos señalado a fuerzas como la Bonaerense o al Servicio Penitenciario Federal, hoy lo decimos con relación a la Metropolitana.

Proceden de la época en que las fuerzas de seguridad estaban subordinadas y estructuradas según el esquema operacional de las Fuerzas Armadas. Deberían demostrar cuándo se dio la resurrección democrática de tales personajes para incorporarlos a la fuerza “moderna” que prometían.

A su vez, han tenido una política activa para captar integrantes de las Fuerzas Armadas que se han ido pasando a la Metropolitana.

El detalle merece ser observado con atención, la Metropolitana ha incorporado desde 2009 a 2013: 186 militares provenientes de las tres fuerzas, 142 de la Armada, 35 del Ejército y nueve de la Aeronáutica.

Fueron premiados con cargos importantes: 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales. Doce de ellos cumplen tareas en la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, una de las tres fuerzas especiales de la Policía Metropolitana que actuaron en el Indoamericano, Barrio Papa Francisco, el Borda y la Sala Alberdi.

El gobierno de la Ciudad ni siquiera ha certificado que hayan sido dados de baja en la fuerza militar para el posterior ingreso a la policía porteña.

Ya un informe del año 2010 alertaba sobre esto. La “Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana” indicaba que “sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, lo que equivale a un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; grupo que incluye a los 4 Superintendentes de la fuerza”. Y continúa más adelante: “el caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón… sirve para ejemplificar este perfil. Especializado en inteligencia, ingreso a la Policía Federal Argentina en 1976… Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del NUNCA MÁS, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981”.

También se da otro dato que vale la pena recordar: “En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la Policía Federal Argentina. Los otros nueve cargos de conducción se distribuyen de la siguiente manera: cuatro proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, tres de la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Provincia de Santa Fe… Asimismo, de los 52 cargos de conducción revisados, nueve, equivalente al 17%, fueron pasados a disponibilidad en 2004…” por la Policía Federal Argentina.

Como militantes por los derechos humanos y desde el Frente de Izquierda denunciamos esta política. Esos efectivos serán los que gracias al fallo del Tribunal Superior de Justicia portarán las picanas portátiles Táser próximamente o darán las órdenes al resto de los agentes, para continuar con su política de desalojos y represión de la protesta social.

Pistolas y empresarios como consignas electorales

La campaña se llena de símbolos. La justicia porteña falló a favor del PRO autorizando el uso de pistolas Taser por la Metropolitana. Por su parte, este 24 de marzo Hebe de Bonafini llegó a la Plaza con Aníbal Fernández, y Estela de Carlotto llamó a votar con la memoria. Es una memoria selectiva porque olvida a Milani, Proyecto X o el gendarme “carancho”.

Las Taser fueron presentadas como armas no letales, pero sus fabricantes aclaran que pueden provocar la muerte, mientras que organismos internacionales las denuncian. Nada de esto conmueve al PRO que encontró un arma de tortura portátil que no deja rastros en el cuerpo, lo que dificulta la denuncia.

Macri eligió el cuestionado predio de La Rural para cenar con empresarios que supuestamente aportaron a su campaña. Que haya sido una maniobra para blanquear los millones que usa cada día para su campaña, no quita que fue una apuesta fuerte para decirles que con él tendrán negocios garantizados. A la par, le prometió a los burócratas sindicales que los ayudará a “correr a la izquierda” de los gremios. Continuar leyendo

El submundo oscuro de los servicios

Estamos asistiendo a la exposición de un submundo que generalmente permanece oculto ante los ojos de las mayorías populares como es la obscena relación de los servicios de inteligencia con los gobiernos de turno, así como con jueces y fiscales. En ese marco, el PRO de Mauricio Macri intenta mostrarse decidido y diferente a un gobierno nacional que sostuvo a Jaime Stiuso y a miles de agentes mientras les fueron útiles.

Mientras discursivamente afirma que “la forma de sanar el dolor es la verdad”, Macri también espía y conspira a espaldas del pueblo trabajador.

A la cabeza de esta puesta en escena del PRO se encuentra Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el fiscal Alberto Nisman debía declarar. Ella fue una de las figuras prominentes del gobierno de la Alianza, aquel que le pagó (coimeó) con fondos de la SIDE a los senadores para que aprueben la antiobrera reforma laboral que pasó a la historia como “Ley Banelco”. Continuar leyendo

Un adelantamiento a la medida del PRO

Después de varios meses de incertidumbre, el Jefe de Gobierno ha decidido convocar a las elecciones porteñas. Será la primera vez que se utilizará el sistema de las PASO y la boleta única. Las primarias están previstas para el 26 de abril, mientras que las generales tendrán lugar el 5 de julio. La demora se debió a las propias internas dentro del oficialismo que cuenta con cuatro precandidatos con intenciones de enfrentarse en las primarias abiertas, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Cristian Ritondo y Diego Santilli.  Y también a las presiones de su gurú Durán Barba.

Estas dilaciones dejaron al resto de las fuerzas políticas rehenes de las peleas dentro del PRO, que con esta maniobra antidemocrática deja muy poco tiempo para la campaña, teniendo en cuenta que las alianzas para las elecciones deben presentarse a fines de febrero de 2015. Ahora los porteños pueden llegar a tener que ir 6 veces a las urnas en 2015.

Es además la primera vez que en la Ciudad se utilizará el sistema de primarias abiertas y la boleta única. En este caso también cuentan con la proscripción del piso de 1,5% de los votos válidos en las primarias para poder participar de las generales, pero a diferencia de las elecciones nacionales o las de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece en igualdad de condiciones espacios gratuitos de radio y televisión para que todas las propuestas puedan ser conocidas por los ciudadanos porteños. Esto no es un detalle menor cuando candidatos como Macri planean gastar hasta $1.000 millones de pesos en la campaña electoral del año que viene y el aumento en el gasto en publicidad oficial en el presupuesto 2015 de la Ciudad es de más de un 100%, llegando a los $760 millones. Hablamos de más de $2 millones diarios al servicio de las candidaturas del PRO.

El Frente para la Victoria tampoco tiene problemas económicos pero en la Ciudad tiene muchos inconvenientes con sus candidatos. Hasta ahora se han propuesto al menos siete postulantes para 2015, lo que muestra las dificultades del kirchnerismo de hacer pie en Buenos Aires, más aún a casi cuatro meses de las primarias. La posibilidad de que Cabandié sea candidato -el gran negociador con el PRO durante su estadía en la Legislatura porteña- da una idea de por qué el kirchnerismo nunca se terminó de enfrentar al proyecto de Ciudad que ofrece el PRO. Las imágenes de la Metropolitana junto con Berni y la Gendarmería desalojando el Barrio Papa Francisco con las topadoras, tal como hizo la dictadura con Cacciatore y su plan de erradicación de villas, o el desalojo del Indoamericano a los balazos entre el gobierno nacional y el de la Ciudad son bastante elocuentes de los modelos que ofrecen ante la enorme crisis habitacional.

Martín Lousteau ya se lanzó en su carrera por la Jefatura de Gobierno. Apuntalado por el Coti Nosiglia y radicales provenientes de la Franja Morada universitaria, como Emiliano Yacobbiti, el ex Ministro de Economía de la 125 ahora intenta aglutinar a un sector antikirchnertista de la Ciudad. La crisis permanente de UNEN con el affaire Carrió, sumado al oportunismo de este espacio que a nivel nacional pelea por un acuerdo con el PRO, no son más que una muestra de sus coincidencias con el proyecto macrista.

Por su parte, el Frente de Izquierda consiguió en las últimas elecciones un legislador y estuvo muy cerca de los votos necesarios para tener un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La banca que hoy ocupa Marcelo Ramal será ocupada luego por nuestro compañero Patricio Del Corro, ya que las bancas son rotativas. Nuestros diputados además mantenemos nuestras promesas y cobraremos lo mismo que un docente y aportaremos el resto de la dieta a las luchas, como ya lo viene haciendo en la Cámara de Diputados Nicolás del Caño.

El Partido Obrero y mi partido, el Partido de los Trabajadores Socialistas, venimos de hacer dos importantes actos que colmaron dos de los principales estadios cubiertos de Buenos Aires, como el Luna Park y el Malvinas Argentinas. Nuestro trabajo militante durante los últimos años contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy y el acompañamiento incondicional a los trabajadores que enfrentan los despidos y cierres como los de Lear (que vienen de obtener un enorme triunfo) y Donnelley, así como los del Subte, los telefónicos, aeronáuticos y docentes en al ciudad; nos ponen en inmejorables condiciones para enfrentar la batalla electoral y ser la alternativa que los trabajadores y la juventud necesitan contra la gestión de negocios privados en que el PRO ha transformado la Ciudad.

Legisladores sensibles

La semana pasada, la Legislatura porteña volvió a dar una muestra de que en la Argentina existe una casta de políticos que viven de la política y están decididos a legislar para mantener sus privilegios. Incluso llamó la atención el encono con el que los diputados tanto del PRO como Cristian Ritondo o kirchneristas como Jorge Aragón defendieron sus abultados sueldos ante el cuestionamiento de sólo cuatro diputados. Los únicos que votaron a favor de limitar los sueldos de los legisladores fueron Gustavo Vera y Pablo Bergel (Bien Común), Alejandro Bodart (MST) y mi compañero del FIT Marcelo Ramal (PO).

El salario de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires está establecido por ley desde 1997 en un 20% por encima de lo que cobra un empleado de la Legislatura, máxima categoría, con título universitario y 25 años de antigüedad. Con los aumentos que recibieron los diputados sus dietas se duplicaron en los últimos dos años, pasando de $30 mil a más de $60 mil como publicó el diario La Nación. Continuar leyendo

Decreto supremo para terminar con la protesta social

Después de proponer un proyecto absolutamente reaccionario para controlar las manifestaciones públicas bajo el eufemismo de “ley antipiquetes”, en algún programa televisivo el diputado del Frente para la Victoria Carlos Kunkel aclaró que no piensan imponer su mayoría parlamentaria para votarlo. ¿Qué buscan entonces? Las respuestas son varias y ameritan el análisis porque, de aprobarse, estaríamos ante un ataque a las libertades democráticas de características históricas.

La primera respuesta que se desprende de esta aclaración es que el acuerdo tácito que lograron en el terreno económico con la derecha del PRO y del Frente Renovador de Sergio Massa para pasar el ajuste y los tarifazos -reflejo a su vez del consenso patronal sobre el punto- hace que el kirchnerismo reclame que todos se involucren a la hora de sancionar las herramientas necesarias para su aplicación, como lo es claramente este proyecto, que coarta el derecho a la protesta.

El contundente paro del 10 de abril y las manifestaciones que se desarrollaron en él, demostrando que el sindicalismo combativo es un nuevo actor en la vida de la clase obrera del país, no se enfrentan con discursos de ocasión y bajo vuelo en 678 y sus propaladoras. Es increíblemente ridículo que intenten justificar este proyecto de ley poniendo el monstruoso ejemplo de una patota paga para decir que “en los piquetes tiran gente de los puentes”.  Es vergonzoso que Kunkel lo diga y es vergonzoso que se lo repita.

Un segundo elemento, que ya mencionamos, es la firme determinación del Gobierno de pegar un giro a la derecha en el terreno económico, preparar al país para la llegada de capitales financieros especulativos, acordar con el Club de París y enterrar bien enterrado cualquier relato nacional y popular. No hay ajuste que no pase con represión, se ha dicho muchas veces, pero no por repetida la frase se invalida.

El tercero es claramente la necesidad de sacarle a Sergio Massa la agenda de derecha que viene imponiendo. Daniel Scioli y Carlos Kunkel, en ese terreno, van por el buen camino.

Por eso, la llamada ley antipiquetes en realidad no es tal. Gustan de poner nombres ampulosos (vg. “leyes antiterroristas”) para esconder detrás normas represivas y de alcance masivo.

Toda expresión popular se verá alcanzada por esta norma. El que quiera manifestarse deberá previamente pedirle permiso al teniente coronel Sergio Berni, quien calificará la protesta de legítima o ilegítima.

Veamos algunos ejemplos. Cuando la patota de Pedraza, amigo de Carlos Tomada y Noemí Rial, asesinó a Mariano Ferreyra, tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que cuarenta y ocho horas después saldríamos a las calles con los trabajadores de Kraft, Pepsico, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y la izquierda a manifestar nuestro repudio. Esperar a que digan que es legal y recién ahí salir a mostrar nuestra indignación.

Este 24 de marzo, en una masiva movilización de miles de personas que lógicamente complicó el tránsito porteño por varias horas -ya que además fue la segunda manifestación de ese día-, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó con una consigna central, el repudio a César Milani. ¿A quién se le puede ocurrir que para ello tendría que pedirse autorización a Berni…? Nótese que en una movilización de esas características, marchando del Congreso a la Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio queda sin circulación vehicular por varias horas: “Manifestación ilegítima”.

Otro ejemplo que puede presentarse es cuando la Policía asesine a un pibe en un típico caso de gatillo fácil. ¿Sus familiares y amigos pedirán permiso a la misma Policía para ir a repudiarla y exigir justicia?

Imaginemos que gana las próximas elecciones Sergio Massa. ¿A él deberían los trabajadores de Kraft preguntarle si es legítimo o ilegítimo su reclamo, antes de salir a pelear por sus derechos? En el 2009, cuando salieron a protestar porque no se cumplían las normas contra la gripe A, Massa fue corriendo a la Embajada de Estados Unidos a defender a la empresa.

Como se observa, el inusitado interés por cómo viaja la población, la reducción de los “piquetes” y tantas otras argucias argumentales del oficialismo y muchos medios de comunicación son falsas. Es otra cosa lo que se está discutiendo.

Cuando se ataca al derecho de manifestación en realidad se está cercenando la posibilidad de reclamar por todos los demás derechos que se quedan sin una de sus armas de defensa fundamental, la posibilidad de llevar ese reclamo a las calles.

Debemos reconocer que no es el primer intento de controlar las manifestaciones. Se han realizado varios, desde las leyes antiterroristas hasta los infiltrados de la Gendarmería que denunciamos como parte del “Proyecto X”.

Ahora lo que quieren es recuperar el control de las calles, no ya creando movimientos propios o cooptando ajenos como hicieran otrora, sino de manera literal, con un teniente coronel a la cabeza y las fuerzas represivas detrás.

No podemos ignorar que, más allá de que se apruebe o no, con este proyecto, que algunos comparan con el Decreto Supremo de Pinochet N.° 1086 de 1983, se está dejando un mensaje de impunidad para los autores intelectuales y/o materiales de tantos asesinatos y represiones cometidos durante la década kirchnerista para sacar a los manifestantes de las calles, como Carlos Fuentealba, los muertos del Parque Indoamericano, la represión prácticamente continua a los Qom, los asesinatos en Ledesma, Jujuy, entre otros.

Hay cinco mil luchadores procesados y pesa una condena a perpetua sobre los trabajadores petroleros de Las Heras como muestra de la actuación de un poder judicial que encuentra una gran señal de apoyo a su política persecutoria con este proyecto de ley.

Este 29 de abril a las 13 horas los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estaremos presentando, en el Anexo del Congreso de la Nación, un proyecto de ley firmado por numerosos diputados, como Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, Virginia Linares y Víctor De Gennaro, para exigir el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a los luchadores sociales y la libertad de todos los presos políticos. Basta de criminalizar la protesta social.